¿Será el fin del “el que transa, avanza”?

¡Buenos días!

Respuesta corta: en Guatemala, todavía no.

Aun dejando la historia reciente detrás, las perspectivas apuntan a que, en cuestiones de política —con minúscula— los que transan, es decir, los que venden su voluntad, los que amañan o direccionan procesos de adquisiciones gubernamentales, los taimados, los “vivos”, avanzan y prosperan. Ni hablar de los que, encargados precisamente de impartir justicia, venden sus fallos a corruptos que ahora, como si nada hubiese pasado, recuperan sus bienes mal habidos.

Por el contrario, los correctos, los que no claudican en sus principios y valores, los que anteponen el bien común sobre el interés particular —muy distinto de creer que el derecho colectivo se antepone al derecho individual—, usualmente pierden o, cuando menos, quedan relegados.

¿Todo está perdido? Tampoco. Simplemente, quienes “transan”, con más. Por el momento. Es ahí donde está el reto: involucrarse en el que hacer público para ocupar los espacios y negarle la posibilidad a aquellos que buscan su beneficio, en lugar de servir a los ciudadanos.

En este Gobierno —sí, el de Bernardo Arévalo— hay buenas personas; con principios, que no se venden al mejor postor. Lamentablemente, son los menos.

Después ese trago amargo y con renovadas energías, les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

Laura Sarabia renunció a la Cancillería de Colombia, dejando a Gustavo Petro sin su principal escudera.

En perspectiva. La ruptura, oficializada el jueves 3 de julio, se produjo tras una nueva controversia por el contrato para imprimir pasaportes. Mientras Sarabia defendía prorrogar el convenio actual con Thomas Greg & Sons para evitar el colapso del sistema, Petro optó por cancelar todo y ceder el contrato a la imprenta estatal, que aún no tiene la capacidad técnica para asumirlo.  

• Sarabia fue desautorizada públicamente y, ante la humillación política, renunció.
  
  

• Con su salida, Petro pierde a su mano derecha y Colombia se queda, una vez más, sin canciller.
  
  

• Ya son cuatro ministros de Relaciones Exteriores en menos de tres años. El caos institucional se ha vuelto la norma.

Por qué importa. Laura Sarabia no era una ministra más. Fue jefa de gabinete, directora de Prosperidad Social y, desde enero, canciller. A sus 31 años, acumulaba más poder que cualquier otro funcionario civil en el gobierno. Era el centro de gravedad del gabinete y una de las pocas con experiencia administrativa real. Su salida pone en evidencia el desgaste interno de la administración Petro. Si ni su colaboradora más fiel pudo sostener el rumbo, pocos podrán.  

• El mensaje al país —y al exterior— es claro: las decisiones clave se están tomando por capricho ideológico, no por criterios técnicos.
  
  

• Petro no solo pierde a una operadora política eficaz, sino también a la última figura con cierto grado de moderación dentro de su equipo cercano.
  
  

• El Gobierno se vuelve aún más personalista y su relación con la empresa privada —ya tensa— se deteriora.

Entre líneas. Aunque la versión oficial apunta a un desacuerdo administrativo, la renuncia fue el desenlace de una pugna interna con Alfredo Saade, nuevo jefe de gabinete. Saade, sin experiencia en diplomacia ni gestión pública, asumió funciones de facto sobre el contrato de pasaportes. Dio órdenes, desinformó y forzó decisiones técnicas sin sustento. Sarabia denunció que se estaba “sosteniendo una mentira” al afirmar que la imprenta estatal podía asumir el reto de inmediato y no quiso ser cómplice. 

• Su renuncia fue también un acto de resistencia ante el avance de figuras improvisadas dentro del gobierno.
  
  

• Es cierto que Sarabia no estaba libre de sombras. Cargaba con una investigación por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de autoridad, entre otros.
  
  

• Pero su salida no responde a ese pasado, sino al presente desordenado del petrismo.

En el radar. Con el país enfrentando elecciones generales en 2026, Petro llega a la segunda mitad de su mandato políticamente debilitado. La agenda legislativa está entrampada, el gabinete se desmorona y la confianza ciudadana se desploma. El caso Sarabia refuerza la percepción de que el gobierno del “cambio” es en realidad un gobierno de caos.

• Esto confirma lo que ya era evidente: la política exterior está a la deriva, la institucionalidad está siendo erosionada desde adentro y la promesa de eficiencia quedó atrás hace mucho.
  
  

• La renuncia de Sarabia no es una anécdota más. Es el síntoma de una administración que ha perdido el rumbo y que cada vez se aleja más de la gobernabilidad seria y responsable que Colombia necesita.
  
  

• Lo único claro es que el gobierno de Gustavo Petro es un fracaso, que ha hecho retroceder décadas a Colombia, no solo en lo económico, sino en seguridad y gobernanza. 

Contar con un empleo formal ahora significa adquirir un derecho esencial que resguarda su salud, economía y futuro: la afiliación al Seguro Social. Gracias al Acuerdo 1529, ya no importa si trabaja en una gran empresa o en una microempresa. Si mantiene una relación laboral formal, tiene derecho a ser inscrito en el IGSS.

Por qué importa. La afiliación al IGSS garantiza múltiples beneficios que lo respaldan desde el primer día:

• Atención médica, subsidios por incapacidad y pensión en caso de vejez o fallecimiento.

• Su núcleo familiar también accede a servicios médicos y apoyo económico por medio del Seguro Social.

Lo indispensable. El proceso de inscripción al IGSS ahora es más accesible que nunca.

• El registro se realiza de forma digital, sin necesidad de acudir a oficinas ni hacer filas.

• Solo necesita conexión a internet para afiliarse desde su celular, computadora o cualquier otro dispositivo.

• La inscripción es gratuita, rápida y cumple con los requisitos establecidos por el Instituto.

Lo que sigue. Proteja su salud y estabilidad financiera aprovechando su derecho como trabajador formal afiliado.

• Asegure el bienestar de su familia y acceda a los beneficios disponibles sin trámites complicados.

• Ingrese aquí y afíliese ahora.

Los accidentes de tránsito siguen en aumento en Guatemala, sin una respuesta efectiva del Estado. En 2020 se reportaron 6434 hechos y cinco años después la cifra alcanzó los 8403.  

• La tendencia preocupa: entre enero y abril de 2024, el país registró un promedio mensual de 699 accidentes y 198 fallecidos, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
  
  

• Varios factores de riesgo influyen en la siniestralidad vial. Tres de ellos aún no reciben atención debida por parte del gobierno de Bernardo Arévalo.

Por qué importa. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida desde la concepción y garantizar la seguridad de las personas. Esa responsabilidad incluye actuar frente a los factores que provocan accidentes de tránsito, y tomar medidas efectivas para evitarlos.    

• En 2025, preocupa el aumento de fallecidos y heridos en los accidentes. La tasa de fallecidos por cada 100 000 habitantes en 2014 fue de 13.2, un incremento de 0.3 con respecto a 2023. En febrero, más de 54 personas murieron cuando un bus cayó a un barranco.
  
  

• Además, los heridos enfrentan tratamientos complejos y costosos. Ante el deterioro de los hospitales públicos y la falta de cobertura del seguro social, recurren a servicios privados.
  
  

• Las causas que influyen en los accidentes son exceso de velocidad, manejar bajo efectos del alcohol o drogas, distracciones; también, el mal estado de las vías y la falta de mantenimiento, y señalización deficiente.

Sí, pero. Los Ministerios de Gobernación y de Salud, junto con el IGSS, lanzan campañas de sensibilización y prevención. Los mensajes se enfocan en no conducir con exceso de velocidad, bajo efectos de alcohol o usar el celular.   

• El mal estado de las carreteras es un factor determinante; permanecen deterioradas y con poco mantenimiento. A casi dos años de gestión, el gobierno de Bernardo Arévalo intentó, sin éxito, mejorar la situación; los resultados son exiguos.
  
  

• La baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la inestabilidad de las autoridades —tres ministros en 18 meses—, y un seguro obligatorio no vigente reflejan el insuficiente esfuerzo del Gobierno.
  
  

• La Dirección General de Caminos, hasta junio, tenía una ejecución del 41.38 %, COVIAL el 25.10 % y el Fondo Social de Solidaridad apenas un 10.78 %. Cifras preocupantes por el deterioro de la red vial.

Balance. Estudios revelan que una vía sin mantenimiento puede llevar a la pérdida de tracción de los vehículos y los baches o fisuras incrementan la posibilidad de salida de pista o colisión.    

• El CIV aseguró que mantienen reuniones constantes con las empresas responsables del mantenimiento en las carreteras. También anunciaron la ejecución de siete obras que incluyen trabajos en caminos de terracería y asfaltados, con bacheo y limpieza.
  
  

• Es indispensable reforzar mecanismos de control de transporte colectivo y de carga —límites de velocidad y condiciones técnicas— por registrar las tasas más altas de los accidentes.
  
  

• Los factores que influyen en los hechos de tránsito son varios. Sin embargo, el sistema vial en buen estado evita exponer a las personas a fuerzas superiores a la tolerancia humana.  Urgen mejoras sustanciales en las carreteras. 

El Gobierno propuso un presupuesto de GTQ 161 780M para 2026, equivalente al 16 % del PIB, lo que representa un aumento de GTQ 13 255M respecto al aprobado en 2025, sin contar la ampliación de GTQ 3000M para el Ministerio de Comunicaciones, que aún mantiene baja ejecución.

Qué destacar. Mientras tanto, alcaldes, diputados y Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), ya hacen cálculos con base en las asignaciones previstas.  

• En 2025, los CODEDES recibieron GTQ 12 000M, pero hasta junio solo habían ejecutado el 17 %. Esto abre la puerta a nuevas negociaciones legislativas para evitar que los fondos no ejecutados regresen al fondo común.
  
  

• En su lugar, podrían destinarse a una nueva ampliación para estas entidades con alta influencia de congresistas y alcaldes. La discusión ya ocupa a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en medio de críticas por las prácticas del año anterior.
  
  

• Todo apunta a que el presupuesto 2026 será, nuevamente, objeto de intensas negociaciones políticas, las cuales ya ocupan por estos días a los gobernantes y aliados en el Congreso.

Lo que sigue. Para el martes 8 de julio está prevista la primera declaración de Melvin Quijivix, expresidente del INDE, capturado el jueves 3.  

• El exfuncionario es señalado de actos de corrupción, y por ocupar una plaza fantasma en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
  
  

• Se trata del primer exfuncionario cercano al expresidente Alejandro Giammattei que es detenido y que podría enfrentar un proceso judicial. El caso, conocido como “Red Quijivix”, está a cargo del Juzgado Quinto Penal y también involucra a Keila Gramajo, exsecretaria de SEGEPLAN.
  
  

• A Quijivix se le atribuye un presunto saqueo de fondos públicos por cerca de GTQ 1000M. Su captura marca un giro en las investigaciones que podrían escalar hacia figuras de mayor peso político. La audiencia genera expectativa por las posibles revelaciones que podrían surgir sobre la red de corrupción.

En el radar. Esta semana se retomará el juicio contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, tras la suspensión de la audiencia del 25 de junio.  

• El debate fue reprogramado para el miércoles 9 de julio, y se espera que en esa sesión se presenten las conclusiones del caso Alfa Siete. 
  
  

• Campo, junto a dos ex auxiliares fiscales, enfrenta cargos por la detención ilegal de una persona de la tercera edad.
  
  

• El proceso ha sido aplazado en varias ocasiones, lo que genera expectativa sobre su desenlace.

Ecos regionales. La posibilidad de que el presidente Rodrigo Chaves sea juzgado, mientras está en funciones, ha sacudido a Costa Rica y concentra la atención pública.  

• La Corte Suprema solicitó a la Asamblea Legislativa levantar su inmunidad por el presunto delito de concusión, en un caso sin precedentes en la historia democrática de ese país. Con elecciones a la vista en 2026, el debate político se intensifica y la ciudadanía sigue de cerca cada movimiento en el Congreso.
  
  

• La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hizo un llamado al Ejecutivo, al Legislativo y a gobiernos locales, a combatir el clientelismo, al iniciar el segundo año del gobierno de Raúl Mulino. “El país necesita diputados que legislen con responsabilidad y por el bien común, no con intereses mezquinos”, indicaron.