¡Buenos días!
El inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, tristemente, ha sido marcado por la muerte de cientos de colombianos a causa del terremoto que ayer sacudió buena parte del territorio, pero que pegó particularmente en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Pereira, Cali y Manizales sufrieron la mayor cantidad de daños materiales y pérdida de vidas.
El recién asumido presidente se puso, como corresponde, de inmediato al mando de los esfuerzos de rescate y ayuda; es impensable que hubiese estado en su lugar el expresidente Gustavo Petro, que entre borracheras y soliloquios ininteligibles hubiese perdido valioso tiempo.
Con tanto por hacer en recuperar el país luego de cuatro años más bien dilapidados, ahora se deberá esperar, pues la prioridad son los damnificados. Ya habrá tiempo para lo demás, aunque ayer mismo se difundió la noticia de que toda la fuerza del Estado va contra los narcoterroristas y demás grupos criminales, algo que dejó de hacer Petro.
A De la Espriella le toca levantar a Colombia de los escombros, en más de un sentido. Queda perfecta en estas circunstancias la frase icónica de campaña: ¡Firme por la patria!
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Gérman Gómez
La red política detrás de la Superintendencia de Competencia
591 palabras | 3 minutos de lectura
La Superintendencia de Competencia (SiCom) nació con la misión de proteger los mercados y evitar prácticas que perjudiquen a consumidores y empresas. Sin embargo, hasta ahora, ha estado plagada de contrataciones cuestionadas, disputas políticas y decisiones administrativas controvertidas.
Los vínculos políticos, particularmente con partidos de izquierda, que rodean a varios de sus integrantes también abren dudas sobre la independencia con que opera la nueva institución.
Por qué importa. La SiCom, según su mandato, debe actuar con independencia, objetividad e imparcialidad. La Ley de Competencia (Decreto 32-2024) le asigna la tarea de proteger la libre competencia, mientras su estructura apenas comienza a consolidarse.
La institución recibió GTQ 20M inicialmente para su funcionamiento. El gasto exige controles estrictos, pues se trata de recursos destinados a construir una autoridad técnica.
Entre las figuras polémicas de la Superintendencia está el director titular, Edgar Rolando Guzmán Fuentes. Según registros, fue financista de Semilla y secretario general del comité para la constitución del partido político Nueva Ciudadanía (NC), además de militar en el extinto partido Movimiento Nueva República.
La contratación de personal resulta especialmente sensible porque el superintendente tiene la facultad de crear dependencias y unidades administrativas. Se debería contratar por capacidad y no por afinidad, como lo hizo el exsuperintendente Jorge Miguel Castillo Castro.
Entre líneas. Los documentos revisados por República muestran una concentración de nombres alrededor de los primeros cargos administrativos. El caso de Evelyn Carolina Morales Ruiz es uno de los que genera más preguntas por sus antecedentes y por la forma en que llegó a la nueva entidad.
Morales Ruiz fue directora de Control y Registro de Bienes en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED). Además, excandidata a diputada por Prosperidad Ciudadana.
La Contraloría le impuso una sanción de GTQ 25 000 por hallazgos relacionados con falta de controles administrativos y malos procedimientos. En septiembre de 2024, fue detenida por una investigación relacionada con la desaparición de 27 motores marinos valorados en GTQ 396 955.
El expediente terminó con sobreseimiento. A inicios de 2026, Morales Ruiz llegó a la Superintendencia como directora de Planificación. Su contratación generó cuestionamientos, precisamente, por sus antecedentes.
Punto de fricción. La salida de Jorge Miguel Castillo Castro como superintendente no resolvió las tensiones de la entidad. Su renuncia, presentada en marzo, fue aceptada hasta el 27 de julio. Después, el Directorio dejó provisionalmente la representación legal en manos de Tomás Xoyón Acán.
Castillo Castro fue el primer superintendente y asumió en octubre de 2025 para un período de seis años. Su renuncia llegó apenas cinco meses después de tomar posesión.
Xoyón Acán fue financista del partido Libre en 2019. En 2023 participó como candidato a concejal para la ciudad de Guatemala por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Por su parte, Guzmán Fuentes usa el voto disidente para alimentar la idea de ingobernabilidad interna; se ha apoyado en figuras cercanas —Castillo Castro, Morales Ruiz y Tomás Xoyón— para asegurar espacios clave de poder administrativo.
En conclusión. La SiCom enfrenta su primera prueba de credibilidad antes de consolidarse como autoridad técnica. Los cuestionamientos sobre sus contrataciones, los vínculos políticos —claramente alineados a la izquierda— de algunos funcionarios y las disputas dentro del Directorio ponen en tela de duda su independencia.
Si la institución permite que las afinidades políticas definan sus espacios de poder, corre el riesgo de convertirse en aquello que su mandato busca evitar: un regulador capturado por intereses particulares.
El reto no consiste solo en cambiar nombres, sino en demostrar que los cargos responden a capacidad, mérito y transparencia.
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Ana González
Congreso juramentará a comisión de postulación para contralor
Los diputados incluyeron en la agenda de este martes la juramentación de la comisión de postulación que tendrá a su cargo elaborar la nómina de seis candidatos a contralor general de cuentas, de la cual el Congreso deberá elegir al próximo titular de la institución. Con este proceso concluye la última de las elecciones para renovar autoridades de distintas entidades del Estado.
La juramentación forma parte de una extensa agenda legislativa que contempla el conocimiento y eventual avance de varias iniciativas de ley. Entre ellas figura la propuesta contra la usura, que busca regular prácticas consideradas abusivas en préstamos otorgados fuera del sistema bancario.
La iniciativa establece límites para intereses, comisiones y costas procesales, además de prohibir cláusulas abusivas. También plantea medidas para proteger a los deudores, como el acceso a información clara, mecanismos de conciliación previa y la prohibición de prácticas de acoso para exigir el pago de una deuda.
La Comisión de Economía emitió dictamen favorable con modificaciones; sin embargo, un voto concurrente advirtió sobre algunos vacíos técnicos relacionados con las definiciones incluidas en la propuesta, los límites aplicables a las comisiones y el carácter obligatorio de los procesos de conciliación.
Otro de los temas incluidos en la agenda es una reforma a la Ley de Alimentación Escolar, con la que se pretende ampliar la cobertura del programa y aumentar los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.
La propuesta establece que los menús escolares deberán incluir alimentos saludables y con pertinencia cultural, además de contemplar la entrega diaria de un vaso de leche. La cobertura se ampliaría a los niveles inicial, preprimaria, primaria, media y educación extraescolar.
También se plantea establecer una asignación presupuestaria mínima de GTQ 10 diarios por estudiante, monto que sería revisado cada dos años. La iniciativa contempla además que los recursos destinados al programa no puedan ser reasignados hacia otros programas o actividades.
Los diputados también acordaron iniciar el conocimiento de la ley de dignificación para exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La propuesta establece una compensación única de GTQ 36 000 por beneficiario, pagada en 36 cuotas mensuales.
El proyecto contempla un registro oficial de beneficiarios, exención de impuestos sobre la compensación, la posibilidad de que las cuotas pendientes sean trasladadas al cónyuge inscrito en caso de fallecimiento y capacitaciones ambientales obligatorias.
La agenda también incluye la iniciativa que declara el Día del Salubrista y establece un bono para quienes ejercen esta labor. El tema generó presión frente al Congreso, donde decenas de sindicalistas se concentraron para solicitar que fuera incorporado a la agenda.
El acuerdo alcanzado por los diputados es que la propuesta sea remitida a una comisión legislativa para su análisis y posterior dictamen.
Siguen las interpelaciones
Para este jueves está previsto que el Congreso continúe con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. El panorama no parece cambiar para el Ejecutivo, ya que el 27 de agosto están en lista varias interpelaciones contra los funcionarios de gobierno.
El proceso contra Pinto está en manos de la diputada Teresita de León, hija de Sandra Torres, quien está decidida a cuestionar a todo el gabinete, pues promovió 12 de las 28 interpelaciones.
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