Samuel, el intolerante

¡Buenos días!

En los días previos a la Semana Santa, el otrora vespertino La Hora publicó un reportaje acerca del diputado oficialista Samuel Pérez Álvarez; luego de la reacción de este y de sus huestes en redes sociales, el medio publicó un editorial que más que explicar —no tenían por qué hacerlo—, reiteró su postura. Eso fue suficiente para que ya en la Semana Mayor, el diputado enviase una diatriba por correo electrónico, más en contra de su director y dueño que contra el medio en sí, pero también lo pasó saludando.

No contento con ello, también se refirió a este medio, República, y en una típica actitud de intolerancia propia de los imberbes —y de los izquierdistas—, denostó a todos quienes le señalan y critican; periodistas, medios y demás, que lo hacen [señalarlo] por su calidad de autoridad, algo que él rechaza. No se da cuenta de que pertenece al partido de gobierno; cree que sigue siendo oposición y esa es precisamente su falla.

La actitud de muchos de sus corifeos en redes fue bastante más ridícula; criticaron que el medio publicase la diatriba “en Sábado de Gloria” y no hoy, Lunes de Pascua. Lo dicho: ridículos.

Todo el episodio —por entregas— sirve muy bien para develar el talante de Samuel y los suyos, su intolerancia y su exigencia de total pleitesía. Se pintaron de cuerpo entero.

Ya que pretende compararse ahora —por cálculo político, no por ejecutorias— con Manuel Colom Argueta, cabe preguntarse: ¿la asumida por el diputado, sería una postura que hubiese tomado aquel? La respuesta se la doy yo: ¡jamás!

Rafael P. Palomo
La guerra de Ortega contra Trump: el eslabón débil de su supervivencia
799 palabras | 5 minutos de lectura

Ortega, otrora un problema discreto para Trump, ha cometido el primer error que podría costarle el sueño en los años venideros. 

En perspectiva. La prohibición de las procesiones de Semana Santa en Nicaragua ha sido la peor movida de Ortega en el tablero de la política exterior de Trump. En un país donde las celebraciones de Granada y León forman parte del calendario emocional de la nación, impedirlas tiene un peso simbólico evidente. El régimen está diciendo que ni siquiera la fe puede ocupar el espacio público sin permiso del poder. Esa decisión llega en un momento en que la relación entre la dictadura y la Iglesia Católica ya venía profundamente deteriorada.

• No es casual, además, que Washington haya reaccionado en español y con lenguaje pensado para Latinoamérica, desde la cuenta en X de USA en español.

• En dicho mensaje, el subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó que “un año más, la dictadura de Ortega y Murillo niega al pueblo de Nicaragua el derecho a manifestar su fe de esta manera, al prohibir estas procesiones públicas”, convirtiendo la represión religiosa en un asunto de legitimidad regional.

• El mensaje finaliza con un deseo y probable declaración de intenciones: “Espero con anhelo el día en que nuestros amigos nicaragüenses recuperen su libertad religiosa”. 

Por qué importa. Lo ocurrido esta Semana Santa es apenas el episodio más reciente y visible de una campaña más larga. La represión contra la Iglesia se intensificó después de las protestas de 2018, cuando sacerdotes y obispos sirvieron como mediadores, refugio moral y, a veces, físico, para quienes huían de la violencia estatal. Desde entonces, el régimen ha cerrado medios católicos, expulsado o forzado al exilio a religiosos, confiscado bienes y restringido actividades pastorales.  

• Este es el tercer año consecutivo en el que las procesiones de Cuaresma y Semana Santa han sido prácticamente prohibidas.

• El año pasado se reportó que más de 200 figuras religiosas estaban ya en el exilio, mientras los sacerdotes que permanecen en el país viven bajo vigilancia y deben incluso informar a la policía sobre ciertas actividades pastorales.

• El año pasado también se dio el cierre de Radio María, vinculada al obispo Rolando Álvarez, y el endurecimiento del discurso oficial contra el Vaticano.

Cómo funciona. Ortega no persigue a la Iglesia solo por capricho teológico, sino porque representa la única estructura nacional con arraigo territorial, legitimidad y autoridad moral que no puede absorber del todo. Los partidos fueron desmantelados, la sociedad civil ha sido vaciada y los medios independientes fueron perseguidos. La Iglesia quedó como una red que todavía conecta parroquias, comunidades, memorias y lealtades fuera del aparato oficial.

• En esa lógica, también debe leerse el cierre y la confiscación de la UCA, la universidad jesuita más importante del país.

• La UCA, cuyas enseñanzas jesuitas suelen ser aprovechadas por la izquierda, era uno de los últimos centros de pensamiento independiente de Nicaragua y fue acusada por el régimen de ser un “centro de terrorismo” antes de su confiscación.

• Para la dictadura, una institución que forma élites, produce pensamiento propio y conserva autonomía espiritual y social, termina siendo una amenaza existencial. 

Entre líneas. Aquí entra EE. UU. Lo interesante no es solo que la administración Trump critique a Ortega, sino el modo en que empieza a hacerlo. El mensaje de Landau es un claro caso de comunicación política dirigida al imaginario latinoamericano, usando la Semana Santa y la religiosidad popular para golpear al régimen donde más le cuesta defenderse: su legitimidad cultural. En esa lógica, Marco Rubio ha convertido a Latinoamérica en uno de los principales tableros desde los cuales el Departamento de Estado monitorea, clasifica y prioriza amenazas.

• Hasta ahora, Nicaragua parecía mantenerse por debajo de la línea de fuego, sobre todo mientras Washington concentraba presión en Venezuela y, más recientemente, en Cuba.

    

• Pero este episodio cambia la ecuación, no porque vaya a provocar una intervención, sino porque ayuda a sacar a Ortega de la periferia del radar estadounidense. 

• El hecho de que una dictadura de izquierda persiga a la Iglesia en pleno calendario santo, le entrega a un Washington cada vez más hispano y católico una causa fácil de traducir a lenguaje moral y político al mismo tiempo. 

En conclusión. Nada de esto implica que Nicaragua esté al borde de una operación estadounidense ni que Washington quiera abrir otro frente mientras sigue ocupado con Cuba y Venezuela. Lo que sí indica es que Ortega ya no está pasando desapercibido. Su guerra contra la Iglesia está logrando exactamente lo que no le conviene: convertir una represión interna en un asunto legible y políticamente rentable para la diplomacia estadounidense.

• Para un régimen que ha sobrevivido a la furia del Departamento de Estado de Rubio, el error de cálculo puede ser costoso.

Glenda Sánchez
Los partidos políticos buscan asegurar el caudal de la USAC
555 palabras | 3 minutos de lectura

La Universidad de San Carlos (USAC) se posiciona como pieza clave del ajedrez político. A meses del proceso electoral 2027, partidos activan redes y buscan alianzas en la casa de estudios. La disputa trasciende lo académico. El control universitario abre acceso al poder del Estado y define cuotas en instituciones estratégicas.

• El costo es el abandono de la academia y una crisis profesional. La USAC se convirtió en un botín político.

Por qué importa. La USAC concentra poder institucional. Su diseño le permite incidir en decisiones públicas importantes. Por eso, los partidos políticos la buscan como plataforma de influencia. Funciona como un canal indirecto para proyectar poder más allá del voto ciudadano, que también gana.

• La universidad participa en 72 instancias públicas. Incide en justicia, salud, fiscalización y procesos electorales. Esa presencia permite influir en nombramientos estratégicos dentro del Estado.

• Los partidos buscan controlar delegados y votos indirectos. No solo compiten en elecciones generales. También disputan comisiones técnicas que definen autoridades como las del Ministerio Público (MP), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

• El nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) redefine el escenario. Las organizaciones aceleran afiliación y alianzas. La universidad se convierte en un nodo esencial de articulación política.

Detrás de escena. Los acercamientos ya empezaron. Actores políticos buscan vínculos con autoridades universitarias y candidatos a rector. La negociación ocurre tras bambalinas. Se negocian respaldos, apoyos y estructuras internas con impacto directo en la elección universitaria. 

• Fuentes identifican contactos de operadores políticos y figuras como Carlos Pineda, del partido Servir, y José Alberto Chic, de VOS; la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), siempre está presente.  

• Hay grupos emergentes con conexiones al Ejecutivo (Raíces) y operadores ligados a Semilla. El objetivo es asegurar respaldo en las instituciones donde tiene representación la USAC.  Estas posiciones permiten el manejo de cuantiosos recursos públicos.

• Académicos advierten del riesgo de instrumentalizar la USAC. Añaden que buscan usarla como plataforma de crecimiento: el manejo de recursos aumenta el interés político y eleva la presión sobre la rectoría. 

Punto de fricción. La politización tiene raíces profundas. Expertos ubican su aceleración a finales de los noventa. Desde entonces, el Consejo Superior Universitario (CSU) concentra poder. La lógica académica pierde terreno frente a intereses de grupo. 

• El CSU tiene control de decanos y representantes; votan en bloque. Ese comportamiento favorece acuerdos previos. Las decisiones no siempre responden a criterios académicos.

• Expertos alertan de un modelo cerrado. Se limita la competencia y se refuerzan estructuras que reproducen poder dentro de la universidad.

• El clientelismo aparece como riesgo. Ofertas de empleo o beneficios generan lealtades. Aunque no siempre hay pruebas formales, la percepción debilita la confianza en la imparcialidad del sistema universitario.

En conclusión. La disputa por la USAC confirma que opera como un eje de poder político más allá de su mandato académico. La combinación de representación institucional, presupuesto y participación en instancias públicas la convierte en un objetivo estratégico. El resultado es una tensión entre la académica y la captura política.

• El modelo de gobierno interno favorece acuerdos cerrados. La concentración de poder en el CSU reduce competencia y facilita la alineación de bloques con intereses políticos.

• El riesgo central es la profundización de la crisis académica. La presión por control político desplaza prioridades universitarias y debilita la legitimidad institucional.

Luis González
USAC decide rector entre maniobras y exclusión
640 palabras | 4 minutos de lectura

El miércoles 8 de abril se juega el futuro de la Rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC), en un proceso empañado por decisiones atrabiliarias y maniobras legales cuestionables.

Qué destacar. La elección del rector para el período 2026‑2030 se realizará en Antigua Guatemala, pero lejos de ofrecer garantías democráticas, se desarrolla bajo un control administrativo que ha favorecido abiertamente al actual rector.

• Aunque la normativa universitaria establece 34 cuerpos electorales, solo 29 concluyeron su elección y la mayoría se inclinó por opciones opositoras. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) ha optado por acreditar únicamente a ocho cuerpos, reduciendo de forma ilegal el universo real de votantes.

• Esta selectividad ha sido señalada como un intento deliberado de manipular el resultado final. A ello se suma el cierre de la universidad, aprobado de forma expedita y a pocos días de la votación, lo que limita la organización y la protesta de la comunidad sancarlista. 

• Las decisiones del CSU han profundizado el malestar entre estudiantes, docentes y profesionales. En este contexto, la elección definirá una autoridad, y pondrá a prueba la ya debilitada institucionalidad de la única universidad estatal del país.

En el radar. Hoy inicia una de las fases clave del proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026‑2030, con el arranque de las entrevistas públicas a los aspirantes.

• En total, 49 profesionales del derecho buscan integrar la nómina final que será enviada al Ejecutivo; las audiencias se desarrollarán durante cuatro jornadas, programadas para los días 6, 7, 9 y 10 de abril.

• La comisión de postulación comenzará con un primer grupo de 13 aspirantes, cuyas entrevistas están previstas a partir de las 9 a.m. Cada candidato contará con 30 minutos ante los comisionados, cinco de ellos destinados a exponer su plan de trabajo y el resto para responder preguntas.

• Esta etapa busca evaluar la idoneidad, trayectoria y visión institucional de los postulantes. Las entrevistas serán públicas y se presentan como un ejercicio de transparencia en un proceso decisivo para el rumbo del Ministerio Público en los próximos cuatro años.

Lo que sigue. El precio de más de GTQ 40 por galón en los combustibles volvió a encender las alarmas en Guatemala.

• Por ello, el Congreso de la República retomará la discusión sobre medidas para mitigar el impacto en la economía familiar y productiva, causado por el conflicto armado entre Irán, EE. UU. e Israel.

• Entre las propuestas figuran la suspensión temporal de impuestos a los combustibles o la aprobación de un subsidio. El presidente del Legislativo, Luis Contreras, señaló que si bien se han registrado avances en otras agendas, la crisis de los carburantes requiere atención inmediata.

• Se convocó a Jefes de Bloque para hoy. La discusión busca consensos para una respuesta legislativa ante una nueva escalada de precios que amenaza transporte, comercio y canasta básica.

Ecos regionales. Otro abril inicia en Nicaragua marcado por el peso de la memoria y el silencio impuesto. La cercanía del aniversario de las protestas del 18 de abril de 2018 revive el recuerdo de la represión que dejó muertos, presos y exiliados.

• Hoy, el mes transcurre bajo un mayor control estatal y sin espacio para la protesta abierta, aunque a la distancia se perciben señales de cambio que podrían anticipar el inicio del fin de la dictadura Ortega‑Murillo, calificada, incluso, como más represiva que la de Somoza.

• Costa Rica celebra la designación de Gabriela Pacheco Arias como la primera mujer en asumir la Secretaría de la Corte IDH desde el 1 de abril. El nombramiento reconoce su trayectoria y marca un hito para el país y el sistema interamericano.

• Placas con el lema “Con paso firme” generan polémica en Panamá por incorporar un eslogan político en un documento oficial obligatorio. Las críticas apuntan a un uso propagandístico del Estado.