Semilla: “para mis amigos, puestos; para los demás...”

¡Buenos días!

La vieja práctica de nombrar a familiares —aunque no sean dentro del grado de ley—, correligionarios y amigos, en puestos gubernamentales, continúa en el Gobierno de Bernardo Arévalo. Más allá de prohibiciones legales específicas, la práctica es mal vista, pero no necesariamente ilegal. ¿Por ello está bien?

Pasaría más o menos desapercibida —o sin tanto aspaviento—, pues no es nada nuevo, pero el actual Gobierno se vendió en campaña como algo distinto, una opción que no era de la “vieja política”, que reduciría gastos —y salarios a todos los altos funcionarios—; vamos, la panacea.

Nada más alejado de la realidad; continúan con el compadrazgo a la hora de nombrar cuadros que debiesen ser técnicos. El “código de ética” que lanzó el Gobierno a inicios de su gestión, ni siquiera quedó como sugerencias, sino simple letra muerta.

Por supuesto, toda crítica y señalamiento —fundado— es tomado por la administración y sus delicados funcionarios, como ataque. Lo mismo decían las administraciones anteriores. En ello, cuando menos, nada ha cambiado. 

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En este boletín:

•Iván Velásquez, ¿defensor del contrabando en Colombia?

•Conjuve: el consejo que aglutina a partidarios de Semilla y USAID

•¿Está el Gobierno preparado para enfrentar los incendios forestales?

Rafael P. Palomo
Iván Velásquez, ¿defensor del contrabando en Colombia?
655 palabras | 3 mins de lectura

Las sospechas de la cercanía entre el gobierno de Gustavo Petro y el mayor capo del contrabando en Colombia aumentan.

En perspectiva. Una investigación contra el contrabandista Diego Marín —alias Papá Pitufo—, en Colombia, se vio entorpecida tras una reunión entre los fiscales del caso, Andrés Marín y Leonardo Quevedo; la jefa de contrainteligencia de la Policía, coronel Julie Ruiz, y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.  

• La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa en octubre de 2023, con el fin de presentar los avances de la investigación y conseguir medidas de seguridad para los investigadores.
  
  

• El fiscal Marín expuso que el policía, Álvaro Galvis —infiltrado en la organización de Papá Pitufo—, necesitaba más seguridad, ya que estaba bajo la sospecha de la organización criminal.
  
  

• Durante la reunión, la coronel Ruiz desacreditó la investigación, señalando que Diego Marín ya no se encontraba en Colombia, a pesar de la evidencia en video de la fiscalía que demostraba lo contrario.

Sí, pero. Horas después de la reunión, un policía investigado por aceptar sobornos de Marín, el Mayor, Peter Steven Nocua, fue alertado de lo expuesto por la fiscalía en el Ministerio de Defensa. Nocua, quien había sido grabado con en una reunión con Marín y Galvis, alertó al jefe de la organización sobre la investigación en su contra y de los videos de seguimiento.  

• Cinco semanas después de la filtración, Papá Pitufo abandonó Colombia con rumbo a España, antes de que la fiscalía pudiese obtener una orden de captura en su contra.
  
  

• La orden contra Marín se emitió hasta abril de 2024, cuando este ya se encontraba en Europa.
  
  

• Marín se encuentra detenido en Portugal, donde ha evitado su extradición, ya que solicitó asilo en ese país.  

Entre líneas. Tras la reunión con Velásquez, el caso que evidenciaba los sobornos de Marín se desmoronó. El fiscal Andrés Marín señaló que la filtración acabó con los esfuerzos, alertando al contrabandista y exponiendo la identidad del policía encubierto. El mayor Nocua pasó de ser investigado por aceptar sobornos, a un agente encubierto de una unidad anticorrupción que ahora investiga el caso.  

• Como fiscal general de Colombia, la ex jefa de investigaciones de CICIG —y mano derecha de Velásquez en la comisión—, Luz Adriana Camargo, ha dado el tiro de gracia al caso.
  
  

• Camargo asumió al frente del ministerio público colombiano en marzo de 2024; en abril del mismo año, destituyó al fiscal Marín, quien ahora investiga casos de abuso sexual.
  
  

• Además, desintegró a su equipo de investigación, trasladándolos a otras dependencias y apartándolos del caso de Papá Pitufo.  

Visto y no visto. En su última conferencia de prensa como ministro, Iván Velásquez arremetió contra Andrés Marín. En un desliz, el ex comisionado de CICIG señaló que es falsa la acusación del fiscal y que, ni él ni la coronel Ruiz han filtrado información alguna. Andrés Marín jamás acusó a ninguno de los dos.  

• El fiscal se limitó a denunciar que hubo una filtración y que entrampó meses de investigación contra el “jeque” del contrabando.
  
  

• Aunque no hay evidencia concreta, solamente dos personas se enteraron de la información del caso contra Papá Pitufo el día de la filtración: Iván Velásquez y Julie Ruiz.
  
  

• Si bien se desconoce quién filtró la información, el sabotaje vino desde adentro del Ministerio de Defensa y tanto Velásquez como Ruiz demuestran incoherencias al abordar el caso, tanto en público como en privado. 

En el radar. Velásquez no es el único cercano a Petro bajo sospecha de tener vínculos con la red de contrabando. Recientemente, Augusto Rodríguez, director de la UNP, denunció al jefe del Despacho Presidencial, Armando Benedetti, de ser el nexo entre Marín y Petro.  

• De acuerdo con Rodríguez, Benedetti facilitó el aporte de COP 500M de parte del contrabandista a la campaña presidencial.
  
  

• El gobierno de Petro está, cada vez más, bajo la sospecha de proteger y beneficiarse de la actividad criminal del mayor capo del contrabando colombiano. 

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El Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) se convirtió —desde hace años— en la dependencia que contrata a simpatizantes del partido de gobierno. Actualmente, tiene en su planilla a personas que buscaron una diputación o alcaldía en 2023. También incluye a exintegrantes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Por qué importa. Conjuve tiene presupuestado para 2025 GTQ 16M, a diferencia de 2024, cuando tuvo GTQ 19M —derivado de una ampliación presupuestaria; el monto inicial era de GTQ 13M—. El grueso de los fondos fue destinado al pago de salarios y prestaciones. 

• Según los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SICOIN), el año pasado desembolsó GTQ 8.4M en el pago del personal permanente y temporal. Estos últimos recibieron en total GTQ 6M. El salario más bajo —de los temporales— es GTQ 5612.90 y el más alto, GTQ 14 032.26.
  
  

• Conjuve ejecutó en 2024 GTQ 17.7M —el 93 % del presupuesto—, y de eso, los pagos al personal representan el 47 %. Los gastos de funcionamiento son del 23 %. En total, la institución solo asigna el 30 % de los fondos al desarrollo e implementación de políticas para la juventud.
  
  

• El Consejo es dirigido por el director general y ejecutivo. Ambos cargos han sido utilizados como pago de favores políticos. En 2020, fue nombrado en el primer cargo José Alberto Grijalva González, quien buscó una curul por el Listado Metropolitano del partido Vamos. 

Visto y no visto. La delegación, por criterios políticos, del director general también pasó en 2016. En ese entonces, se nombró a Edgar Ling Lorenzo Chin, postulado a diputado por el Distrito Metropolitano de FCN Nación. Los dos fueron sindicados de contratar a sus allegados. Y lo mismo sucede ahora. 

• El Gobierno de Bernardo Arévalo designó, en febrero de 2024, a Abraam Miguel Tol Ramos como director general de Conjuve. Él buscó, en 2023, un escaño por el Distrito de Quiché con el Movimiento Semilla. Además, financió el partido político con aportes en especie. Entre 2021 y 2022 trabajó en USAID como facilitador local de Desarrollo Empresarial para Empleo.
  
  

• Tol fue removido del cargo en agosto. Y en septiembre asumió Mi'nawee' López González, quien formó parte del programa de Jóvenes Profesionales Indígenas de USAID. Incluso, representaba a la agencia en actos oficiales. El salario devengado en el puesto es de GTQ 24 125.
  
  

• La directora ejecutiva de Conjuve es Guadalupe Ixel Wer Chutá, quien asumió el cargo en febrero de 2024, y gana GTQ 13 232 mensuales. En 2023 se postuló, en la casilla nueve, como diputada por el Listado Nacional de Semilla. 

Sí, pero. Los nombramientos políticos también alcanzan otros cargos de Conjuve. Tanto permanentes como temporales. Algunos contratados como servicios profesionales, mientras que otros como técnicos. En total, la institución tiene 73 colaboradores.  

• El actual jefe de Logística, Yonatan Josué Chávez Lucas, en 2023, buscó ser parte de la corporación municipal de Santa Cruz del Quiché como concejal suplente tres. Formó parte de la planilla que postuló la coalición de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el partido oficial.
  
  

• Mónica Benita Reyes León y Georgina Azucena Lavarreta Teo buscaron una curul en el Congreso por Semilla. La primera se postuló por el Distrito de Escuintla —casilla cuatro—, y la segunda por Suchitepéquez —casilla cinco—. Ambas trabajan como delegadas departamentales y devengan mensualmente GTQ 8419.35.

En conclusión. Los nombramientos por compadrazgo o afinidad política no son nada nuevo, pero luego del discurso “pulcro” de Arévalo y de Semilla en campaña, se hubiese esperado, cuando menos, recato. No hay nada de eso, sino, es más, continuidad de prácticas cuestionables. 

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Edgar Quiñónez
¿Está el Gobierno preparado para enfrentar los incendios forestales?
578 palabras | 3 mins de lectura

Guatemala es un país vulnerable a incendios forestales. Cada año son miles de hectáreas de bosques y áreas protegidas las que se ven amenazadas; pese a que es algo previsible, en 2024, el presidente Bernardo Arévalo se valió de los siniestros para emitir su primer estado de calamidad.

En perspectiva. El Acuerdo Gubernativo salió a la luz el 10 de abril. Dos días después, fue rechazado por el Legislativo.  

• Arévalo argumentaba —irrisoriamente— que los incendios habían sido provocados para desestabilizar a su Gobierno. Para instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), la mayoría de los siniestros son provocados.
  
  

• Una de las causas, es el descontrol en cuanto a la quema agrícola o la realización de fogatas. De hecho, el año pasado, un 80 % de los incendios fueron provocados y el 20 % restante se suscitaron por causas naturales.
  
  

• En aquel momento, la administración afirmó que el estado de Calamidad le daba la posibilidad de comprar insumos y la viabilidad de pedir ayuda internacional.  

Por qué importa. Las experiencias respecto a la emisión de estados de Calamidad han dejado un mal sabor de boca. Durante los primeros 34 meses al frente del Ejecutivo, el Congreso le aprobó 9 estados de excepción al expresidente Alejandro Giammattei.  

• Por lo general, un estado de calamidad llega tardíamente; adicionalmente, en países como el nuestro, son una ventana abierta para cometer actos de corrupción.
  
  

• En 2025, es prematuro asegurar que el gobierno volverá a emitir un estado de calamidad. Más bien, se debería de pensar que las autoridades están preparadas para enfrentar los incendios forestales.
  
  

• Según la CONRED, este año, el plan de acción se enfoca en la cultura de prevención. La recomendación puntual es, en cierta forma, tomar todo tipo de precauciones durante quemas agrícolas o fogatas.  

En el radar. Los efectos del cambio climático —como el fenómeno de El Niño—, en los últimos años han afectado al país. Por eso, la CONRED trabaja de la mano de otras entidades como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), que ya anunció que, marzo y abril, serán de los meses más calurosos.  

• Se tiene conocimiento de que los incendios se dan debido a que las altas temperaturas se “encierran sobre el país”. Se prevé que sea justamente durante los meses mencionados en donde podrían registrarse más siniestros.
  
  

• En lo que va del año se han registrado 196 incendios, los cuales han sido controlados, y solo uno se mantiene activo uno, en el departamento de Quetzaltenango. Según la CONRED, si se hace un comparativo con el 2024, han ocurrido 6 incendios menos.
  
  

• Otras de las instituciones ligadas al tema de incendios durante este año son, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), bomberos Municipales y Voluntarios, el Ejército y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).  

Qué destacar. En 2024, la CONRED contó con un presupuesto de más de GTQ 129M y en este 2025 el presupuesto asignado supera los GTQ 272M. De esa cifra, la secretaría tendrá solamente GTQ 2M a disposición para casos de emergencia, como los incendios.  

• Se supone que ahora sí, el gobierno de Arévalo debería estar preparado para dar respuesta inmediata a los incendios forestales. Sería inaudito que ocurriera lo del año pasado, pues cualquier estado de excepción genera duda en la población.
  
  

• Hay que recordar que los diputados oficialistas, en la legislatura anterior, eran los primeros en oponerse y, durante el 2024, al apoyar la decisión del presidente, solo evidenciaron su incongruencia.  

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