Samuel Pérez: tres strikes ¿y out?

¡Buenos días! 

Hoy es jueves y el boletín de República Política les brinda un editorial en donde se aplaude la –en nuestra opinión– correcta actitud que ha tenido, hasta ahora, el presidente Arévalo con respecto al ejercicio del poder. En un país donde el abuso parece ser la norma, su contención y mesura son bien recibidas. Sin embargo, está bajo mucha presión para que caiga en las prácticas de sus antecesores. No debe ceder. 

El Ejecutivo ha sido noticia por otros dos temas en los días recientes: la designación de gobernadores, y la auditoría que realizan varias carteras del estado de cómo se encontraron. Análisis sobre esos dos temas, también en el boletín de hoy. 

En el Congreso, los diputados electos por Semilla han recibido varios reveses, sobre todo su “gallo de pelea” Samuel Pérez. Hubris que le pasa la factura. 

En fin, el ejercicio del poder ha resultado muy distinto a lo que Semilla les dijo a sus votantes en campaña. La realidad ha sido un rudo despertar; por el bien del país, se espera que la curva de su aprendizaje sea corta. 

En este boletín:

Contenido en este boletín

Editorial: Por sus obras los conoceréis

Los tres strikes de Samuel Pérez en el Congreso

Las "ratas muertas" no deben detener el desarrollo de la infraestructura

Corre y va de nuevo. Entregan expedientes de aspirantes para Gobernadores

Por sus obras los conoceréis 

Cercanos al inicio del proceso de renovación de cortes, el Presidente –que no tiene rol alguno en la selección o elección de magistrados– debe abstenerse de participar de manera alguna.  

El ejercicio del poder debe darse siempre dentro de la ley; de hecho, las constituciones, primordialmente, limitan el poder político. 

En la práctica, en Guatemala, lo anterior no siempre se cumple. Abuso de poder, malversación de fondos e injerencia indebida entre los poderes del Estado son solamente algunas de las prácticas en donde los funcionarios violan su mandato constitucional. En las últimas administraciones hubo muchos casos.  

Acercándonos a los primeros cien días del gobierno de Bernardo Arévalo –aunque es poco tiempo–, se puede hablar ya de una incipiente tendencia a lo contrario. Puntualmente, el jefe del Ejecutivo no se ha inmiscuido en los asuntos del Legislativo, como ocurrió un sinfín de veces durante el gobierno de Giammattei. Tampoco los diputados del bloque oficialista han intermediado o presionado indebidamente a los ministros para empujar sus agendas. No de manera abierta, cuando menos.  

Notoria es la cautela que ha tenido Arévalo con respecto a su relación con la Fiscal General. Por ahora, se ha limitado a intentar someterla a lo que la ley le permite; la ha convocado a participar en reuniones de gabinete –sin éxito– y derivado de ello, ha presentado una denuncia en su contra. No ha caído en las provocaciones de propios y ajenos que lo intentan azuzar para que somate la mesa, al margen de la ley. 

Por su parte, en el Legislativo, el bloque oficialista y sus aliados tampoco han avanzado –pudiendo hacerlo– en modificaciones legales que viabilicen la remoción de la Fiscal General, como tampoco en reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para retirar la limitante que pesa sobre los diputados independientes. Ambas modificaciones, les beneficiarían directamente –y aplacarían a la jauría de voces que les piden actuar de forma atrabiliaria–, pero los desnudaría como marrulleros.  

Algunos están tan acostumbrados al abuso de poder por parte de los políticos, que cuando unos no lo hacen, les llaman “tibios”. El Presidente no debe ceder a los cantos de sirena que recibe –en redes sociales, sobre todo– para que tome acciones al margen de la ley o abuse de su poder para beneficio de su partido político. Los artículos 154 y 182 constitucionales lo prohíben expresamente. 

La conducta en el ejercicio de poder –así como las acciones puntuales– son las que hablan de la naturaleza de un funcionario. Si los actuales dicen ser distintos, no pueden comportarse como los anteriores ni usar sus prácticas. No se trata de “madurez política” sino de sujeción a las leyes y a la Constitución.

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Ana González
Los tres strikes de Samuel Pérez en el Congreso
559 palabras | 3 mins de lectura

Aunque Samuel Pérez fue electo como presidente del Congreso al inicio de la legislatura, las victorias ya no lo han vuelto a acompañar, pues al quedar como diputado independiente tuvo que dar marchas atrás a espacios donde esperaba ser el brazo político del gobierno.  

Panorama general. Los primeros meses del año no han sido los mejores para el diputado de Semilla, quien ha perdido tres espacios que había asegurado por ser del partido de gobierno.  

  • El último espacio fue la representación del Congreso en la Junta Monetaria. El congresista debió declinar su participación al no haber asegurado el apoyo necesario.

  • Aunque se asegura que al inicio tenía los votos, el impedimento legal que tiene –por ser independiente– hizo que algunos diputados retiraran el respaldo.

  • La representación quedó en manos de la UNE y el partido Cabal.  

Qué resaltar. La reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo del 2016 –bajo presión de la CICIG y del exembajador de los EE. UU. Todd Robinson– hizo que ningún diputado independiente pueda integrar la directiva, dirigir comisiones o representar a dicho organismo.

  • Si bien está el caso del exdiputado Fernando García, quien ganó la representación en la JM en el 2018, pese a ser independiente, nadie la objetó.

  • En el caso de Pérez, la oposición no está dispuesta a pasar por alto ningún impedimento legal.

  • Prueba de ello es que ha recurrido a la Corte de Constitucionalidad (CC) en dos ocasiones para obligar a Pérez a ceder los espacios.   

Los datos. Pérez, de 31 años, había hecho historia al ser el diputado más joven en ganar la presidencia del Congreso, pero la suerte le duró poco.  

  • Solo cinco días después de haber ganado tuvo que repetir la elección de la directiva por orden de la CC.
      

  • Nery Ramos ganó la presidencia y obligó al oficialismo a buscar aliados para tratar de promover la agenda de gobierno.  

Lo visto y no visto. Aprobar una ley de competencia ha sido una de las principales banderas de Semilla, por lo que se acordó crear una comisión para consensuar una propuesta. 

  • El presidente Ramos –afín a Pérez– acordó que el diputado presidiera la” comisión presidencial”, pero el partido Vamos accionó nuevamente ante la CC para revertir el nombramiento.

  • Pérez debió dejar la presidencia de la comisión, la cual perdió validez esta semana, pues mejor se acordó que la iniciativa 5074 iniciara su aprobación.

  • Dicha propuesta fue presentada en el 2016, pero tiene un nuevo dictamen favorable con fecha 16 de noviembre de 2022.  

Voces. Pérez asegura que nunca ha buscado protagonizar, pues la prioridad es la agenda legislativa. 

  • “Nosotros priorizamos la agenda y en general la agenda del proyecto político de gobierno”. declaró.

  • Asegura que están en “función de los intereses del pueblo de Guatemala y no en intereses individuales y particulares”. 

Fisgón histórico. El 2 de noviembre de 2023 la inscripción de la persona jurídica del partido Semilla fue suspendida provisionalmente por orden del Juez Séptimo Penal, con lo cual perdió sus derechos como organización política.  

  • El 14 de enero de 2024 tomaron posesión los 23 diputados electos, pero como independientes debido a la suspensión de la agrupación.  

En conclusión. Aunque los diputados de Semilla y el liderazgo depositado en Samuel Pérez se muestran optimistas en mantener las alianzas, poco a poco se observa cómo algunos de sus aliados empiezan a tomar distancia. 

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Maite Rayo
Las "ratas muertas" no deben detener el desarrollo de la infraestructura
597 palabras | 2 mins de lectura

Desde que la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, asumió el cargo se ha empeñado en limpiar “las ratas muertas de las gavetas”, haciendo alusión a la corrupción dentro de esta institución. 

  • Esta semana, la entidad hizo públicas dos denuncias presentadas en el Ministerio Público, relacionadas con adjudicaciones y arrendamientos que, presuntamente, ponen en evidencia abusos de las autoridades anteriores. 

En perspectiva. El hecho que ha caracterizado a la administración de De la Vega son las acciones de auditoría forense. 

  • De acuerdo con la funcionaria, la corrupción era una política de Estado en el gobierno anterior, por lo que ahora "en cada gaveta que abrimos hay una rata muerta".

  • Es más, la administración pasada, incluso, modificó reglamentos y acuerdos ministeriales, de manera que se pudiera incrementar el caudal de recursos para acumularlos en pocas manos. 

En el radar. Esta semana, el CIV presentó dos denuncias que involucran al exministro, Javier Maldonado, al exdirector de la Dirección General de Caminos, Gabriel Jo Lau, y al exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta. 

  • La primera se relaciona con el arrendamiento de un terreno en la Autopista Palín-Escuintla por un período de 25 años a la empresa Servicios de Transporte de Combustibles Castillo S.A.

  • La segunda es con respecto a una licitación realizada por Argueta para la “adquisición de elevadores para pasajeros y carga, escaleras mecánicas y servicios de instalación en el Aeropuerto Internacional La Aurora. 

Por qué importa. Estas denuncias pondrían en evidencia las formas en las que los funcionarios anteriores operaban: utilizaban los recursos para promover el clientelismo dentro de la administración. 

  • El caso del arrendamiento en los terrenos del derecho de vía Palín-Escuintla llama la atención por dos razones. En primer lugar, el exdirector Jo suscribió el convenio dos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno. No obstante, el día antes de la firma de este contrato, 13 de enero, el exministro Maldonado firmó el Acuerdo Ministerial 52-2024 que modificó el tarifario de ingresos propios para la Dirección General de Caminos.

  • Por otro lado, la licitación para la instalación de elevadores y escaleras en el aeropuerto, por un monto de Q8,650,000.00, destaca por la empresa a la que fue adjudicada la obra, Tecnologías Smart Home, S.A. De acuerdo con la denuncia, esta empresa no contaba con la experiencia para realizar este trabajo, como lo refleja el acta de adjudicación en la "Experiencia del Oferente", donde únicamente obtuvo 5 de 20 puntos. Esta entidad, constituida en 2018, acumuló 44 adjudicaciones estatales entre 2019 y 2023, de acuerdo con el portal Guatecompras, negocios que suman Q65,517,115.00.

  • El representante legal de Tecnologías Smart, Hernán Alfonso Ríos Balleza, también figura como director y tesorero de la offshore Danez Engineering Inc., cuyo presidente, Guillermo Anzueto Barrios, está procesado por haber otorgado sobornos en el gobierno del Partido Patriota y por financiamiento electoral ilícito. Adicionalmente, Anzueto está vinculado con otras constructoras con contratos de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones. 

En conclusión. Evidentemente, el ejercicio de fiscalización y auditoría es esencial para identificar las irregularidades en ejecución financiera, de obras y el incumplimiento de contratos. 

  • Sin embargo, así como se está promoviendo la inspección de obras, también es necesario impulsar medidas que tengan efectos materiales visibles –tangentes– en la infraestructura del país.

  • Las investigaciones por ningún motivo deben detener los proyectos viales y toda la obra programada a cargo del Ministerio de Comunicaciones.

  • De comprobarse que los actos se dieron al margen de la ley, los responsables deben enfrentar la justicia y reparar el daño causado al patrimonio de los guatemaltecos. 

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Glenda Sánchez
Corre y va de nuevo. Entregan expedientes de aspirantes para Gobernadores
522 palabras | 3 mins de lectura

El presidente Bernardo Arévalo y su equipo de trabajo prevén empezar con el análisis de las listas de los candidatos que buscan ocupar las 14 gobernaciones departamentales pendientes de designarse. Los expedientes entregados hasta las 13:00 horas del miércoles sumaban seis.  

Por qué importa. El mandatario aseguró que el plazo para entregar los expedientes concluyó este miércoles 3 de abril; sin embargo, Daniel Enrique Ambrosio Zapón, subsecretario General de la Presidencia, confirmó que el último día fue el martes 2.  

  • “La fecha límite para la entrega de las ternas es el día de hoy —miércoles— esperamos que en aquellos lugares donde se repitió el proceso, los CODEDE envíen candidatos que merezcan la confianza pública, y así puedan ejercer esa función”, comentó el mandatario.

  • Las declaraciones del Presidente se dieron al finalizar una reunión de trabajo con los alcaldes del departamento de Izabal. El desarrollo de los municipios y de las comunidades fueron algunos de los temas que se analizaron.

  • Los departamentos que entregaron las ternas antes del miércoles son Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, Peten, Retalhuleu y Suchitepéquez, confirmó Ambrosio Zapón.  

Qué sigue. El subsecretario explicó que analizan la normativa para verificar qué acciones se pueden tomar contra los que incumplieron con presentar las ternas, así como contra los que entregaron los expedientes rechazados. 

  • Agregó que conformarán el equipo que estudiará los expedientes y que tomarán los 30 días para hacer el análisis que “establece el plazo constitucional”. Sin embargo, el mandatario declaró que la decisión de los titulares y suplentes podría estar lista para la próxima semana, contradiciendo a su subalterno.

  • En medios locales se mencionó que algunos de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE) presentaron las listas con los nombres de los candidatos que fueron rechazados en la primera vuelta por el presidente Arévalo. Entre ellos se nombran a Jutiapa y Quetzaltenango.

  • Alejandro Balsells, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, comentó la publicación que indica que el CODEDE de Jutiapa entregó la terna que el mandatario rechazó en marzo. “Esto es delito, ¿o estoy equivocado?”, citó en su cuenta de X.

  • Al consultarle respecto del comentario respondió: “Yo precisamente hice una pregunta, no afirmé. En lo personal, podría haber incumplimiento de deberes porque la autoridad nominadora les devolvió la lista bajo los parámetros dispuestos por la autoridad y entregan lo mismo. Esto es obviar el mandato constitucional y legal. Pero como la Corte de Constitucionalidad se inventa nuevo derecho cada vez que hay casos paradigmáticos, lo pregunté”.  

Hemeroteca. En la primera ronda —21 de marzo— el presidente Arévalo confirmó solamente a los titulares y suplentes de las Gobernaciones Departamentales de Quiché, Jalapa y Guatemala.  

  • En tres departamentos designó al titular o al suplente y devolvió 12 listas por considerar que no cumplían con los requisitos y los parámetros para ejercer las funciones en los gobiernos locales.

  • Mientras tanto, en Petén y Chiquimula el proceso no se realizó por acciones legales que se presentaron, argumentando posibles irregularidades en los procesos.

  • Se sabe que Chimaltenango y Santa Rosa también presentaron amparos. Autoridades aseguraron que independiente de las acciones, ellos tenían que cumplir con entregar la lista de candidatos.