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Se defienden principios, no personas
¡Buenos días!
Sin entrar a discurrir sobre la fragilidad humana, es plausible que una persona cometa errores, falte a su palabra o cometa faltas, incluso, del orden penal. Tristemente, en el ámbito político lo anterior parece ser la norma y no la excepción. Formación, trayectoria y acciones pasadas son un buen sustento para intentar predecir conductas futuras, pero incluso eso falla.
Por el contrario, los principios —éticos, morales, jurídicos, etc.—son inmutables; las sociedades han avanzado lo suficiente para poder diferenciar entre una acción buena y una mala. Incluso cuando se trata de diferencias culturales.
En el mundo actual, defender los principios en los que se cree —viviendo con ellos— parece ser la única salvaguarda en contra del yerro en política.
Cuando medios de comunicación, sobre todo en el mundo anglosajón, respaldan a un candidato, pareciese que lo hacen tomando en cuenta su trayectoria, pero en realidad lo hacen creyendo que es la mejor “persona para el puesto”. Mal, ahí.
En cuanto a medios de comunicación se refiere, no mostrar abiertamente apoyo a un candidato es, no una ocultación de intención, sino una apuesta a la imparcialidad. ¿Se cumple siempre? No, pero es más honesto que fingir transparencia y “apoyar” a un candidato por intereses sectarios o personales. Así se debate la confianza en los medios de comunicación en la primera mitad del siglo XXI.
En este boletín:
•Editorial: Endosar principios, no candidatos
•¿Cuáles son los delitos que más cometen los policías?
•Desayuno en redacción: “Ciberseguridad: retos y oportunidad”
Endosar principios, no candidatos
En el fragor de la contienda electoral de EE. UU., la decisión de Jeff Bezos, dueño del Washington Post, de no respaldar a Kamala Harris —tampoco a Trump— para la elección presidencial de 2024 ha sido vista como un intento de restaurar la confianza en los medios de comunicación, evitando la percepción de parcialidad. Sin embargo, ha provocado reacciones mixtas; algunos ven esto como una medida positiva hacia la neutralidad periodística, mientras que otros —incluyendo al personal del Washington Post— lo consideran una interferencia inapropiada en la tradición editorial del periódico, dando como resultado renuncias y la cancelación de suscripciones. Esta decisión refleja la complejidad de mantener la independencia y credibilidad de los medios en un entorno político polarizado.
La pérdida de credibilidad es un fenómeno global que ha transformado radicalmente el panorama informativo. En un mundo donde la información es accesible al instante, la era digital ha empoderado a los ciudadanos con una multiplicidad de fuentes, permitiéndoles cuestionar la veracidad —y sesgo— de los medios. Las redes sociales, con su capacidad para difundir noticias alternativas y opiniones diversas, han socavado la autoridad de los medios convencionales, que a menudo son percibidos como parte de una narrativa establecida o incluso como actores políticos.
Este cambio de paradigma refleja un mundo que ya no acepta pasivamente los hechos presentados por la prensa tradicional. Los escándalos de noticias falsas, la cobertura sesgada, y la influencia de intereses políticos, han fomentado la desconfianza generalizada. Además, la inmediatez y la personalización de la información en plataformas digitales han creado expectativas de transparencia y autenticidad que muchos medios tradicionales no han logrado cumplir.
Durante el proceso electoral en Estados Unidos, que está a punto de culminar, el mundo ha sido testigo del alto nivel de polarización de las campañas —tanto republicana como demócrata—, que en buena medida han tenido éxito debido a que eso es lo que el público espera; los votantes quieren contienda.
Con la excepción del debate vicepresidencial entre JD Vance y Tim Walz —que mostró que en la política moderna todavía es posible el debate civilizado—, lo que hemos visto de ambos campos políticos son ataques y retórica tipo dog whistle, amén de las enormes deficiencias de ambos candidatos.
Pero esa polarización no hubiera sido posible sin el rol de los medios de comunicación tradicionales, en particular, de aquel país. Otrora instituciones revestidas de intachable credibilidad, hoy, la confianza en esos medios de comunicación está por los suelos.
Para recuperar su credibilidad, los medios deben adaptarse, mostrando no solo integridad y precisión en su reportaje, sino también una mayor conexión con sus audiencias, y la importancia del periodismo en todo momento ético.
Por años, ya, la mayoría de los medios en EE. UU. han apoyado, con desparpajo, a candidatos, en una supuesta muestra de transparencia; sin embargo, lo que el público ha visto no es eso, sino claro sesgo y por ello han perdido la confianza en aquellos.
La polarización —e intereses partidarios— han hecho que los medios endosen candidatos y no principios. Esa veleidad es la que ha hecho que el público rechace, tanto a medios como a los candidatos a los que respaldan.
Como República ha demostrado una y otra vez, —patentemente, durante el proceso electoral guatemalteco—, defender principios tiene un costo, que es tener que vivir con ellos.
UNA INVITACIÓN DE REPÚBLICA
•República Mujer 2024: Emprendimientos escalables, sociedades libres
Impacto real y tangible. República MUJER 2024 tiene como objetivo empoderar a las emprendedoras guatemaltecas, ofreciéndoles herramientas prácticas y conexiones valiosas para escalar sus startups. A través del enfoque de periodismo de soluciones, nos centraremos en tres pilares fundamentales: acceso a capital, tecnología y talento y capital social.
Dónde y cuándo.
19 de noviembre de 2024.
Épica, AVIA.
14:00 horas.
Este evento busca no solo inspirar, sino también generar un impacto tangible en el crecimiento de negocios liderados por mujeres, fomentando familias más prósperas que son la base de una república más fuerte y libre.
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Glenda Sánchez
•¿Cuáles son los delitos que más cometen los policías?
675 palabras | 3 mins de lectura
La ausencia de principios y valores, salarios bajos, un sistema plagado de impunidad, y pocos o nulos controles en la Policía Nacional Civil (PNC), son los principales factores que causan que los agentes incurran en delitos —corrupción, delitos contra la vida, violaciones y estafas—.
En perspectiva. El martes 1 de octubre fueron detenidos 28 agentes por ser sospechosos de integrar una red de tráfico de personas —coyotaje—. Todos se presentaron en una supuesta reunión en la Dirección General de la PNC. Allí los despojaron de sus armas y les notificaron la detención.
Este caso es uno de los últimos escándalos en la institución policial. El problema no es nuevo; por años, el Ministerio Público (MP) ha revelado investigaciones de agentes vinculados con bandas del crimen organizado, extorsiones y secuestros, entre otros.
Una de las principales consecuencias de ello es la desconfianza que genera en la institución responsable de la seguridad ciudadana.
La mayoría de los delitos por los que son capturados los agentes se vinculan con corrupción —abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias—, flagelo que afecta principalmente a los cargos en el sector público, indicaron expertos en seguridad.
Sí, pero. Los principales factores que causan que los policías incurran en estas conductas son la ausencia de valores y la percepción de que se puede actuar al margen de la ley sin consecuencias —falta de certeza de castigo—, además de la influencia del crimen organizado. También influye la falta de controles internos para inspeccionar o supervisar las estaciones o comisarías, incluso la Dirección General de la Policía, según fuentes consultadas.
El salario podría ser otra de las causas. Se argumenta que es poco dinero por el trabajo que realizan y no reciben remuneraciones extras. Se suman los trasladados constantes a las diferentes sedes —pagos de alimentación y alquiler de habitaciones, en algunos casos—.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se autorizaron dos incrementos salariales —reglones 011 y 029— de GTQ 600, para un total de GTQ 1200, como parte del Eje Dignificación Policial de la Estrategia de Transformación Policial.
Algunos aseguran que el salario no es un pretexto, porque hay guatemaltecos que ganan menos y no incurren en delitos. “Es más un asunto de valores y ética”, agregan.
“Los delitos —incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y desobediencia — mencionados están íntimamente relacionados con el ejercicio de este cargo público y otros similares. El sujeto que los comete está en una posición de superioridad que le permite aprovecharse para su beneficio y, a la vez, estar en contubernio con otros para ese fin”, afirmó Gustavo García Fong, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Datos. El reporte de Inspectoría General de la PNC establece que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 se presentaron 2230 denuncias contra agentes policiales. Esta cifra registra 581 casos más que los registrados durante similar periodo del año pasado, cuando se reportaron 1649.
El 50 % (1918) de las denuncias presentadas en 2024 contra los policías, se concentra en delitos relacionados con la corrupción. Entre ellos, el abuso de autoridad (691), cohecho (451), desobediencia (14) e incumplimiento de deberes (462). El resto de los casos son por agresiones y acoso, violación (a la intimidad sexual, contra la mujer) y violencia (contra la mujer e intrafamiliar). Además, consumo ilícito de bebidas alcohólicas, detención ilegal, amenazas, asesinatos y extorsión.
En nueve meses de este año fueron detenidos 148 agentes, la mayoría de los casos por consumo ilícito e de bebidas alcohólicas, escándalo en la vía pública y responsabilidad de conductores. Los aprehendidos este año son menos comparados con el mismo plazo de 2023 (163).
En febrero, Francisco Jiménez, titular del Ministerio de Gobernación, firmó con altos mandos de la Policía una carta de “Cero tolerancias contra la Corrupción”.
En conclusión. Los gobiernos han implementado acciones para depurar la PNC, pero el problema es complejo.
Las acciones deben enfocarse en un plan de acción constante de combate a toda manifestación de criminalidad que involucre a agentes de seguridad, autoridades del sector justicia y la ciudadanía.
Por: Ricardo González
La redacción de República volvió a ser el escenario de un diálogo crucial para los intereses nacionales en materia de seguridad, inversión y desarrollo económico. En esta ocasión, con la presencia de expertos y líderes de los sectores público, privado y académico, se abordaron en profundidad los retos y oportunidades en materia de ciberseguridad.
El panel de discusión contó con la participación de Luis Cabrera, director de seguridad de la información en BANTRAB; Marco Antonio To, director de la maestría de ciberseguridad en la Universidad Galileo; Cristian Mezzano, CTO de Progreso, y Juan de León, desarrollador de negocios en ciberseguridad para GBM.
La discusión inició con un diagnóstico sobre la situación actual de la ciberseguridad en Guatemala, destacando la ausencia de políticas públicas y legislación que la fortalezcan. Se ha señalado que en los últimos cinco años los ciberataques a instituciones públicas y privadas en el país han aumentado un 125 %, resaltando la urgencia de un marco regulatorio, así como instituciones capaces de mitigar esas amenazas y fortalecer la confianza de inversionistas y usuarios digitales. Como consenso general entre los panelistas —y buena parte de la audiencia—, se señaló que la aprobación de iniciativas como la 6347 (Ley de Ciberseguridad), representa un paso fundamental en esta dirección.
Contar con legislación específica en ciberseguridad es un requisito para que Guatemala pueda integrarse a iniciativas de cooperación internacional, como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Esto, permite que países en desarrollo, como Guatemala, reciban el respaldo de naciones avanzadas y organizaciones especializadas en ciberdefensa para enfrentar los riesgos ante posibles ataques de gran escala, como los ocurridos en años recientes en Costa Rica y República Dominicana.
Asimismo, una normativa que adopte estándares internacionales exige la tipificación penal de los delitos cibernéticos. Actualmente, la ausencia de esta tipificación en Guatemala impide la persecución penal de los ciberataques, dejando impunes muchas acciones que afectan gravemente la seguridad de la ciudadanía y del país.
Otro de los grandes desafíos en este ámbito es la escasez de talento humano capacitado. Cualquier política pública dirigida a fortalecer la ciberseguridad en el país debe incluir incentivos y mecanismos que motiven a más jóvenes a formarse en esta área. Los panelistas también subrayaron la importancia de educar a la ciudadanía en general en el uso seguro del ciberespacio y en la prevención de ataques. Cada usuario representa la primera línea de defensa ante cualquier amenaza cibernética.
Los panelistas destacaron la importancia de establecer espacios de coordinación entre instituciones públicas y privadas, especialmente en sectores altamente vulnerables a ciberataques, como el financiero y el de telecomunicaciones. Estos espacios son esenciales para desarrollar iniciativas integrales de ciberseguridad, aprovechando los esfuerzos y la experiencia de muchas empresas que ya cuentan con medidas aisladas. Esta colaboración resulta crucial en un contexto en el que las tecnologías avanzan rápidamente y las autoridades enfrentan dificultades para mantenerse al día debido a ciclos políticos que no priorizan la seguridad cibernética.
En conclusión, los desafíos en ciberseguridad son significativos, pero igualmente lo son las oportunidades para impulsar avances en esta área. Inversión, desarrollo y una imagen de país abierto al mundo son solo algunos de los beneficios potenciales.
De los temas prioritarios para el desarrollo nacional, este es, sin duda, uno de los más relevantes. Este evento ha examinado numerosos pasos necesarios para enfrentar estos retos, y tuvo lugar, como es ya costumbre, en la redacción de República.