Ambientalismo panameño le cuesta el 5% del PIB al país

¡Buenos días! 

Empieza una semana en donde, a nivel nacional, se esperan distintas reacciones a lo sucedido la anterior: el Congreso aprobó un cuantioso presupuesto que no satisface a nadie, más que a los diputados del bloque oficialista, que tienen intereses personales en él. El sector privado organizado, grupos indígenas y el partido que gobernará a partir del 14 de enero de 2024, el Movimiento Semilla, han criticado su aprobación. El llamado al veto presidencial es general.  

Pero el Congreso también aprobó, bajo la oscuridad de la media noche, el retiro de la inmunidad de 4 magistrados del TSE, algo que ya había fallado en esa mañana del 30 de noviembre pasado. Las repercusiones y reacciones a ello no se hicieron esperar; entre ellas estuvo la designación de Miguel Martínez, pareja del presidente Giammattei, bajo la Ley Magnitsky, por parte del gobierno de Estados Unidos. Es previsible que haya más sancionados, pero también que los implicados en el esfuerzo por trastocar los resultados electorales continúen en su empeño. 

Entre los muchos retos que enfrentará el próximo gobierno, el de la seguridad es, probablemente, el más sensible para la población. Expertos del CIEN opinan sobre el tema y este boletín de República Política recoge sus posturas y recomendaciones. 

A nivel regional, Panamá pasa por momentos muy complicados, tanto social como económicamente, pero en este último aspecto, lo que viene es mucho peor. Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional el contrato con la minera First Quantum Minerals, no solo se pierde automáticamente casi un 5% del PIB, sino que el país canalero enfrenta litigios internacionales que, además, podría significarle tener que pagar sumas que ascienden a los varios miles de millones de dólares. 

Agradecemos su suscripción y lectura a los boletines de República. Les deseamos un muy buen inicio de semana. 

Hilos en este boletín:

•En Panamá, los ecologistas están satisfechos con una economía arruinada

•CIEN: Prioridades en seguridad del nuevo gobierno

•En Panamá, los ecologistas están satisfechos con una economía arruinada

Sebastián Gennari
•En Panamá, los ecologistas están satisfechos con una economía arruinada
616 Palabras | 3 mins de lectura

El pasado 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declaró inconstitucional el contrato entre el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo (PRD, centro) y la minera canadiense First Quantum Minerals, que hasta ahora operaba la mina Cobre Panamá. 

• Esta decisión representa la victoria de los bloqueos que paralizaron el país por más de un mes. Los manifestantes se han vuelto a reunir, aunque solo para celebrar el fallo. 
  
  

• Con el fallo también queda sellada la derrota de Cortizo, cuyo partido aprobó el contrato en la Asamblea Nacional. Los manifestantes siempre se quejaron de que el contrato había sido aprobado con demasiada rapidez. 
  
  

• Panamá prohíbe la reelección inmediata, por lo que Cortizo no se verá afectado, pero su partido debe anticipar unos pésimos resultados en las próximas elecciones, programadas para el 5 de mayo.  

Los datos. La decisión de la CSJ, ampliamente apoyada por la población, podría dejar a la economía panameña en serios aprietos. La mina Cobre Panamá era responsable, hasta hace poco, de alrededor del 1% de la producción mundial de cobre, cosa que había nutrido las arcas públicas. 

• El Estado se tendrá que enfrentar a la pérdida de US$375M por concepto de regalías mineras. También peligran unos 40,000 empleos –tanto directos como indirectos– generados por la labor extractiva. 
  
  

• La mina representa el 4.8% del PIB panameño, así como el 75% de las exportaciones físicas del país. Los ingresos mineros eran de particular importancia en un año como este, en que Panamá ha perdido unos US$200M por la sequía en el Canal de Panamá. 
  
  

• Antes de que detonara esta crisis, se veía a la minería como una de las grandes promesas del país. Con la práctica desaparición de la industria, Panamá probablemente experimentará recortes en su crecimiento económico y calificación crediticia. 

Por qué importa. No se hizo esperar la reacción de First Quantum Minerals. Antes de que se publicara el fallo, la empresa, con sede en Toronto –pero con un participación minoritaria surcoreana– ya había dicho que Panamá se exponía a un arbitraje internacional por violentar el contrato minero, pues el contrato fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 406. 

• Muchos juristas panameños opinan que el país podría defenderse en un hipotético arbitraje, pues el contrato se anuló mediante un fallo de la CSJ, no un plebiscito ni una ley ordinaria. 
  
  

• Sea como fuere, First Quantum, que dice haber invertido US$10,000M en el país en los últimos 25 años, ha citado al Estado panameño en tribunales canadienses y estadounidenses. Panamá lleva las de perder; ante todo, la pregunta es cuánto deberá abonar. 
  
  

• Algunos proponen cifras estratosféricas y hablan de obligaciones de hasta US$100,000M. Esto es una posibilidad muy remota: Panamá probablemente terminará pagando de US$7,000M a US$15,000M, cantidades que no dejan de ser dolorosas para un país de su tamaño. 

Ecos regionales. En Panamá, el resentimiento hacia una casta política que se tiene por distante y corrupta ha terminado en una decisión que tendrá consecuencias nefastas para su economía. También ha quedado constatada la creciente importancia de los asuntos ecológicos en la política regional. 

• Hace unos meses, por ejemplo, Ecuador celebró un plebiscito para decidir si prohibir la extracción petrolera en el parque nacional Yasuní. La opción ecologista ganó con un 54.11% de los votos.  
  
  

• Colombia, por su parte, cuenta con un Gobierno hostil a todas las industrias extractivas. El presidente Gustavo Petro ha penalizado a la petrolera estatal, Ecopetrol, mediante una reforma fiscal poco acertada. Los ingresos de la empresa se desplomaron un 46.5% en el último trimestre. 
  
  

• A lo largo de Latinoamérica, se tiene poca conciencia de que la transición energética requiere de un boom minero. En efecto, la energía verde proviene de minerales, nutriéndose del cobre, níquel y litio.

Glenda Sánchez
•CIEN: Prioridades en seguridad del nuevo gobierno
843 Palabras | 5 mins de lectura

En los últimos años, la seguridad ciudadana ha mejorado en Guatemala. Eso es lo que muestran los números. En 2009, la tasa de homicidios era de 46.4 por cada 100,000 habitantes, 14 años después, en 2023, esa cifra pasó a 16.4. No obstante, las medidas no han sido suficientes, según los expertos.  

• Persiste el temor de salir a la calle y ser víctima de un asalto o una amenaza por extorsión.  
  
  

• Solo en octubre se registraron 1, 460 denuncias por extorsión, 269 más que en similar periodo del año pasado, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). 
  
  

• Analistas recomendaron que, para mejorar la seguridad ciudadana, las autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) que asuman en 2024, deben priorizar la prevención del delito, fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Sistema Penitenciario (SP). 

Qué destacar. En los últimos 12 meses, las tasas más altas de homicidios se registraron en Santa Rosa (52%), Escuintla (37%) y Guatemala (35%). Además, el 87% de las víctimas fueron hombres. El 84% del total de homicidios se cometieron con armas de fuego. 

• Para prevenir el delito en el corto plazo, Walter Menchú, experto en Seguridad del CIEN, sugirió priorizar los programas de prevención que han demostrado ser efectivos a nivel internacional. Cambiar el enfoque de la Unidad para la Prevención de la Violencia y el Delito hacia la aplicación de planes específicos y proyectos policiales de mediación para resolver conflictos. 
  
  

• En el mediano plazo, indicó que se debiesen tener métricas de evaluación para los planes y coordinar las políticas municipales de prevención. También una estrategia de patrullaje dirigido a municipios con mayor delincuencia.  
  
  

• Finalmente, en el largo plazo, Menchú propuso mejorar el diseño para programas de prevención que incluya una estrategia de evaluación. Así como un modelo policial orientado a resolver problemas, basado en pensamiento estratégico y de relaciones con los ciudadanos. 

Datos Clave. La tasa de agentes policiales por cada 10,000 habitantes aumentó entre 2007 y 2017, luego empezó a bajar, hasta el 31 de octubre de 2023.  Además, se requiere mejorar las competencias de los agentes de PNC y fortalecer los controles internos, según Francisco Quezada, experto del CIEN. 

• El analista explicó que, en el corto plazo, se debe evaluar al personal docente y administrativo de la Academia de la Policía y revisar los protocolos de coordinación con el Ministerio Público en materia de investigación. 
  
  

• También analizar y sistematizar la normativa vigente de la PNC y documentar los procesos de los ascensos de la carrera policial para que sean abiertos, competitivos y programáticos. Así como diseñar un plan integral de seguridad ciudadana basado en resultados, metas concretas y cuantificables.  
  
  

• A largo plazo recomendó desarrollar un nuevo modelo de gestión en la PNC basado en metas y resultados. Mejorar la efectividad de los recursos invertidos en la institución. Rediseñar el modelo de reclutamiento de agentes basado en perfiles y especialidades. Y el proceso de formación inicial en la Academia. 

Lo que sigue.  Entre 2008 y 2019 la población privada de libertad se triplicó. Pasó de 8,400 a 25,400. En 2023 la ocupación fue de 23,745 reclusos. Sin embargo, no se construyó la nueva infraestructura penitenciaria. En el país la capacidad total de las 22 prisiones es de 6,842 espacios, lo que significa un 227% de hacinamiento y una tasa de ocupación del 347%. 

• Guatemala tiene la tasa de ocupación penitenciaria más alta de la región, explicó Corinne Dedik, experta en temas de prisiones. Y para mejorar el funcionamiento de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en el corto plazo, consideró que se debe dar seguimiento a la construcción de infraestructura. 
  
  

• También sugirió terminar la propuesta de la carrera penitenciaria con su planificación financiera y lograr expandir el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria a los centros de mujeres. En el mediano plazo, continuar los procesos de licitación y ejecución de infraestructura penitenciaria y concluir el plan de la carrera con evaluaciones periódicas del personal. 
  
  

• En el largo plazo se debe volver a evaluar la necesidad de infraestructura de cárceles, planificar y gestionar nuevos proyectos para modernizar la misma. Consolidar el sistema de carrera penitenciaria según el Nuevo Modelo y lograr la meta de administrar al menos la mitad de los centros bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, aseguró Dedik. 

En conclusión. Los expertos consideraron que durante los primeros 100 días de gobierno se estudie la funcionalidad de los programas enfocados a esos tres temas para rediseñarlos, si fuera necesario. 

• “Los retos son grandes. Es necesario que el nuevo gobierno realice con frecuencia encuestas que recaben información sobre las experiencias de víctimas, y que utilice la información que existe para análisis estratégicos”, consideró María del Carmen Aceña, directora del área de Seguridad del CIEN.  
  
  

• Aceña, también consideró que la rotación del titular de la cartera del MINGOB debe de ser mínima. “Este Gobierno ha tenido cinco ministros. Han durado unos nueve meses, lo que complica la gestión y manejo del ministerio”. 
  
  

• Para Corinne Dedik es fundamental el uso de tobilleras del Control Telemático en el proceso penal. No todas las personas deben estar en prisión preventiva. 

Luis González
•Panorama Político Semanal: nuevas protestas y rechazo al cuestionado presupuesto 2024
560 Palabras | 3 mins de lectura

La semana iniciará con nuevas protestas anunciadas por grupos indígenas inconformes con la aprobación del presupuesto para el 2024 y el retiro de inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

En perspectiva. La marcha iniciará el lunes 4 de diciembre a las 8:00 horas desde la 9 calle y 7 avenida de la zona 1 para dirigirse a distintas dependencias públicas. Planifican expresar su descontento frente al Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. También podrían llegar a Casa Presidencial. 

• Grupos indígenas, además, pidieron al presidente Alejandro Giammattei, vetar el presupuesto. Cuestionan que las enmiendas aprobadas por los diputados no van en la línea de la transparencia y menos para favorecer a la población. 
  
  

• El jueves 30 de noviembre el bloque oficial y sus aliados en el Organismo Legislativo, aprobaron un plan de ingresos y gastos por Q124,879M. El monto no es cuestionado, pero sí los cambios realizados por los legisladores, presuntamente para "pagar" favores políticos. 
  
  

• Los inconformes también marcharán contra la decisión de los diputados de retirarles la inmunidad a cuatro magistrados del TSE: Ranulfo Rojas, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco. Los cuatro abandonaron el país y se encuentran con permisos especiales de parte del TSE. 

En el radar. También, este lunes el nombre de Guatemala sonará otra vez en una asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

• “Acontecimientos recientes que impactan la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho en Guatemala", dice la invitación a escuchar este evento solicitado por algunas naciones preocupadas por los últimos sucesos en país. 
  
  

• La actividad solicitada por los embajadores de Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Uruguay y República Dominicana está prevista para las 13:30 horas de Guatemala. 
  
  

• Esta será la quinta ocasión en que la OEA se reúne para analizar la situación de Guatemala tras los resultados electorales de 2023. En el balotaje, fue electo el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera. 

Lo que sigue. Esta semana también está prevista una conferencia de prensa por medio de la que el presidente Alejandro Giammattei hablará sobre el proceso de transición. 

• El miércoles 6 de diciembre el Organismo Ejecutivo entregará un informe sobre las reuniones y acuerdos del traspaso de mando a Arévalo y a Herrera.  
  
  

• Al concluir la tercera fase de transición, el gobierno asegura que se realizaron más de 70 reuniones con los equipos técnicos nombrados por las autoridades actuales y electas. 
  
  

• En el evento se espera la presencia de Luis Almagro, secretario general de la OEA. La entidad acompañó el proceso por solicitud de Giammattei. 

Ecos regionales. La calma parece volver a Panamá tras varias semanas de bloqueos, mientras El Salvador y Honduras anuncian nuevos acuerdos para facilitar el comercio entre las naciones. 

• El sindicato de maestros y el Ministerio de Educación de Panamá acordaron reiniciar las clases presenciales a partir del lunes 4 de diciembre. El paro de los docentes inició el 23 de octubre en rechazo al contrato suscrito por ese gobierno con la filial de la mina canadiense First Quantum Minerals. Ahora el periodo educativo concluirá el 29 de diciembre. 
  
  

• Mientras tanto, las autoridades de El Salvador y Honduras celebran que, a partir del jueves 7 de diciembre, la aduana El Amatillo será operada de manera integrada. Esta decisión busca agilizar el comercio y tránsito de personas por Centroamérica.