¡Buenos días!

Luego de la intervención de EE. UU. en Venezuela argumentando la captura del dictador, Nicolás Maduro, supuesto líder de un cártel de la droga —acusación retirada en la corte de Nueva York—, ahora parece inminente una acción militar en Irán, el milenario faro de cultura que fue Persia, ahora convertido en uno de los países que financian el terrorismo global, bajo la satrapía teocrática de los ayatolás.

Ambas acciones —la realizada y la sospechada— no están exentas de sustento; el mundo, la burocracia internacional, no ha pasado de pronunciamientos y sanciones que solo afectan al pueblo, mientras dejan en sus puestos —y muy bien mantenidos— a los cabecillas que los oprimen. Más allá de rasgarse las vestiduras, la humanidad ve en tiempo real las atrocidades y no ha habido acciones que las detengan.

En Venezuela, más allá de la —indispensable— discusión legal, se ha identificado claramente la aplicación de la ahora llamada “doctrina Donroe”; no es el mismo caso en Irán, que vaya si no está fuera de la esfera de influencia de EE. UU.

El turbante azul del que escribió Nostradamus podría aparecer en cualquier momento.

Segunda magra cosecha

El presidente, Bernardo Arévalo, compareció ayer 14 de enero a la sesión solemne del Congreso que dio inicio a un nuevo período ordinario de sesiones con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

Como lo ordena el artículo 183, literal i) de la Constitución, también presentó por escrito un informe de la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante su segundo año; la “segunda cosecha”, como alegóricamente le llama. Como es costumbre ya —mas no obligación—, también pronunció un discurso que, en esta ocasión, fue más bien breve.

Era de esperar que estuviese lleno de autobombo —no como lo ordena el artículo constitucional—; no decepcionó en ese sentido. Lanzó cifras “oficiales” de metas aún por alcanzar en temas como salud, educación y, por más que suene como chiste de mal gusto, en construcción de infraestructura. Comparó el suyo con gobiernos anteriores como si fuese un logro mejorar un poco la mediocridad pasada; como si los guatemaltecos debiésemos estar agradecidos y no fuese su harta obligación cumplir a cabalidad con el mandato otorgado en las urnas. Fue elegido para hacer todo lo que está haciendo, y para mucho más, que no ha hecho ni hará.

Uno de los grandes rezagos de este gobierno ha sido la desatención casi absoluta de la red vial, no solo por la construcción de 0 kilómetros nuevos de carreteras, sino que todo el esfuerzo ha consistido en mejorar mínimamente las rutas “terciarias” —terracería—; un exiguo esfuerzo que se esfuma con las primeras lluvias.

Ya no chiste de mal gusto, sino casi ofensa, fue que pretendiese ponerse la medallita de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, cuando es algo que hizo el Legislativo y que, en todo caso, su administración torpedeó al reducir a la DIPP a una simple unidad ejecutora y a la que no le dio los recursos requeridos.

Reconoció, eso sí, el desastre que ha sido su administración en materia de seguridad y prometió hacer más. Ningún consuelo para las miles de familias afectadas por la violencia y, en particular, por los asesinatos.

Habló de que durante su administración centros de salud y hospitales han alcanzado históricos altos niveles de abastecimiento de medicinas, pero no dijo que solamente de algunas de ellas, tan básicas como paracetamol, pero no de otras igual de indispensables para atender los requerimientos de los guatemaltecos.

Más allá de los cuentos y las medias verdades, pronunció su alocución serenidad, que contrasta grotescamente con el miedo, intranquilidad e inseguridad con la que millones de guatemaltecos viven diariamente; un presidente enfocado y responsable, en la situación que está en el país, debiese ser el guatemalteco más preocupado de todos. No es el caso de Arévalo.

Empieza así el tercer año de su mandato, el penúltimo de ellos, pero el último que podrá intentar hacer algo, pues el siguiente —año electoral— es históricamente considerado como perdido. A partir del 2028, Arévalo podrá dedicarse a lo suyo, a lo que realmente le gusta: viajar, dar conferencias y escribir libros que, si son de lo bien que llevó su gestión —hasta ahora—, serán de ficción.

Glenda Sánchez
Amparo amenaza, nuevamente, a una postuladora
550 palabras | 2 minutos de lectura

Esta semana quedó integrada la Comisión de Postulación (CP) para la nómina de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, se presentó un amparo contra el nombramiento de Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana y representante de las universidades privadas.

• La acción señala un impedimento legal: Herrera es ministro de culto. Con el nombramiento se incumple lo establecido en el artículo 138 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Por qué importa. La CP quedó integrada, pero no blindada. El amparo contra el nombramiento de Herrera activó alertas sobre el cumplimiento de los tiempos legales. Además, sobre la solidez del proceso desde su origen.

• El artículo 138 de la LEPP establece las prohibiciones para ser comisionado. Entre ellas, indica que tienen impedimento los funcionarios de los organismos del Estado, y expresamente, los ministros de culto.

• Si el impedimento se confirma y no se corrige, cualquier decisión de la comisión podría ser impugnada. El riesgo no recae solo en un comisionado, sino en toda la nómina resultante.

• Este precedente es importante porque fija el estándar de legalidad. Tolerar dudas abre la puerta a futuras disputas legales, con impacto directo en la credibilidad del TSE.

Punto de fricción. El amparo plantea varios escenarios: suspender, sustituir o continuar. Francisco Quezada, experto del CIEN, explica que el tribunal puede admitir el recurso sin frenar el trabajo de la comisión. Todo depende del alcance de la resolución. 

• Señala que se puede suspender solo la participación de Herrera y permitir que entre el suplente. También puede admitir el amparo y resolverlo sin afectar la instalación de la comisión.

• El punto crítico es definir qué constituye “ministro de culto”. En iglesias con estatutos propios, esa categoría no siempre resulta clara, a diferencia del clero católico, donde existe definición formal.

• “La renuncia debería ser previa al nombramiento”, advierte Quezada. Un ajuste posterior no necesariamente subsana el impedimento y deja el acto original bajo cuestionamiento jurídico. 

Entre líneas. Diputados llevaron el debate al plano institucional. Para ellos, el problema no es una persona, sino la amenaza al principio de legalidad que sostiene todo el proceso electoral.

• Sostienen que la acción busca dar certeza jurídica al proceso. A su juicio, no despejar dudas ahora permitiría impugnaciones que incluso podrían tumbar toda la nómina de candidatos.

• La LEPP es clara. También ya existen antecedentes donde la participación de ministros de culto generó controversia en otros procesos de postulación.

• Adicionalmente plantea una salida política preventiva: que los rectores privados reconsideren la designación y nombren a alguien sin impedimentos, para proteger la legitimidad de la comisión.

En conclusión. La Comisión puede juramentarse y avanzar mientras el amparo se resuelve. Sin embargo, cada paso sin claridad legal incrementa el costo institucional y el riesgo de parálisis futura.

• Si el amparo prospera, la Corte deberá especificar con precisión el alcance de la suspensión, es decir, que aspectos quedan suspendidos. Una resolución ambigua generaría confusión y permitiría que cada parte la interprete según sus intereses.

• Los procesos de postulación futuros se verán influenciados por el precedente. La institucionalidad se fortalece cuando se aplica la ley de manera rigurosa.  Sin embargo, si se relativiza la ley, el TSE se debilita antes siquiera de iniciar funciones.