Semilla busca mantener el apoyo, pero se le escapa de las manos

La semana pasada República tuvo la oportunidad de entrevistar al doctor Ignacio de León, CEO del Kozolchyk National Law Center y expresidente de Pro-Competencia (agencia venezolana de competencia). Posee doctorados en derecho y economía y es especialista líder en innovación en el BID. En fin, sus credenciales son impecables y su experiencia en la materia, vasta.  

A continuación, un extracto de la entrevista. Pueden acceder a la entrevista completa en nuestro portal.  

¿Es necesaria una ley de competencia para asegurar un mercado libre? 

La respuesta es no. Una legislación antimonopolios es apenas un componente más dentro de una estrategia de promoción al crecimiento económico empresarial. El Estado tiene a su disposición múltiples mecanismos para estimular un ambiente de competencia abierta, promotora de la innovación y la identificación de oportunidades de negocios, que caracteriza los mercados libres. Por ejemplo, una política comercial abierta promueve la competencia con empresas que fabrican productos y ofrecen servicios fuera del país. Igualmente, una política de promoción, el respeto de los derechos de propiedad –incluida la propiedad intelectual– generan las condiciones para que las empresas puedan rivalizar, identificando nichos de mercado sin verse obstaculizados por barreras establecidas por el gobierno, mediante decretos o reglamentos que privilegian a algunas empresas y dificultan a otras su ingreso al mercado. 

Por otro lado, la idea de mercados “libres” puede ser engañosa. Los mercados competitivos nunca son 100% “libres”. Un mercado competitivo, por ejemplo, precisa combatir la imitación comercial que hace un empresario sobre el producto o la identidad de otro. En tal medida, ese empresario no es “libre” de hacer lo que le dice su antojo; debe respetar la identidad de sus competidores. Tampoco en un sentido económico los mercados son “libres”. Los empresarios necesitan a veces restringir la información, para poder aprovecharla mejor. Por ejemplo, si una oportunidad de negocios está abierta por igual para todos, significa que ninguno podrá disfrutarla; el mercado se verá “canibalizado”. Esa oportunidad de crecimiento se pierde para el empresario que pueda aprovecharla, y por tanto la sociedad pierde.  

¿Es imposible un mercado libre, donde los consumidores estén protegidos, sin una ley de competencia?  

El crecimiento de países asiáticos que ha habido desde 1960 hasta hoy, se ha hecho sin que existiera una legislación antimonopolios. Estoy hablando de ejemplos como Corea, Japón, la propia China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y un largo etc. 

Qué es más importante: ¿la competencia o la eficiencia económica? 

En mi opinión, el objetivo de una legislación de competencia debe estar menos orientado por los postulados de teoría económica neoclásica, que por la presión dinámica y real –por oposición a teórica– con la cual se mueven los empresarios al identificar y capitalizar oportunidades de ganancia que ellos han podido descubrir. 

Asumir como verdad absoluta, para los efectos de sentenciar una “conducta anticompetitiva”, los postulados de ciertas teorías económicas se contradicen con la complejidad dentro de la cual un tercero –llámese funcionario, administrativo o magistrado del poder judicial– debe evaluar el entorno de señales y datos inciertos al futuro, en la cual deben moverse los empresarios. 

Esto es sumamente importante, para no ideologizar la aplicación de normas que pueden tener un serio impacto negativo, de no entender esta dinámica compleja, en la cual se mueven los mercados del mundo real, que la teoría económica dé sustento a la legislación antimonopolios no puede calibrar y tampoco tiene interés metodológico en hacerlo. 

Se dice que la ley de competencia tendrá las “mejores prácticas internacionales”. ¿Crees que se puede hacer copy/paste de esta ley?  

La referencia de una legislación antimonopolios a las mejores prácticas internacionales es asunto delicado, puesto que esas prácticas están condicionadas por la misma teoría económica, que concibe los mercados como estructuras de asignación, más o óptima de recursos en una sociedad, antes que en mecanismos complejos que determinan ciertas formas de organización concebidas para eliminar incertidumbre en el mercado y animar con ello, inversiones empresariales para crecimiento a futuro. En otras palabras, esas mejores prácticas suelen estar más influidas por la aplicación de políticas antimonopolios que, en otros países, también han limitado de forma indebida la creación de oportunidades de mercado, o si no, han tenido un costo enorme para la sociedad. Una muestra de ello es que, en el país de mayor tradición en la aplicación de políticas antimonopolios –Estados Unidos– la jurisprudencia alrededor de la ilegalización de conductas empresariales ha cambiado radicalmente a lo largo de su historia. Por otro lado, tampoco esas prácticas están fundadas en análisis científico sobre la supuesta negatividad de comportamientos, sino en las presiones políticas internas de esos países. Por ejemplo, EE. UU. excluye la Liga de Beisbol profesional de la aplicación de leyes antitrust. ¿Hay alguna razón de teoría económica para justificarlo? Pregúntele a un funcionario antitrust del Departamento de Justicia o de la Comisión Federal de la Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), a ver qué le responde. 

El próximo lunes 1 de abril, se llevará a cabo una nueva reunión de los Jefes de Bloque para definir la agenda de las próximas sesiones plenarias, en las que los diputados oficialistas esperan tener algún tipo de influencia por medio de sus aliados.  

Será una prueba de fuego, pues la semana pasada se vieron obligados a suspender las plenarias debido a la falta de acuerdos en la elección de representantes del Congreso de la República en la Junta Monetaria.  

Es un secreto a voces que el partido Movimiento Semilla busca sumar los 81 votos necesarios para elegir a Samuel Pérez como representante titular. No está claro si contará con los votos, pues no los consiguió en intentos pasados.  

Lo que es un hecho es que la Junta Directiva está buscando acercamientos con las distintas bancadas para lograr consensos en la agenda, al menos así lo confirmó el presidente del Congreso, Nery Ramos. 

“Vamos a estar socializando con las diferentes bancadas (...) buscar el consenso para retomar y continuar al ritmo que hemos tenido para aprobar las leyes que los guatemaltecos están esperando”, declaró.  

A la fecha, se han aprobado ocho decretos. El último de ellos es el aporte de Q70 millones a la Asociación Nacional de Bomberos Departamentales.  

Sobre la ley de competencia  

Aprobar una ley de competencia continúa como una de las apuestas del oficialismo y aliados; Ramos aseguró que continuarán con la discusión. 

“Yo dirigiré la discusión como presidente del Congreso y cuando no tenga oportunidad, lo hará el vicepresidente Darwin Lucas”, declaró. 

El legislador aseguró que todos los sectores están invitados para dar aportes a la iniciativa 5074, que quedó estancada en primera lectura en 2018. 

La semana pasada, participaron en la discusión funcionarios de Estados Unidos, entre ellos, Rusell Damtoft, director asociado de la Comisión Federal de Comercio de USAID. Su inclusión en el proceso no fue bien vista por varios diputados y bloques, que no acudieron a la audiencia.