Semilla transó para poder elegir magistrados de CSJ

¡Buenos días! 

Antes de que venciera el plazo constitucional de la actual magistratura de la CSJ, el Congreso, las diferentes bancadas y facciones se pusieron de acuerdo –transaron– para poder elegir nuevos magistrados; sus votos los delatan. 

Aunque el oficialismo consiguió un par de victorias –básicamente dejar fuera a los allegados de la fiscal general, Consuelo Porras, conocedores del tema aseguran que, en términos generales, perdió Semilla. Para asegurarlo, queda por ver cómo resolverán los temas bajo su conocimiento, una vez tomen posesión.  

El siguiente paso –la otra semana, sí o sí– es elegir a los magistrados titulares y suplentes de Corte de Apelaciones, de un listado de 312 candidatos. Menuda tarea, pero si opera de la misma forma que la elección para CSJ, seguro caminará “sobre rieles”. 

Les deseamos un buen fin de semana. Agradecemos su suscripción y lectura. 

En este boletín:

•Certeza jurídica, base de la inversión y desarrollo

•El riesgo de cancelación de licencias ambientales

•SNTSG bajo el mando de Luis Alpírez: un grupo predatorio de la salud

•Semilla, aliados y opositores –juntos– eligen nueva CSJ

Alejandro Palmieri
•Certeza jurídica, base de la inversión y desarrollo
641 palabras | 3 mins de lectura

El cumplimiento de los contratos es uno de los pilares fundamentales de la certeza jurídica en cualquier sistema legal. Esta certeza es esencial para la estabilidad y predictibilidad de las relaciones comerciales y personales, asegurando que las partes involucradas en un contrato puedan confiar en que lo acordado será ejecutado según los términos establecidos. 

• Por el contrario, el incumplimiento contractual puede llevar a la resolución, rescisión, o nulidad del contrato. En cualquier caso, se requiere la intervención judicial lo que, por sí, complica –y hace más onerosas–las relaciones comerciales. 

Panorama general. La falta de certeza jurídica se suele asociar con dificultades que enfrentan cierto tipo de actividades o industrias; nada más alejado de la verdad.  

• Las actividades extractivas –minerales, petróleo, etc.– enfrentan retos particulares en un entorno cada vez más complejo en incierto debido a –precisamente– la falta de certeza en la realización de consultas y sus efectos, pero toda actividad comercial o industrial es potencial víctima del incumplimiento de las norma y/o de los contratos.
  
  

• La manufactura o la comercialización de productos de consumo, por ejemplo, también están afectos; imagínese la relación que puede haber entre proveedores, distribuidores, agentes, y demás figuras de la actividad comercial lícita.
  
  

• Si bien existen contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, es decir, que no existe contrato escrito, las particularidades de la relación sí deben constar por escrito, so pena de no haber claridad en cuanto a ellas.  

Por qué importa. El Banco Mundial realiza un estudio denominado Doing Bussines, que es una herramienta para evaluar y comparar la facilidad o dificultad de hacer negocios en un país. Dicha evaluación se realiza a través del impacto que tiene la legislación e institucionalidad en la creación, operación y expansión de empresas en un país. 

• El índice analiza 10 indicadores: tiempo para abrir un negocio, obtención de electricidad, obtención de crédito, comercio transfronterizo, pago de impuestos, manejo de permisos de construcción, registro de propiedad, cumplimiento de contratos, protección a inversionistas minoritarios y resolución de insolvencias.
  
  

• Estos indicadores le permiten a un inversionista tomar una decisión informada e incursionar –o no– en un mercado y país determinados.
  
  

• Aunque todos son importantes, de esos indicadores, el cumplimiento de los contratos y la protección a inversionistas minoritarios son trascendentales al momento de tomar la decisión de invertir, sobre todo si se trata de inversionistas extranjeros. En esos rubros, Guatemala no mejoró su calificación en el último estudio realizado –Doing Bussines 2020– manteniéndose en 34.5 y 30, respectivamente, de 100 puntos. 

Voces. Rodrigo Quevedo Castellanos, abogado experto en Negocios Internacionales, respecto al tema, opina: “Del cumplimiento de los contratos deriva la justa transferencia de los bienes, servicios o fondos que buscan las partes contratantes, por lo que su incumplimiento priva a una de las partes de justicia.” 

• Los juristas, por virtud de su actividad, son quienes mejor –mas no exclusivamente– pueden opinar sobre el problema y efectos de la falta de certeza jurídica.
  
  

• De acuerdo con el profesional, el incumplimiento contractual de una de las partes afecta a la otra, sí, pero en el largo plazo, a la sociedad en general. 

El balance. Para que un país se desarrolle se requiere inversión; pública, sí, pero el crecimiento económico sostenible en el tiempo solo puede venir de los particulares y de las empresas. Del sector privado, pues. Para ello, es vital que pueda haber certeza en la aplicación de las normas –por parte del poder público– y en el cumplimiento de los contratos entre las partes. 

• Es necesario que exista conciencia en todos los agentes del ámbito mercantil –aunque no sean del mismo sector comercial o industrial– que lo que afecta a una empresa, cuando sufre un incumplimiento contractual, puede afectarles más adelante a ellos también, pues se trata solo de un síntoma de una enfermedad a la que se puede llamar: falta de certeza jurídica. 

Edgar Quiñónez
•El riesgo de cancelación de licencias ambientales
734 palabras | 4 mins de lectura

En Guatemala, desde 1986 es obligación para cualquier tipo de negocio pequeño, mediano o grande, disponer de un instrumento ambiental. El objetivo es dar cumplimiento a lo que establece el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medioambiente.  

En perspectiva. Precisamente de los instrumentos ambientales, que pueden ser predictivos, correctivos y complementarios, surgen los compromisos ambientales. Estos son aquellos que los proponentes adoptan y que le sirven al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) línea base y para dar seguimiento a los proyectos, obras, industrias o actividades.

• Los compromisos medioambientales consisten en aquellas políticas, prácticas y valores que sirven para promover la sostenibilidad ambiental. Una vez adquiridos es fundamental para evitar medidas como la suspensión o cancelación de la licencia que le da vía libre para operar a cualquier actividad.
  
  

• El asesor jurídico del Viceministerio de Ambiente, Roberto Carlos Ávila, indicó que existe una referencia macro, del porqué se pudiera llegar a esos extremos, pero, también aclaró que no hay interés por parte del MARN de aplicar esas sanciones. Pero el mandato de la cartera es la protección del medioambiente, los recursos naturales. 

Lo que sigue. La cancelación de la licencia ambiental se da luego de un procedimiento, pero, previo a esa decisión, se da la suspensión. Algo que el MARN observó en las últimas semanas, es el incumplimiento de compromisos ambientales.

• La ley en Guatemala faculta –y ordena– al Ministerio el cumplimiento de esas responsabilidades, con el ánimo de proteger el medio ambiente. Por ello, en el caso de denuncias de incumplimiento, la cartera realiza una inspección y se pone en marcha una auditoría ambiental.
  
  

• Luego, los técnicos verifican que dentro del instrumento ambiental y la licencia aprobada se cumpla con el listado de compromisos adquiridos. Finalmente, se elabora un informe técnico para después fijar un plazo para la corrección de faltas. Los plazos varían dependiendo el caso.  

Qué destacar. Ávila explicó que, los compromisos ambientales varían de acuerdo con el tiempo. Dijo que, algunos de ellos se adquieren desde el principio del proyecto, otros cuando comienza la construcción y algunos al cierre, dependiendo de la industria y la complejidad de sus actividades.

• Actualmente, destacan tres proyectos que están en la mira del MARN. El primero es la Lotificación Residencial Boreal, ubicada en zona 16. La licencia ambiental de este proyecto fue suspendida por el incumplimiento de uno de sus compromisos ambientales.
  
  

• Como fundamento, la cartera de Ambiente tomó de referencia las quejas de los vecinos que están en el área donde se construye el proyecto habitacional. El plazo para corregir la falta vence este 4 de octubre y, de no llegar a hacerlo, la lotificación corre el riesgo de que se le cancele su licencia ambiental.
  
  

• En este caso, el compromiso era “recibir la retroalimentación de las personas que pudieran estar siendo afectadas por el proyecto”; también, resolver y atender las inquietudes.  

En el radar. Otro caso similar es el de la planta generadora TERMICA S.A. que se encuentra en Aldea Buena Vista, Chimaltenango, proyecto que no cumplió con dos compromisos ambientales. El primero relacionado con el tratamiento de aguas residuales y otro con el control de emisiones.

• Para este caso también se tomó en cuenta una serie de denuncias que datan de 2016. Tal circunstancia detonó la decisión del ministerio, solicitando una Medida Precautoria de Urgencia que se presentó ante el Juzgado Municipal de Chimaltenango.
  
  

• El caso más dramático es el de la mina Cerro Blanco, que estaba por iniciar operaciones, paralizada debido a que la aprobación de su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental fue revocada. El MARN aduce que, en este caso, no hay suspensión, pues su licencia ambiental sigue vigente.
  
  

• “Lo que ellos habían pedido es una modificación de la licencia ambiental por un cambio de sistema de minado de subterráneo a cielo abierto. La administración anterior se los aprobó. En esta administración se revisa de nuevo el expediente y se observa que no tuvo que haber sido una ampliación del instrumento, sino un nuevo instrumento ambiental”, comentó Ávila.  

En conclusión. La importancia del cumplimiento de compromisos ambientales es clave para que cualquier tipo de negocio o industria pueda operar sin correr el riesgo de ser suspendido o bien que se le cancele la licencia ambiental.

• Sin embargo, la revocación –tiempo después de otorgada de una autorización gubernamental– y aceptada por el solicitante, es precisamente lo que se define como falta de certeza jurídica.  

La organización sindical, en términos ideales, debiera ser un medio de representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas para garantizar la defensa y protección de los derechos y obligaciones laborales.  

• De acuerdo con los datos del 2022, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuenta con 52 sindicatos inscritos; número que se incrementó significativamente a partir de la pandemia de covid-19.  

• Pese a la alta presencia sindical, este no ha tenido incidencia en cuestiones económicas, sociales o políticas. En cambio, han sido utilizados –los sindicatos– para obtener beneficios personales.  

• Casos como el de los salubristas evidencian cómo, únicamente aquellos grupos con intereses concentrados lo suficientemente grandes son capaces de capturar los recursos estatales, lo cual no solo genera una dinámica de discriminación hacia los trabajadores no sindicalizados, sino que también crea desigualdades dentro del mismo sector público.  

Qué destacar. En mayo de 2024, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) se manifestó en las calles de la Ciudad de Guatemala, argumentando que este gobierno no les estaba dando el mismo trato que los gobiernos anteriores, ya que funcionarios como el Procurador General de la Nación pretendían revisar los privilegios de los que gozaba la organización. 

• Gran parte de estos privilegios se personifican en el dirigente sindical, Luis Alpírez, quien a lo largo de los años se ha enriquecido a costa de los trabajadores de la Salud y los recursos del ministerio.  

• Por ejemplo, en 2019, Alpírez fue sometido a juicio por haber sido vinculado con el desvío de más de GTQ 14M del MSPAS, derivado de los compromisos adquiridos mediante el pacto colectivo y del Reglamento de Gastos y Viáticos. De acuerdo con la fiscalía de turno, estas gestiones eran ilegales, dado que únicamente el presidente tiene la potestad de redactar los documentos que contemplan erogación de gastos.  

• Así pues, estas acciones prueban cómo el SNTSG es visto como una máquina generadora de privilegios, en el que no se toma en cuenta la valorización del ser humano y la consecuente mejora de los servicios de salud en el país. 

Entre líneas. Otro sindicato vinculado al MSPAS –que ha sido muy vocal– es el Sindicato Nacional de Enfermería de Guatemala (SNEG) el cual, en agosto de 2024, bloqueó puertos y aduanas a fin de presionar a las autoridades por mejoras y estabilidad laboral, bonos el día de esa especialidad y un sistema sanitario más eficiente.  

• En esa ocasión, los bloqueos se concentraron en las aduanas de San Marcos y San Cristóbal, Jutiapa, al igual que en los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla.  

• Estas manifestaciones reflejan paradojas en la actividad sindical, dado que, al mismo tiempo que demandan mejoras en la inversión en la salud y mayores bonificaciones, bloquean las principales arterias de actividad económica del país.  

• Por ende, el abuso del derecho de huelga y organización sindical, únicamente se traduce en pérdidas millonarias para el Estado.  

Los datos. Además de las movilizaciones sociales en detrimento de la actividad económica del país, las condiciones draconianas del Pacto Colectivo entre el MSPAS y el SNTSG ahogan las arcas de la Salud.  

• De los GTQ 12MM asignados al MSPAS para el ejercicio fiscal 2024, más del 35 % son destinados para el cumplimiento de obligaciones sindicales.
  
  

• Con datos del 2023, la cartera cuenta con 24 058 empleados 011; 1831 en el régimen 021; 91 en el 022; y 3817 en el 031, quienes además de gozar de un salario base, también cuentan con 10 bonos mensuales, el Bono 14, el Aguinaldo y siete bonos anuales. Adicionalmente, el Pacto impone obligaciones para el pago de viáticos y bienes materiales como un celular y un carro para los Directivos del sindicato.
  
  

• El problema con estos “bonos” es que son, en su mayoría, expansivos, conforme a la antigüedad de los trabajadores, lo cual no genera ningún incentivo para la mejora en la calidad de la provisión de servicios. Por lo tanto, mientras que los sindicatos gozan de más de GTQ 4M anuales, la inversión en la salud se reduce. 

El balance. Debido a que el Ministerio de Salud es la institución pública con más sindicatos inscritos, también es una de las entidades más afectadas por las actitudes sindicales de tipo predatorio.  

• El SNTSG, por medio de su líder Luis Alpírez, ha encontrado en la protesta coactiva y la depredación estatal el modelo ideal para asegurar privilegios personales.
  
  

• Estas actitudes evidencian una asimetría entre la misión del sindicalismo, ideada para garantizar mejoras en las condiciones laborales de los salubristas, y el deseo de poder personal.
  
  

• Por lo tanto, más que proponer soluciones para mejorar las condiciones sanitarias del país, el sindicato únicamente genera para que sus dirigentes se enriquezcan a costa de la salud de los guatemaltecos.   

Ana González
•Semilla, aliados y opositores –juntos– eligen nueva CSJ
573 palabras | 2 mins de lectura

Aunque en política las lealtades son efímeras, las enemistades tampoco son eternas. Los diputados dejaron de lado sus diferencias y eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029, alcanzando más de 104 votos.  

Panorama general. Aunque la elección no estaba en agenda, una moción del presidente del Congreso, Nery Ramos, junto a otros diputados, permitió incluir la elección de los 13 magistrados para los próximos cinco años.  

• La nueva CSJ está integrada por Carlos Rodimiro Lucero Paz, Jenny Noemy Alvarado Teni, Igmaín Galicia Pimentel, Flor de María Gálvez Barrios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela y Flor de María García Villatoro.
  
  

• Clemen Vanessa Juárez Midence, Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, Estuardo Adolfo Cárdenas y Luis Mauricio Corado Campos.
  
  

• También fueron reelegidos los magistrados Claudia Paredes Castañeda, Gustavo Adolfo Morales Duarte y René Guillermo Girón Palacios.  

Visto y no visto. Vamos y Semilla, a pesar de ser críticos acérrimos entre sí, votaron, en algunos casos, de manera unida, como lo refleja la lista de votación.  

• Ambos bloques coincidieron para dar su apoyo a Flor de María Gálvez Barrios, hermana del ex rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez.
  
  

• Asimismo, también respaldaron a Flor de María García Villatoro, quien según un informe del Movimiento Projusticia (MPJ), es prima de Roberto López Villatoro.  

Qué resaltar. Aunque se rumoró en corrillos parlamentarios que Allan Rodríguez había perdido influencia y que no tenía un papel significativo en las negociaciones, el proceso de votación reflejó otra cosa.

• En varias ocasiones, celebró la votación por algunos aspirantes, como Igmaín García Pimentel, Clemen Vanessa Juárez y Gustavo Adolfo Morales Duarte.
  
  

• Minutos antes del proceso de elección se reunió en el hemiciclo con varios de sus compañeros de bancada para “hacer una oración”.
  
  

• Se tomaron fotos, lo que sugiere que aún cuenta con cierta cuota de poder dentro de su bloque.  

Voces. Algunas personas y organizaciones que fiscalizan el proceso de elección no quedaron muy satisfechas con los resultados. Un ejemplo es Carmen Aída Ibarra del MPJ, quien criticó en su cuenta X la elección de Luis Mauricio Corado, pues aseguró que ha participado por años en “el amaño de cortes”.  

• “Entre los del supuesto consenso para la CSJ, L.M.Corado, el peorcito. Ha participado en el amaño de las Cortes por años, ha avalado ilegalidades, pero ahí va…”, escribió.
  
  

• Corado sumó 123 votos, gracias al apoyo de diputados de las bancadas Vamos, Cabal, Bienestar Nacional, TODOS, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre otros.
  
  

• La lista de votación confirma que ninguno de los 23 diputados de Semilla lo apoyó.  

Entre líneas. La victoria que podría atribuirse a los diputados oficialistas es que el candidato Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional del Ministerio Público (MP), no sumó los votos suficientes para ser electo.

• El aspirante, a quien se le critica su cercanía con la jefa del MP, Consuelo Porras, sumó 65 votos.
  
  

• El apoyo provino de Vamos, TODOS, UNE, la facción de Cabal afín a Carlos López Maldonado, entre otros.
  
  

• Los oficialistas no ocultaron su satisfacción; entre gritos y aplausos, celebraron que no lograra una magistratura.  

En conclusión. Aunque es muy prematuro para definir el papel que tendrán los magistrados electos, queda por ver si se comprometerán a aplicar un verdadero sistema de justicia o si, por el contrario, responderán a los grupos que respaldaron su elección.  

• Por lo pronto, el presidente Bernardo Arévalo ya anticipó que “cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto”.