Terminal de contenedores: oportunidad de oro para el Gobierno

¡Buenos días! 

Aunque el asunto se veía venir –desde 2017– en el plan de gobierno de Arévalo no se habló sobre la decisión judicial que el lunes fue oficializada: la nulidad de los contratos de usufructo y operación de lo que se conoce como “Terminal de Contenedores Quetzal”. Ese negocio –en sentido amplio del término– finaliza y aún no se tiene certeza de qué pasará. A las autoridades les toma por sorpresa, a pesar de que se trata de una muerte anunciada. Deben correr, para no perjudicar el comercio internacional. 

Parece haber muchos valladares para la solución del entuerto (operación, equipo, garantías en créditos con entes multilaterales, etc.) pero debe prevalecer el bien común, es decir, la operación eficiente y transparente de la terminal. No queda más que hacer votos porque así sea. 

En este boletín:

•Bukele y Arévalo: las dos caras del combate a las maras en Centroamérica

•Resolver el problema en la terminal de contenedores debe ser prioridad del Estado

•Riesgo y amenazas por acciones en El Infiernito

Rafael Párraga
•Bukele y Arévalo: las dos caras del combate a las maras en Centroamérica
658 palabras | 3 mins de lectura

El mundo mira el caso de El Salvador como un milagro, pero el gobierno de Arévalo en Guatemala es escéptico de la replicabilidad del “método Bukele”.  

Entre líneas. Las maras —puntualmente, la Mara Salvatrucha (MS-13) y la mara Barrio 18— son organizaciones transnacionales con presencia en toda la región, sin embargo, sus operaciones en El Salvador no son equiparables al caso de Guatemala. El mayor problema en materia de seguridad para Guatemala es el narcotráfico, cuyas raíces son mucho más profundas y estructuradas que las de las maras.  

• En El Salvador, la presencia de los cárteles ha sido históricamente baja. Su geografía lo condiciona así, siendo evadible en la ruta del tráfico de droga desde Sudamérica hasta EE. UU.  

• Guatemala, por su parte, es un punto de tránsito imprescindible para la ruta terrestre.  

• Si bien las maras llegan a controlar zonas enteras del área metropolitana en Guatemala, el verdadero control territorial del crimen organizado lo tiene el narcotráfico. La prioridad para el gobierno guatemalteco no son las maras. 

Sí, pero. El Salvador ha logrado transformarse; de ser el país con más homicidios del mundo en 2015 (más de 106 homicidios por cada 100 000 habitantes) al país con la menor tasa de homicidios de América Latina en 2023 (con solamente 2.4). Guatemala, por su parte, cerró el 2023 con una tasa de 16.7 por 100 000 habitantes; ha experimentado una reducción de homicidios sin necesidad de una militarización como la salvadoreña.

• La estrategia de El Salvador se ha caracterizado por el arresto masivo de todo sospechoso de estar vinculado con las pandillas, avalado por la suspensión de garantías constitucionales bajo un Estado de Excepción prolongado por más de dos años.  

• El resultado ha sido más de 70 000 capturados en dos años y una población carcelaria de casi 110 000 personas: más de un 2.5 % de su población total.  

• A su vez, Bukele construyó la cárcel más grande de América Latina, con una capacidad para 40 000 reclusos. Las autoridades salvadoreñas han afirmado que “Es imposible escapar. Estos psicópatas van a pasar la vida entera entre estas rejas”. 

En el radar. El gobierno guatemalteco ha desechado la opción de aplicar el famoso “método Bukele”. De acuerdo con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, la ruta del actual gobierno será la desarticulación de la actividad de las pandillas dentro de los centros penitenciarios. Prisiones de “alta seguridad” como El Infiernito se han convertido bases de operación para las maras, de la misma manera que pasó en El Salvador en el pasado.

• Los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), en El Salvador, implementaron programas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura”, resultando en capturas masivas y un despunte de la población carcelaria.  

• El hacinamiento en los centros penitenciarios permitió a las pandillas reestructurarse y organizarse desde dentro de las cárceles para continuar y fortalecer sus operaciones afuera.  

El balance. El gobierno guatemalteco parece haber aprendido de los errores del pasado salvadoreño, sin embargo, carece de un elemento clave para el éxito del “método Bukele”: el incremento de las fuerzas de seguridad en el país. Bukele ha duplicado el ejército salvadoreño para el combate a las pandillas y ha recibido más de 60 000 denuncias por violaciones de derechos humanos. El propio Bernardo Arévalo ha declarado que su estrategia de seguridad deberá ser respetuosa de los derechos humanos. 

• El approach del gobierno de Guatemala podrá funcionar a largo plazo, sin embargo, es casi imposible que dé resultados contundentes dentro de los tres años y medio que le quedan al gobierno sin incrementar las capturas de pandilleros. 

  
  

• Bukele, por su parte, ha sido capaz de frenar de golpe las operaciones de las pandillas, sin embargo, los ejemplos del pasado hacen cuestionable su efectividad a largo plazo.  

• Ambos gobiernos deberán acompañar su política de seguridad con generación de empleos y la reconstrucción de la composición social de sus países para erradicar permanentemente la estructura criminal de las maras. 

Luis González
•Resolver el problema en la terminal de contenedores debe ser prioridad del Estado
472 palabras | 2 mins de lectura

La notificación de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que declara la nulidad absoluta de los contratos de usufructo y operación otorgados a APM Terminals Quetzal (APM), pone al Estado frente a un problema que durante años esquivó. 

• El 16 de octubre de 2017 esa instancia legal declaró nulos los contratos relacionados. Originalmente fueron suscritos con la firma Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), durante el gobierno de Otto Pérez Molina. 

• La nulidad de los contratos se tramitó después de que se denunciaran sobornos que habrían pagado al exmandatario, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota para obtener el negocio. 

• El caso involucró a los hermanos españoles Ángel y Álvaro Pérez-Maura García, señalados de pagar las millonarias coimas en Guatemala. 

Por qué importa. La tardía notificación de la Sala Quinta obliga a las autoridades a buscar una salida a un problema que se puede complicar más. APM maneja más de 200 000 contenedores al año. Mueve la mitad de las exportaciones del país, según la firma. 

• La terminal opera a un 60 % de su capacidad y es considerada una de las más grandes y ágiles de Centroamérica. Por ese motivo, la empresa fue bien recibida, pero ahora todas sus operaciones han quedado anuladas. 

• Tras los problemas legales de los primeros propietarios –la familia Pérez Maura García–, la operación fue adquirida por APM. Los nuevos inversionistas querían continuar prestando el servicio, y esperaban un fallo legal a su favor para no anular los contratos.

• El gobierno de Bernardo Arévalo indicó que acatará el fallo que deja en firme la nulidad del usufructo y de la operación. Las autoridades responsables de la Empresa Portuaria Quetzal, así como del Ministerio de Comunicaciones, buscan cómo resolver la situación logística y legal. 

En perspectiva, Más allá de los problemas de corrupción que causaron la nulidad del contrato, Guatemala necesita de esa terminal para atender la creciente demanda en ese y otros puertos. 

• La competitividad demanda mayor y mejor infraestructura portuaria, pero con procesos transparentes y certeza jurídica que anime a inversionistas probos a traer sus capitales a Guatemala.

• Los empresarios nacionales solo podrán competir si cuentan con carreteras, puertos y aeropuertos que agilicen y faciliten las operaciones de importación y exportación. 

• Otros países de Centroamérica llevan ventaja; ni qué decir de México que sigue aprovechando su vecindad con Estados Unidos para tomar las oportunidades que brinda el nearshoring. 

En conclusión. APM –por el momento– sigue operando, pero es cuestión de días para que suspenda sus actividades definitivamente. 

• El Estado debe actuar pronto para no entorpecer las operaciones en esa terminal; Es algo urgente de resolver. No hay tiempo para señalar a responsables, eso corresponde a los tribunales de justicia.

• El Congreso también puede intervenir para establecer un marco legal temporal que permita continuar las operaciones, que es lo más importante. 

Glenda Sánchez
•Riesgo y amenazas por acciones en El Infiernito
615 palabras | 3 mins de lectura

El traslado de 225 reos de la cárcel de máxima de seguridad “El Infiernito”, es una de las recientes acciones del gobierno de Bernardo Arévalo para recuperar el control la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Es un tema heredado por más de una década. ¿Riesgos o amenazas?   

En perspectiva. Inhabilitar la prisión, ubicada en Escuintla, es una medida novedosa, por ende, existen riesgos y amenazas que podrían afectar a diversos sectores de la población. Claro, las autoridades debieron tomarles en cuenta al ejecutar la medida, según los expertos consultados.   

• La madrugada del domingo 2 de junio un contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) y la DGSP intervinieron en la prisión y trasladaron a los reos —pandilleros de la Mara 18— al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.  

• Los hallazgos ese día: droga, armas, animales —cocodrilos, mapaches, zorros grises y aves—, celulares, botellas de licor y cervezas, dinero, televisores, chips de teléfonos, entre otros.

• "Hemos aplicado tecnología en la operación, lo que nos permitió encontrar armas, drogas y dinero, oculto en paredes. Haremos una revisión profunda en dos centros carcelarios más, continuamos en nuestra lucha contra pandillas", dijo Sergio Vela, director de la DGSP, dos semanas después del traslado.  

Voces. Los analistas coinciden en que una de las realidades –más que un riesgo– es el hacinamiento en las prisiones donde fueron ubicados los 225 prisioneros, lo que repercute en la reducción de los controles por los agentes de Presidios.   

• Además, la probabilidad de que los grupos de esa pandilla [Mara 18] se fortalezcan para organizar ilícitos en los penales y en las calles con apoyo de los colaboradores —ataques armados contra otros grupos criminales, extorsiones o cualquier otro ilícito. “Menos control, más riesgo para cometer ilícitos”.

• Aseguraron que los controles no son los mismos en las prisiones donde se reubicaron los pandilleros, hay más probabilidades que tengan acceso a celulares, drogas, contacto frecuente con familiares, amigos y abogados. “Las prisiones están en igual o peor condición. Tampoco cuentan con las medidas de seguridad de una cárcel de máxima de seguridad, afirmó Julio Rivera Clavería, analista y concejero en temas de Seguridad.

• Para María del Carmen Aceña, Directora de Seguridad, la estrategia del Ministerio de Gobernación (MINGOB), tiene que incluir un trabajo de inteligencia, para prevenir represalias.

• “A nadie le gusta que le quiten los privilegios. Las acciones de ese día nos han dado una visión de todos los privilegios que gozan los privados de libertad. No se cumple con el objetivo de privarlo de libertad. Las cárceles se vuelven universidades de crimen, y eso agrava las extorsiones, ya que gran parte este delito viene de los centros carcelarios”, agregó.   

El balance. La situación en “El Infiernito” es la punta del iceberg de la problemática de las cárceles de Guatemala. Sin dejar por un lado el asunto de hacinamiento, la falta de controles y abusos de los privados de libertad son problemas que deben atajarse.   

• Las prisiones se construyeron para albergar a 6 800 reos aproximadamente; pero más de 23 261 están en las cárceles. Desde años se habla que esa sobrepoblación contribuye a la serie de ilícitos y descontrol.

• La intervención en “El Infiernito” es positiva; no debiese representar riesgos si las estrategias cuentan con un acompañamiento y supervisión de las autoridades responsables para garantizar su efectividad, confirmaron los expertos.

• Por último, insistieron en la urgencia de retomar el control de todos los penales, reorganizar a los privados de libertad —tipo de delito, perfil criminal del sindicado, pertenencia a grupo delincuencial —, optimizar los recursos disponibles (infraestructura, mobiliario y equipo, personal disponible y capacitado).