¡Buenos días!
Con apenas poco más de 41 000 votos de diferencia, el balotaje en Perú —y la tardanza en alcanzar una cifra definitiva— tiene al país suramericano en vilo. Sí, la diferencia es escasa, pero así funciona la democracia: un voto hace la diferencia.
Pero, claro, el ultraizquierdista Roberto Sánchez —como todos los comunistas y demás calaña— no cree en la democracia a menos que les favorezca; no cree en la voluntad popular, a menos que la subyugue.
Sánchez dio declaraciones públicas ayer afirmando que no reconocerán el resultado electoral y que tampoco reconocerán el gobierno de Keiko Fujimori. Desde ya convocó a manifestaciones y a “resistencia democrática”. ¡Pamplinas! ¿Qué democrática va a ser esa resistencia si desconoce los resultados electorales? Lo que realmente es, Sánchez, es un agitador profesional; un bochinchero llorica que, como todos los izquierdosos, no sabe perder.
Pero más allá de lo patético de su actitud, presenta un reto real para la gobernabilidad de un convulso país hermano. La disfuncionalidad política de la última década ha sido culpa, en parte, del diseño institucional, pero sobre todo, falta de capacidad política y de diálogo; ambas, características torales de la democracia.
¿Qué va a pasar? Solo Dios sabe. Lo que sí queda claro es que, cada vez más, los procesos democráticos son insuficientes para satisfacer a buena parte de la población. Aunque, para ser precisos, no satisface a los caudillos, a los que pretenden erigirse como mesías de sus pueblos, cuando son vulgares falsos profetas.
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Natalie Chang y Luis González
Arévalo azuza la conflictividad con un viceministerio sin cabeza
631 palabras | 4 minutos de lectura
¿Cómo se explica que un viceministro permanezca en su cargo durante más de un año mientras se encuentra en prisión preventiva? El caso de Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), expone una contradicción política, jurídica y administrativa que hoy afecta trámites, inversiones y consultas en comunidades rurales.
Su nombramiento ha sido señalado como un “pago político” del Gobierno de Bernardo Arévalo al respaldo que los 48 Cantones de Totonicapán brindaron durante la crisis poselectoral de 2023 y los bloqueos que impulsaron la toma de posesión del ahora mandatario.
Por qué importa. Su captura el 23 de abril de 2025, bajo cargos por las manifestaciones de 2023, le impide el ejercicio de funciones; en ese vacío legal —también operativo— se acumulan los problemas.
Aunque el MEM sostiene que está suspendido sin goce de salario y que no firma documentos, lo cierto es que, de facto, continúa siendo viceministro.
El Gobierno argumenta que la Ley de Servicio Civil impide destituirlo sin una sentencia firme y sostiene que se trata de una persecución política.
Aunque el ministro Víctor Ventura, según el MEM, asumió algunas funciones del viceministerio para garantizar continuidad, se evidencia más una formalidad administrativa que una realidad operativa.
Punto de fricción. En la práctica, la ausencia definitiva de un viceministro no es menor, ya que genera retrasos visibles con expedientes que se acumulan, dictámenes que se dilatan y decisiones que simplemente no se toman.
Uno de los ejemplos más evidentes es la falta de avance en la implementación del Convenio 169 de la OIT, manteniendo estancados procesos como el de la mina El Escobal, que ya suma cerca de nueve años.
La Unidad de Gestión Socioambiental del MEM, responsable de evaluaciones, consultas y seguimiento de proyectos, también resiente la falta de liderazgo; mientras que empresas reportan trámites que antes tomaban meses y hoy superan un año, donde permisos y dictámenes técnicos pierden ritmo.
Según actores del sector petrolero, la supervisión de operaciones y el seguimiento ambiental por parte del MEM están prácticamente paralizados.
Visto y no visto. El Gobierno insiste en que el viceministerio “no está acéfalo” y que el equipo técnico garantiza continuidad.
No obstante, ninguna institución funciona igual sin una autoridad que tome decisiones estratégicas; el trabajo técnico requiere respaldo político. Sin él, se convierte en un ejercicio de contención más que de avance.
Más allá de la presunción de inocencia que asiste a Pacheco, la pregunta sigue siendo válida: ¿por qué no ha sido sustituido?
El respeto al debido proceso no es incompatible con garantizar el funcionamiento efectivo del Estado. La permanencia de un funcionario encarcelado en su puesto, aunque suspendido, transmite un mensaje de inmovilidad institucional.
En conclusión. El caso Pacheco evidencia una falla estructural: la incapacidad de separar la defensa política de un funcionario de la necesidad urgente de mantener operativa la administración pública.
Mientras esa contradicción persista, los afectados seguirán siendo los mismos: comunidades que esperan consultas, empresas que dependen de permisos y un Estado que, sin dirección efectiva, simplemente no camina.
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