El pacto de Bukele con las pandillas salvadoreñas

¡Muy buenos días! 

El boletín de República Política de hoy contiene dos hilos de análisis y uno informativo; este último aborda lo que sucedió ayer en la audiencia de primera declaración de los capturados por el caso denominado “Toma de la USAC: Botín Político”. No concluyó la audiencia, y su continuación se programó para hoy a las 10:30 a.m. por lo que estaremos actualizado en sobre este tema en futuros boletines. 

Los hilos de análisis son, modestia aparte de sus autores, lo mejor que ustedes leerán sobre esos temas. 

El primero, aborda con meridiana claridad –y precisión– la añeja relación que tiene Bukele con los líderes de las maras en El Salvador y cómo se han ayudado mutuamente, desde hace más de una década.  

El segundo, expone el abuso de la contratación en el Organismo Legislativo, como pago de favores políticos y financiación de actividades político-partidistas. El dinero de los contribuyentes para beneficio de los políticos. Una práctica corrupta. 

Estamos seguros de que el boletín de hoy será de su interés. Gracias por su suscripción. 

Hilos en este boletín:

•Nayib Bukele pactó con las pandillas en El Salvador

•Congreso de la República desborda de personal

•MP imputa delitos contra capturados del caso “Toma de la Usac: Botín Político”

Rafael Párraga
•Nayib Bukele pactó con las pandillas en El Salvador
813 Palabras | 5 mins. de lectura

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó, el pasado 15 de noviembre, la relación entre el presidente Nayib Bukele y los cabecillas de las principales pandillas salvadoreñas.  

Panorama general. En un comunicado emitido en su cuenta de X, el DOJ confirmó la captura y extradición de Élmer Canales Rivera (alias El Crook de Hollywood), cabecilla y fundador del grupo terrorista Mara Salvatrucha (MS-13). El Crook fue detenido en México y extraditado posteriormente a EE. UU., tras haber sido liberado en 2021 por el gobierno de Bukele como producto de su pacto con las pandillas.  

• El Crook es miembro fundador de los “Doce Apóstoles del Diablo” —conocido como Ranfla Nacional—, el grupo que fundó la MS-13 en Los Ángeles.  
   

• Canales Rivera guardaba prisión en El Salvador desde el 2000 y tenía una condena de 40 años desde 2020 por el homicidio de dos personas. 
   

• Tras su liberación, vivió un tiempo en un apartamento de lujo en San Salvador, trasladado posteriormente –con asistencia del gobierno de Bukele– a Guatemala, con destino final en México, dónde fue capturado el pasado 8 de noviembre.  

Hemeroteca. En enero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador confirmó la recepción de una nota diplomática de la embajada estadounidense, dónde se establecía que el gobierno de El Salvador liberó al pandillero aun sabiendo de la solicitud de extradición y de una alerta roja en INTERPOL contra alias El Crook.  

• EE. UU. solicitó su extradición en julio de 2021, cuatro meses antes de que el gobierno le dejara libre.  

Entre líneas. Bukele, siendo alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) consintió los pactos con pandillas desde el 2012, cuando el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN pactaron privilegios carcelarios para las pandillas a cambio de la reducción de homicidios en el país.  

• En 2014, el FMLN ofreció dinero y más privilegios carcelarios a cambio de intimidación a votantes de oposición y votos de las pandillas para Salvador Sánchez Cerén, quien ganó las elecciones por solo 6 mil 364 votos. 
   

• Bukele replicó el pacto en 2015, cuando corrió para la alcaldía de San Salvador, además de darles a pandilleros puestos de negocios en el mercado capitalino, a cambio de permitirle ejecutar proyectos en zonas controladas por las maras, como el reordenamiento del Centro Histórico y el Mercado Cuscatlán. 
   

• Como presidente, Bukele pactó una reducción de violencia con las pandillas —obteniendo números históricamente bajos en la tasa de homicidios— a cambio de más privilegios para líderes pandilleros y traslados de cárceles de alta seguridad a centros penitenciarios normales.  

Por qué importa. Bukele negoció, desde 2019 hasta 2022, con las pandillas a través del viceministro de Seguridad y Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. El pacto se conoció por investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba sobre la tregua entre las pandillas y el presidente Funes. En sus hallazgos hay imágenes, videos y transcripciones de las negociaciones entre funcionarios del gobierno y las cúpulas nacionales de las tres pandillas principales: MS-13, Barrio 18-Sureños y Barrio 18-Revolucionarios. 

• En mayo de 2021, por órdenes del presidente, los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente al fiscal general Raúl Melara y nombraron a un fiscal afín a Bukele. El nuevo fiscal, Rodolfo Delgado, sepultó las investigaciones y desmanteló la unidad a cargo de estas: el Grupo Especial Antimafia. 
   

• La relación con Bukele se rompió el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, dónde 87 salvadoreños fueron asesinados a manos de las pandillas. Solo el sábado 26 hubo 62 homicidios, el día más violento del siglo en El Salvador. 
   

• El detonante fue que miembros de la policía detuvieron un vehículo del gobierno dónde viajaban líderes de la MS-13, que fueron posteriormente capturados. Al no cumplirse el ultimátum de la pandilla de 72 horas para liberarlos, el diálogo de más de tres años cesó y 87 salvadoreños fueron asesinados.  

Sí, pero. A partir de la ruptura del diálogo, Bukele ordenó al legislativo decretar un Estado de Excepción que sigue vigente a la fecha. El sindicato de trabajadores de la policía ha denunciado que los capturados durante el régimen de excepción son principalmente miembros de los mandos medios y bajos de las pandillas, no los cabecillas.  

• La liberación de El Crook a manos del gobierno, a pesar de una sentencia vigente de 39 años faltantes y la solicitud de extradición de EE. UU., evidencia la confabulación entre los altos mandos de las pandillas y el gobierno de Bukele.  
   

• La eficacia de la mano dura de Bukele a largo plazo sigue siendo una gran incógnita de su gestión, sin embargo, su buena relación con estos grupos delictivos evidencia una doble estrategia de su parte, con miras a su inconstitucional reelección.

Ana González
•Congreso de la República desborda de personal
585 Palabras | 3 mins. de lectura

A pesar de las críticas que de forma constante recaen sobre la excesiva e innecesaria cantidad de personal que es contratado cada nueva legislatura, el Congreso de la República ni se inmuta. Ni siquiera ante la evidencia de las conocidas “plazas fantasma”. 

• Es un secreto a voces que las contrataciones permiten pagar deuda política, capitalizar a los partidos políticos gracias a los buenos salarios y al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que data de 1999. 

Panorama general. Aunque la Ley Orgánica del Organismo Legislativo sólo permite la contratación de personal 022 (con prestaciones) para asistir a diputados, bloques legislativos y a la Junta Directiva, las autoridades han obviado el marco legal pues más de 300 en renglón 022 han sido asignados a tareas administrativas. 

• Según un informe de Congreso Eficiente, el Legislativo debería de contar con 594 trabajadores bajo el renglón 022, pero a la fecha suma 908, es decir, 314 más de lo que contempla la ley.  
  

  
  

• El renglón 029 (contrato sin prestaciones) no escapa a la discrecionalidad de la Junta Directiva, pues aunque la ley solo permite su contratación para apoyar jefaturas de bloque y comisiones, la mayoría está asignado a áreas administrativas. 
  
  

• El total de empleados del Congreso asciende a 2 mil 357. La mayoría (1,270) en carácter permanente. 

Qué resaltar. Las autoridades no están interesadas en resolver el problema, pues aprovechan los espacios para contratar a sus allegados. 

• Exdiputados, familiares y amigos siguen apareciendo en la planilla que cuesta cada año más de Q 477 millones. 
  

  
  

• Roberto Villate, Juan Ramón Lau, Pablo Duarte, son algunos de los ejemplos de exdiputados contratados. 
  

  
  

• Una de las últimas contrataciones fue la de Hugo Francisco Gramajo, hermano del alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, quien devenga Q16 mil bajo el renglón 029.  

Los datos. El aumento anual del 10 por ciento sobre el salario base y ganar casi igual que un diputado ha provocado que los trabajadores peleen su reinstalación cuando son destituidos, sin importar el renglón en el que fueron contratados. 

• La situación ha obligado a que el Congreso destine cada año una suma millonaria para el pago de salarios caídos, multas y costas judiciales. En el 2023 se destinaron Q14.9 millones. 
  

  
  

• Hasta exdiputados han peleado su reinstalación; Otto Ely Zea (2004-2008), a quien ya no se le renovó su contrato 022 ganó –judicialmente– su reinstalación y el pago de salarios caídos. 
  
  

• Aunque ya no volvió a su plaza de asistente, la planilla confirma que tiene un contrato 029 en la Comisión de Comunicaciones.  

Sí, pero. Aunque cada diputado tiene derecho a tres contrataciones y cada bloque a dos, más uno adicional por cada tres diputados bajo el renglón 022, en muchos casos, el personal no cumple con la jornada normal, pues no está obligada a marcar asistencia.  

• Eso ha provocado que muchos asistentes o asesores se dediquen a más trabajo partidario que a actividades legislativas. 
  

  
  

• Un ejemplo es Ignacio Laclériga, quien fue asesor de comunicación del partido Movimiento Semilla en campaña; tiene un salario de Q22 mil, y ahora sus funciones se enfocan más en el proceso de transición de gobierno. 

En conclusión. Con cada nueva legislatura, el Congreso de la República compromete su propio presupuesto pues hace crecer la nómina, ya que quienes ingresaron con la anterior legislatura no están dispuestos a renunciar a las prerrogativas, que se resumen en trabajar poco y ganar mucho. 

• La historia es la misma cada cuatro años, por lo que de continuar con dichas prácticas podrían llegar a complicarse las finanzas del Congreso. 

Glenda Sánchez
•MP imputa delitos contra capturados del caso “Toma de la Usac: Botín Político”
500 Palabras | 3 mins. de lectura

Seis días después de las capturas de los sindicados del caso “Toma de la USAC: Botín Político”, el juez Víctor Cruz, comenzó la audiencia de primera declaración con más de dos horas de atraso en una sala pequeña de la torre de tribunales.  

Es noticia. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el primer día de la audiencia, avanzó la imputación de los hechos de Alfredo Enrique Beber Aceituno y Eduardo Antonio Velázquez Carrera. La audiencia continuará el miércoles 22 de noviembre.  

• Los delitos que les imputó a los sindicados son: usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y sedición en forma continuada. 

  
  

• Entre los indicios presentados por la fiscalía para sustentar la acusación se encuentran declaraciones del personal administrativo y seguridad de la casa de estudios, informes, análisis y dictámenes del Ministerio de Cultura y Deportes, fotografías y peritajes. 

  
  

• Además, videos, mensajes y fotografías que se publicaron en las distintas redes sociales (Facebook y YouTube), informes del Tribunal Supremo Electoral para establecer que partidos políticos participaron en el proceso electoral 2023.  

Qué destacar. La fiscalía del Ministerio Público (MP) adujo que se incurrió en el delito de asociación ilícita porque incidíos evidencian la participación de más de tres personas con roles establecidos: grupos permanentes en el Campus Central, personas a cargo de redes sociales, encargados de promover la toma de la USAC.  

• El fiscal a cargo indicó que el delito de usurpación es porque llegaron a las instalaciones, retiraron al personal de seguridad y permanecieron de manera ilegal por más de 380 días.  

  
  

• Mientras, depredación de bienes culturales porque causaron daños a los edificios y evitaron que se les diera mantenimiento a las instalaciones de la universidad pública, declarada Patrimonio Cultural de la Nación.  

  
  

• Sedición de forma continuaba, lo argumentó porque se evidenció fuerza, violencia y odio contra el rector electo y se tomó por la fuerza las instalaciones afectando a catedráticos y estudiantes.  

Visto y no visto. Durante la jornada se observó a un grupo de personas manifestar apoyo a los sindicados frente al edificio de la torre de tribunales, mientras se desarrollaba la audiencia. Los seis sindicados en el caso agradecieron las muestras de cariño y respaldo.  

• El juez Víctor Cruz, titular del juzgado, autorizó solamente a cuatro medios de comunicación ingresar a la audiencia y que se instalaría una bocina para que el resto escuchará afuera, sin embargo, no se instaló.  

  
  

• Familiares de los señalados solicitaron respeto para los fiscales del MP, oficiales judiciales y el juez para que no se suspendiera la audiencia.  

  
  

• Antes de ingresar al juzgado, fueron evidentes los abrazos, palabras de fortaleza de los familiares y amigos para los sindicados. “Estamos con ustedes. Todo saldrá bien”, fueron algunos de los mensajes. 

   
  

• El juez autorizó a Javier de León, estudiante de Licenciatura en Física, participar en su graduación de manera virtual, desde la cárcel Mariscal Zavala. Los seis capturados son Rodolfo Chang, Andrea Marcela Blanco, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Javier de León, Martín Jorge Macario.