Los temas “espinosos” que heredó la nueva CSJ

¡Buenos días! 

La semana arrancó como se había revisto: la comisión pesquisidora del Congreso para las diligencias de antejuicio de 4 magistrados del TSE recibió hoy a los representantes de la entidad proveedora del sistema TREP, así como la comparecencia de 2 magistrados –otro compareció solamente por escrito– en donde rechazaron los señalamientos de los denunciantes y del MP. Mañana deberá entregar la comisión su informe al pleno, recomendando o no el retiro de la inmunidad. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia recién electa, deberá conocer varias acciones pendientes –más otras que presumiblemente se presentarán– respecto de incidencias que han resultado posteriormente del proceso electoral. Tal parece que hay una carrera para que una o varias acciones tengan efectos insospechados previo al 14 de enero del 2024, cuando deberá tomar posesión el presidente electo, Bernardo Arévalo. La suerte con la que correrán los diputados de la bancada Semilla todavía está por verse. Como sea, deberán asumir, aunque sea sin ser bancada, como algunos han propugnado.  

Los animamos a seguir pendientes del boletín de República Política para enterarse de cómo se siguen desenvolviendo estos y otros eventos de trascendencia nacional. 

Gracias por su preferencia. 

Hilos en este boletín:

•Los temas “espinosos” que heredó la nueva CSJ

•Magistrados del TSE y Datasys se defienden ante pesquisidora

Ana González
•Los temas “espinosos” que heredó la nueva CSJ
505 Palabras | 2 mins de lectura

De las primeras acciones que tendrá que conocer la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) será el antejuicio contra Bernardo Arévalo y las diligencias contra varios diputados, por lo cual tendrán una apretada agenda durante sus primeras semanas.    

Panorama general. Los nuevos magistrados de la CSJ tomaron posesión de sus cargos el 27 de noviembre. Su primera decisión fue elegir al presidente de la corte: Oscar Ruperto Cruz.  

• Si bien, su gestión durará un poco más de 10 meses, será suficiente para decidir temas importantes, como el antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.  

  
  

• También sobre las diligencias presentadas contra varios diputados por el caso de la toma de la Universidad de San Carlos (USAC).  

En el radar. La nueva Corte resolverá los tres amparos presentados contra la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla, según confirmó la diputada electa Andrea Reyes. 

• Otro tema pendiente es la solicitud para retirar la inmunidad al diputado Samuel Pérez por la publicación en la red social “X”; según el Ministerio Público, incurrió en el delito de actividades contra la seguridad interior de la nación.  

Los datos. Los magistrados de la CSJ tendrán participación en la Comisión de Postulación para elegir a los candidatos para la Corte de Apelaciones, la cual se convoca en junio, cuatro meses antes del 12 de octubre, fecha en que termina el actual periodo.  

• La participación depende del número de decanos de las facultades de derecho, pues en el proceso anterior se contó con 12 facultades legalmente establecidas, de esa cuenta, 12 fueron los delegados de un total de 37 comisionados. 

  
  

• Los magistrados de la Corte de Apelaciones tienen participación en la Postuladora para elegir la nómina de 26 aspirantes a dirigir la CSJ. El número también depende del total de decanos de facultades de derecho. 

  
  

• Los togados podrán optar –también– a la reelección para el periodo 2024-2029. 

   

Qué resaltar. Los magistrados contarán con buenos ingresos; en diciembre de 2022, la magistratura anterior aprobó un aumento salarial. 

• El presidente de la CSJ tiene un salario de Q79 mil, más gastos de representación por Q23 mil y un bono del 5 por ciento que asciende a Q36 mil 34, según consta en información pública. 

  
  

• El resto de los magistrados tienen un salario de Q67 mil, más gastos de representación por Q13 mil 250 y un bono del 5 por ciento de Q36 mil 345.  
   
  

• Los magistrados podrán optar a una indemnización cuando dejen sus cargos el 12 de octubre de 2024. 

   

Fisgón histórico. Los magistrados de la CSJ fueron electos por el Congreso el 15 de noviembre en una maratónica sesión donde también fueron juramentados.  

• La elección se concretó luego de que el 7 de noviembre la Corte de Constitucionalidad oficializara la debida ejecución del amparo y fijó como fecha fatal el 15 de diciembre.  

En conclusión. Más allá de los problemas coyunturales que espera a los nuevos magistrados, para la mayoría de la población lo más importante es el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la impunidad, una deuda pendiente con la ciudadanía.  

Viviana Mutz
•Magistrados del TSE y Datasys se defienden ante pesquisidora
778 Palabras | 4 mins de lectura

En el último día de audiencias y previo a la entrega de un informe final, la comisión pesquisidora del Congreso que conoce las diligencias de antejuicio contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) escuchó los argumentos de la empresa Datasys Guatemala, S.A. proveedora del sistema informático de resultados preliminares de las Elecciones 2023.  

• También atendió los descargos de los magistrados Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, aunque este último lo hizo por escrito; la magistrada Irma Palencia no acudió, porque la comisión no adjuntó la ratificación íntegra de la denuncia a la citación.  Ella pidió reprogramarla.  

   

Qué destacar. Durante la intervención del representante legal de Datasys, Hugo Lemus, y de la asesora jurídica, Mónica Ardón, la mayoría de los diputados se centraron en cuestionar la subcontratación de la empresa Podernet, por parte de Datasys. 

• Ambos aclararon que no hubo subcontratación sino un joint venture luego de hacer un recuento de sus obligaciones y responsabilidades en el contrato con el TSE de Q148 millones.  
  
  

• “Salió más caro porque tuvieron que contratar a otra empresa porque ustedes en 25 años de experiencia no podían, ni lo tenían (el sistema informático)”, dijo el diputado Douglas Rivera, lo cual apoyó el diputado Julio Longo.  
  
  

• También revelaron los nombres de los accionistas que son: Jorge Ruiz Salazar Valverde, Isaías Alberto Salazar Valverde y Datasys Group Sociedad Anónima. Además, aseguraron que no hubo sobrevaloración de costos porque ninguna empresa presta el servicio en el país como para poder compararlo. 

   

Entre líneas. Los representantes de Datasys mencionaron que parte del contrato era tener un plan de contingencia que incluyó la compra de 4 mil celulares y otros equipos, por costo total de Q48 millones.  

• La empresa estimó que el costo de cada celular es de aproximadamente Q1 mil 300, sin embargo, el diputado Longo aseguró haber consultado el precio con una empresa telefónica y el precio que obtuvo fue de aproximadamente Q500 cada uno; en la página que consultó República el precio no era menor de Q 1 mil.  
  
  

• Se intentó ampliar este tema con representantes de Datasys y además conocer si había una denuncia en su contra, pero ambos evadieron a la prensa.  
  
  

• “No es solo multiplicar el precio de los celulares sino también adquirir las licencias de Samsung para usar la aplicación (del TREP)”, explicó el magistrado Gabriel Aguilera.  

Voces (I). El magistrado Mynor Franco, en su defensa por escrito, aseguró que la denuncia en su contra es espuria “porque el sustento de los denunciantes se basa en suposiciones o apreciaciones subjetivas”.  

• En cuanto a la compra del TREP aclaró que no fue ilegítima porque se contrató según la Ley de Contrataciones, la cual permite realizar compras por excepción, no estando obligado el TSE a realizar licitaciones por la premura de los comicios. 
  
  

• Asimismo, argumentó que en la denuncia del Ministerio Público “no hay elementos de los denunciantes de cómo defraudé al Estado”, aseguró.  
  
  

• El diputado Flavio Muñoz cuestionó las compras por separado y el alto costo del contrato que realizó el TSE, así como la decisión de realizar las elecciones sin nombrar a un director de informática.  

Voces (II). Por su parte, el magistrado Rafael Rojas, mencionó que es del conocimiento público que los dos denunciantes, en redes sociales, han cuestionado desde el momento que se inició con la planificación de los comicios.   

• El magistrado puso en tela de juicio la acusación de abuso de autoridad. “No es abuso de autoridad cuando soy autoridad del TSE y puedo tomar decisiones que permitan llevar a cabo las elecciones”, enfatizó.  
  
  

• “No soy experto mercantil, pero no delegué ninguna función a Datasys para incumplir con mis obligaciones de dotar de todos los insumos a las Juntas Electorales. La suma de los votos la realizaron las juntas, y la transmisión de resultados preliminares a cargo de informática y los digitadores”, reiteró.  
  
  

• En cuanto al supuesto delito de fraude, reconoció desconocer “el artificio en el contrato que considera el MP”, por lo tanto, no pudo expresarse al respecto. “No me lo están señalando”, afirmó. Aclaró que no influyó en la compra del sistema pues privilegiaron la pertinencia, necesidad y tiempo de cumplimiento, entre otras características. 

Más voces. Aguilera coincidió en que la acusación es espuria, pero también política, sobre todo “cuando se incluye en la denuncia la carta de una senadora colombiana que evitar mencionar su ideología", puntualizó.  

En conclusión. Un posible sobreprecio de adquisición de los equipos y el sistema informático TREP es algo que debe investigarse, sin embargo, la falta de denuncia respecto del vendedor, sino que solamente para los magistrados, podría evidenciar que más allá de la legítima investigación por posibles malos manejos de dinero público, podría esconderse la intención real.