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A trabajar, señor Presidente
República Política
May 09, 2024
¡Buenos días!
A poco más de 100 días del inicio del gobierno, todo apunta a que Bernardo Arévalo no consigue éxitos, cuando menos en el país, pues su política hacia fuera sí le ha dado réditos. Es bien visto por la “comunidad internacional” que lo ha apoyado desde el proceso electoral. Pero en la política local –toda la política es local, decía el exlegislador estadounidense Tip O’Neill– ha fallado una vez tras otra. Lo peor es que le achaca sus deficiencias a otros organismos del Estado, cuando la responsabilidad ejecutiva es suya; de nadie más.
Por ahora, lo que se ve de parte de los funcionarios son muchos videos y pocas acciones. El trabajo verdadero se ve por sí solo, no necesita fanfarrea.
Gracias por su suscripción y lectura.
En este boletín:
•Editorial: Presidente, es hora de ponerse a trabajar
•Corporación Justicia (III): la "franquicia CICIG" en Centroamérica y Colombia
•Nada cambia en el combate contra la migración ilegal en EE. UU.
Presidente, es hora de ponerse a trabajar
El presidente Bernardo Arévalo ha sufrido una derrota política más, la que se suma a una creciente lista, sobre todo, considerando el poco tiempo que ha transcurrido de su mandato; parece no dar pie con bola. Los cientos de videos subidos a redes sociales no son gobernar.
A partir del 14 de enero de este año, Arévalo debió dejar la retórica de campaña, sin embargo, se ha enfrascado en una –aparente– pugna en contra de la Fiscalía General y ha pretendido hacer creer que a él no le es posible gobernar por culpa de lo que ocurre en otras instituciones u organismos del Estado.
Cierto es que la lucha contra de la corrupción fue el estribillo de campaña que –probablemente– convenció a la mayoría de los votantes a elegirlo, pero su mandato no es el de encargado de la persecución penal, sino el de jefe del Ejecutivo.
No es por culpa de que el MP no persiga diligentemente los muchos actos de corrupción del gobierno pasado –algo que le debe a la ciudadanía– que el Ejecutivo no ejecuta; no ejecuta por incapacidad. Por supuesto que deben investigar y castigarse a los responsables del latrocinio, pero las atribuciones y facultades del Ejecutivo son otras, y en ellas ha sido remiso.
La incapacidad de ejecución del Ejecutivo tampoco es culpa –o responsabilidad– del Legislativo. Hasta ahora, Arévalo ha tomado una página del manual populista y ha pretendido escudarse echándole la culpa a otros. Antes, cuando las cosas no salían como los gobernantes socialistas querían, le echaban la culpa “al imperio”. Arévalo no puede decir eso, entonces culpa a enemigos internos.
Pero es que las funciones y atribuciones del Ejecutivo están definidas en la Constitución y en la propia Ley del Organismo Ejecutivo. Harían bien Arévalo y sus asesores en releerlas y aplicarlas.
¿Qué puede y debe hacer el Ejecutivo por sí? Por ejemplo, ordenar las carteras de ese organismo. Algo que la ciudadanía le aplaudiría es –de una buena vez– extirpar a Joviel Acevedo del sistema educativo, quien pretende seguir negociando privilegios en secreto para él y la dirigencia sindical. En este caso, en lugar de tomar una decisión ejecutiva, la ministra de Educación solicita a Acevedo que, por favor, retire su solicitud de confidencialidad y, como lavándose las manos, le pide a la Corte de Constitucionalidad que opine sobre si es dable ese secretismo.
Más que denunciar –que está bien, pero no es suficiente– Arévalo y su gabinete deben ejecutar el presupuesto e invertir, contratando de manera transparente y eficiente la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, etc. De entrada, eso lo diferenciaría de sus antecesores y también sería aplaudido.
Como un logro patente de la administración actual puede mencionarse su gestión para que los atletas guatemaltecos pudiesen acudir a las olimpiadas portando la bandera de su país. Eso, como una mención de la hasta ahora buena gestión en materia internacional. Para ello, no necesitó que el Congreso hiciera nada, ni que la fiscalía lo apoyase.
El presidente Arévalo tiene la oportunidad –como la han tenido sus antecesores– de hacer una gestión transparente y eficaz que saque adelante al país. Sus antecesores desperdiciaron su oportunidad; por el bien del país, se espera que él no desperdicie la suya.
Marimaite Rayo
•Corporación Justicia (III): la "franquicia CICIG" en Centroamérica y Colombia
820 palabras | 4 mins de lectura
Diversos grupos y personas con clara línea de izquierda tomaron como bandera la narrativa anticorrupción y han promovido la "franquicia CICIG" en El Salvador, Honduras, y en Colombia. Las pretendidas entidades nacen con el mandato de la lucha contra la impunidad, pero luego, con la intención de alinear sus intereses con las comisiones, la izquierda cambia el discurso de impunidad por corrupción.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no murió en 2019 cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato. El propio exjefe de la entidad –ahora ministro de la Defensa de Colombia– Iván Velásquez, sueña con replicar el experimento en su nación y otros países. Junto con el abogado Alfonso Carrillo, fundaron la Corporación Justicia y Democracia para que, en sociedad, alcancen sus fines ideológicos y económicos.
El modelo –principalmente en Honduras– es impulsado por exfuncionarios de la CICIG, como la abogada guatemalteca Ana Gabriela Contreras y el italiano Amérigo Incalcaterra. Ambos se han reunido en más de tres ocasiones con autoridades hondureñas para el efecto. Otro guatemalteco y abogado que conforma esta red es Arturo Aguilar, exasesor político de la CICIG, así como de la exfiscal Claudia Paz y Paz. También laboró en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y en la Seattle International Foundation (SIF). En la actualidad es Director para Centroamérica de la Rockefeller Brothers Fund.
El primer paso se dio con la cuestionada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), avalada por la OEA, la que funcionó en ese país de 2016 a 2020. El gobierno de izquierda de Xiomara Castro está en el proceso de instalar la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), más parecida a la CICIG. El respaldo es de la ONU y sus funcionarios, relacionados entre sí en esta y otras entidades como la OEA.
Por qué importa. En Guatemala, la CICIG funcionó durante 13 años a cargo de tres comisionados. Cada uno marcó una etapa de la institución financiada por países cooperantes. Su misión fue combatir los grupos criminales paralelos al Estado, pero muchas de sus acciones se hicieron con fines políticos.
La gestión más cuestionada fue la de Velásquez. En su intento por elevar la figura de la exfiscal Thelma Aldana con el propósito de buscar la presidencia del país, cometió diversas ilegalidades –violación a debido proceso, entre otras– que hasta la fecha tienen repercusiones en el sistema de justicia y el desarrollo de Guatemala.
El ahora ministro de Gustavo Petro cooptó la CICIG con abogados, investigadores y policías de Colombia, personas que trabajaron como él cuando fue magistrado auxiliar. Además, de Guatemala contrató a mandatarios ligados a organizaciones de izquierda, como la Fundación Myrna Mack.
Velásquez fue señalado de simpatizar con los grupos de izquierda y operar de acuerdo con esos intereses políticos; el tiempo confirmó lo que se dijo, pues es el funcionario de más confianza del presidente y exguerrillero Petro. Es tal su influencia, que su mano derecha en la CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, fue nombrada fiscal general de Colombia.
En perspectiva. En El Salvador, cuando inició el gobierno de Nayib Bukele, el partido Movimiento Semilla –de izquierda– tuvo acercamientos con la entonces candidata a la presidencia de Guatemala: la exfiscal Aldana. Uno de los puntos que los unió fue la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), apoyada por la OEA.
Aunque se mencionó a Aldana para dirigir la CICIES –y ella estaba anuente a "apoyar la lucha contra la corrupción en El Salvador–, fue nombrado otro guatemalteco: Ronalth Iván Ochaeta Argueta, padre de un diputado electo por Semilla.
Ochaeta fue director y cofundador de ODHAG, entidad de la Iglesia Católica vinculada con grupos de izquierda. Fue cercano al sacerdote Juan Gerardi, quien dirigió el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), documento que destacó presuntos crímenes del Ejército, pero fue benevolente con la guerrilla.
La entidad tuvo una corta vida. Funcionó de septiembre de 2019 a junio de 2021. Bukele no vio bien el intento de la OEA de contratar como asesor político a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y opositor del gobierno. Además, lo más grave, es que Muyshondt era procesado por malversación de fondos y lavado de dinero, entre otros delitos.
En conclusión. La izquierda eleva la voz de lucha anticorrupción y sigue promoviendo la "franquicia CICIG", pese a las irregularidades cometidas en Guatemala.
Estos grupos viven y operan con financiamiento de entidades como Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Seattle International Foundation y Open Society Foundation, por citar algunas.
Su objetivo es prevalecer su ideología mediante acciones aparentemente buenas como la lucha anticorrupción.
Sus más altos dirigentes, como el caso de la CICIG, gozaron de inmunidad y trataron de ser intocables, incluso de sus propios empleados, como el caso de la hermana de Ochaeta, que durante 7 años reclamó sus derechos laborales por despido injustificado.
INVITACIÓN A NUESTRA COMUNIDAD DE LÍDERES
•Concierto tributo a Armando Manzanero
Juan Pablo Manzanero, heredero del legado del gran compositor y cantante Armando Manzanero, ofrecerá un emotivo homenaje a su padre en Ciudad de Guatemala el Día de las Madres.
Qué destacar. Juan Pablo, destacado compositor y cantante en la escena musical mexicana, hijo de Armando Manzanero, presentará un emocionante espectáculo titulado "Tributo a mi padre". En este evento, cada interpretación revelará historias íntimas sobre su padre y de cómo nacieron cada una de sus canciones.
Cómo y cuándo. Reserve un espacio para este 10 de mayo a las 20 horas en Café Escenario, zona 9.
Para vivir esta experiencia compre su entrada aquí: https://bit.ly/ManzaneroRP
Rafael Párraga
•Nada cambia en el combate contra la migración ilegal en EE. UU.
587 palabras | 2 mins de lectura
El pasado martes 7 de mayo se celebró en Guatemala la Tercera Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. En ella se reafirmó el compromiso firmado por los 21 países reunidos en Los Ángeles durante la Novena Cumbre de las Américas en 2022. El fenómeno migratorio hacia EE. UU. se ha agravado desde entonces, sin embargo, el enfoque promovido por la administración de Biden sigue siendo el mismo.
La Declaración de Los Ángeles estableció: “nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
“Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, conforme proceda, promover los regresos seguros y dignos, de forma coherente con la legislación nacional, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones en virtud del derecho internacional”.
Sí, pero. Desde la pandemia, el flujo de migrantes hacia EE. UU. se ha desbordado como nunca. Desde el año fiscal 2021, se han registrado 7 millones 930 mil 130 “encuentros” con migrantes en la frontera sur de. La cantidad de personas que han entrado ilegalmente al país desde 2021 supera la población de 38 de los 50 estados del país y equivale aproximadamente a un 27.20% de la población del estado de Texas. Las cifras son insostenibles.
Solamente en diciembre de 2023 se registraron 301 mil 981 encuentros, más de la mitad de la población del estado de Wyoming. La mayoría de los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidaria, considera la situación una crisis.
A pesar de ello, el enfoque del presidente Biden no ha sido frenar la migración, sino que reducir el grado de ilegalidad.
Desde que asumió la presidencia, Biden ha tomado más de 500 medidas en la materia, resultando en la “legalización” del ingreso de más de 2.4 millones de migrantes.
Entre líneas. Entre los puntos acordados en Guatemala destacan las restricciones de visado a los ejecutivos de empresas colombianas de transporte marítimo, por facilitar la migración irregular; que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y varias de sus aerolíneas se comprometieron a limitar el uso de vuelos comerciales para la migración irregular; el establecimiento de una asociación de intercambio de datos biométricos entre Costa Rica y EE. UU., para mitigar el desborde de migrantes provenientes de Sudamérica; además del despliegue de recursos para fortalecer fronteras aéreas, marítimas y terrestres en Guatemala.
Antony Blinken anunció la donación de US$ 578M en ayuda humanitaria, ampliar las vías legales y apoyar la regularización e integración de los migrantes.
Se anunció, también, la ampliación del mecanismo de visas transitorias para combatir la migración extracontinental, la creación de nuevas Oficinas de Movilidad Segura y una aplicación móvil para el programa CBP One, bajo el cual hasta 547 mil personas han ingresado a EE. UU. entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
En conclusión. Los compromisos adquiridos en la reunión ministerial del martes parecen continuar en la misma línea de 2022. Reconociendo la incapacidad de frenar el sobre flujo de migrantes, la actual administración opta por maquillar el fenómeno, tomando ciertas medidas de freno, pero opacándolas con la narrativa de migración digna, regular y segura. Hasta el momento, el enfoque no le ha dado a EE. UU. los resultados esperados.
El votante estadounidense no diferencia entre migrantes que han ingresado al país por vías legales o ilegales; los esfuerzos de Biden siguen sin rendir frutos de cara a las elecciones de noviembre.