Semilla paga votos a diputados

¡Buenos días!

Al cierre de la edición, todo apunta a que la —resurrecta—bancada Semilla cumplió su palabra: le consiguió mucho, mucho dinero del erario a los diputados para que lo busquen ejecutar a través de los CODEDES. El deficitario y abultado presupuesto 2025 ¡va! 

En el peor de los casos —de cansarse de madrugada—, se la harán cansada y lo aprobarán en 3 lecturas. No importa. La plata llegará. 

De lo que sí se puede estar seguro es de que Semilla —bancada y Ejecutivo— sucumbieron a las prácticas de siempre, esas que dijeron que erradicarían. Ahora le llaman “negociación política”, pero antes le llamaban corrupción. Siguen siendo corrupción, pero ellos no se enteran. 

Es vox populi; lo dicen y reconocen, incluso, medios cercanos al Gobierno. Pero como que no fuera con ellos.  

La verdad, queda poco qué decir. El desparpajo semillero es abracadabrante. 

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•Editorial: Pacto de corruptos 2.0

•La izquierda regresa a Uruguay, pero deberá gobernar como la derecha

•Consejos de Desarrollo, ineficientes y una fuente de corrupción

Rafael P. Palomo
La izquierda regresa a Uruguay, pero deberá gobernar como la derecha
766 palabras | 4 mins de lectura

La izquierda regresa al gobierno de Uruguay, un disparate, tomando en cuenta la aprobación ciudadana del actual gobierno.

Es noticia. Tras ganar el balotaje el pasado 24 de noviembre, Yamandú Orsi se convirtió en el nuevo presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Con alrededor de un 49 % (contra un 45 % de Delgado) y aproximadamente solo 90 000 votos de diferencia, el Frente Amplio regresará al control del país, tras una interrupción de un término presidencial.  

• Orsi, de 57 años, es el heredero elegido por el expresidente José “Pepe” Mujica, que todavía goza de gran aceptación en el país.
  
  

• Uruguay se suma a la lista de países que sufrieron el “efecto Covid”, ya que todos los presidentes —y sus partidos— democráticos en Iberoamérica que gobernaron durante la pandemia perdieron en la siguiente elección, a excepción de México y República Dominicana.  

Sí, pero. Aunque la tendencia indicaba que el gobierno no repetiría, Uruguay es un caso peculiar, ya que el actual presidente, Luis Lacalle Pou, cuenta con más de un 50 % de aprobación y hasta un 19 % de opiniones divididas. Solamente un 31 % de la población desaprueba su gestión. Las cifras de Lacalle Pou no se han replicado en ningún otro presidente democrático que haya gobernado durante la pandemia.  

• Es por ello por lo que sorprende la derrota de Álvaro Delgado, candidato del oficialismo, considerando que el presidente hizo una gran campaña de apoyo a nivel nacional para su delfín.  

Entre líneas. Uno de los motivos que explica la sorpresa es la fortaleza institucional del Frente Amplio, el partido mejor organizado del país. Los 15 años de gobiernos consecutivos antes de Lacalle Pou le dan al partido una capacidad de organización con la que no cuenta el aún oficialismo. Por otra parte, el apoyo del presidente fue contraproducente. En un intento por trasladar su popularidad a Delgado, opacó su figura. La campaña fortaleció la imagen del presidente, más no la de su elegido.  

• A pesar de su característica moderación, Uruguay es un país predominantemente de izquierda. El Frente Amplio cuenta con un voto duro de alrededor de un 40 %, mientras que la derecha necesita de coaliciones amplias para superar esos márgenes.
  
  

• La izquierda, por su parte, no necesita demasiado para ganar. Incluso, en las elecciones que ganó Lacalle Pou en 2019, la derecha necesitó de una coalición de cinco partidos para vencer al Frente Amplio por solo un 1.58 %.
  
  

• Uruguay es un país donde la organización partidaria pesa mucho más que el personalismo. El Frente Amplio tiene una ventaja considerable ante cualquier otro partido uruguayo.  

Visto y no visto. El gobierno de Orsi genera bastante incertidumbre, debido a las propias contradicciones de las promesas de campaña del izquierdista. Por una parte, pretende atraer inversión extranjera al país; por otro lado, promete ampliar el gasto público para invertir en más programas sociales. Si bien Orsi mencionó en campaña que no incrementará los impuestos, su potencial ministro de economía, Gabriel Oddone, ha indicado que no es prudente prometer que no se subirán impuestos y que cualquier decisión fiscal dependerá del contexto económico.

• Orsi pretende resolver el “déficit de programas sociales” que el expresidente Mujica denuncia dentro del gobierno de Lacalle Pou y ampliar subsidios.
  
  

• Sus promesas implican, necesariamente, aumentar el gasto público. Si ejecuta sus promesas —sin incrementar la recaudación—, pondría al gobierno en riesgo de un déficit fiscal que desestabilizaría la macroeconomía uruguaya.
  
  

• Orsi quiere continuar la atracción de inversión extranjera de Lacalle Pou; sin embargo, su política social implicaría déficit o subir impuestos, lo que generaría incertidumbre o disminuir los incentivos para potenciales inversores. 

En conclusión. A pesar de que Lacalle Pou asumió el gobierno en plena crisis sanitaria, su gestión se ha destacado por un sostenido crecimiento del PIB y una alta aprobación ciudadana. El regreso del Frente Amplio significa el retorno a las políticas sociales clientelares del gobierno de Mujica. Orsi es consciente de que la política económica de Lacalle Pou ha funcionado y es ampliamente popular, pero su compromiso con el populismo social es un freno inevitable a su visión económica.  

• El nuevo presidente tendrá el reto de tomar la batuta como heredero de Mujica, mientras que la población espera que el buen ambiente económico del gobierno de Lacalle Pou continúe.
  
  

• A pesar de la fuerza del Frente Amplio, el presidente electo no puede asegurar la permanencia del partido en el poder sin mantener el crecimiento económico del gobierno saliente.
  
  

• Orsi tendrá el reto de haber ganado como el opositor de un gobierno considerablemente popular, sin sacrificar sus promesas sociales ni la continuación del crecimiento económico. 

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Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), además de ser un ente coordinador de participación a nivel departamental, también son un eje de apoyo a las municipalidades en la formulación de políticas, planes, programas de desarrollo y manejo de los recursos de pre-inversión e inversión pública.  

• No obstante, debido a la naturaleza de sus funciones, estas instituciones se han convertido en el botín político para garantizar el apoyo de alcaldes y de diputados distritales.
  
  

• Como consecuencia, año tras año, la ejecución de los fondos ha sido ineficiente y carente de prioridades, lo que afecta la conclusión de proyectos.
  
  

• Estas perversiones se han vuelto más evidentes durante esta última legislatura, dado que benefician a la organización de los CODEDES con reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, y aumentan, exponencialmente, el bolsón de recursos que dispondrán el próximo año.  

Lo indispensable. A lo largo de este primer año de la X legislatura, la asignación de recursos y las modificaciones a favor de los CODEDES se han convertido en una moneda de cambio para el oficialismo y su agenda en el Congreso.  

• La primera reforma que abrió la puerta a una menor calidad en el gasto público fue la Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de CODEDES. Se estableció que los recursos no ejecutados durante un año fiscal, en vez de asignarse al fondo común, se sumarían al presupuesto del siguiente año de los Consejos.
  
  

• Además, en un “esfuerzo y reconocimiento a la necesidad en los departamentos” el proyecto de presupuesto enviado por el Organismo Ejecutivo al Congreso incluyó una asignación de GTQ 4322M destinado a los CODEDES.
  
  

• Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Finanzas más que duplicaron tal asignación en el dictamen favorable,  incluyendo un monto adicional de GTQ 5000M, a costa de reducir el presupuesto de los ministerios más "ineficientes" como el de Comunicaciones (CIV), al que le quitaron más de GTQ 2000M.  

Los datos. De acuerdo con los legisladores que apoyaron estas iniciativas, las disposiciones son necesarias para impulsar los programas locales. No obstante, la ejecución de recursos del año 2024 no encaja con esas expectativas. 

• Para el ejercicio fiscal 2024, los CODEDES recibieron un total de GTQ 4044M, de los que, según la plataforma de SICOIN, únicamente se han ejecutado GTQ 1695M, lo que representa un mísero 26.44 %.
  
  

• En este sentido, los rubros que representan la mayor ejecución son la Ordenación de Aguas Residuales con una ejecución de 40.19 %, el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL) —de fondos provenientes de la actividad petrolera— que ha ejecutado un 37.24 % y el Abastecimiento de Agua con 38.45 % de ejecución.
  
  

• Por otro lado, los rubros con la menor ejecución son el Desarrollo Comunitario y las Intervenciones de Desarrollo con 0 % de ejecución y la Ordenación de Desechos, en donde únicamente se han devengado 21.11 %. 

Por qué importa. Aunque los CODEDES actuales han demostrado ser sumamente ineficientes en la ejecución de los recursos en 2024, tienen garantizado un aumento para el próximo año.  

• Es más, de acuerdo con el proyecto de presupuesto 2025, algunos de los fondos contenidos en la asignación extraordinaria —GTQ5,000M— estarán destinados a algunos de los departamentos con menor ejecución.
  
  

• Por ejemplo, pese a que Huehuetenango únicamente ha ejecutado el 41.07 % de sus recursos, será beneficiado con más de GTQ 465M. De forma similar, el Consejo de Quiché, que únicamente ha ejecutado el 30.5 % de su presupuesto, recibirá GTQ  315M adicionales en 2025. Este también es el caso de San Marcos y Guatemala, los cuales, aunque no alcanzan el 50 % de ejecución presupuestaria, serán beneficiados con GTQ 382M y GTQ 375M, respectivamente.
  
  

• Siguiendo la lógica de los CODEDES como botín político para el avance de la agenda del oficialismo, aquellos departamentos que recibieron la mayor parte de los recursos se corresponde con el mayor número de diputados distritales —de votos, pues—, como Huehuetenango que cuenta con 10 diputados, Quiché con ocho, Guatemala con 19 y Alta Verapaz y San Marcos con nueve legisladores.  

Hemeroteca. La canalización de recursos mediante los CODEDES para obtener réditos políticos no es una estrategia nueva.  

• La primera vez que se hizo evidente cómo la infraestructura de la descentralización podría ser utilizada para fines políticos fue durante el gobierno de la GANA, con el Programa de Apoyo a Comunidades Urbanas y Rurales (PACUR).
  
  

• Mediante este programa se aprobaron proyectos de infraestructura que, paralelo a la asignación de recursos, también garantizaba beneficios particulares para los diputados distritales para lograr el apoyo en iniciativas del Organismo Ejecutivo.
  
  

• De esta manera, las modificaciones a la estructura y los Consejos de Desarrollo, premian la ineficiencia, y también promueve el gasto anómalo en las obras públicas.  

En conclusión. Para el 2025, los CODEDES tendrán más de GTQ 12 000M a su disposición y, dados los beneficios recibidos en 2024, no tendrán cuidado por la calidad en el gasto.  

• Tomando como referencia los datos del Ministerio de Educación —MINEDUC—, si cada remozamiento de escuela cuesta GTQ 75 000, con los recursos de los Consejos se podrían restaurar 160 000 escuelas.
  
  

• Así pues, estas situaciones ponen en duda la verdadera intención de estas modificaciones. Todo apunta a que, por esta vía, el gobierno de Semilla logró los votos de los diputados distritales.
  
  

• Pese a que el presidente Bernardo Arévalo manifestó durante la época de campaña electoral que "el aceite que lubrica la corrupción es el presupuesto", parece que ahora avala estas prácticas por la necesidad de avanzar su agenda política. 

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