Semilla: la misma mica con diferente montera

¡Buenos días! 

Lo que era un secreto a voces, ayer fue confirmado por Samuel Pérez y otros diputados electos por el partido Movimiento Semilla: están en el proceso de formar —no una, sino dos— nuevas agrupaciones políticas de los escombros del ahora cancelado partido.

La cosa es que se trata de dos facciones, por ahora, opuestas; Bernardo Arévalo, trata de avenir a las partes y lo ha hecho, cuando menos en dos ocasiones, en la Casa Presidencial.

Varios problemas con ello, pero el que más vergüenza les debiese dar, es que cosas como esa las han hecho presidentes anteriores y, entonces, ellos las criticaban acremente. ¡Fariseos!

Pero existe otro posible problema: que, de ser ciertos los reportes, el presidente Arévalo estaría violentando la prohibición constitucional expresa que tiene —artículo 182— de favorecer a partido político alguno, al ser anfitrión y dirigir (o mediar) esas juntas político-partidistas en la sede presidencial.

Algunos políticos se desprestigian por el simple ejercicio del cargo; otros, son desprestigiados por sus oponentes, pero también los hay quienes se desprestigian solitos.

Como dijo el divo de Juárez: “pero qué necesidad”.  

Latinoamérica, la región más violenta del mundo, enfrenta una crisis agravada por el crimen organizado trasnacional. 

Panorama. La violencia descontrolada y el fortalecimiento de redes criminales llevan años erosionando las instituciones políticas legítimas, frenando el desarrollo, y alimentando flujos migratorios masivos, con repercusiones allende las fronteras regionales, que afectan de forma directa a EE. UU.  

• Las operaciones de estas organizaciones delictivas provocan enormes pérdidas económicas para la región, y simultáneamente ponen en riesgo la seguridad pública y la cohesión social.
  
  

• Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2022, estima que el crimen le cuesta a Latinoamérica aproximadamente el 3.4 % de su PIB.
  
  

• La inseguridad va en aumento en casi toda la región. En México, por ejemplo, una encuesta reciente de la Texas Public Policy Foundation reveló que el 78 % de los votantes considera que la situación de seguridad representa riesgos inaceptables para su integridad.  

Por qué importa. Los sindicatos criminales transnacionales, como el Cártel de Sinaloa en México, o el Clan del Golfo en Colombia, no son simples pandillas: operan como corporaciones multinacionales que generan entre USD 150 000M y USD 250 000M al año.  

• Sus actividades abarcan el narcotráfico —especialmente de cocaína y fentanilo—, el tráfico de personas, la minería ilegal, el robo de hidrocarburos y la extorsión. Estos ingresos permiten financiar ejércitos privados que controlan municipios enteros, debilitando gravemente la autoridad del Estado.
  
  

• El desafío institucional no se detiene ahí. Esas organizaciones también han logrado infiltrar e influir en los más altos niveles de la toma de decisiones políticas. Tal es el caso de Honduras y el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena por narcotráfico.

Entre líneas. Nayib Bukele se ha consolidado como un referente en seguridad por su mano dura contra las pandillas, reduciendo la tasa de homicidios de 53 por cada 100 000 habitantes en 2018, a 2.4 en 2024. Sin embargo, ni EE. UU., ni otros países, deberían interpretar —como lo han hecho recientemente— que su modelo es una estrategia eficaz para contener el poder creciente del crimen organizado.

• La táctica del presidente salvadoreño, centrada en encarcelamientos masivos y militarización de la seguridad, se enfocó en pandillas poco sofisticadas como la Mara Salvatrucha, cuyos miembros llegaban a ganar apenas USD 15 semanales.
  
  

• Este enfoque resulta inadecuado para enfrentar a los cárteles trasnacionales: estructuras complejas y bien financiadas que dominan el comercio ilícito en gran parte de la región.
  
  

• Aunque ese modelo ha dado resultados inmediatos, no parece sostenible a largo plazo. Las condiciones económicas y sociales de fondo no han cambiado, y el crecimiento de la población carcelaria genera presión sobre los recursos públicos. Los países latinoamericanos necesitan soluciones ajustadas a su realidad, no recetas generales.  

En conclusión. Latinoamérica muestra cada vez más reservas frente a la injerencia estadounidense en sus asuntos internos, y la historia ofrece advertencias claras sobre los riesgos de una intervención excesiva.

• No obstante, si Washington busca mantener su liderazgo en el hemisferio —hoy disputado por China— debería priorizar alianzas de seguridad que fortalezcan las capacidades locales.
  
  

• Más que destinar millones a oenegés con agendas políticas, EE. UU.  debería concentrarse en reforzar la infraestructura y la capacitación en seguridad.
  
  

• La crisis del crimen organizado en Latinoamérica compromete a todo el continente: alimenta epidemias de drogadicción en EE. UU. y debilita las instituciones públicas en la región. Por ello, urge establecer un marco de seguridad hemisférico, liderado por Washington y enfocado en desmantelar las redes logísticas y financieras de los cárteles; es la única vía para restaurar la estabilidad y la prosperidad en el continente. 

El receso parlamentario es un período en el cual los diputados deben concentrarse en el trabajo en las comisiones y en la fiscalización. Sin embargo, algunos congresistas aprovechan este tiempo para salir de viaje por cuestiones personales o, simplemente, se dedican al solaz.

En el caso de la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar, se continuará trabajando en el proceso de elección del director y subdirector ante la Superintendencia de Competencia.  

Además, se tiene prevista una reunión con la ministra de Economía, Gabriela García, para dar seguimiento a la problemática de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, a los productos guatemaltecos. 

Asimismo, se espera que el pleno avance con la iniciativa de ley que busca establecer un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. También están previstas reuniones con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) por la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas.  

Por otro lado, la Comisión de Finanzas se centrará en varias reformas clave, como la revisión de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), cuyo objetivo es actualizar su aplicación y estructura. La Ley de Contrataciones del Estado, “especialmente en lo relacionado al manejo de emergencias e imprevistos, tema que ya ha avanzado significativamente en la comisión”, explicó el presidente de la sala, Julio Héctor Estrada.  

Otra reforma en agenda es la Ley Orgánica del Presupuesto, que busca mejorar la clasificación del gasto y optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Estas reformas están diseñadas para facilitar la inversión y simplificar procesos.

Esa comisión también dará seguimiento a los préstamos aprobados en 2024, especialmente los vinculados a proyectos de electrificación rural, como los de El Rancho y Teculután.

“Todo ello forma parte de una ruta estratégica para viabilizar la ejecución de proyectos, asegurar su impacto y optimizar el uso de los recursos públicos”, destacó Estrada.  

El receso inició el 16 de mayo y se extenderá hasta el 31 de julio. Durante este período, la Comisión Permanente deberá convocar, cuando menos, a dos sesiones extraordinarias.

Se prevé un cambio en la dinámica legislativa, ya que hasta el momento solo se han aprobado cuatro decretos, mientras que varios temas siguen pendientes, como el contrato de Perenco, que aún no tiene una prórroga ni un cierre técnico. Esto genera la preocupación, de que, al vencer el contrato el 12 de agosto, las autoridades de gobierno reaccionen tarde, lo que podría generar consecuencias negativas.

Por último, se espera que se concreten los acuerdos de al menos ocho bancadas para establecer una agenda mínima que incluya reformas clave, como la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley del IUSI y modificaciones al Código de Comercio, entre otras.