¡Buenos días!

Llega un invierno más —el segundo durante el gobierno de Bernardo Arévalo— y la red vial está “a la buena de Dios”, debido a la inestabilidad en la cúpula del CIV y, en particular, en COVIAL. ¿La excusa? Que están “limpiando” la institución. Sí, pero mientras ahí limpian, las carreteras se ensucian y destruyen.

El presidente y su equipo deben entender que no se puede paralizar el aparato estatal mientras le hacen servicio, por decirlo en términos mecánicos. La complejidad es, precisamente, que nunca debe detenerse.

Lo dicho: no es suficiente ser buena gente, o tener buenas intenciones; se debe ser eficaz y proveer soluciones a la población. De lo contrario, la “primavera” pasará a la historia como una en la que no floreció nada. Yerma.

La impunidad en el caso Odebrecht: una deuda pendiente en Guatemala

El escándalo de Odebrecht, que sacudió a Latinoamérica al destapar una red de sobornos millonaria, dejó en Guatemala una herida abierta que aún no cicatriza. Mientras países como Brasil, Perú y Panamá avanzaron en investigaciones coordinadas, lideradas en parte por EE. UU., Guatemala optó por un camino aislado bajo la dirección de Thelma Aldana y la CICIG. Una decisión tan rara, como perniciosa.

Esa determinación, lejos de fortalecer la justicia, dio como resultado un proceso opaco que perpetúa la impunidad de los responsables y ha privado al país de un resarcimiento justo.

El caso Odebrecht involucró el pago de coimas por USD 19.6M a funcionarios —como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón— para asegurar contratos de infraestructura, como la ampliación de la carretera CA-2 Occidente. Sin embargo, a diferencia de otros países donde los responsables enfrentaron condenas y las empresas pagaron indemnizaciones, en Guatemala los beneficiarios de los sobornos han evadido la justicia. Los funcionarios responsables siguen impunes, mientras los empresarios brasileños continúan sin rendir cuentas. Esta falta de condenas es solo un caso más de un sistema judicial debilitado por intereses políticos y negociaciones a puerta cerrada.

Más grave aún es el papel de la CICIG y Thelma Aldana en este fiasco. En 2017, esa Comisión y el Ministerio Público, liderado por Aldana, negociaron un acuerdo con Odebrecht en Brasil, sin la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad encargada de representar al Estado. Este convenio, que incluyó un supuesto resarcimiento de USD 17.9M, fue criticado por su falta de transparencia y por eximir a los ejecutivos brasileños de responsabilidad penal a cambio de colaboración. Peor aún, el acuerdo permitió que Odebrecht dedujera el resarcimiento de pagos ya recibidos, dejando al país sin un centavo de compensación real. Se reitera que Guatemala es, hasta hoy, el único país donde Odebrecht no ha pagado indemnización alguna.

La impunidad no solo beneficia a los corruptos guatemaltecos y brasileños, sino también a quienes, desde la CICIG, facilitaron este encubrimiento. Las acusaciones recientes contra Aldana, Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y Juan Francisco Sandoval, por obstrucción de justicia y abuso de autoridad, sugieren un patrón de manipulación en los acuerdos de colaboración por intereses políticos —cuando menos— de este grupo conformado por guatemaltecos y colombianos. Estos hechos demandan una investigación exhaustiva para esclarecer si la lucha contra la corrupción fue, en este caso, una fachada para proteger intereses oscuros.

Guatemala merece justicia por el grave daño a los ciudadanos que vieron cómo se robaron el dinero, que nunca se construyó la carretera de 140 kilómetros y con una millonaria deuda que se terminará de pagar en 2033. Es imperativo resolver el caso Odebrecht, garantizar la participación de instituciones legítimas y exigir responsabilidades tanto a los que recibieron coimas como a quienes, desde posiciones de poder, traicionaron la confianza del pueblo. Solo así se podrá cerrar este capítulo de impunidad y recuperar la fe en un sistema judicial verdaderamente independiente.

La presidenta del Instituto Fe y Libertad, Carroll Ríos de Rodríguez, fue la protagonista del Episodio 21 de Republicast. Entre sus varias funciones, destaca la de profesora de análisis económico de la política en la Universidad Francisco Marroquín. Es, además, autora junto a los econometristas David Casasola Lemus y José Gálvez del libro: La corrupción bajo una nueva lupa. Su enfoque del public choice permite visualizar cómo las estructuras de poder facilitan el abuso de recursos públicos a falta de una efectiva rendición de cuentas. 

En el coloquio se habló de su libro y de las funciones del tanque de pensamiento que preside. Se trató, asimismo, de la corrupción en general —su definición, características y efectos—, así como de aspectos políticos coyunturales.

A lo largo de la conversación, Carroll Ríos expuso que, a mayor índice de libertad económica, hay más transparencia. Recordó que en la actualidad se carece de índices adecuados para medir la corrupción: lo que sí se puede evaluar es la percepción de esta, como hace Transparencia Internacional. El escollo: la percepción es, por definición, subjetiva.

Sostuvo que pese al aspecto estructural del problema no es posible afirmar que los guatemaltecos sean por naturaleza más corruptos que, por ejemplo, los de un país nórdico. Hizo, por el contrario, hincapié en la importancia de la educación, la eficiencia y los valores republicanos.

Un encuentro, en suma, con un intercambio de ideas fructífero y valioso. Vea el episodio, aquí.

En lo que va de 2025, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) ha ejecutado apenas el 10.27 % de su presupuesto, reflejando una parálisis institucional. Esta ineficiencia, originada en 2024, plantea serias dudas sobre la capacidad de esta administración para mantener la red vial del país. 

Lo indispensable. En los primeros cinco meses de 2025, COVIAL, únicamente ha ejecutado el 10.27 % del presupuesto asignado; GTQ 227M de GTQ 2210M.  

• Esto ha generado disputas a lo interno de la institución, particularmente entre los miembros del Consejo Consultivo, debido a las ineficiencias en los trabajos.
  
  

• Esta inoperancia ha sido una constante desde que Bernardo Arévalo tomó posesión.
  
  

• Como consecuencia, se generan dudas sobre la capacidad de la unidad y el impacto que podría generar en la infraestructura del país, tomando en cuenta que la misión de esta entidad es la conservación de la red vial, a través del mantenimiento anual.  

Fisgón histórico. El problema empieza en el 2024, cuando, derivado de un compromiso con la limpieza institucional, COVIAL prescindió de todos los procesos iniciados en el gobierno anterior.  

• Esto generó un retraso significativo, ya que, a fin de garantizar la “transparencia” en los procedimientos, la unidad se propuso reevaluar todas las bases de licitación, los requerimientos y los tramos prioritarios.
  
  

• Consecuentemente, no solo los supervisores tuvieron que adaptar sus criterios de evaluación, sino que las empresas también se vieron en la necesidad de modificar sus ofertas.
  
  

• No obstante, la revisión de procesos y la implementación de nuevas estrategias continúa siendo deficiente. 

Los datos. Hasta el momento, de acuerdo con la plataforma de GUATECOMPRAS, COVIAL ha prescindido de 66 concursos, 22 para la limpieza de derecho de vía, 22 para el mantenimiento de la red vial no pavimentada y 22 para el mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada.  

• Pese a que, en términos monetarios sí es una mejora con respecto al 2024 —en el mismo período únicamente se habían ejecutado el 7.7 % del presupuesto—, el número de proyectos sí supone un retroceso.
  
  

• Asimismo, existe atraso importante con relación al 2023, cuando únicamente se prescindieron 29 concursos en todo el año y, para mayo, ya se había superado la ejecución financiera del presupuesto inicial.
  
  

• Así pues, los datos revelan cómo la unidad, en vez de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura vial, únicamente profundiza en sus deficiencias.  

Visto y no visto. De acuerdo con varios expertos, estas carencias en la ejecución se le puede atribuir a tres factores. En primer lugar, se presume que el personal y la unidad carecen del entrenamiento, las herramientas y el conocimiento para llevar a cabo los procesos de licitación de manera ordenada.  

• Asimismo, debido a que en menos de un año ha habido cuatro directores —e interinos— diferentes, esto ha dificultado la continuidad de los procesos, particularmente por la desconfianza de firmar documentos de vinculados a otros funcionarios.
  
  

• Finalmente, derivado de las altas barreras de entrada para la prestación de servicios a la unidad, únicamente un cierto número de empresas, que en el pasado han sido señaladas, cumplen con los requisitos.
  
  

• Por ende, la intención de no seguir beneficiando a estos contratistas tachados se ha traducido en inactividad.  

En conclusión. Ya han pasado varios ministros, directores y directores interinos por la administración y el mantenimiento de la red vial es casi nula.  

• La parálisis en COVIAL no solo afecta la interconectividad del país, sino que también impacta en los costos logísticos y el transporte de bienes y servicios.