Semilla: ¿mala hierba nunca muere?

Pobre primera cosecha

A pocos días de cumplirse un año del gobierno de Bernardo Arévalo y del partido Movimiento Semilla, consistentes con su bucólica alegoría, han dado por llamar al primer informe “La primera cosecha”. Si de cosecha se tratase, es exigua, pues pretendieron cosechar sin preparar antes el terreno, paso indispensable.

Más allá de la alegoría, si de logros se hablase —como pretenden hacerlos ver—, hasta ahora solo se ha visto al equipo de Gobierno, en el mejor de los casos, cumplir su función. La mediocridad en la que está sumida buena parte del estamento público llama “logro” al cumplimiento del deber. Vaya cosa.

El abandono en el que anteriores administraciones dejaron muchas instituciones y programas es patente y, como se ha dicho, no es realista esperar que en un año se enderece lo torcido durante lustros; sin embargo, es necio pretender vender como logros los que no son.

El presidente Arévalo, al inicio de su gestión, logró —ese sí, logro— que los atletas guatemaltecos pudiesen participar en las Olimpiadas de París, pero llamar logro a ejecutar medianamente el presupuesto —pagar la abultada burocracia—, es casi una afrenta; los fondos destinados a inversión tuvieron una ejecución pobre, como la primera cosecha.

En el ámbito legislativo, el oficialismo avanzó algunas iniciativas positivas que estaban engavetadas, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Otras, como la Ley de Competencia —que, más que indispensable, era un capricho— fueron aprobadas solamente con el contubernio de quienes hacía pocos meses los diputados semilleros llamaban corruptos.

Es oportuno recordar cómo se refirió el mandatario al destino de fondos a estructuras opacas y tradicionalmente utilizadas para negocios al margen de la ley, así como que un buen porcentaje del presupuesto (40 %) se iba en corrupción. Ningún logro en ese sentido, pues como moneda de cambio para con sus “aliados” en el Congreso, destinaron una ingente cantidad de dinero a esas estructuras —CODEDES— para el uso, goce y disfrute de diputados distritales. Usaron el presupuesto para lubricar la corrupción y así, se convirtieron en lo que tanto criticaron.

Por otro lado, el presupuesto no solo no bajó [el presupuesto] sino que lo ampliaron en GTQ 14 151M, así que ese porcentaje, o se fue en —más—corrupción o se esfumó, pues tampoco se vio una mejora ostensible en los servicios públicos como para justificar la ampliación.

En lugar de hablar de cosechas, el Gobierno debió de hablar de preparar el terreno, léase inversión pública en infraestructura, simplificación y reducción de trámites, de eliminación de innecesaria —y onerosa— burocracia, y demás medidas que han sido probadas una y otra vez como incentivos para el crecimiento económico y la eficiente gestión gubernamental.

Las buenas gestiones, aunque muy lentas, como la reestructuración de la operación aeroportuaria y separar la parte regulatoria, no germinaron en el primer año. Las carreteras principales y secundarias continúan abandonadas y se limitaron a darle mantenimiento de algunos caminos rurales; ninguno nuevo, tristemente.

El Gobierno descubrirá —parece no haberlo hecho aún— que el período constitucional vuela. Ya han malgastado un 25 %.

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}

Por: Luis González

Para el abogado Francisco Quezada, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el Decreto 36-2024 que contiene el presupuesto 2025, adolece de una serie de inconstitucionalidades que deben llevar a suspenderlo.

¿En qué consisten las inconstitucionalidades que señalan en el decreto que aprobó el presupuesto de 2025? 

Nos centramos en lo que se le denomina una inconstitucionalidad de carácter general. Eso quiere decir que el presupuesto completo es inconstitucional y no solo unos artículos. En la Constitución se establece el porcentaje que se debe fijar de presupuesto, a instituciones como la Universidad de San Carlos, las entidades del deporte, los municipios y la Escuela Nacional de Agricultura. Y cuando vemos los ingresos del Estado que se presupuestan y el porcentaje que les corresponde a estas entidades, está por debajo de lo asignado. En la asignación presupuestaria no se respetó el porcentaje constitucional, se les dio menos. No se atendió la disposición constitucional. No se pueden únicamente declarar inconstitucionales estos artículos, porque si la Corte de Constitucionalidad lo hace así, deja sin presupuesto a las entidades. Tiene que recurrir a suspender todo el decreto. ¿Para qué? Para que entre a regir el presupuesto del año anterior, para llenar ese vacío que generaría una norma inconstitucional.

¿Por qué considera que no se percataron de estas ilegalidades? 

Lo que no se atendió y que es una discusión que ya la Corte la resolvió, es que algunos han querido interpretar que el cálculo se hace sobre la totalidad de los ingresos del Estado. Algunos hablan de que se le puede deducir ciertas cosas a estos ingresos y luego se puede hacer el cálculo, pero el fallo de la Corte habla sobre los ingresos ordinarios del Estado. Creo que los diputados pudieron haber seguido ese criterio erróneo. En el caso de la Escuela Nacional de Agricultura, no le fijaron un presupuesto, sino que lo mandaron a un bolsón y la Constitución establece que se debe tener un porcentaje fijo mínimo del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Creo que es una confrontación clara contra la Constitución y que la Corte lo tiene muy fácil de determinar. En su audiencia se irán a pronunciar, pero creo que el pronunciamiento será alrededor que ven que a los ingresos hay que deducirle algunos temas, y con ello creen que así alcanzan el número.

¿Cómo afecta esto a las entidades? 

Estas instituciones plantean su presupuesto conforme a los ingresos que percibirán y si reciben menos, pues tienen que hacer los ajustes correspondientes. No queremos entrar a decir si estos entes han utilizado bien los recursos o mal, sino que lo que estamos ejemplificando es cómo el Congreso hace caso omiso de una disposición constitucional. Queremos ver que el Congreso ante una norma expresa, utiliza otro cálculo.

¿No hay alguna vía legal para corregir estas irregularidades? 

La Corte cuando tiene una notoria inconstitucionalidad de un artículo, lo puede suspender. Cuando suspende el artículo, deja de regir y después, hasta que la Corte llegue a la sentencia, determina si el artículo sigue vigente o es expulsado del ordenamiento legal. Pero si suspende de entrada, ese artículo ya no aplica. Esa es la única maniobra que tiene la Corte, y en el caso de estas instituciones, no puede suspender los artículos donde se les asignan los fondos, porque si suspende provisionalmente el artículo, ya no tendrían fondos porque ya no tienen partida. La única manera de subsanar ese tema es que cobre vigencia el anterior presupuesto, y mientras se suspende todo, el Congreso discuta el tema, pero para una suspensión inmediata tiene que cobrar vigencia el anterior presupuesto.

¿Cuáles son las implicaciones legales? 

Algunos artículos concretos del presupuesto denotan de que fue hecho sin una técnica, con mucha ligereza. También denota de que por mucho esfuerzo que un organismo Ejecutivo haga de plantear un presupuesto técnicamente y realice su planificación anual, cuando llega, el Congreso de la República hace caso omiso, y simple y sencillamente contrapone su propio presupuesto a sus propios intereses. Y si el presupuesto que manda el Ejecutivo tiene objeciones técnicas, se puede imaginar si lo reformulan los diputados, es absoluta y totalmente antitécnico. Aquí lo que ha habido es una gradual usurpación del Congreso de una potestad del Ejecutivo. El Congreso puede hacer ajustes a lo que el Ejecutivo manda, pero no puede replantear un presupuesto porque no le corresponde. Al presidente se le eligió para tener una planificación anual y dirigir la agenda del Ejecutivo, pero no al Congreso, el Congreso solo es el fiscalizador. 

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}