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Sindicatos gubernamentales, la corrupción profunda
República Política
October 10, 2024
¡Buenos días!
Por donde se mire, en casi toda la administración pública, los sindicatos –la enorme mayoría de ellos– son un lastre para el buen funcionamiento de las instituciones. Los políticos corruptos se aprovechan temporalmente de su posición, pero los líderes sindicales –muchos de ellos– llevan décadas en sus “secretarías”. Desde allí, se han asegurado privilegios y prebendas para sí y los suyos. Corrupción de la peor calaña.
Han pasado ya varias administraciones y no han podido con ellos; tal vez no han querido, tampoco. El gobierno de Bernardo Arévalo tiene la oportunidad de hacerlo, finalmente. No podrán alegar ahora los sindicatos que es un ataque “desde la derecha”, pues la limpieza, la purga, vendría desde el progresismo. La cosa es que el Gobierno quiera hacerlo. Veremos.
En este boletín:
•Editorial: Problemas en dos frentes para el Gobierno
•Sindicatos portuarios sabotean el crecimiento económico del país
•Jueza Verónica Galicia: “La reinserción es posible, se debe confiar en el sistema de justicia”
Problemas en dos frentes para el Gobierno
El Gobierno –el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda– se enfrenta a otra ruta principal bloqueada: la ruta al Atlántico. Al igual que sucedió con la autopista Palín-Escuintla, la respuesta de las autoridades fue deficiente; tanto en el primer caso, como en el segundo, la solución solo ha sido posible gracias al apoyo del sector privado.
Meses después de ocurrido el socavón del kilómetro 44, las autoridades no han dado una explicación clara de quién atendió esa emergencia, a que costo y cómo ha sido sufragado. Lo que sí se sabe es que, luego de la ampliación presupuestaria y mediante un procedimiento distinto a una licitación, se escogió a dedo a 3 empresas para reparar distintos puntos de esa ruta. El monto: GTQ 100M, el mismo por el cual una empresa había ofertado durante el breve estado de calamidad que decreto el Ejecutivo en julio pasado.
Ahora el problema lo enfrentan en otro frente. Esta semana, se registró un derrumbe en el kilómetro 61 de la CA-9 Norte –ruta al Atlántico– donde se ubican los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. El derrumbe –ampliamente difundido en redes sociales– paralizó el tránsito por esa vía. Como ya había ocurrido en la autopista Palín-Escuintla, el ministro pidió apoyo a empresas privadas y, gracias ellas, se ha ido liberando el paso.
En esa área, puntualmente en las vecindades del kilómetro 61, hay un enorme riesgo ecológico por las operaciones de empresas extractoras de materiales que lo han hecho de manera ilegal, por supuesto, sin planificación y cuidado algunos, con lo que los taludes –también mal diseñados– están en constante riesgo, tal como quedó evidenciado esta semana. Es necesario que las autoridades de los Ministerios de Energía y Minas, y de Ambiente y Recursos Naturales cierren las operaciones ilegales de los alrededores.
Es urgente invertir en infraestructura resiliente, para que no siga ocurriendo lo del kilómetro 61 de la CA-9 Norte, ni lo del 44 de la Palín-Escuintla. Mantenimiento, equipo para manejar las emergencias, planes para no reaccionar sino prever.
La actual administración debe mejorar ostensiblemente su capacidad de ejecución. No es admisible la excusa que los procesos tardan mucho; nunca harán nada si no empiezan lanzando los eventos de licitación para mantenimiento y construcción de infraestructura. 4 años de gobierno pasan muy rápido.
UNA INVITACIÓN DE REPÚBLICA
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Marimaite Rayo
•Sindicatos portuarios sabotean el crecimiento económico del país
701 palabras | 4 mins de lectura
Los puertos en Guatemala, más que vías de entrada para el comercio internacional, se han convertido en puntos de congestionamiento logístico que inciden negativamente sobre el crecimiento económico del país.
A pesar de que este congestionamiento es producto de una multiplicidad de factores, como la falta de infraestructura estratégica, gran parte de ello –también– se le atribuye a la actividad sindical en los diferentes puertos del país.
Los sindicatos que han mostrado tener una mayor capacidad de presión son el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (SITRUEMPORNAC) y el Sindicato de Trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ), dado a que cuentan con un Pacto Colectivo.
Es más, la actividad de estos sindicatos es tal que, en 2014, junto con otros grupos pertenecientes al sector de transporte nacional, conformaron la Federación del Transporte Nacional Sindical (FETRANSGUA). Sin embargo, más que favorecer el bienestar de los trabajadores, únicamente han inhibido el crecimiento económico del país –derivado del comercio internacional– debido a los privilegios que no están vinculados al desempeño laboral.
En perspectiva. En los últimos años –particularmente a partir de 2013– el STEPQ ha ganado protagonismo, ya que ha verbalizado y protestado en contra del modelo de gestión que se ha aplicado en Puerto Quetzal.
Con el objetivo de agilizar los procesos en la portuaria, en 2012, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, firmó un contrato que cedía en usufructo más de 348 mil metros cuadrados a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para la construcción de una terminal y el manejo de su carga. Debido a que el sindicato consideraba que este contrato era lesivo para los trabajadores, la agrupación bloqueó el ingreso a las instalaciones en forma de protesta.
Estos bloqueos continuaron con el presidente Alejandro Maldonado; los trabajadores pretendían que el mandatario declarara la nulidad del contrato.
La presión del sindicato fue tal que, mediante una orden judicial, consiguieron la suspensión del contrato, por no contar con una licencia municipal. La victoria del sindicato demostró la estrategia sindical y su poder de presión ante las autoridades.
Qué destacar. Este tipo de acciones por parte del sindicato portuario refleja lo pernicioso de su actividad en contra del comercio internacional y el crecimiento económico.
Ha habido esfuerzos por estandarizar el funcionamiento en los purtos; un punto importante es que no se otorguen privilegios a líderes sindicales.
La iniciativa 5545 para la Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional, pretendía responder a estas demandas mediante la creación de una autoridad unificada para los puertos guatemaltecos. No obstante, bajo la consigna de la “oposición a la privatización” –que supuestamente violaba la autonomía de las entidades– los sindicalistas, liderados por Javier Reyes Navarrete, consiguieron coaccionar a los legisladores y aplazar su aprobación.
Lo indispensable. Ahora bien, el alcance del poder de sabotaje del STEPQ se evidencia en las condiciones absurdas que establece el Pacto Colectivo.
Los beneficios de los que gozan los empleados portuarios incluyen bonos vacacionales, bonos por antigüedad, ayudas médicas en servicios complementarios como la oftalmología, subsidios familiares, incentivos para la recreación, entre otros, los cuales solo se traducen en altos costos para el Estado y, por ende, una mala distribución en los recursos.
Asimismo, las condiciones para ocupar puestos vacantes, las cuales privilegian a los trabajadores sindicalizados frente a los de nuevo ingreso; generan una dinámica de exclusión en la institución. Como consecuencia, se limita la capacidad de innovación.
Consecuentemente, el pacto colectivo, en vez asegurar garantías laborales, únicamente genera incentivos perversos que propician el mal aprovechamiento de los recursos y profundiza la crisis portuaria del país.
En conclusión. Más que la puerta de entrada para el comercio internacional en Guatemala, los puertos son polos de desarrollo, por lo que su mantenimiento y eficiencia son cruciales para el crecimiento económico del país.
Los sindicatos, al oponerse a toda iniciativa de mejora en las terminales portuarias, son responsables –en buena medida– de la crisis en la que se encuentran los puertos del país. Ello, sin contar los actos de corrupción que se han denunciado por décadas en los que estarían involucrados.
Cada nuevo bloqueo y movilización de trabajadores únicamente agudiza las deficiencias operativas de los puertos, las cuales se traducen en costos que deben soportar los usuarios.
Glenda Sánchez
•Jueza Verónica Galicia: “La reinserción es posible, se debe confiar en el sistema de justicia”
Verónica Galicia, jueza de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, explicó que la reinserción es posible con apoyo de las instituciones responsables, familiares y amigos.
Aclaró que la mayoría que logran dar ese salto no tienen vinculados con las pandillas. Mientras que los adolescentes involucrados con las maras, el proceso es más complejo, muchos son víctimas de amenazas y ataques.
Persiste la desconfianza de la reinserción de los jóvenes. ¿Es posible en Guatemala?
Sí, es posible. El hecho de la detención, que se sientan presos y enfrentar que se les quitó la libertad son razones que los hacen recapacitar. Algunos, al momento de ingresar al centro, recapacitan y deciden desvincularse de las pandillas, ingresan como paisas — no pertenecen a ninguna mara o pandilla—.
Hay jóvenes que no deciden desconectarse, así ingresan a los centros. Pero se dan cuenta de que la privación no es bonita, y que a pesar de que están con sus homies — compañero de pandilla— no es suficiente. En muchos de los casos se sienten abandonados y empiezan a valorar la compañía de sus familiares.
¿Cuántos adolescentes logran dar ese salto a la reinserción?
Todo es un proceso. Cada joven tiene un programa específico. Yo diría que de los adolescentes relacionados con los pandilleros del Barrio 18, se logra reinsertar a la sociedad en un 50 %. Con la Mara Salvatrucha, es más complicado porque ellos son más unidos. El dato podría alcanzar el 35 %.
No quiero ser tan fatalista, porque muchos de los jóvenes siguen en estos grupos por temor y por seguridad de sus propias familias. Un ejemplo reciente, un adolescente, decidió salir y al momento que se notificó a los líderes de la Salvatrucha se ordenó el ataque contra la madre. Por eso muchos siguen; hay casos que, luego que cumplen la sanción, se alejan de la mara y buscan un trabajo.
Con los paisas, es diferente. Con ellos es poco el número de reincidencias, me atrevería a decir que un 90 % de los jóvenes logra reinsertarse. Algunos, incluso cumpliendo su sanción, ingresan a programas con supervisión. Tenemos el caso de Casa Intermedia, que solamente ha tenido dos reincidencias.
¿Qué porcentaje de los jóvenes que ingresan a los centros están vinculados con las pandillas?
La mayoría de los que ingresan a los centros es por una relación directa con la pandilla. Podría confirmar que el 90 % se originaron porque eran miembros de las maras. No obstante, varios lograron desconectarse del grupo. De los casos que yo tengo, muchos de los jóvenes ingresan por delitos relacionados con el asesinato, porque estos no se pudieron desjudicializar. Siguen las extorsiones, posesión de armas de fuego, las violaciones y la violencia contra las mujeres.
¿Cómo se determinan los programas para atender a los adolescentes en conflicto?
Cuando se dicta la sentencia, el juez sentenciador manda que se elabore un plan individual y un proyecto educativo, que se ajuste a la necesidad del adolescente. Se tiene que verificar qué grado o nivel educativo se encuentra. Se ordena que se inscriba en el ciclo escolar, terapias psicológicas y orientaciones sociales.
Se programan audiencias, yo programo cada tres meses. En esas reuniones me acompaña el equipo técnico para dar seguimiento a los procesos. Allí se determina si se modifica el plan individual, porque en ocasiones la terapia que se había ordenado no funcionó.
Aquí la empatía es muy importante. En estos procesos tenemos apoyo de organizaciones. Por ejemplo, el Centro de Atención Integral para el Fortalecimiento de las Familias Guatemaltecas (CAIFGUA), ellos dan terapia una vez a la semana, mientras que los equipos técnicos de la secretaría dan una vez al mes. Pero no es porque no quieran, es porque no hay suficientes equipos (...).
¿Cuál sería el reto para Guatemala en la reinserción de jóvenes?
Yo creo que sus entrevistas ayudan para divulgar lo que se hace. Tengo muchos casos de reinserción exitosa, los adolescentes me escriben o me llaman. Hay un programa donde vamos a los centros educativos y a veces dan las charlas, algunos comparten sus experiencias.
La reinserción es posible, la sociedad tiene que confiar en el sistema de justicia y en el trabajo que hacemos. Se deben generar oportunidades para incorporar a los jóvenes en el sector laboral. Ahora hay varios chicos en Gaviotas que salen a trabajar por sus propios medios.