Restricción a la prensa, cortesía de la nueva secretaria de Comunicación

¡Buenos días!

Desde antes de asumir la presidencia, Bernardo Arévalo prometió —casi bajo juramento— que facilitaría la labor periodística; ha hecho precisamente lo opuesto.

Si bien el anterior secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo —designado como embajador ante la Santa Sede— implementó conferencias de prensa semanales, lo que permitió cierto grado de apertura, su sucesora, Karina García Ruano, ha dado varios pasos hacia atrás; las conferencias ya no son los lunes, lo que permitía a los medios informar sobre las actividades que habría esa semana, sino que ahora los periodistas deben ingresar a un portal para que, con anticipación, sometan sus preguntas a consideración.

Esa práctica restringe la actividad periodística, impide las repreguntas, limitando la comparecencia de los funcionarios a una mera puesta en escena.

El rol de la Secretaría no es “proteger” a los funcionarios del escrutinio de la prensa, sino facilitar el acceso de los medios y periodistas a aquellos, para que puedan informar a la ciudadanía.

En la administración Arévalo, varias instituciones han limitado y dificultado el acceso a la información, como en el CONAP, que declaró “secretas” las sesiones y sus actas. No es el único caso, por supuesto.

El actual pretende concebirse como un gobierno “de puertas abiertas”, pero la realidad —hechos y actitudes— muestra lo contrario. O, tal vez, las puertas se abren, pero como la cueva de Alí Babá.

¡Ábrete, sésamo! 

En los últimos años, Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (USAC), ha tejido una red de influencia que está conformada por actores que integran órganos universitarios y otras instituciones. Entre ellos, destacan algunos que conforman el Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS), quienes validaron la creación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo.

Por qué importa. La nueva universidad será privada; es la primera de las dos de reciente creación. La otra es la Universidad Americana. En ambas, hay actores cercanos a Mazariegos que ocupan cargos directivos. Ese manejo facilita ampliar representantes y asegurar votos en las futuras comisiones de 2026.

• En 2014, el país también realizó, simultáneamente, varias elecciones de “segundo grado”, cuando surgió una nueva casa de estudios: la Universidad Regional de Guatemala.

• En ese momento, fue cuestionada por varios sectores, pues se consideró que fue creada con fines políticos para influir en los procesos. Las mismas críticas reciben las dos nuevas universidades.

• Expertos señalan que la ley es ambigua sobre la participación de las nuevas universidades. No define si deben estar en funcionamiento, contar con campus u otros requisitos para integrar las Comisiones de Postulación.

Visto y no visto. La Universidad Juan José Arévalo Bermejo obtuvo reconocimiento reciente y adquiere participación antes de iniciar operaciones formales. La sede estará en Santa Lucía Utatlán, Sololá, con carreras en Humanidades y Psicología. La aprobación ocurrió en un contexto donde los integrantes del CEPS persiguen intereses ajenos al académico.

• Francis Ramón Polo Sifontes aparecía como rector al momento de la creación. Él recibió reconocimientos y apoyo para publicar el libro oficial “Historia de Guatemala” durante la administración de Mazariegos.

• Fuentes aseguran que ahora el cargo lo desempeña Erbin Fernando Osorio Fernández. Profesor de grado de la Facultad de Humanidades de la USAC en 2022 y 2023. En 2015 estuvo en la Unidad de Planificación de dicha facultad.

• El secretario general es Luis Fernando Cordón Lucero, también secretario general de la USAC. Ese doble rol vincula a ambos espacios institucionales y asegura alineamiento de decisiones.

Entre líneas. Mazariegos ganó la rectoría en 2022 entre protestas, denuncias de fraude y el llamado “Caso Toma de la USAC”. Las medidas disciplinarias afectaron a estudiantes y personal. Él consolidó una red de control dentro y fuera de la USAC. Esa estructura no responde a méritos académicos, sino a intereses políticos.

• “Casualmente” integra el directorio del CEPS, que aprueba o imprueba la creación de universidades privadas, como la referida.

• Sus suplentes, Juan Carlos Godínez Rodríguez y Hugo Humberto Rivera Pérez, forman parte del mismo bloque y fortalecen decisiones. El control del CEPS facilita decisiones rápidas con impacto nacional y proyección hacia 2026.

• Según actores universitarios, el plan incluye adelantar participación en órganos de postulación. La ley permite que nuevas universidades integren espacios de votación apenas son creadas.

En conclusión. La red de aliados de Mazariegos proyecta mantenerse dentro de los órganos de representación para incidir en elecciones de segundo grado. La estructura opera con discrecionalidad y usa el sistema universitario para obtener influencia institucional. Esto afecta la autonomía universitaria y la designación de las autoridades de justicia. 

• Nuevas facultades, en especial de Derecho, pueden multiplicar votos de decanos en las comisiones que eligen magistrados, contralor y autoridades electorales.

• La ampliación de universidades y facultades responde a un esquema político, no académico, agregaron las fuentes consultadas.

• Organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que no existe claridad sobre mecanismos de supervisión que impidan creación estratégica para fines políticos. 

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Con la llegada de diciembre, la actividad en el Congreso comienza a disminuir. Las “fiscalizaciones” quedan en segundo plano y muchos diputados se concentran en las actividades propias de fin de año; otros, enfocan sus esfuerzos en definir estrategias de cara al 2026 —preelectoral—, y en la proyección de su futuro político.

Sin embargo, la baja en el ritmo legislativo no se traduce en una reducción de ingresos. Por el contrario, los congresistas se preparan para recibir el aguinaldo, cuyo monto será considerable si se toma en cuenta que, desde febrero, perciben un salario de hasta GTQ 66 300, cifra que es aún mayor para quienes integran la Junta Directiva del Congreso.

Hasta 2024, el Legislativo desembolsaba alrededor de GTQ 4.8M para el pago del aguinaldo. Con el aumento salarial, ese monto se elevará ahora hasta los GTQ 10M, destinados a cubrir este beneficio para los 160 diputados.

Aunque los diputados lograron avanzar en la agenda legislativa con la aprobación de algunos temas —como la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas—, aún quedan proyectos clave pendientes de discusión. Uno de ellos es la ley contra el lavado de dinero, que fue remitida a las comisiones de Finanzas y de Economía para su análisis, pero que hasta ahora no cuenta con dictamen.

La relevancia de esta iniciativa radica en que Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris, lo que podría acarrear serias consecuencias económicas si el país continúa con un marco legal considerado obsoleto en esta materia.

Otra iniciativa que permanece en pausa es la de la ley de ciberseguridad; avanzó hasta su segunda lectura el 23 de septiembre de este año; sin embargo, las dudas planteadas por algunos diputados frenaron su discusión. El proyecto sigue a la espera de su última aprobación para convertirse en decreto.

¿Reconfiguración de fuerzas?  

En los últimos meses se ha hecho evidente el reacomodo de fuerzas dentro del Congreso, marcado por el cambio de agrupación de varios diputados que ya comienzan a perfilar su futuro político con miras al proceso electoral de 2027. Un ejemplo de ello es Ronald Portillo, quien se incorporó al partido Unionista, aunque oficialmente aún figura como integrante de Vamos, agrupación de la que se han distanciado varios legisladores que ahora buscan un nuevo vehículo electoral ante el desgaste de la organización oficialista.

Otro caso es el de Nery Rodas, quien dejó el partido Cabal, aunque hasta ahora no ha formalizado su adhesión a una nueva agrupación política. Su salida se suma a una serie de movimientos que evidencian la fragmentación de algunas bancadas y el inicio anticipado de negociaciones políticas.

Por su parte, Nery Ramos y Evelyn Morataya han comenzado a trabajar de manera coordinada en labores de fiscalización y en distintas actividades públicas, lo que ha alimentado los rumores de una posible alianza electoral. Ya no es un secreto que Ramos aspira a la Presidencia de la República, aunque aún está por definirse si lo hará mediante una nueva agrupación o si buscará cobijo en uno de los partidos políticos ya existentes.

Estos movimientos reflejan que, aunque el calendario electoral aún parece lejano, la dinámica política ya se encuentra en plena reconfiguración. Las alianzas, rupturas y nuevos acercamientos anticipan un escenario fragmentado, por lo que resta por ver cómo esta nueva correlación de fuerzas se trasladará al pleno del Congreso en 2026.