¡Buenos días!

Una facción de diputados electos por el —cancelado— partido Movimiento Semilla anunciaron ayer el inicio de la conformación de un nuevo partido; alguno, más que los presentes, los ausentes de la conferencia de prensa, liderada por Samuel Pérez, fueron quienes llamaron la atención.

Aunque dicen estar unidos como bloque legislativo, y que todos fueron invitados, los ausentes emitieron un comunicado distanciándose de lo dicho por Pérez y remitiendo a las bases partidarias su decisión.

Mientras tanto, en corrillos parlamentarios se habla de reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para permitir a diputados “independientes” formar bloque y, así, tener acceso a los privilegios y prebendas de los demás diputados.

No sería nada raro —en lo absoluto— que Pérez et al. sean de los más interesados; ya han demostrado en ocasiones anteriores que, hacer modificaciones a leyes de forma casuística y en su beneficio personal —y para perjudicar a sus adversarios—, es algo que no les arruga la nariz.  

La Constitución, por encima de todo

La reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) pone en evidencia un error de procedimiento del presidente Bernardo Arévalo al intentar retirar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este acto, materializado mediante el Acuerdo Gubernativo 65-2025, no solo contravino principios constitucionales fundamentales, sino que también desatendió el principio de publicidad administrativa, socavando la transparencia y el control ciudadano. La decisión de la Corte, al suspender provisionalmente dicho acuerdo, reafirma la supremacía de la Constitución como pilar del orden jurídico guatemalteco.

El artículo 27 de la Convención de Viena establece que un Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Guatemala, al ratificar este instrumento en 1997, formuló una reserva explícita para priorizar su Constitución, salvaguardando así la supremacía constitucional. Sin embargo, el presidente Arévalo, mediante un acto unilateral, decidió retirar esta reserva sin la debida justificación ni análisis de compatibilidad con la Carta Magna, como lo exige la jurisprudencia de la Corte (expediente 3489-2006). Este proceder no solo ignoró la necesidad de preservar el equilibrio normativo nacional, sino que también vulneró el principio de legalidad al notificar a las Naciones Unidas el 10 de abril, antes de publicar el acuerdo en el Diario Oficial el 5 de mayo, contraviniendo el artículo 30 constitucional sobre la publicidad de los actos administrativos.

La Corte, en su fallo, subraya que la reserva al artículo 27 es una cláusula de salvaguarda que protege la preeminencia de la Constitución frente a tratados internacionales que puedan contradecirla. Al suspender —provisionalmente— el Acuerdo Gubernativo y ordenar la revocación de la notificación ante la ONU, el tribunal reafirma su rol como garante del principio de supremacía constitucional, consagrado en los artículos 44, 175 y 204 de la Ley Fundamental. Este principio, lejos de ser una formalidad, asegura que ningún tratado internacional pueda menoscabar los derechos fundamentales ni alterar las competencias exclusivas de los órganos nacionales.

La acción del presidente Arévalo refleja una preocupante ligereza, que podría haber comprometido la soberanía normativa del Estado. La resolución de la Corte no solo corrige este desvío, sino que envía un mensaje contundente: la Constitución es la norma suprema, y su defensa es innegociable. Este precedente fortalece el Estado de derecho y recuerda a las autoridades la importancia de actuar con apego a los procedimientos constitucionales, garantizando transparencia y respeto al orden jurídico.

De parte del Ejecutivo y de sus corifeos se alega que, no solo su decisión fue de buena fe, sino que buscaba dar certeza jurídica y, a la postre, consiguió justamente lo opuesto. Ante el fallo de la CC, el Ejecutivo toma una decisión correcta al acatarlo, contrario a lo que agitadores pretenden: que se ignore o incumplan las órdenes judiciales. Eso metería a Arévalo en otro callejón sin salida, a los que sus asesores lo conducen una y otra vez.

De todo este embrollo, queda resaltar que, cuando menos, Guatemala tenga un presidente que respete la división de poderes y los pesos y contrapesos republicanos.  

Aunque el asunto no ha sido incluido en la agenda, en los pasillos del Congreso se rumora con fuerza que varios diputados buscan darle luz verde   y reformar la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; ello permitiría a los diputados independientes tener influencia en la actividad parlamentaria. 

Por qué importa. Aunque en 2016 se reformó la ley para evitar renuncias a los partidos y forzar una mayor lealtad hacia las agrupaciones políticas, nueve años después, los diputados parecen haber cambiado de opinión. Ahora, cuando ya no les conviene, algunos legisladores promueven ajustes que beneficiarían a los independientes.

• Al menos tres diputados confirmaron que el tema se escucha con fuerza. Luis Aguirre, jefe de la bancada Cabal, confirmó que sí ha escuchado que hay interés en algunos. Se necesitan al menos 81 votos necesarios para que avance.
  
  

• La reforma no solo favorecería a quienes fueron expulsados de sus partidos y se vieron obligados a quedar como independientes, sino que también abriría la puerta para que otros diputados, inconformes con sus agrupaciones, se animen a unirse a otros, o conformen sus propios bloques.
  
  

• El objetivo es eliminar el impedimento que actualmente enfrentan los legisladores independientes, quienes no pueden integrar comisiones, ni aspirar a la Junta Directiva, ni contratar asesores y privilegios reservados para los bloques legislativos.   

Datos clave. Aunque la división dentro de las bancadas no es algo nuevo, en los últimos meses han aumentado significativamente. Esta fragmentación ha reavivado el interés por aprobar la reforma que el oficialismo impulsó sin éxito el año pasado. 

• Esta vez, parecen ser otros congresistas quienes lideran el impulso para que se apruebe. El panorama ha cambiado: algunos diputados enfrentan nuevas circunstancias políticas.
  
  

• Ejemplo de ello son Evelyn Morataya y Gustavo Cruz, quienes fueron expulsados de Visión con Valores (VIVA), así como Karina Paz, separada de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
  
  

• Además, se ha sabido que algunos legisladores de Vamos estarían buscando distanciarse de Allan Rodríguez, mientras que algunas facciones de Cabal y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) podrían beneficiarse de la reforma. Recientemente, fueron separados Darwin Lucas y Raúl Solórzano.  

En conclusión. Si se concreta la reforma, quedaría en evidencia —una vez más— que, para los diputados, los intereses particulares prevalecen sobre el interés general. La agenda legislativa continúa estancada y siguen ignorando la demanda ciudadana de reducirse el salario. En pocos días recibirán el cuarto pago con aumento, sin que haya avances en los temas que preocupan a la población.   

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La primera convocatoria del programa “Becas por Nuestro Futuro” inició el 1 de abril y culminará el 31 de mayo. El programa forma parte del Fondo Nacional de Becas, creado el 11 de marzo de 2025. Hasta el momento, el Estado ha invertido GTQ 1.23M en su lanzamiento, promoción y publicidad.

Por qué importa. La entidad encargada de gestionar el proyecto es la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Tiene asignados GTQ 250M de presupuesto para el efecto, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). 

• Según Guatecompras, desde el 14 de marzo se adquirieron servicios para el lanzamiento del fondo de becas. Estos fueron gestionados por Segeplan.
  
  

• También, por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). En total, se desembolsaron GTQ 258 249, que incluye rótulos, vinilos y transporte.
  
  

• Otro gasto que resalta es la compra de 500 mochilas para computadora portátil. Insumos que sirvieron para promover la campaña de becas; costaron GTQ 50 000.

Visto y no visto. La divulgación de la información sobre las becas ha sido por varios medios. Entre ellos, resaltan los canales de televisión abierta, medios escritos y pantallas digitales. Estas últimas, 14 en total, ubicadas en varios puntos del país. 

• Todos los medios usados suman GTQ 979 240. El último servicio adquirido fue registrado en Guatecompras el pasado 14 de mayo.
  
  

• Según Segeplan, durante los primeros seis días después del lanzamiento, el sitio web de las becas reportó 5000 postulantes.
  
  

• Para acompañar vocacionalmente a los participantes, la secretaría contrató por siete meses y siete días los servicios de una psicóloga. La dependencia le pagará en total GTQ 124 500.

Sí, pero. Hasta el momento, hay varios participantes en el proceso de selección que desean estudiar en el extranjero. Sin embargo, los tiempos de admisión de las universidades internacionales no se ajustan a los plazos del fondo de becas. 

• Algunos afectados afirmaron que “podrían perder la oportunidad”. Por su parte, el titular de Segeplan, Carlos Mendoza, indicó que los tiempos ya están establecidos y facilitan la transparencia.
  
  

• Al terminar la convocatoria, en junio, la secretaría verificará los datos de los postulantes. En julio informará a los beneficiarios
  
  

• La evaluación de los perfiles será “a ciegas” y los datos tendrán validación por parte de trabajadores sociales. El comité técnico no podrá conocer los datos personales de los participantes.

En conclusión. Al consultarle a Segeplan de cómo percibe el proceso, afirmaron que lo ven con optimismo. Para ellos, la convocatoria fue masiva (publicidad) y la “población ha respondido muy bien”. No obstante, existen voces disidentes de la metodología y los resultados. 

• El último reporte de las becas indicó que hay más de 25 000 inscritos. El 87 % de estos son mujeres.
  
  

• De este total, 16 000 iniciaron el proceso de aplicación y solo 3000 concluyeron el trámite.