SAT: denunciante investigado

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República Política
December 05, 2024

¡Buenos días! 

Ayer se intercambiaron pronunciamientos ente el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, y el MP —aunque este último no se pronunció de forma oficial— sobre una posible investigación en contra de Díaz. Esto, posterior a que él y la entidad que dirige develó el caso conocido como B-410.

El superintendente manifestó su preocupación por la investigación en su contra; el MP dijo que no había tal cosa. Sin embargo, existe un expediente en el MP que se encamina a ello.

Entre dimes y diretes, la población está cansada de la pugna que hay entre instituciones, en lugar de que todas trabajen en favor del pueblo. No hay avances en los casos que afectan a la gente “de a pie”, pues la mayoría son desestimados. De poco sirve la cobertura en los 340 municipios si no hay respuesta satisfactoria a las exigencias de los guatemaltecos.

La percepción es que el MP no investiga a personajes del gobierno por compromisos, políticos o económicos. Para desvirtuar tales sospechas, lo único que valdría es que haya investigaciones y condenas. Porque no se puede alegar que no hubo desmanes y abusos —muy redituables— de parte de los exfuncionarios.

La credibilidad y la confianza en el MP está por los suelos; la única forma que podría recuperarla es mostrando proactividad y conseguir condenas contra los sátrapas que gobernaron. Es una tarea ineludible.

Cualquier cosa distinta es interpretada por la población como complacencia y connivencia.

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•Editorial: Semilla cuando pierde, arrebata

•Tania de León: “El compliance en la función pública genera confianza social”

•¿Qué esperar de una ley de aguas?

Semilla cuando pierde, arrebata

Todo abuso de poder es condenable, pero el motivado por la desesperación y para beneficio personal es execrable. Ese es el caso del oficialismo, personificado en Samuel Pérez Álvarez, quien, junto con otros tres diputados electos por Movimiento Semilla, presentaron una iniciativa de ley para derogar el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público. Ya no se habla de modificarlo —incluir mecanismos viables y concretos para la remoción de un Fiscal General— sino derogarlo.  

Pérez et al. presentaron la iniciativa identificada con el número 6480 en la Dirección Legislativa del Congreso. En una escueta exposición de motivos, describen cómo ese artículo 14 —según ellos— “afecta la supremacía constitucional” al acotar la facultad presidencial para remover a un Fiscal General por causa justificada. Todo poder —sobre todo el discrecional— debe ser limitado, pero eso parece importarle poco a Semilla. La propuesta consta solo de 2 artículos; todo el documento pareciese escrito bajo estado de emoción violenta, pues nunca desde 2016 y menos durante su legislatura pasada, les pareció que limitaba la supremacía constitucional. Solo hasta ahora, que les afecta.  

Semilla usó el presupuesto nacional para “alcanzar consensos” y modificar —para su beneficio— la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Ese “consenso” le salió muy caro al país: GTQ  5000M y un poco más. Habiendo visto cómo Semilla encontró el lubricante para sus caprichos, ahora que pretender modificar otra ley para su beneficio personal, habrá que ver cuánto costará esto. Aunque ya se aprobó el del 2025, los políticos siempre consiguen cómo exprimir más dinero del presupuesto para sus fines.  

La bancada oficialista ya se dio color, como se dice coloquialmente; Bernardo Arévalo ha sido mucho más pudoroso, aunque —tristemente— no se espera que vete ese barril de lubricante que aprobó el Congreso.  

Caso distinto debiese ser el de las reformas a la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, que también fue parte de la indecente negociación para conseguir los votos que Semilla quería. Con su vigencia, se viabilizaría el lavado de dinero. Arévalo debiese vetar ese decreto. A menos, claro, que al Gobierno no le arrugue la nariz ser habilitante en el blanqueo de capitales. 

Gobiernos y diputados anteriores abusaron de su poder, aprobaron y modificaron leyes a su antojo, y para beneficio personal. La bancada Semilla, liderada por Samuel Pérez, hace lo mismo. No hay forma de esconderlo. Han quedado expuestos como políticos marrulleros, tal como sus socios en esta danza de miles de millones de quetzales.  

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Por: Braulio Palacios

Tania de León es abogada y especialista en cumplimiento regulatorio. Es conocida por su labor en la promoción de prácticas anticorrupción en el sector público y privado. Preside el capítulo de la World Compliance Association (WCA) en República Dominicana (RD).

Recientemente, visitó Guatemala en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, invitada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), a través de su programa GuateÍntegra.  

En una entrevista con República, destacó que “los servidores públicos tienen mala reputación”, lo que hace crucial establecer controles para la transparencia y la confianza. Enfatizó la necesidad de entender el comportamiento humano para prevenir riesgos de corrupción. “Debes entender qué mueve a la gente”. 

El sector público de Guatemala se embarca en un tema de anticorrupción con el apoyo de GuateÍntegra, pero de forma escalonada, ¿qué opina?  

— Me parece una iniciativa interesante porque en el sector público, como son todos los sistemas de gestión ISO —último nivel de certificación—, implica muchos costos, recursos financieros y humanos e involucramiento.   

En este tipo de proyectos hay que cambiar completamente cómo se hacen las cosas. GuateÍntegra va llevándote despacio y atendiendo a tu disponibilidad de recursos, atendiendo a tu dinámica institucional. No es de golpe.   

Parece que la cultura anticorrupción es insuficiente, ¿siempre debe reforzarse con una certificación internacional?

— Sí, al final del día, promoverlo es importante, hay que apostar a las personas, pero hay que implementar controles. Debes sellar ese compromiso con certificaciones. Hubo una organización pública dominicana que, ante un cambio de gestión de gobierno, cancelaron a todo; se desarticuló. En otra, que sí se certificó, se mantuvo. ¿Por qué? El funcionario envía un mensaje a la sociedad de que llega a una institución con un sistema antisoborno y quiere continuar con el compromiso. Ningún funcionario hará lo contrario porque busca garantizar una buena reputación e imagen; al final es político.  

Este tipo de sistemas anticorrupción va en la línea de “recuperar la confianza social”, según sus palabras. 

— Los servidores públicos tienen mala reputación. Está ese sentimiento ciudadano de que están en los cargos, pero cobran un sueldo sin trabajar. O las instituciones públicas solamente gastan mis impuestos, pero no se percibe un servicio de calidad.   

El compliance en la función pública genera confianza social o la recupera, desde esa demostración hacia afuera, con estándares, de que yo estoy aplicando todo lo que puedo, todo lo posible, para evitar que pasen cosas.   

Eso buscan los estándares, aunque no garantizan que no va a haber un acto de corrupción. No se puede. Pero sí te envía un mensaje manifiesto y, además, respaldado por un ente externo, de que se aplican todos los controles. 

RD es pionera en estos temas desde 2017, sin embargo, a usted le parece “exportable” la iniciativa de GuateÍntegra. ¿Por qué?  

— En el sector privado dominicano no hay una organización similar que conecte con el sector público. Eso la hace interesante para llevarla y compartir la experiencia en mi país.   

Es un buen ejemplo de cómo crear “puentes” con un enfoque anticorrupción…  

— Totalmente. Los puentes donde cruzan los actos de corrupción están en las sombras. Lo que está haciendo aquí GuateÍntegra es crear puentes de transparencia entre lo privado y público, a la luz de todos.  

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Richie González
¿Qué esperar de una ley de aguas?
726 palabras | 4 mins de lectura

Al cierre del primer año de la X Legislatura, y tras recibir duras —y justificadas— críticas, la bancada oficialista sucumbió a las dinámicas de negociación en el Congreso de la República; esto permitió avances en su agenda legislativa, destacando la aprobación de la Ley de Competencia, pero a un alto costo.

  • Resta por ver si la bancada oficialista será capaz de mantener el ímpetu el próximo año. Lo que es indudable es que aún quedan pendientes varias piezas legislativas clave para Semilla.

  • Tal como ocurrió con la Ley de Competencia, que permaneció estancada durante años, todo apunta a que en 2025 el oficialismo apostará esfuerzos y capital político en la aprobación de una normativa ya anunciada por el Organismo Ejecutivo: la llamada “ley imposible”: la ley de aguas.  

Por qué importa. Más allá de los desafíos políticos que pueda enfrentar el proceso de aprobación de la ley en el Congreso, el aspecto que requiere una supervisión más rigurosa es su construcción. Esta normativa, por encima de todo, debe destacarse por su tecnicidad y pragmatismo.  

  • La ausencia de un marco regulatorio efectivo para la gestión de los recursos hídricos representa una sería limitante para la efectividad de la inversión en sistemas de distribución y tratamiento de agua. Esto, a su vez, impone barreras significativas al desarrollo humano e industrial del país.

  • A pesar de que entre 2020 y mayo de 2023, el Gobierno de Guatemala destinó GTQ 6572M a más de 4400 proyectos de agua y saneamiento a nivel nacional, lo que representa un incremento del 300 % —en comparación con los últimos 15 años— se estima que el 44 % de los guatemaltecos aún carece de acceso a una fuente segura de agua potable, lo que supone un riesgo crítico para la salud pública.

  • Aunado a ello, en términos económicos, cada metro cúbico de agua utilizado en Guatemala es aproximadamente entre un 14.32 % y un 15.91 % menos productivo que el promedio mundial y latinoamericano, respectivamente. 

Gobernabilidad. Uno de los aspectos clave en la elaboración de la ley de aguas será definir las instancias e instituciones rectoras encargadas de hacer cumplir la normativa. En Guatemala, el uso y la gestión del agua han estado históricamente supeditados a una serie de disposiciones informales promovidas por autoridades comunitarias y algunos sectores económicos. Si bien en ciertos casos se han logrado balances positivos que podrían servir como base para construir mecanismos de gobernanza local efectivos, en muchas otras ocasiones, este sistema informal ha contribuido significativamente a la conflictividad social en diversas regiones del país.

  • Es imprescindible contar con una autoridad tecnocrática e imparcial que pueda resolver este tipo de conflictos y gestionar de manera efectiva y estratégica la distribución del agua. Asimismo, dicha entidad debe ser capaz de supervisar y sancionar las infracciones que cualquier usuario cometa en detrimento del bienestar de los recursos hídricos nacionales.

  • Un buen ejemplo es el de Perú, un país con marcadas similitudes con Guatemala tanto en el ámbito demográfico como social. Desde 2008, el país andino cuenta con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente rector principal en materia de recursos hídricos. Además, existen los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC), espacios participativos a nivel local que incluyen la participación de gobiernos locales, usuarios agrícolas e industriales, y comunidades indígenas.

  • Los CRHC no tienen capacidad de decisión final, operan como foros de discusión que aportan insumos clave para que la ANA tome decisiones contextualizadas. Este modelo fortalece el rol rector de la ANA y mitiga el riesgo de estancamiento que, en ocasiones, puede surgir ante la falta de consensos.  

Gestión. Encontrar mecanismos eficientes para administrar y distribuir los recursos hídricos es tan importante como garantizar su adecuada gobernanza. En toda Latinoamérica, existe una interesante diversidad de sistemas de gestión que incluyen empresas privadas, empresas de capital mixto y entidades públicas.

  • Un aspecto fundamental que comparten todos los sistemas de gestión de agua funcionales es que los usuarios del recurso deben asumir el costo de su uso.

  • Por ejemplo, en Medellín, Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), fue fundada en 1955 como una compañía municipal dedicada a proveer servicios de agua y saneamiento. EPM ha logrado consolidarse como un referente regional. Su éxito le ha permitido diversificarse y expandir su oferta a servicios de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones en más de seis países de la región, incluyendo Guatemala.

  • Otro aspecto clave a considerar es que no existe una solución única que se adapte a todas las regiones del país. Las condiciones geográficas y topográficas de cada zona presentan retos y oportunidades específicas, lo que requiere que cualquier legislación destinada a regular el uso del agua sea lo suficientemente flexible para permitir la implementación de mecanismos adaptados a las particularidades de cada sector. 

El balance. El consenso creciente entre diversos sectores del país refuerza la importancia de una ley de aguas que permita establecer las bases para la protección y el uso estratégico de uno de los recursos nacionales más vitales.  

  • La aprobación de la ley es solo el primer paso en un proceso largo y complejo. Experiencias de países como México y Perú demuestran que la implementación de normativas de aguas puede tomar hasta una década y requiere ajustes continuos para responder a los desafíos y necesidades emergentes. 

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