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La Superintendencia de Competencia (SC), creada en el 2024 y que apenas empieza a armarse —la semana pasada el Directorio eligió superintendente–, tiene un largo y delicado camino por recorrer. Uno de sus mandatos es el de identificar barreras de entrada —barreras a la competencia— en los procesos de compra, entre otros, del sector público.

Los amaños en las licitaciones son de raíz; no es una cuestión normativa, propiamente dicha, sino operativa. Es quien realiza las bases de un evento y bajo la instrucción de quién, de tal suerte que los demás oferentes “entran perdiendo”.

Otro asunto es, claro está, el de los precios. Para mantener ese entramado de “contactos” en las instituciones para amañar los procesos, requieren de ingresos extras; he ahí la razón de los sobreprecios. Casi es una señal inequívoca cuando gana una oferta más alta —a veces mucho más alta— que las otras.

Ya que este gobierno parece quedar satisfecho, nada más, con “sentar las bases”, ese podría ser un buen logro: de una manera consensuada —no a rajatabla pretender empujar una propuesta ideada exclusivamente desde el MINFIN, por ejemplo— revisar el marco normativo para ver si requiere de mejoras puntuales. Algunas cosas habrá que eliminarlas, pero otras pueden mantenerse siempre y cuando sean herramientas de trasparencia.

Urgente overhaul al sistema

El país enfrenta una crisis profunda en su sistema de adquisiciones públicas, evidenciada recientemente por este medio, luego de una serie de adjudicaciones dirigidas que socavan la confianza en las instituciones estatales. Nuestra investigación reveló patrones alarmantes en entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), donde contratos millonarios se otorgan a ofertas sobrevaloradas, favoreciendo a un puñado de proveedores habituales. El patrón es el mismo: empresas —muchas veces— de cartón, con sede en oficinas precarias (que no correspondientes a la magnitud de los contratos adjudicados), testaferros en común, opacidad y embuste. Ah, y por supuesto, una red de conexiones políticas que les garantizan poder ejercer presión para que se les adjudiquen millonarios contratos, además de vínculos en la Contraloría General de Cuentas, para evitar hallazgos.

Esos, y otros muchos casos, ilustran un sistema de compras corrupto, que prioriza intereses particulares sobre el bien público. El punto de partida para una reforma integral debe ser el desmantelamiento del anacrónico Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Este mecanismo, diseñado supuestamente para garantizar calidad, en realidad erige barreras infranqueables para nuevos oferentes, como requisitos burocráticos excesivos y evaluaciones subjetivas que protegen a los inscritos establecidos.

Precisamente estos proveedores consolidados son los que, una y otra vez, corrompen funcionarios para asegurar adjudicaciones, perpetuando un ciclo de opacidad y sobrecostos que drena el erario. Sin competencia real, el Estado paga precios inflados por bienes y servicios, afectando sectores críticos como infraestructura y salud.

Pero el Gobierno tampoco puede “zafar bulto” y abandonar su responsabilidad, como en el caso de la criticable decisión del presidente, Bernardo Arévalo, de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de medicinas. Aunque se presenta como una solución a la corrupción local, esta medida no garantiza, necesariamente, precios óptimos en todos los insumos, ya que UNOPS opera con márgenes propios y selecciona proveedores sin competencia abierta. Peor aún, escapa a la fiscalización oficial de la Contraloría General de Cuentas, dejando un vacío de rendición de cuentas.

Los funcionarios internacionales gozan de inmunidad, lo que equivale a impunidad ante posibles ilícitos, como sobreprecios o favoritismos. Un ejemplo elocuente es el fallido experimento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): pese a algunos logros iniciales, los abusos cometidos por algunos funcionarios extranjeros —como persecución selectiva y presiones indebidas— no pudieron ser juzgados localmente debido a su estatus protegido, dejando víctimas sin justicia y erosionando la soberanía.

Guatemala no puede permitirse más experimentos que externalicen responsabilidades sin controles efectivos. Es imperativo un overhaul total: digitalizar procesos para transparencia total, eliminar barreras como la de RGAE, fortalecer auditorías independientes y penalizar la corrupción con rigor.

Por supuesto, el problema no es nuevo, viene de gobiernos anteriores. Sin embargo, este, el de la “nueva primavera” se planteaba como distinto y, hasta ahora, ha sido más de lo mismo. 

El acero es mucho más que un material de construcción: es la base sobre la que se levantan proyectos, comunidades y sueños que transforman al país. Cada varilla y cada estructura reflejan décadas de innovación, experiencia y compromiso. 

Qué destacar. En Guatemala, Hierro AG se ha consolidado como el producto insignia de Grupo AG. Gracias a su calidad, miles de guatemaltecos han construido hogares, impulsado empresas y desarrollado una infraestructura sólida que fortalece el crecimiento del país. 

• Las grandes obras nacionales son hoy símbolo de competitividad y progreso. Hablar de Hierro AG es hablar de confianza y de un legado que sostiene el presente y proyecta el futuro de las próximas generaciones. 

Lo que sigue. El acero no solo edifica, también impulsa y sostiene los sueños que dan forma a Guatemala. 

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En una entrega anterior, República expuso adjudicaciones cuestionables del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE). Al revisar el perfil de uno de sus proveedores favoritos en Guatecompras —Class Equipos y Construcciones de Guatemala S. A.— se identificaron 13 concursos a su favor en lo que va del 2025, por un total de GTQ 203.92M.

Por qué importa. El 2 de septiembre de 2024, el presidente, Bernardo Arévalo, aseguró que el Ejército aplicaría una política de “cero tolerancias a la corrupción”. Sin embargo, las contrataciones irregulares y adjudicaciones anómalas continúan. Diversas investigaciones periodísticas las han documentado.

• El CIE convocó una licitación para adquirir vehículos, camiones con equipo especial y maquinaria, necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

• La adjudicación se dividió entre tres proveedores, con un monto total de GTQ 18.43 millones. Siete oferentes más participaron, pero fueron descartados.

• Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. obtuvo la primera adjudicación del año por GTQ 14.38 millones, pese a haber ofrecido el suministro completo por GTQ 18.97 millones.

Visto y no visto. Los otros dos proveedores fueron Continental Motores S. A. por GTQ 3.07M y Magna Motors de Guatemala S. A. por GTQ 978 000. El acta de adjudicación indica que, de los seis paquetes requeridos, se debía presentar una oferta por cada uno, pero no todas la presentaron. Razón que dividió la adjudicación.

• Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S.A., fue creada el 26 de septiembre de 2008. Inició como proveedor del Estado en 2010.

• La segunda licitación que ganó la empresa, en febrero pasado, ascendió GTQ 147.94M. El concurso indica que se licitó maquinaria pesada, camiones con equipo especial y vehículos.

• Estos serían utilizados para la “recuperación de las capacidades” de la institución. De forma similar, se presentaron otros nueve oferentes para el concurso. La oferta más alta fue de GTQ 162M.

Sí, pero. Le siguió Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. con GTQ 147.94M. La oferta más barata era de GTQ 4.52M. El concurso recibió cinco inconformidades. En dos de ellas se cuestiona la adjudicación que realizó la junta de licitación, en especial los criterios de calificación que usaron.

• Entre los equipos adquiridos están: 24 camiones de volteo, 16 picops, 12 excavadoras, 12 motoniveladoras, 12 retroexcavadoras, cuatro excavadoras de brazo largo, entre otros.

• Las otras nueve ofertas fueron descartadas por errores en la documentación presentada. En los 19 paquetes que ganó Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. obtuvo 98 puntos de calificación.

• En el criterio de calidad logró 13 de 15 puntos. De la licitación destaca que se adquirieron vehículos chinos, como los microbuses de la marca Zhongtong.

En conclusión. Las adjudicaciones otorgadas al mismo proveedor confirman un patrón de favoritismo dentro del CIE, contrario al discurso oficial de transparencia. Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. concentró contratos por más de GTQ 200M en menos de un año, pese a existir ofertas mucho más económicas.

• Las juntas de licitación descalificaron a competidores por errores menores, mientras flexibilizaron criterios a favor del proveedor habitual.

• La reiteración de estas prácticas sugiere que el compromiso de “cero tolerancias a la corrupción” en el Ejército quedó reducido a un discurso político sin aplicación real. 

El Ministerio Público (MP) recibió más de 3500 denuncias por ataques y amenazas contra operadores de justicia entre 2024 y 2025, un panorama crítico para los profesionales que trabajan en zonas fronterizas y lugares alejados de las cabeceras departamentales.  El riesgo no solo proviene del crimen, sino también del abandono institucional.

Por qué importa. La violencia contra jueces, magistrados, fiscales, auxiliares fiscales, abogados y defensores refleja un modelo que avanza sin contención. No se trata de casos aislados, sino de un síntoma de desinterés y seguimiento estatal.

• Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, el MP reportó 3540 denuncias por amenazas o ataques a operadores judiciales.

• En 2024 se registraron 1819 casos y en 2025 se confirmaron 1721, lo que muestra una leve baja estadística, pero sin mejora real en seguridad.

• Los datos revelaron que los abogados son los más vulnerables, con 87 agresiones documentadas, seguidos por jueces y fiscales. Los casos podrían ser más, pero muchos profesionales prefieren no denunciar por diferentes razones.

Datos clave. Los registros oficiales confirman que el problema se extiende en todo el país. La fiscalía especializada, creada en 2019, avanza en los casos para identificar a los responsables de los hechos contra los operadores.

• Jutiapa destaca como uno de los focos críticos: 89 denuncias en 2024 y 36 en 2025, sin resultados judiciales concretos.

• El 27 de febrero pasado ocurrió un ataque armado frente a la Sala Mixta de Apelaciones de Jutiapa. En el incidente fue herido el conductor del vehículo de magistrados. El MP incautó un arma y un celular.

• El abogado Edwin Mayén fue asesinado el 2 de septiembre en la zona 1 capitalina. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) exigió investigaciones “sin dilaciones ni interferencias”. 

 
Punto crítico. El deterioro en la seguridad judicial motivó la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El personal realizó una supervisión de los mecanismos de protección. Los resultados preliminares confirman la existencia de varias fallas en los mecanismos de protección.

• Fernando Trabanino, titular de la Unidad de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH, manifestó que “los operadores de justicia también son defensores de derechos humanos”.

• Explicó que la supervisión de la PDH evidenció mayor riesgo en zonas fronterizas y departamentos donde operan estructuras criminales, como Jutiapa, donde incluso hubo un ataque armado frente a la Corte de Apelaciones.

• El funcionario advirtió que el Estado debe “garantizar medidas de seguridad y análisis de riesgo permanentes” para prevenir agresiones.

Voces. El acompañamiento de la PDH busca conocer los riesgos a los que se exponen los operadores de justicia. Además, identificar los aspectos que agravan el peligro a los que se exponen y la respuesta de protección que el Estado debe garantizar. 

• Trabanino explicó que, cuando las denuncias llegan a la institución, coordinan medidas con la policía para proteger a los afectados. “Es fundamental fortalecer la cultura de denuncia”, afirmó el defensor.

• El CANG manifestó que los ataques debilitan el Estado de derecho y afectan a la ciudadanía a la que sirven. “Los profesionales deben ejercer sus funciones sin amenazas, obstáculos ni persecución”, enfatizó.

• El MP aseguró que “en todos los casos coordinan con las instituciones responsables para asegurar que se brinde la protección y seguridad necesarias en todos los casos, priorizando su integridad”.

En conclusión. La crisis en el sistema judicial no solo amenaza a sus operadores, sino a la idea misma de justicia. Las cifras del MP y los hallazgos de la PDH demuestran que se carece de un esquema efectivo de protección.

• Asimismo, pone en tela de juicio la independencia judicial y debilita la confianza ciudadana.

• Mientras la impunidad continúe, impartir justicia será una profesión de alto riesgo en Guatemala.