Suiza le vuelve a violar sus derechos humanos a Sperisen

¡Buenos días!

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) le “pidió la casa” a la Municipalidad de Guatemala; esa cartera decidió no renovar un convenio mediante el cual la Muni operaba su Centro Cultural, donde estudian varias disciplinas artísticas casi 4000 alumnos.  

Según fuentes consultadas, la decisión podría haber estado ideológicamente motivada, propuesta por un activista de izquierda con ojeriza a la administración unionista. De ser así, el daño a la buena relación entre el alcalde Quiñonez y el presidente Arévalo podría –innecesariamente– verse afectada por una pueril rabieta. 

Como sea, tanto el ministro Félix Alvarado, como su “biciministro” –valga el albur– Max García, dieron declaraciones a la prensa tratando de minimizar el daño reputacional; huelga decirlo, el Centro Cultural es ampliamente apreciado. 

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En este boletín:

•Cómo Bukele debilita la hegemonía de EE. UU. en Centroamérica

•¿Le conviene a Semilla aprobar el proyecto de presupuesto 2025?

•Cuarto juicio contra Erwin Sperisen: Día 2

•Ley de aguas: La “ley imposible”

En agosto, la ministra de economía de El Salvador, María Luis Hayem, anunció la inversión de más de USD 1600M en el país. La empresa turca Yilport realizará el desembolso para una sociedad de economía mixta, que le dará la operación de los puertos de Acajutla y La Unión por los próximos 50 años.  

• La empresa se encargará de modernizar los dos puertos en el pacífico salvadoreño, con el fin de convertir al país en un centro logístico de mercancías en la región.
  
  

• De acuerdo con Bukele, se trata de la mayor inversión privada realizada en la historia de El Salvador.
  
  

• Desde la llegada de Erdogan al poder en 2003, la inversión turca en Latinoamérica ha incrementado en un 6734 % y sus sedes diplomáticas han pasado de seis a 19.  

Entre líneas. En 2018, la histórica relación entre el país centroamericano y Taiwán cesó, tras la formalización de las relaciones entre El Salvador y la República Popular de China. El nuevo socio fue un regalo escondido para Bukele, que llegaría a la presidencia menos de un año después del inicio del nexo diplomático. Desde entonces, China ha sido una válvula de escape para Bukele. El Salvador se ha permitido resistir a la presión de EE. UU. por investigar la corrupción del gobierno y frenar su regresión democrática bajo el régimen de Bukele gracias a la relación.  

• Desde 2019, China le ha facilitado al gobierno obras de infraestructura que representan una inversión de hasta USD 500M.
  
  

• Entre ellos, la Biblioteca Nacional, por USD 54M; el futuro Estadio Nacional, con un costo de unos USD 100M; una planta potabilizadora de agua, valorada en USD 40M, y el malecón del puerto de La Libertad, con una inversión de USD 24M.
  
  

• En 2022, el régimen de Xi Jinping ofreció pagar toda la deuda de El Salvador, estimada actualmente en unos USD 30 000M.  

En el radar. A finales de agosto, también se anunció la construcción de un metro que la India construirá en el área metropolitana de San Salvador. La inversión del país subcontinental también comprende la futura construcción de cuatro teleféricos, actualmente en fase de estudios técnicos. Las autoridades indias y salvadoreñas no confirmaron el costo del proyecto.  

• Un estudio de la Cooperación Coreana en El Salvador, realizado en 2022, para un monorriel y cinco teleféricos en el mismo tramo, estima los costos en hasta USD 2 229 millones.  

Por qué importa. La tendencia de regresión democrática a nivel global no es ajena a Centroamérica. El fenómeno Bukele ha cambiado el paradigma de la política en la región, como el primer gobierno autocrático en alejarse de EE. UU., sin adscribirse un proyecto socialista. La defensa de valores democráticos por parte del gigante norteamericano supone un obstáculo para el proyecto del presidente salvadoreño.  

• Históricamente, EE. UU. promueve su agenda a través de una política de zanahorias y palos, con la ayuda internacional como incentivo y el retiro de esta —además de sanciones— como castigo.
  
  

• No obstante, en la medida que la unipolaridad del sistema internacional ha disminuido, también lo ha hecho la capacidad persuasiva de EE. UU.
  
  

• Hoy, El Salvador sigue necesitando el apoyo estadounidense, sin embargo, la emergencia de alternativas como China, India y Turquía le ha restado al grado de dependencia con EE. UU.  

El balance. De acuerdo con Bukele, las inversiones chinas no exigen nada a cambio. Las describe como una “cooperación no reembolsable y sin condiciones”. Lo mismo se espera del dinero proveniente de India y Turquía. Más allá de obligaciones geopolíticas, la política internacional de estas potencias emergentes es terminar de convertir el orden mundial en uno multipolar.  

• La capacidad de poder blando de EE. UU. se está viendo debilitada, no solo en regiones lejanas como el Medio Oriente, sino que en su propio patio trasero.
  
  

• Bukele y su poco interés por adscribir la agenda de democracia liberal occidental han supuesto una apertura a la esfera de influencia de EE. UU. 

El oficialismo ha invertido un gran esfuerzo para conseguir los votos que le permitan contar con una ampliación presupuestaria para este año, pero falta ver si tendrán los mismos “ánimos” para buscar la aprobación del presupuesto 2025.  

Panorama general. El proyecto de presupuesto 2025 que asciende a GTQ 148 526M ya fue remitido a la Comisión de Finanzas para que inicie el análisis respectivo.  

• Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, de lo contrario quedará vigente el presupuesto actual.  

Qué resaltar.  El presidente Bernardo Arévalo justificó la importancia del nuevo presupuesto, pues aseguró que está construido a partir de una “visión de desarrollo para mejorar la salud, educación e infraestructura vial”.

• No obstante, falta ver cómo se construye el escenario en los próximos días, pues algunos aseguran que la aprobación no les quita el sueño, siempre y cuando logren que la ampliación presupuestaria recién aprobada y que alcanza los GTQ 14 151M, cobre vigencia. 

Visto y no visto. Ampliar el presupuesto actual podría haber sido su mayor apuesta, pues ya suman dos intentos en menos de quince días. Los pocos meses que quedan del año fiscal para ejecutar miles de millones de quetzales podrían confirmar su interés en el tema.  

• “Yo pienso que a ellos les urgía aprobar la ampliación para quedarse con un presupuesto que supera los GTQ 130 000M y que no se apruebe un nuevo presupuesto, porque tienen un buen techo y no tiene candados”, declaró Álvaro Arzú a medios de comunicación.
  
  

• Una fuente cercana al oficialismo considera que si la Corte de Constitucionalidad (CC) “se trae abajo” el nuevo decreto, no dudaría en que exista un tercer intento para aprobarlo.  

Los datos. Tres amparos tienen en la cuerda floja la ampliación, los cuales fueron promovidos por la Fundación contra el Terrorismo, la abogada Karen Fisher y el diputado de la bancada Cabal, Bequer Chocooj. 

• Esa bancada emitió un comunicado en redes sociales donde “desconoce” al diputado Chocooj, precisamente por su acción.
  
  

• Al momento el máximo tribunal solicitó informes al Congreso de la República por lo que la decisión podría darse a conocer en los próximos días.   

Voces. Mientras se aclara el panorama con la ampliación, el oficialismo piensa en cómo será el análisis del proyecto de presupuesto. 

• “Creo que va a tener un proceso abierto y participativo, llevará unos meses de discusión [...] estoy confiado que quien preside la Comisión de Finanzas va a hacer un trabajo político, propositivo [...] es importante ver a dónde se va a invertir”, declaró el diputado Samuel Pérez a los medios de comunicación.
  
  

• Recordó que el diputado de Semilla en esa sala de trabajo es Román Castellanos, quien, según algunos, fue uno de los operadores para aprobar la ampliación presupuestaria.   

En conclusión. El oficialismo está claro que buscar los votos no es tarea fácil, por lo que falta ver si la apuesta será para un nuevo presupuesto, pues faltan los cabildeos para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la elección de la Junta Directiva para el período 2025-2026.

Ricardo González
•Ley de aguas: La “ley imposible”
651 palabras | 3 mins de lectura

Probablemente ninguna pieza de legislación en la era democrática guatemalteca ha sido objeto de tanta discusión y controversia como la ley de aguas; una disposición que busca normar integralmente todo lo relacionado al uso de los recursos hídricos del país.  

Panorama. El pasado jueves 29 de agosto, el Ejecutivo presentó en el Palacio Nacional una propuesta que buscará reunir a diversos sectores para la redacción de una nueva iniciativa de ley de aguas. Unidos Por el Agua, hace un llamado a cumplir con el mandato constitucional que supone la implementación de una ley de esta naturaleza.  

• En la actividad, junto a representantes del sector privado y de comunidades indígenas, participó el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, la ministra de Ambiente Patricia Orantes y el presidente del Congreso, Nery Ramos.
  
  

• A raíz de la propuesta, el presidente creó el Gabinete Específico del Agua mediante el Acuerdo Gubernativo 139-2024 del Ministerio de Gobernación. Dicha instancia, será presidida por la Vicepresidencia y reunirá a los ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Finanzas, Relaciones Exteriores y Energía y Minas. También se suma SEGEPLAN.
  
  

• Según la planificación presentada, la nueva iniciativa de ley empezaría a ser discutida en el Legislativo en 2025.

Sí, pero. Desde la promulgación de la Constitución de 1985 hasta la fecha, existe registro de trece iniciativas de ley que, por su contenido, pueden ser consideradas como normativas generales sobre el uso de recursos hídricos. O sea, una ley de aguas. Sin embargo, ninguna llegó siquiera a ser aprobada en primer debate.  

• De las trece, solo tres fueron enviadas desde el Ejecutivo; en las presidencias de Vinicio Cerezo, Álvaro Arzú y Jimmy Morales. De estas, solo la 5161 –enviada por Morales en 2016– obtuvo dictamen favorable.
  
  

• Sumado a esta última, tan solo hay otras tres iniciativas que han conseguido dictamen favorable o desfavorable. Lo cual refleja la dificultad histórica que ha supuesto alcanzar acuerdos políticos en torno a esa legislación.    

Entre líneas. Actualmente, entre la Constitución y algunas leyes ordinarias, existen al menos veintitrés instancias en donde se regula el uso del agua. Esto, ha sido uno de los ejes en torno a los que gira la discusión legislativa y sectorial sobre dicha legislación.  

• Unos argumentan que dichas regulaciones están muy dispersas, por ende, son débiles y no funcionales a una visión estratégica de Estado con relación al aprovechamiento de los recursos hídricos. Otros, argumentan que la aprobación de una ley de aguas causaría confusión entre las normativas y posible duplicación de funciones entre varias instituciones públicas.
  
  

• Al margen de líneas argumentativas, lo cierto es que la falta de un marco regulatorio efectivo ha mermado el desarrollo y la inversión –tanto nacional como extranjera– de infraestructura para el tratamiento y distribución del agua en todo el país.
  
  

• Según datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 90 % de las fuentes de agua en el país están contaminadas. A su vez, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo en 2020, el 44 % de los guatemaltecos no tienen servicio de acceso seguro al agua potable.  

El balance. Una vez más, el Gobierno se enfrentará al complicado reto de construir una iniciativa de ley que, más allá de aplacar las preocupaciones de varios sectores de la sociedad, debe ser capaz de eludir los conocidos atascos políticos en el Congreso de la República.  

• Aunque la normativa para el uso del agua sea de aplicación general, debe contar con los mecanismos para acoplarse a las necesidades y capacidades de cada municipio.
  
  

• Recientemente, Arévalo obtuvo su primera victoria política en el Congreso con la aprobación de la ampliación presupuestaria. Entre otras cosas, el aumento en la asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano, entidades fundamentales para la ejecución de proyectos municipales, fue clave en su éxito.
  
  

• En vista de esto, la vía municipal podría ser la más adecuada para encausar las negociaciones políticas de la ley de aguas.