Raíces, el “emprendimiento” de Samuel

¡Buenos días!

Ayer, el diputado Samuel Pérez, rodeado de su panda y algunas otras personas, anunció que su nuevo “emprendimiento”, Raíces, alcanzó el número de adhesiones necesarias para convertirse en partido político. Luego del affaire de las firmas falsas en las hojas de adhesión para la creación del Movimiento Semilla, habrá de verse si no ocurrió un poco más de lo mismo ahora. Eso es lo que dice el grupo promotor, pues.

Sin embargo, más allá de la depuración de los listados —y de las objeciones—, ha llamado poderosamente la atención no solo la velocidad con la que lo han logrado, sino que, para ello, sin duda requirieron un gran número de personas en todo el país. No importa si son “voluntarios”, como afirman, pues de todos modos se requiere una gran cantidad de recursos y es ahí en donde surge la duda sobre la posible utilización de recursos públicos.

En su alocución, Pérez fue confrontativo y burlón sin necesidad alguna, además de lanzar algunas serias acusaciones; los años que lleva de diputado —ya más de seis— no le han servido para madurar un poco, siquiera. Es entendible que la impetuosidad de la juventud lleve a algunos, algunas veces, a ser así, ¿pero siempre?  

Esa tónica es la que se ha imprimido a Raíces, que en su cuenta de la red social X se publicó un post burlándose de un periodista. Todo ello evidencia un comportamiento preocupante. De alcanzar esa facción posiciones de poder —más del que comparten con el Ejecutivo—, se puede advertir qué esperar: altivez y petulancia, justo lo que critican de sus adversarios políticos. En fin, son lo mismo, solo que versión millennial y centennial.

Rafael P. Palomo
Keiko y su “bala de plata” para superar el antifujimorismo
784 palabras | 4 minutos de lectura

 
Tras oficializarse el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en Perú, la derechista tiene una oportunidad casi irrepetible de superar el eterno antifujimorismo que le ha apartado de la presidencia. 

En perspectiva. Las encuestas siguen colocando a Roberto Sánchez en una posición competitiva e incluso favorable en algunos escenarios de segunda vuelta. Aun así, existe una sensación creciente dentro de sectores políticos y empresariales peruanos de que Keiko Fujimori podría terminar llegando a la presidencia precisamente porque el país atraviesa un momento distinto al de sus campañas anteriores.

• El Perú de hoy no solamente arrastra años de crisis institucional, enfrentamientos constantes entre el Congreso y el Ejecutivo, presidentes destituidos, partidos extremadamente débiles y una fragmentación que ha terminado erosionando la capacidad del Estado.

• En ese escenario, parte del electorado parece haber empezado a priorizar la estabilidad política antes que las afinidades ideológicas rígidas.  

• Ahí es donde Fujimori encuentra una oportunidad que no existía con la misma claridad en procesos anteriores.

Cómo funciona. Uno de los errores más frecuentes al analizar la política peruana consiste en interpretar el país únicamente desde Lima. La capital domina la conversación pública, las redes sociales y buena parte de los medios de comunicación, pero el comportamiento electoral peruano sigue teniendo una dimensión profundamente territorial. La fuerza de Keiko Fujimori no radica necesariamente en entusiasmo político masivo ni en una narrativa particularmente novedosa.

• Su principal ventaja parece estar en algo mucho más tradicional: estructura, operadores regionales y presencia nacional fuera de los sectores urbanos donde el antifujimorismo históricamente tuvo más fuerza.

•  Eso explica parte de la diferencia con figuras como Rafael López Aliaga que, aunque logró consolidar un voto conservador urbano importante —especialmente en Lima—, su capacidad de penetración territorial fue mucho más limitada. 

• Fujimori, en cambio, conserva redes políticas construidas durante años que le permiten competir en regiones donde otros liderazgos de derecha todavía tienen dificultades para consolidarse.

Visto y no visto. Al mismo tiempo, Keiko parece haber entendido una lección importante después del período de Pedro Pablo Kuczynski. Durante esos años, el fujimorismo utilizó su fuerza legislativa para bloquear constantemente al Ejecutivo, incluso compartiendo posiciones relativamente cercanas en materia económica y de seguridad. Esa estrategia terminó alimentando la percepción de que toda la clase política peruana había entrado en una dinámica permanente de confrontación incapaz de producir gobernabilidad.

• Hoy, su campaña intenta proyectar una imagen distinta: menos confrontativa, más pragmática y orientada a construir acuerdos más amplios dentro de la derecha y el centro político.

Entre líneas. La elección peruana ya no gira únicamente alrededor de debates ideológicos clásicos entre izquierda y derecha. El deterioro institucional de los últimos años ha desplazado parte importante de la discusión hacia la capacidad real de sostener un gobierno funcional en un sistema político extremadamente fragmentado.

• En la práctica, Perú ha empezado a operar como una especie de parlamentarismo improvisado, donde el Congreso condiciona constantemente la supervivencia del Ejecutivo, pero sin contar con partidos institucionalizados, disciplina interna ni mecanismos sólidos de coalición.

• El resultado ha sido una política marcada por la inestabilidad permanente. Ese desgaste ha terminado modificando parcialmente las prioridades de una parte del electorado. 

• El antifujimorismo sigue existiendo, especialmente en sectores urbanos y jóvenes, pero ya no parece tener la misma capacidad de ordenar completamente la política peruana alrededor de sí mismo. 

Sí, pero. Sánchez, por su parte, logró consolidar buena parte del voto de izquierda y del antisistema. Sin embargo, también enfrenta límites importantes. Su cercanía con sectores nacionalistas radicales y figuras asociadas a propuestas económicas más agresivas genera incertidumbre en sectores moderados, empresariales y urbanos que observan con preocupación la posibilidad de otro gobierno atrapado rápidamente en crisis de gobernabilidad. 

• Además, Sánchez es un riesgo inminente para el electorado que anhela estabilidad política; no solo por su radicalismo desproporcionado —es un socialista recalcitrante cuyas propuestas incluyen, expresamente, frenar el desarrollo—, sino por la dinámica parlamentaria. 

• Con el fujimorismo todavía dominando el legislativo, una victoria de Sánchez aumenta el riesgo de un nuevo presidente destituido durante su mandato. 

• Si el Perú busca un presidente que sobreviva a su término, Sánchez es la peor apuesta de los dos. 

En conclusión. La principal fortaleza de Keiko Fujimori en esta elección probablemente no sea su popularidad, sino la capacidad de presentarse como una figura políticamente más adaptada al momento que atraviesa el Perú. Después de años de fragmentación, confrontación y crisis institucional, una parte importante del electorado parece menos interesada en grandes proyectos ideológicos que en la posibilidad de recuperar cierto nivel de estabilidad política y económica.

• La paradoja es evidente. La misma figura que durante años fue acusada de contribuir al deterioro de la gobernabilidad peruana podría terminar beneficiándose políticamente del agotamiento que dejó esa crisis. 

Gérman Gómez
DIPP: hecha la ley, pero sin ejecución
689 palabras | 4 minutos de lectura

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) fue creada para acelerar la inversión en infraestructura vial del país bajo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Sin embargo, su implementación enfrenta atrasos estructurales, vacíos normativos y falta de recursos. A pocos meses de su entrada en operación formal, la entidad sigue sin funcionar plenamente y acumula compromisos incumplidos.

• Esto se discutió en el foro La infraestructura vial: la urgencia de poner en marcha la DIPP, organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA). En la actividad participaron actores de diversos sectores, tanto públicos como privados.

Por qué importa. La DIPP debía de convertirse en el eje técnico para modernizar la red vial prioritaria del país. Así fue promovida e institucionalizada. Su atraso compromete la ejecución de proyectos estratégicos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En parte, se da por la inestabilidad del titular de esta cartera, responsabilidad que recae en el presidente Bernardo Arévalo.

• El retraso en la implementación de la DIPP condiciona la competitividad económica del país, dada la nula inversión pública en carreteras. La construcción de nuevos kilómetros ha sido paupérrima, a pesar de las promesas de Arévalo.

• La LIVP ordenó la creación de la DIPP como ente rector del mantenimiento y supervisión vial. Su operación estaba prevista para julio de este año, pero aún no entra en funcionamiento pleno.

• La falta de reglamento, estructura presupuestaria definida y evaluación de la red vial prioritaria impide que la entidad opere como estaba diseñado en la normativa aprobada por el Congreso de la República.

Visto y no visto. El retraso ocurre en paralelo a las advertencias del sector privado sobre la urgencia de mejorar la infraestructura. En especial, ante la temporada de lluvias y el deterioro acelerado de carreteras clave.  Algunos procesos administrativos se aplican parcialmente, pero la entidad central sigue sin consolidarse. Y el escenario no es alentador.

• La ausencia de reglamento limita la operación institucional. Según Carmen Abril, directora de la DIPP, existe “falta de coherencia” entre la aplicación de la ley y la construcción de la entidad.

• El CIV ha adjudicado, en los últimos meses, 22 procesos bajo mecanismos de excepción. Suman más de GTQ 1338M, pese a que la DIPP aún no opera plenamente.

• La DIPP no ha sesionado de forma regular ni ha completado la evaluación de la red vial. Un paso obligatorio que debía realizarse en abril según la planificación original.

Sí, pero. La DIPP estima que el reglamento podría aprobarse en las próximas semanas, junto con la contratación de la gerencia. Sin embargo, reconoce atrasos acumulados que requieren un cronograma de recuperación de plazos. Autoridades proyectan que la DIPP debe estar completamente operativa en 2028, con proyectos ya asignados.

• Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, cuestiona la forma en cómo se instituyó la DIPP; ha sido su férreo opositor.

• El viceministro de Finanzas, Carlos Melgar, puso en tela de juicio la coherencia del modelo. Para él, la ley funciona para adjudicar contratos, pero no para consolidar la entidad técnica. Opinó, además, que era necesaria una reforma a la LIVP.

• No está en funcionamiento, pero quieren reformarla. Postura liderada por Menkos, quien ha condicionado el presupuesto a varios proyectos para mejorar la vialidad, como el metro metropolitano, en franca oposición al desarrollo.

En conclusión. La DIPP fue concebida como el eje técnico para transformar la red vial del país bajo la LIVP, pero su implementación evidencia un desfase entre el diseño legal y la capacidad real de ejecución institucional. Mientras la normativa avanza en la adjudicación de proyectos, la entidad encargada de ordenarlos aún no opera plenamente. 

• Ese vacío profundiza dudas sobre la implementación del modelo y la coordinación interinstitucional del CIV y el Minfin. El sector productivo se enfrenta a grandes retos para mantener su eficiencia en la movilidad de sus producciones.

• La ausencia de avances concretos en el reglamento, presupuesto y evaluación de la red vial limita la planificación de largo plazo. Postergar decisiones estructurales mantiene la infraestructura del país en pésimo estado. Aunque el gobierno afirme lo contrario.

Ana González
Sigue la búsqueda de consensos para aprobar ley antilavado
577 palabras | 2 minutos de lectura

Los consensos alrededor de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos aún permanecen en construcción en el Congreso, pese a que las bancadas y la Comisión de Economía reportan avances en la discusión técnica de las enmiendas planteadas en las últimas semanas.

La expectativa ahora se concentra en la próxima reunión convocada para el próximo lunes, de la cual dependerá si el presidente del Legislativo logra sostener la sesión extraordinaria del 2 de junio para retomar la discusión en el pleno.

La discusión ocurre después de las últimas dos sesiones plenarias, donde la oposición —integrada principalmente por las bancadas Vamos, Cabal y UNE— frenó el avance de la aprobación al insistir en revisar a profundidad varias enmiendas que, según sus diputados, corregían ambigüedades y posibles inconsistencias en el texto. El debate también se desarrolla bajo la presión internacional para que Guatemala fortalezca su marco legal y evite riesgos de ingresar a la denominada “lista gris” de vigilancia financiera.

La reunión para discutir las modificaciones se realizó ayer en el Salón del Pueblo y contó con la participación de jefes de bloque, integrantes de la Comisión de Economía, representantes de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El encuentro se desarrolló a puerta cerrada. Según las autoridades legislativas, la decisión buscó facilitar la discusión técnica de las enmiendas y permitir un mayor intercambio de criterios entre los actores involucrados.

El jefe de bloque de Vamos, Allan Rodríguez, afirmó que la reunión permitió avanzar en el análisis de varias enmiendas discutidas durante la sesión pasada. Según indicó, la mayoría recibió el aval técnico de la Superintendencia.

Rodríguez defendió que las modificaciones propuestas no alteran el fondo de la normativa, sino que buscan precisar términos y corregir vacíos en la redacción. “Era una cuestión de forma y no de fondo”, sostuvo el legislador, quien además remarcó que en el pleno ningún diputado puede ser limitado para presentar enmiendas.

El parlamentario también reconoció que todavía existen puntos pendientes de consenso, especialmente en reformas relacionadas con el artículo 2, donde algunas literales no fueron considerados viables por la Superintendencia de Bancos debido a observaciones vinculadas con requerimientos internacionales.

Desde la UNE, el jefe de bancada José Inés Castillo rechazó las críticas que calificaban las enmiendas como improcedentes y aseguró que durante la discusión se reconoció la validez de buena parte de las observaciones impulsadas por distintos bloques.

Castillo afirmó que el objetivo consiste en alcanzar un “acuerdo político” que permita aprobar una reforma ajustada a la realidad nacional, pero sin incumplir las recomendaciones internacionales. También insistió en que las modificaciones deben respetar el marco constitucional guatemalteco para evitar conflictos jurídicos posteriores.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, explicó que actualmente existen ocho enmiendas adicionales bajo análisis, aparte de 10 cambios que ya habían sido consensuados previamente dentro de la comisión.

Ayala detalló que las propuestas buscan aclarar conceptos como “transacción sospechosa” y “transacción inusual”, además de incorporar nuevas funciones para la Intendencia de Verificación Especial relacionadas con programas de capacitación y manuales dirigidos a sujetos obligados.

El diputado también confirmó que la mesa técnica continuará reuniéndose hasta alcanzar los consensos necesarios antes de convocar nuevamente al pleno. Aunque la sesión extraordinaria estaría convocada para el 2 de junio, el ambiente político dependerá de los resultados de la reunión del próximo lunes, donde las bancadas deberán definir si finalmente existen las condiciones para aprobar la normativa.