Samuel Pérez, con un pie fuera de la Junta Directiva

El grupo de diputados que llevó a Semilla a la presidencia del Congreso forma parte de una tradición rentista alrededor del partido del presidente; es lo que el partido Movimiento Semilla llamaba antes –convenientemente– el “pacto de corruptos”. 

Panorama general. La Junta Directiva del Congreso, presidida por Samuel Pérez, fue electa con 92 votos en el pleno. Los votos se dividieron entre los siguientes partidos: Semilla (23), UNE (23), Cabal (11), Viva (11), Bien (4), VOS (4), CREO (3), Victoria (3), Nosotros (2), Azul (2), Cambio (1), Valor-Unionista (1), Todos (1), URNG-Winaq (1), Valor (1) y Vamos (1). 

• Antes del inicio de la legislatura, Semilla era la tercera fuerza política del Congreso; la UNE, que logró 28 curules, se dividió y 23 de ellos se rebelaron —nuevamente— contra Sandra Torres y votaron con Semilla.  
   
  

• De esa manera, partidos opositores se alinearon con el fin de obtener rentas al estar del lado del partido del presidente Bernardo Arévalo.  

Hemeroteca. Las mayorías legislativas son una realidad ajena a Guatemala. Alfonso Portillo fue el último presidente en contar con el apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso, cuando su partido (FGR) consiguió mayoría absoluta para el periodo 1999-2003. En el siguiente periodo, la coalición del presidente Óscar Berger obtuvo solamente 47 escaños (29.75%).  

• Desde Berger –incluido– ningún presidente ha logrado una bancada lo suficientemente numerosa para tener la mayoría legislativa por su cuenta, haciendo de las coaliciones y las negociaciones entre bancadas una norma para poder gobernar.  

En perspectiva. El gobierno de Alejandro Giammattei no fue la excepción. A pesar de haber logrado solamente 17 escaños —en contraste con los 52 de la UNE—, Giammattei logró consolidar una coalición que le permitió gobernar con un legislativo totalmente alineado a sus intereses y con una disciplina incuestionable.  

• Aunque las alianzas nunca habían sido tan sólidas como con Giammattei, todos los presidentes, desde Berger, formaron coaliciones mayoritarias en el Congreso.  

• Este fenómeno fue bautizado por la izquierda —en aquel momento desde una posición opositora— como el “pacto de corruptos”.  

• El gobierno de Arévalo consiguió, por ahora, una alianza de la misma naturaleza: sin embargo, debido a la luna de miel de los primeros días del gobierno, no se habla aún del pacto. 

Entre líneas. La naturaleza del sistema electoral guatemalteco obliga a negociar entre bancadas para gobernar, sin embargo, el fenómeno transforma al legislativo en una extensión del Ejecutivo, en vez de lo que supone ser: un contrapeso y un mecanismo de fiscalización del poder. Guatemala es un país hiperpresidencialista, dónde, a pesar de que el Legislativo es el primer órgano del Estado, este orbita alrededor de la figura del presidente.  

• Mientras que el proyecto político de Semilla proponía una manera distinta de hacer política, ha recurrido a las mismas prácticas y vicios de anteriores administraciones para asegurar gobernabilidad.  
   
  

• La alternativa —el aislamiento legislativo y las coaliciones minoritarias— hubiese sido coherente con sus promesas, pero poco efectivo para llevar a cabo sus fines.  
   
  

• Estas coaliciones no tienen coherencia en cuanto a sus perspectivas de política pública, debido a sus contradicciones ideológicas. El vínculo que las mantiene a flote es el intercambio de favores, comprometiendo los principios por la búsqueda de rentas. 

En conclusión. La coalición que reúne a diputados de Semilla, la UNE, Cabal y Valor-Unionista —entre otros— sigue la dinámica tradicional del legislativo guatemalteco: los bloques mayoritarios prestan sus votos al partido de gobierno, aun si este no tiene suficiente peso dentro del Congreso por sí solo. La dinámica no va de ideales, ni de primaveras, sino de poder real. En un país presidencialista, el poder recae, principalmente, en el Ejecutivo y el Congreso se vuelve en un instrumento a su favor. 

Samuel Pérez podría convertirse en el presidente con menos tiempo en dirigir el Congreso de la República. El proceso para elegirlo está bajo la lupa de la Corte de Constitucionalidad (CC), que esta semana emitirá su resolución. 

En perspectiva. El domingo 14 de enero, tras una maratónica sesión, fueron juramentados los diputados del Organismo Legislativo. Los 23 congresistas electos del partido Movimiento Semilla asumieron como independientes. 

• Tal condición –la de esos parlamentarios– fue declarada por la anterior legislatura. Esta decisión se basó en el fallo del Juzgado Séptimo Penal que suspendió provisionalmente la personalidad jurídica de esa agrupación. 
  
  

• Semilla intentó revocar esa resolución –que considera ilegal– argumentando que no han sido escuchados y porque existen recursos pendientes de resolver en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
  
  

• Sin embargo, la CC denegó la petición de amparo del partido que llevó al poder a Bernardo Arévalo. Los magistrados resolvieron que los diputados debían asumir, pero como independientes por la resolución legal del citado juzgado. 

Por qué importa. Con la condición de independientes, los legisladores de Semilla no podían integrar una planilla para postularse, menos ser electos en la Junta Directiva, según el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

• Sin embargo, dos diputados de esa organización, Samuel Pérez y Andrea Villagrán, se postularon y fueron electos. Pérez como presidente y Villagrán como primera secretaria. Para lograr su fin, el bloque oficial y sus aliados revocaron la resolución de la pasada legislatura que los declaró independientes. 
  
  

• Lo anterior ocurrió estando vigente el amparo de la CC que denegó la petición de Semilla. 
  
  

• Por esa situación se presentaron dos acciones legales que buscan anular el proceso de elección. La Fundación Contra el Terrorismo y la diputada Sandra Jovel plantearon los amparos que resolverá la CC. La entidad dio un plazo de 48 horas al Organismo Legislativo para informar sobre los hechos denunciados. 

En el radar. Los ojos ahora están puestos en la CC. Los magistrados tienen en sus manos la decisión de "botar" a la Junta Directiva, o encontrar una vía que no complique más y genere incertidumbre legal en Guatemala. 

• Una posible resolución sería ordenar repetir la elección de Junta Directiva, algo que ya ocurrió durante la VIII legislatura. En aquella oportunidad, se convalidaron los actos realizados por esa directiva, con el objeto de dar certeza jurídica. 
  
  

• Otra opción sería un fallo que solo deje sin efecto la elección de Pérez y Villagrán. En ese contexto, podría ordenar que la propia Directiva haga un corrimiento y elija a los dos restantes. O que esas dos sillas sean ocupadas por diputados electos por el pleno. 
  
  

• Y una decisión también podría ser no conceder el amparo provisional y dejar que pase el tiempo (meses o un año, a pesar de los plazos) y pierdan efectos los reclamos legales contra la elección. 

Hemeroteca. En enero de 2018 la CC anuló la elección de la Junta Directiva y ordenó repetir el proceso. La causa fue que se eligió a una diputada, Alejandra Carrillo, que era independiente, lo que prohíbe la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 

• La personalidad jurídica de Semilla fue suspendida de manera provisional por el Juzgado Séptimo Penal. La suspensión –bajo el amparo de la Ley Contra la Delincuencia Organizada– se deriva de posibles irregularidades en la conformación del partido. 
  
  

• Por ese caso el Ministerio Público solicitó antejuicio contra diputados de Semilla, entre ellos Arévalo y Pérez.  
  
  

• La actual Junta Directiva fue electa con 92 votos. La integran, además de Pérez y Villagrán, Ervin Adim Maldonado (UNE); César Augusto Amézquita del Valle, (VIVA) y Nery Manfredo Rodas Méndez, (CABAL). También Raúl Antonio Solórzano Quevedo (UNE), César Roberto Dávila Córdoba (BIEN), Juan Carlos Rivera Estévez (Victoria) y Sonia Marina Gutiérrez Raguay (URNG-Winaq).

En medio de una serie de vicisitudes, el 14 de enero, Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala. Junto a él, fue juramentada Karin Herrera como vicepresidenta. 

• Ambos tienen un gran reto. En su plan de Gobierno destaca una “reestructuración del Estado” para frenar la corrupción.   
  
  

• Ahora, la expectativa de la población es muy alta. Esto porque desde que se dio a conocer su victoria en las Elecciones Generales de 2023, han salido a luz una serie de situaciones que han generado posiciones encontradas. Polarización.  

En perspectiva. En esta coyuntura, Arévalo ha buscado acercarse a diversos sectores. Entre ellos, algunos líderes indígenas, sector privado, sociedad civil y representantes de la clase política. 

• Desde el primer acercamiento que el presidente tuvo con el sector indígena, se comprometió a darles una mayor participación en la toma de decisiones. En Guatemala, los pueblos indígenas constituyen un importante conjunto social pluriétnico y multicultural, indicaron entrevistados. 
  
  

• Según el mandatario, su gobierno trabajará para atender sus necesidades. Hay que recordar que los 48 Cantones de Totonicapán, por ejemplo, realizaron varias protestas y bloqueos a favor de Arévalo a finales de 2023.   

Voces (I). Según Ana Alicia Alvarado, tesorera de la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de Totonicapán, se esperan muchos cambios en el país. Sin embargo, los pueblos indígenas están conscientes de que esto conlleva un proceso.   

• “Hay problemas que vienen de años. Existen estructuras que no han permitido un avance en Guatemala. Es importante que el nuevo gobierno haga prevalecer la democracia. Es necesario lograr que los pueblos indígenas ya no sean excluidos”, expresó.   
  
  

• En cuanto a la participación, Alvarado comentó que esperan se les tome en cuenta desde las dependencias e instituciones del Ejecutivo y en otros organismos como el Legislativo. Añadió que “hay que evidenciar las necesidades de las mujeres y darles más injerencia e involucramiento”.   

Voces (II). Algo que tiene en alerta a los miembros de los 48 Cantones es el actuar de Arévalo. Piden “ya no más de lo mismo” y “que se acabe la corrupción”. Además, es fundamental la utilización correcta de los recursos públicos, señalan. 

• “El crimen y la violencia condicionan nuestras decisiones diarias. Donde vivimos, por donde transitamos, donde invertimos, y qué hacemos o dejamos de hacer un fin de semana. Es importante acabar con la delincuencia”, comentó la entrevistada.   
  
  

• A ese desafío se suma velar por la educación y la salud. “Nosotros como alcaldes comunitarios estamos conscientes de la gran necesidad que hay, y muchas veces no recibimos los recursos necesarios porque los desvían o no lo emplean correctamente”, afirmó.   

Lo que sigue. Otro de los sectores con los que ha tenido acercamiento el mandatario es el del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El Gobierno no debe dejar de lado la importancia de generar políticas de desarrollo, indica el sector privado. 

• El presidente del CACIF, Ignacio Lejarraga, espera que al nuevo Gobierno le vaya bien, pues en esa medida les irá bien a los guatemaltecos. “Confío en que el mandatario buscará que en el país se hagan las cosas de una manera correcta”, expresó.   
  
  

• Aunado a lo anterior, dijo que es necesario que en Guatemala se respete la ley, que no haya corrupción y que las promesas que hizo durante su campaña política se cumplan. Sé que es una persona capaz de hacerlo”, afirmó.   

El balance. Un gobierno eficiente y responsable puede impulsar el crecimiento económico, promover la equidad social y garantizar la estabilidad política. “Nosotros creemos en el programa Guatemala no se Detiene, un trabajo en conjunto entre el sector público y privado”, agregó Lejarraga.   

• “Entiendo que el Gobierno ha estado estudiando el programa y que además están viendo realizar algunos ajustes. Creo que vamos en buen sentido”, indicó. “Hemos tenido la oportunidad de reuniros con la comunidad internacional y ellos le están apostando mucho a Bernardo Arévalo”, agregó.   
  
  

• Para el presidente del CACIF, Arévalo tiene que “encontrar sus logros rápido”, pues hay muchas cosas que pueden hacerse en el país. A ello se suma el trabajo en pro del desarrollo y las oportunidades para la población. También debe priorizar proyectos de infraestructura y terminar de resolver temas como el de la Portuaria Quetzal.   

Visto y no visto. No se puede dejar de mencionar los compromisos que el gobernante tendrá que cumplir en el ámbito político. Para el diputando de CREO, Cristian Álvarez, el principal debería de ser respetar la independencia de poderes.   

• “Es necesario que el nuevo Gobierno demuestre el respeto a la independencia de poderes. Además, que cumpla con sus intenciones de atacar la corrupción. Arévalo debe de escuchar todo tipo de denuncia, accionar y aplicar los procedimientos adecuados”, declaró.  
  
  

• “Luego de atacar la corrupción, el presidente debe realizar los cambios pertinentes. En los últimos años hemos visto retrocesos muy marcados en materia de independencia. El tener un presidente oficialista en el Legislativo, sin duda le da poder al Ejecutivo, pero se espera que haya un balance en la toma de decisiones”, concluyó.   

En conclusión. Ahora los ojos de la población están puestos en los nuevos funcionarios. Se debe tener presente que hacer promesas electorales es fácil, pero cumplirlas no es, como dijo el presidente salvadoreño “soplar y hacer botellas”. Solo el tiempo dirá si Arévalo logrará cumplir la palabra empeñada.