Si me gusta, sí

¡Buenos días!

En los últimos días —años— se ha visto cómo los izquierdosos muestran sus verdaderos colores; no solo es Guatemala, sino en todo el mundo.

Llaman lawfare a las acciones judiciales que buscan hacer justicia; eso así, las que ellos plantean —contra sus opositores políticos— son válidas. Las que buscan justicia, pero que les afectan, no.

Y es que la corrupción no conoce ideología. Hay de todos colores y sabores, pero lo que les afecta lo acusan de ataque. Mamolas.

Si el mantra de la izquierda es correcto: que la corrupción no tiene ideología, es correcto, pues los suyos son igual de afectos que los ajenos. Sin embargo, cuando se ven dibujados como lo que son —corruptos—, se rasgan las vestiduras.

Siempre hay acusaciones políticas, claro que sí, pero no se vale desestimar las que afectan al campo propio y fortalecer —injustificadamente— a las que no. La incongruencia es terreno fértil para la politiquería. Lastimosamente, la izquierda —aunque sin el monopolio—, lleva la ventaja.

El llamado es a la cordura ciudadana; lean, infórmense, crean criterio. No se dejen influenciar por “likes” o difusión. Lo que es, es. Nada más.

¿No me cree? Busque. Hasta las herramientas de IA me darán la razón.

Reynaldo Rodríguez
Cepeda, sabiéndose derrotado, ataca judicialmente
586 palabras | 4 minutos de lectura

La carrera por la Casa de Nariño se ha trasladado de las plazas públicas a los tribunales, transformando la campaña presidencial en una intensa batalla de desgaste legal. Con la segunda vuelta este viernes, la polarización política en Colombia ya no solo se mide en intención de voto, sino en la capacidad del candidato oficialista para instrumentalizar el aparato judicial; el tablero electoral prevé una victoria cerrada para Espriella.

En perspectiva. El panorama demoscópico y los últimos movimientos de alianzas consolidan la ventaja de la oposición en la víspera del balotaje.

• Las principales encuestadoras —como Atlas Intel y Guarumo— otorgan a Abelardo de la Espriella una ventaja de entre un 7 % y 8 %, situándolo por encima del 52 % de la intención de voto.

• La cohesión de la derecha se materializó tras el respaldo explícito de figuras clave como Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe, permitiendo a De la Espriella absorber cerca del 76 % de ese caudal electoral de la primera vuelta.

• Por su parte, Iván Cepeda retiene un voto duro que ronda el 45 % del electorado, pero su estrategia no ha logrado movilizar significativamente a los sectores moderados ni al electorado de centro, que ve con recelo la continuidad del proyecto oficialista.

Lo indispensable. La contienda electoral ha migrado hacia los tribunales, evidenciando una reconfiguración crítica en los mecanismos de competencia por el poder en Colombia.

• El uso del aparato judicial se ha convertido en una arena de disputa electoral, diseñado para provocar el desgaste mediático y narrativo del contrincante, priorizando la erosión de su legitimidad pública por encima de la resolución estrictamente penal.

• La estrategia del Pacto Histórico de Iván Cepeda se ha materializado en múltiples recursos legales de alto impacto contra De la Espriella, incluyendo estrafalarias denuncias por fraude procesal, corrupción y financiación del terrorismo, vinculándolo a las Autodefensas Unidas de Colombia.

• En un eje paralelo, Abelardo de la Espriella contrarresta la presión interna utilizando sus redes de influencia corporativa y política en los Estados Unidos, desplegando una estrategia de presión internacional que busca activar repercusiones a través de los funcionarios estadounidenses.

Entre líneas. El examen de los procesos subyacentes revela que la ofensiva jurídica responde a un cálculo orientado a modificar la percepción del electorado independiente para acarrear sus votos.

• Cepeda busca elevar la exposición mediática de los litigios contra De la Espriella para fisurar su narrativa de mano dura, forzándolo a un desgaste defensivo que debilite su atractivo ante los votantes de centro.

• Bajo esta lógica, la judicialización opera principalmente como un dispositivo de desgaste narrativo, cuyo objetivo real no es el fallo penal inmediato, sino desplazar el margen mínimo de indecisos necesario para revertir los sondeos y reducir el pequeño margen entre los dos candidatos.

• Asimismo, De la Espriella utiliza sus palancas y conexiones institucionales en Estados Unidos para afianzar apoyos externos, elevando significativamente los costos políticos de una eventual impugnación sistémica posterior a su esperada victoria a través de cancelación de visas y casos judiciales, siguiendo el caso mexicano.

En conclusión. La mutación de la campaña presidencial colombiana en un litigio de alta intensidad redefine los límites de la competencia política y somete a la arquitectura institucional a una presión sistémica. El traslado del conflicto a los tribunales agrega una nueva capa de polarización, especialmente a través de sus dos estratos: nacional e internacional. En este entorno de suma cero, el uso estratégico del derecho corre el riesgo de transformar la estabilidad democrática en un activo transable bajo la lógica del desgaste legal continuo. 

Glenda Sánchez
Violencia y política: una amenaza para las elecciones 2027
631 palabras | 4 minutos de lectura

Guatemala está en las vísperas del inicio del proceso electoral de 2027. Desde ahora, la inseguridad es evidente para funcionarios públicos y posibles candidatos. Entre 2025 y este año, nueve son las víctimas registradas. Los más afectados fueron los alcaldes e integrantes de corporaciones municipales. El escenario recuerda lo que ocurre en México, donde el crimen organizado golpea la vida política. Ecuador y Colombia también enfrentaron esa amenaza.

• En Ecuador, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Colombia, la víctima fue Miguel Uribe Turbay.

Por qué importa. Los hechos de violencia, más allá de la eliminación física, afectan a los posibles candidatos —y el proceso mismo— condicionando los resultados de la elección. Incluso, se reduce la participación ciudadana. Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le representa el reto de brindar certeza a todo el proceso.

• Las condiciones de inseguridad influyen de forma directa en la confianza de los candidatos y partidos, así como en su compromiso con las reglas de la competencia electoral.

• Informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Guatemala revelaron que en los primeros siete meses de 2023 se reportaron al menos cien incidentes de violencia electoral. La mayoría a nivel municipal.

• La tasa de homicidios se ubicó en 16.3 por cada 100 000 habitantes durante el primer cuatrimestre de 2026. El indicador se mantiene por debajo del 17.3 registrado en los últimos nueve meses de 2025.

Entre líneas. Los ataques contra alcaldes, exalcaldes, concejales y excandidatos registrados entre 2025 y 2026 no ocurrieron de forma aislada. Varios se concentraron en departamentos con altos niveles de violencia homicida o lugares con facilidades de operación de estructuras criminales.

• En diciembre pasado, Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue asesinado. El departamento se mantiene entre los más violentos del país.

• Resalta que la viuda de Marroquín, para las elecciones de 2027, buscará la alcaldía. Lo hará con el partido Visión con Valores (VIVA). Escuintla fue el primer departamento que ejecutó el plan de seguridad Centinela.

• Los ataques registrados en Chiquimula, Izabal y Petén ocurrieron en territorios que conectan con fronteras y que, según diversos análisis de seguridad, presentan condiciones favorables para el tráfico de mercancías ilegales, el contrabando y otras actividades criminales.

Ahora qué. La carrera hacia 2027 ya comenzó; el desafío para el TSE no se limita a organizar la jornada electoral. También debe construir las condiciones para que la competencia política se desarrolle sin presiones, amenazas ni interferencias externas.

• Los focos de riesgo están identificados. La experiencia de procesos anteriores muestra que las tensiones suelen concentrarse en la disputa por el poder local.

• Allí convergen intereses políticos, económicos y, en algunos casos, estructuras criminales que buscan influencia sobre las autoridades municipales. Son 12 los departamentos vulnerables. Resaltan Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, según datos del Ministerio de la Defensa.

• La instalación de la mesa interinstitucional será un paso clave. La coordinación entre el TSE, Gobernación, el Ministerio Público y Defensa permitirá anticipar escenarios y definir respuestas antes de que surjan las crisis.

En conclusión. La violencia contra autoridades locales y posibles candidatos ya forma parte del escenario previo a las elecciones de 2027. Los ataques registrados en los últimos dos años revelan que la disputa política no ocurre por casualidad. En varios territorios coincide con altos niveles de violencia criminal, economías ilícitas y estructuras que buscan influencia sobre el poder municipal. 

• La experiencia regional muestra que este fenómeno puede alterar la competencia democrática. México, Ecuador y Colombia evidencian que la inseguridad no solo amenaza a las personas.

• También condiciona candidaturas, modifica decisiones políticas y afecta la participación ciudadana. Guatemala aún está a tiempo de contener esos riesgos.

• Sin embargo, la respuesta requiere coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios más vulnerables. El desafío para el Estado no consiste únicamente en proteger a candidatos y autoridades.