Separar el trigo de la cizaña

¡Buenos días!

Quienes buscan engañar —quienes tienen éxito en ello— lo hacen de tal manera que lo falso parezca verídico; en la era de las redes sociales y los perfiles falsos, son cada vez más abundantes los embustes.

Todos los días y constantemente, el público es bombardeado por “noticias” desde cuentas de redes sociales que pretenden hacerse pasar por medios de comunicación. No debiera ser necesario, pues podrían publicar lo que quisieran, pero la idea es engañar. Un claro ejemplo de ello es la red de “medios” (perfiles en Facebook, sobre todo) que utiliza el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, para difundir su propaganda, disfrazándola de noticias.

Pero Asturias no es el único, ni tampoco se limita a políticos, aunque sí es el tema más frecuentemente asolado por mercenarios digitales. Lo que es peor, ese fenómeno solo aumentará en cantidad y magnitud a partir de ahora, durante toda la campaña electoral del otro año y, probablemente, inmediatamente después de ella.

Por supuesto que esos “netcenter” no logran engañar a todos, pero sí logran confundir; meter cizaña, pues. Es responsabilidad de cada ciudadano —y de nosotros, los medios de comunicación debidamente establecidos— separar el trigo de la cizaña, como en la parábola bíblica.

Los ataques en nuestra contra se incrementarán; a los embusteros no les gusta ser descubiertos y mucho menos ridiculizados. No cejaremos en el empeño.

Rafael P. Palomo
Gobierno de Petro: extorsión, tráfico de influencias y corrupción
773 palabras | 5 minutos de lectura

La red de corrupción encabezada por las hermanas Guerrero evidencia nuevamente a un gobierno que llegó al poder para perfeccionar la corrupción estatal.

En perspectiva. Gustavo Petro construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de romper con la corrupción de la política tradicional. Cuatro años después, esa narrativa se ha confirmado como una farsa. Una investigación del medio colombiano Semana sostiene que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían operado una estructura dedicada a cobrar millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de gestionar reuniones, acelerar procesos y facilitar la adjudicación de contratos estatales. El reportaje lo evidencia mediante testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias.

• Las hermanas cobraban COP 1M (un millón de pesos colombianos) por reuniones iniciales, COP 200M por gestionar contratos y una comisión equivalente al 10 % del valor de los proyectos adjudicados.

• Los pagos habrían sido canalizados inicialmente a través de un tercero para evitar que el dinero ingresara directamente a las cuentas de las involucradas, según conversaciones de WhatsApp y comprobantes bancarios publicados por el medio.

• Pese a no ocupar cargos públicos durante buena parte del período investigado, ambas ejercían influencia sobre ministerios y otras entidades estatales. Juliana era considerada la mujer más poderosa del gobierno de Petro.

Cómo funciona. El esquema comenzaba con una reunión. Si el empresario decidía continuar, debía pagar cientos de millones de pesos por la intermediación y, posteriormente, entregar un porcentaje del contrato obtenido. Los chats revelan conversaciones sobre pagos, avances de proyectos, coordinación de reuniones y seguimiento a consignaciones bancarias, mientras que los audios muestran la naturalidad con la que se negociaban los términos de esas gestiones.

• Las pruebas publicadas incluyen conversaciones donde se discuten porcentajes, consignaciones específicas y el estado de distintos contratos públicos.

• Lo más llamativo es que el poder de las hermanas no provenía de un cargo formal, sino de su cercanía con Petro. La investigación retrata una estructura donde la influencia política adquiría un valor económico y el acceso al Estado podía convertirse en un negocio.

Entre líneas. El caso Guerrero difícilmente puede entenderse como un episodio aislado. Llega después de una sucesión de escándalos que han acompañado al gobierno de Gustavo Petro desde prácticamente el inicio de su mandato: Nicolás Petro, Armando Benedetti, Laura Sarabia, la UNGRD, los cuestionamientos al Ministerio de la Igualdad y múltiples denuncias sobre contratación pública. Cada uno posee dinámicas distintas, pero todos apuntan hacia un mismo problema: la aparición de redes informales de poder alrededor del Ejecutivo.

• El denominador común es el uso de la cercanía política como mecanismo para obtener influencia dentro del Estado. La reiteración de estos casos ha destruido la farsa de que el petrismo representaba una ruptura con la política tradicional.

• Más que anomalías independientes, los distintos escándalos demuestran un patrón de funcionamiento donde la influencia política y la contratación pública están estrechamente vinculadas.

• En conjunto, la investigación se convierte en otra pieza dentro de un rompecabezas mucho más amplio sobre el funcionamiento del poder durante los últimos cuatro años.

Por qué importa. Con la elección de Abelardo de la Espriella, Colombia inicia una transición política que va mucho más allá del simple cambio de gobierno. Si las investigaciones terminan confirmando la existencia de estructuras ilegales de influencia dentro del Estado, el principal desafío del nuevo presidente no será únicamente reemplazar ministros o modificar políticas públicas, sino recuperar instituciones cuya credibilidad bajo Petro ha desaparecido.

• Desmontar esas redes de corrupción exigirá reconstruir mecanismos de transparencia y control dentro de la administración pública.

• La desconfianza generada por estos escándalos, no obstante, podría dificultar la relación entre el Estado y el sector privado, afectando la capacidad del nuevo gobierno para ejecutar políticas y atraer inversión.

• La reconstrucción institucional será, probablemente, uno de los principales legados que deberá asumir la nueva administración desde su primer día de gobierno.

En conclusión. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar la responsabilidad penal de los involucrados y establecer la autenticidad y alcance de las pruebas reveladas. Sin embargo, el impacto político e institucional del caso ya es innegable. La administración de Petro deja un Estado golpeado por una sucesión constante de escándalos que han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.

• El gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentará la tarea de demostrar que es posible reconstruir un aparato estatal totalmente capturado por la corrupción del socialismo.

• Solo entonces Colombia podrá cerrar uno de los capítulos de corrupción más profundos de su historia reciente.

Luis González
Otra batalla política por las leyes pendientes  
575 palabras | 4 minutos de lectura

Mañana, los diputados asistirán a una sesión extraordinaria cuya agenda oficial establece únicamente la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.

• No obstante, la Ley del Sistema Portuario Nacional, las reformas al IUSI y la prórroga al impuesto de circulación continúan entre los temas que algunos bloques buscan impulsar antes del reinicio del período ordinario de sesiones.

Qué destacar. Hoy, la reunión de Jefes de Bloque será determinante para definir la ruta legislativa de la semana y medir si existe respaldo para convocar una nueva sesión extraordinaria, adicional a la programada para el 28 de julio.

• La interpelación al ministro Pinto se perfila, nuevamente, con pocas probabilidades de registrar avances, tal como ha ocurrido en jornadas anteriores marcadas por la falta de consensos.

• Mientras tanto, sectores económicos y sociales insisten en la necesidad de avanzar en la modernización de una infraestructura estratégica que el país demanda desde hace décadas.

• La recuperación del sistema portuario es una prioridad ante problemas de corrupción, burocracia, ineficiencia y la influencia de estructuras criminales.

En el radar. Este lunes, el Congreso recibirá la iniciativa anunciada por el Gobierno para subsidiar temporalmente los combustibles, con un aporte de GTQ 12 por galón de diésel y GTQ 3 por galón de gasolina regular.

• La propuesta llega en medio de presiones de los sectores de transporte de carga y pasajeros, así como de un creciente costo político para la administración de Bernardo Arévalo.

• Debido a la urgencia del tema, los diputados podrían conocerla y discutirla en los primeros días de agosto, ya dentro del segundo período ordinario de sesiones. De aprobarse, el apoyo estaría vigente hasta diciembre.

• El impacto fiscal sería considerable: los subsidios a los combustibles alcanzarían alrededor de GTQ 5400M en 2026, un gasto no previsto que supera el presupuesto asignado a 10 de los 14 ministerios del Estado.

Lo que sigue. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) buscará aprobar el 31 de julio un nuevo Reglamento de Elecciones que sustituya al vigente, una decisión con efectos que trascienden lo gremial debido a la influencia de esa organización en procesos vinculados al sistema de justicia.

• La propuesta pretende unificar la normativa electoral, fortalecer la autonomía del Tribunal Electoral y redefinir las reglas de futuras elecciones internas.

• La discusión ha despertado interés porque el CANG participa en la designación de representantes para instancias con incidencia en la integración de altas cortes, y porque surge poco después de que la Corte de Constitucionalidad mantuviera vigente el reglamento actual.

• Paralelamente, abogados han presentado impugnaciones contra la convocatoria de la asamblea, argumentando que no se respetó el plazo mínimo establecido por la ley para su realización.

Ecos regionales. La primera semana de agosto, la Asamblea Nacional de Nicaragua prevé aprobar reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega para restringir aún más la participación opositora en los procesos electorales.

• La iniciativa ha generado críticas internacionales por considerarse un nuevo paso en la concentración de poder y el cierre de espacios democráticos.

• En El Salvador, los partidos concluyen esta semana sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, con Nayib Bukele ya perfilado como candidato de Nuevas Ideas para buscar un nuevo mandato y consolidar la continuidad de su proyecto político.

• La Asamblea Nacional de Panamá iniciará el análisis de reformas sobre descentralización, reglamentos internos y Código Penal, mientras el gobierno de José Raúl Mulino impulsa su agenda de empleo, infraestructura y modernización logística.