Se vienen cositas

¡Buenos días! 

¿El narco o tropas aliadas? ¿Quiénes violan realmente la soberanía? Desde la perspectiva de la teoría del Estado, la soberanía se divide en dos grandes ramas: la soberanía externa y la soberanía interna. La primera es la independencia de cada Estado frente a otros; significa que no pueden inmiscuirse en asuntos internos —particularmente, procesos políticos—. La interna es la supremacía del poder estatal por encima de individuos, grupos, o instituciones dentro de su territorio. Teniendo en cuenta la segunda vertiente, queda claro que cuando existen grupos armados, beligerantes y opuestos al control estatal —el narco—, la soberanía se ha perdido.

Guatemala ha perdido su soberanía; grupos de narcotraficantes controlan extensiones del territorio nacional, rutas y activos estratégicos —puertos, puestos fronterizos, carreteras, etc.—, pero también tienen infiltrada a la institucionalidad misma. Es una cruda y preocupante realidad.

¿Qué hacer, entonces? La experiencia ha demostrado que se requiere de una fuerza superior y, en muchos casos, externa, para contrarrestar esa amenaza. En el caso puntual de la lucha contra el narco —y de la coyuntura—, se requiere del concurso de la fuerza militar más poderosa del orbe: el ejército de los EE. UU., que, además, está en disposición de ayudar. Claro, por intereses propios, pero hay que aprovecharlo.

Esa cooperación —por no decir realmente la extensión de las operaciones— se ha venido dando, pero en el marco del programa Shield of the Americas, implica mucho más; nos guste o no.

El Gobierno de Bernardo Arévalo ha accedido a ello, pero por un prurito —quien sabe si ideológico— lo han desmentido y rebajado. Si le quieren mentir al pueblo, no sería nada nuevo, pero lo que en el escenario real suceda es lo que importa. Sin ser adivino ni tener información privilegiada, me atrevo a decir lo siguiente: se vienen cositas…

Glenda Sánchez
CGC: auditoría debilitada y disputas políticas 
578 palabras | 3 minutos de lectura

La Contraloría General de Cuentas (CGC) con el paso de los años debilitó su función de fiscalizar el gasto público; se ha vuelto complaciente y ha provocado baja calidad del gasto. Otro aspecto criticable ha sido el proceso de entrega del finiquito, documento clave para participar en elecciones; su función se ha politizado.

Por qué importa. El control del gasto público es necesario para verificar el uso correcto de las asignaciones. Asimismo, que las compras, remodelaciones y remozamientos sean de calidad, eficientes y no sobrevaloradas. El objetivo es incrementar la transparencia en todos los procesos.

• En 2016 hubo reformas a la ley electoral; ese año el finiquito se convirtió en un requisito obligatorio para inscribir candidaturas. Con ello, la CGC puede excluir a aspirantes e incidir en el desarrollo del proceso electoral.

• Con esos cambios, la institución ya no solo administra y controla el gasto público. También incide en la inscripción de postulaciones a cargos de elección popular; tiene un peso político decisivo.

• La academia y grupos gremiales buscaron reducir la intervención política en la elección [de contralor], no obstante, estructuras y actores de poder ejercen presión sobre la Contraloría.

En el radar. La CGC ha fortalecido los programas para la fiscalización, contratando más personal para agilizar los procesos de auditoría y verificación de campo. Y también fortaleciendo los sistemas de transparencia electrónicos.

• Denuncias públicas en redes sociales revelan que las instituciones preparan las mejores oficinas para albergar a los auditores. Les dan la mejor bienvenida y ofrecen almuerzos, comodidades con el fin de contrarrestar alguna denuncia.

• Durante la segunda administración de Carlos Mencos (2015-2018), se contrató un grupo de profesionales para reforzar las auditorías. No obstante, eran frecuentes las quejas por la falta de viáticos para las visitas de campo.

• A pesar de renovar el edificio central de la CGC, ubicado en la zona 13, los espacios son reducidos para albergar a todos los equipos de trabajo. El problema es mayor cuando se debe concentrar el trabajo para la entrega de informes. 

Punto de fricción. La elección del contralor expone cómo los intereses políticos pesan más que la fiscalización del gasto público. La nómina de seis candidatos se convierte en un tablero de ajedrez que responde a alianzas de grupos de poder. Su influencia también se ha infiltrado en la comisión de postulación a través de las universidades aliadas. 

• Uno de los riesgos inminentes en este proceso es que el próximo contralor responda a los intereses del oficialismo, sobre todo en el contexto del año electoral, donde es más necesario evitar que el dinero público se utilice en prebendas políticas.

• Además, condiciona la fiscalización y el seguimiento de las auditorías realizadas en 2025. Según el último informe, están señalados los Ministerios de Salud, Trabajo, Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social.

• La elección politizada de las autoridades ha debilitado la función de la Contraloría. En lugar de fortalecer la fiscalización y combatir la corrupción, la institución queda expuesta a intereses partidarios y oficiales.

En conclusión. La elección del contralor pone sobre la mesa el peso político que tiene la institución. Más allá de fiscalizar del dinero público, sus decisiones impactan procesos electorales, auditorías y el control sobre el uso de los recursos del Estado.

• La elección del contralor se convirtió en una lucha de intereses políticos y alianzas de poder. Los acuerdos pesan más que la experiencia técnica y la capacidad para fiscalizar con independencia.

• Aunque la CGC fortaleció algunos sistemas y amplió el personal de auditoría, persisten prácticas que debilitan la fiscalización. Sin controles y sanciones efectivas, la transparencia seguirá expuesta a presiones políticas.

Natalie Chang
Hospitales y carreteras: el costo de frenar la actividad minera en Guatemala
598 palabras | 4 minutos de lectura

Guatemala vivió un boom minero entre 2010 y 2014. No fue una bonanza desmedida, pero sí un período en el que la minería aportó empleo formal, divisas y recursos fiscales de manera tangible, particularmente en territorios donde no existían otras fuentes de trabajo formal.

• En su mejor momento, el sector representó alrededor del 1.3 % del PIB nacional; generó una huella económica superior a GTQ 20 000M, 34 000 empleos directos e indirectos y más de GTQ 600M en contribuciones al Estado.

• Una década después, el país frenó esa dinámica y renunció, de facto, a una de las pocas industrias capaces de generar desarrollo económico en regiones históricamente excluidas como el Valle del Polochic.

• La evidencia más clara del retroceso está en las exportaciones. En agosto de 2014, el país exportaba cerca de USD 500M mensuales en productos mineros. Hoy, esa cifra ronda apenas los USD 200M al mes: menos del 40 % de lo que se exportaba hace diez años.

Datos clave. El contraste es aún más relevante porque ocurre en un momento de precios históricamente altos para los minerales: Guatemala exportaba más cuando valían mucho menos y hoy, pese a cotizaciones hasta cuatro veces superiores, produce significativamente menos.

• En 2014, la onza de oro rondaba los USD 1300; en 2026 supera los USD 4500. La plata pasó de aproximadamente USD 20 a más de USD 70 por onza, mientras el níquel también cotiza en rangos elevados.

• Si el país operase con la misma capacidad instalada que tenía hace una década —sin considerar nuevas inversiones—, la producción anual de oro, plata y níquel podría alcanzar aproximadamente USD 1857M, equivalentes a cerca de GTQ 14 200M.

• Eso se traduciría en alrededor de GTQ 647M en regalías y más de GTQ 1014M en ISR. En total, más de GTQ 1660M anuales en ingresos fiscales generados únicamente por cuatro proyectos mineros actualmente detenidos o parcialmente paralizados.

Por qué importa. Estas no son cifras marginales, representan cerca del 1 % del presupuesto nacional. Pero la pregunta de fondo no es únicamente cuánto dinero representa, sino qué podría hacerse con esos recursos.

• Con ingresos equivalentes a tres años de operación minera, Guatemala podría ampliar a cuatro carriles el tramo entre El Rancho y Puerto Barrios, uno de los principales corredores logísticos del país, sin comprometerse a décadas de endeudamiento.

• También podría construir infraestructura hospitalaria moderna. Con los ingresos de un solo año de minería sería posible edificar un hospital comparable al San Juan de Dios; en tres años, hasta tres hospitales similares.

• Desde el terremoto de 1976, el país no ha construido un hospital nacional de esa magnitud.

En radar. El impacto tampoco se limita a infraestructura. En 2014, la minería empleaba de forma directa a alrededor de 6400 personas; hoy, apenas a 1800. Son más de 4000 empleos formales perdidos, en su mayoría remunerados apropiadamente.

• Según CABI y CIEN, el salario promedio del sector ronda los GTQ 8500 mensuales, posicionando a la minería como la tercera actividad económica mejor pagada del país.

• Pero el elemento más relevante es dónde se generan esos empleos: zonas rurales y remotas donde prácticamente no existen alternativas productivas formales.

• En regiones como el Polochic, perder una mina no implica únicamente perder un negocio; implica perder la principal fuente de economía formal y los empleos indirectos que multiplican su impacto sobre las comunidades.

Punto de fricción. Actualmente, cuatro proyectos permanecen detenidos o parcialmente paralizados: algunos atrapados en procesos de consulta sin plazos claros, otros con licencias revocadas y otros más operando bajo un entorno de alta incertidumbre jurídica.

• La ausencia de reglas claras —económicas, sociales, ambientales e institucionales— congeló una industria que ya existía y que podría reactivarse en el corto plazo.

• La consecuencia es evidente. En 2014, el Estado recaudó cerca de GTQ 620M en regalías mineras; en 2025, apenas GTQ 46M.

• No se trata de una fluctuación normal del mercado, sino del reflejo de una decisión de frenar la actividad.

En conclusión. Más que un debate ideológico, lo que está en juego es una decisión de desarrollo y competitividad. Mientras tanto, Guatemala se vuelve más lenta y costosa. El transporte de mercancías circula hoy a apenas 25 kilómetros por hora, aproximadamente la mitad de la velocidad registrada hace una década.

• La minería moderna, regulada y responsable, dista considerablemente de la imagen que suele difundirse en la discusión pública.

• El país necesita reglas claras, coordinación institucional y presencia efectiva del Estado en los territorios.

• La peor decisión no es equivocarse. Es seguir perdiendo hospitales, carreteras, empleo e inversión por no decidir.