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Tiñosos por doquier

¡Buenos días!
La frase: “Si la envidia fuera tiña, ¡cuántos tiñosos habría!”, aplica a través de los tiempos. Hoy, más que nunca —paradójicamente—, cuando la prosperidad es la mayor de todos los tiempos.
La semana recién pasada, Elon Musk alcanzó una meta impresionante: ser el primer y único trillonario —en inglés— del mundo; en lugar de que eso fuese celebrado ampliamente, los socialistas —los envidiosos y resentidos— inmediatamente lo tomaron como un argumento de “zocar a los ricos”. Si la envidia es tiña, la estupidez es hedentina.
La —millonaria— senadora demócrata Elizabeth Warren inmediatamente salió a decir que esa era una clara muestra de que había que “imponer a los ricos” (tax the rich); el mantra de la élite “progresista”. Sí, siempre y cuando no sean ellos, los políticos, que no crean empleo alguno, sino que expolian.
Nada de ese lado —del resentido— de que, precisamente esa asunción a la estratosfera —hablando de SpaceX— de Musk hizo a su vez, millonarios a 4400 personas. Algunos de ellos sencillos trabajadores. De esos, 400 son multimillonarios hoy —más de USD 100M—, gracias a que Musk es trillonario.
Pero la envidia es tiña, y los tiñosos quedan manchados para siempre.
¿Cuándo el socialismo ha logrado catapultar a 4400 nuevos millonarios ? ¿Cuándo, bajo el socialismo, no se ha relegado a la totalidad de la sociedad —menos a la nomenclatura— a la mediocridad?
Nunca, en la historia de la humanidad, había habido tanta riqueza y tan pocos pobres, como ahora. Dato mata relato.

Reynaldo Rodríguez e Ignacio Cetina
BID: “Tener pocas empresas en un mercado —lo que llamamos concentración— no siempre significa que no haya competencia”
1431 palabras | 8 minutos de lectura
A raíz de la tergiversación —por algunos— de los datos del estudio: “Mercado y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas” del BID, República entrevistó a Matías Busso, coeditor de dicha publicación y economista principal del BID. Su publicación generó una falsa narrativa sobre Guatemala; la realidad salarial en Guatemala es compleja y no puede atribuirse arbitrariamente a la concentración de mercados. Guatemala, lejos de necesitar regular su industria, necesita ampliarla y mejorar condiciones de base como la deficiente infraestructura, el sistema educativo, atraer más IED, entre otras cosas.
¿Cuáles son los límites de las inferencias que pueden extraerse del estudio para el caso de Guatemala, especialmente tomando en cuenta la información disponible para medir el take-home wage per dollar value contributed?
El informe estima que en Guatemala los trabajadores reciben alrededor de 32 centavos por cada dólar de valor que generan, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que ronda los 50 a 52 centavos, de 65 en Estados Unidos y de 81 en las economías avanzadas.
Pero el dato concreto tiene límites. La estimación para Guatemala no proviene de un censo económico nacional armonizado como el que existe para otros países de la región. Capta principalmente al sector formal. Por eso es una señal relevante, no un diagnóstico exhaustivo.
De ahí se desprende una prioridad concreta y positiva: construir la infraestructura de información del país. Guatemala se beneficiaría de estadísticas económicas más sólidas —censos de empresas, registros administrativos, datos de empleo vinculados a las firmas, indicadores regulares de entrada, salida, concentración, productividad y salarios.
¿Hasta qué punto el estudio permite distinguir entre una baja proporción de salario neto por dólar de valor contribuido causada por concentración empresarial y una causada por problemas estructurales del mercado guatemalteco?
La baja competencia suele tener varias causas. La concentración de empresas puede influir, pero también son clave las barreras que dificultan que más empresas entren, se formalicen, crezcan y compitan. Es importante aclarar que tener pocas empresas en un mercado, lo que llamamos concentración, no siempre significa que no haya competencia. Un mercado puede estar concentrado y aun así ser competitivo si la entrada es posible y la rivalidad es real. Por eso, el markdown salarial no debe usarse para atribuir toda la brecha a un solo mecanismo. La evidencia regional sugiere que los factores estructurales son importantes. Los markdown salariales son bastante persistentes en el tiempo, lo que apunta a características estructurales y no solo a factores pasajeros.
¿Cómo inciden variables de competitividad nacional, como la matriz energética limitada, la calidad de la infraestructura, los costos logísticos o la conectividad territorial, en debilitar la competencia y afectar la relación entre valor contribuido y salario neto recibido?
La energía, la infraestructura, la logística y la conectividad son parte de lo que podríamos llamar la infraestructura básica de la competencia. No basta con que haya muchas empresas; se necesita que puedan operar y llegar a clientes, empleados y financiamiento en condiciones razonables.
Estas variables afectan el tamaño efectivo de los mercados laborales locales y el costo de cambiar de empleo. Un transporte deficiente y una conectividad limitada restringen la movilidad, mientras que un suministro eléctrico poco confiable reduce la productividad y la capacidad de competir, especialmente de las empresas pequeñas. Cuando un trabajador no puede acceder a empleadores alternativos, sus opciones se reducen y una menor proporción del valor se refleja en sus salarios.
Cuando los mercados están separados por distancia, infraestructura, tecnología, regulación o fronteras, se vuelven más pequeños, con menos competidores, menos alternativas y menos presión para innovar. Reducir esa fragmentación es una forma concreta de promover competencia.
¿Cómo se incrementa la formalización de empresas en países como Guatemala, y de qué manera la informalidad afecta la medición o transmisión del valor contribuido por el trabajador hacia su salario neto?
La formalización aumenta cuando los beneficios de ser formal superan sus costos. Eso implica simplificar trámites e impuestos, reducir la incertidumbre, facilitar los pagos digitales, mejorar el acceso al crédito, ampliar los mercados para las empresas formales y hacer que el cumplimiento sea claro y proporcional. También implica revisar regulaciones que solo pueden cumplir empresas de mayor tamaño y que no siempre generan beneficios claros para la sociedad. Las reglas no deberían penalizar el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas ni crear incentivos para que permanezcan pequeñas.
La informalidad se relaciona con los markdowns salariales de dos maneras. Por un lado, el trabajo informal puede ser una alternativa y, por esa vía, influir en sus opciones laborales. Por otro lado, suele estar asociada con una menor presencia de empresas medianas. En el informe encontramos que, en los mercados laborales donde estas empresas tienen menos peso, tienden a observarse mayor concentración y mayores markdowns salariales.
¿Cuál es el rol de la tasa de urbanización, o de la concentración territorial de la actividad económica, en limitar la competencia laboral y reducir la proporción del valor contribuido que se traduce en salario neto para el trabajador guatemalteco?
La clave no es la tasa de urbanización en sí, sino qué tan conectados están los mercados laborales locales. Para un trabajador, lo relevante no es la economía nacional en abstracto, sino su mercado laboral local, definido por dónde vive y el tiempo que le toma llegar a sus potenciales empleadores.
La urbanización puede aumentar la competencia laboral cuando integra mercados, pero para ello se necesitan sistemas de transporte eficientes —dentro de las ciudades y entre ciudades y pueblos. El remedio es la conectividad: transporte e infraestructura digital, intermediación laboral, capacitación, certificación de habilidades y políticas que faciliten la expansión de las empresas a más territorios. Si los mercados laborales son más profundos y están más conectados, aumenta la competencia y la productividad tiene más posibilidades de reflejarse en mejores ingresos.
¿Qué tipo de reformas son necesarias para reducir la sobrerregulación a empresas, disminuir costos de entrada u operación, y mejorar la competencia sin debilitar estándares laborales, fiscales o de cumplimiento?
Hay regulaciones necesarias para proteger los derechos laborales, recaudar impuestos, cuidar la salud, proteger a los consumidores y preservar el medioambiente. El problema aparece cuando las reglas son más costosas de lo necesario, poco transparentes o terminan protegiendo a las empresas ya establecidas.
Una buena guía son estas tres preguntas: ¿existe un problema y qué falla de mercado lo causa?, ¿qué política lo corrige de la manera más eficiente? y ¿cuál es el costo de esa política para la competencia? Las regulaciones que atienden fallas genuinas deben mantenerse. Lo que conviene revisar es la tramitología que protege a los establecidos sin justificación.
En la práctica, una agenda razonable tendría tres componentes: revisar permisos y licencias para identificar barreras de entrada o expansión sin beneficios claros; simplificar y digitalizar trámites con criterios transparentes y plazos definidos; y evaluar el impacto de las nuevas normas sobre la competencia antes de aprobarlas. También es importante evitar políticas que castiguen el crecimiento, por ejemplo, cuando superar ciertos umbrales implica saltos de costos o pérdida de beneficios.
El objetivo es que cumplir con las regulaciones sea más fácil y que crecer sea más atractivo. Esta agenda es compatible con los estándares laborales y fiscales, y puede incluso fortalecerlos al ampliar la base de empresas formales y productivas.
¿Cómo puede diversificarse el tamaño de las empresas en Guatemala, de modo que más micro y pequeñas empresas puedan escalar hacia medianas y grandes empresas, y cómo afectaría esto la productividad y el take-home wage per dollar value contributed?
No se trata de reemplazar microempresas por grandes, sino de construir una escalera: que una microempresa productiva crezca a pequeña, luego a mediana y, finalmente, compita en mercados más amplios.
Para escalar se necesitan condiciones concretas: crédito, pagos digitales, infraestructura, logística, energía confiable, capacidad gerencial, integración a cadenas de valor, reglas tributarias simples y una regulación que no penalice el crecimiento. También es clave promover competencia en sectores insumo como transporte, telecomunicaciones, energía y servicios financieros. Más empresas medianas competitivas aumentan la competencia por los trabajadores, lo que ayuda a acercar el pago al valor generado, a reducir el markdown salarial. Al mismo tiempo, reasignar trabajo y capital hacia usos más productivos eleva la productividad agregada.
Las estimaciones del informe ilustran el potencial: acercar la competencia laboral a los niveles de las economías avanzadas podría elevar el PIB per cápita de América Latina y el Caribe hasta en un 25 % y reducir la dispersión salarial en torno a un 30 %. Reformas en mercados de productos podrían añadir cerca de 11 % al PIB per cápita y aumentar aproximadamente en un 6 % la participación del valor que reciben los trabajadores.

Luis González
15 días tensos en la CC por Mazariegos
554 palabras | 3 minutos de lectura

Las próximas dos semanas serán especialmente tensas por la “reelección” de Walter Mazariegos.
Qué destacar. Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) ya resolvió aspectos de forma, validando la continuidad del proceso, aún quedan acciones legales pendientes que podrían modificar el escenario.
La incertidumbre domina el ambiente universitario, pues no se ha resuelto nada de fondo sobre las denuncias de exclusión de electores y supuestas irregularidades.
La comunidad sancarlista mantiene la presión con protestas y recursos judiciales, mientras sectores críticos insisten en que la elección carece de legitimidad. La CC únicamente ha despejado suspensiones provisionales, pero no ha entrado a analizar la legalidad del procedimiento en su esencia.
Esto deja abierta la posibilidad de nuevos amparos y acciones de inconstitucionalidad. El desenlace de las resoluciones pendientes marcará el futuro de la rectoría que espera a su nueva autoridad a partir de julio.
En el radar. La recién aprobada ley “antilavado” sigue en proceso y aún no ha concluido su recorrido institucional.
Se espera que esta semana sea enviada al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial. Solo entonces entrará en vigor formalmente, aunque ya se han anunciado acciones legales que podrían retrasar su aplicación.
La regulación es considerada urgente porque de su implementación depende que Guatemala evite ser incluida en la lista gris del GAFI, donde se colocan los países con deficiencias en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La presión internacional obliga al país a demostrar avances concretos en materia de transparencia financiera. Sin embargo, varios sectores han advertido que la ley podría enfrentar amparos y acciones de inconstitucionalidad.
Lo que sigue. En estos meses las fuerzas políticas de Guatemala concentran su atención en la elección del Contralor General de Cuentas.
El cargo es decisivo porque de esta institución depende la extensión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida popularmente como finiquito, requisito indispensable para participar en las elecciones generales de 2027.
Los rectores universitarios fueron convocados para elegir al presidente de la comisión de postulación, el 15 de julio, con lo que iniciará el proceso de selección.
Su tarea es evaluar méritos académicos, experiencia y ética de los postulantes, pero esto es lo que se observa: en lo privado ocurren las negociaciones para elegir a un contralor que se ajuste a los requerimientos políticos en un año preelectoral.
Ecos regionales. La cumbre de la OEA en Panamá, prevista del 22 al 24 de junio de 2026, se anticipa marcada por tensiones bilaterales entre Costa Rica y Panamá en torno a integración y migración.
A ello se suma la polémica por la destitución de la asistente del secretario general. El ambiente previo refleja incertidumbre sobre la capacidad de la OEA para alcanzar consensos, mientras las diferencias bilaterales y las crisis internas amenazan con debilitar la cohesión regional.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, enfrenta fuerte presión por la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), aunque asegura que no la privatizará.
La expresidenta Laura Chinchilla ofreció disculpas al pueblo de Nicaragua y calificó de “atroces” las palabras de la presidenta Laura Fernández, quien dijo que los nicaragüenses tienen el gobierno que “han elegido tener”. Recordó que las últimas reelecciones de Ortega-Murillo fueron denunciadas como fraudulentas y que encubrir crímenes y represión es un desatino que avergüenza a Costa Rica.
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