¡Buenos días!

Los diputados oficialistas y algunos funcionarios pareciesen querer agotar el refranero popular; tristemente, en el mal sentido. Hoy, toca aplicarles el que titula este boletín, pues una cosa es lo que dicen —hasta cansar, en redes sociales— donde monopolizan el discurso de transparencia, pero en la práctica, lo que hacen es todo lo contrario.

El año pasado, para lograr aprobar decretos de su interés, como la Ley de Competencia y el presupuesto, el oficialismo apoyó —con su voto, algunos, pero con su aquiescencia, todos— la llamada “ley ganadera” que facilitaba el lavado de dinero a través de mascararla como actividad ganadera. La Corte de Constitucionalidad, posteriormente, suspendió esas normas.

Ahora, para conseguir que se apruebe una nueva Ley contra el lavado de dinero —el que el año pasado favorecieron—, les ofrecen a los “aliados” un dulcito: una ley que se trae abajo controles de transparencia y expedita las contrataciones públicas. Todo, para que algunos corruptos diputados distritales y alcaldes, puedan hincarle el diente a los más de GTQ 12 000M a su disposición, pero que no han logrado ejecutar. ¡Oficialismo, fariseo!

No han sido casos aislados, se trata de un modus operandi; sí, todo apunta a que es en el contexto original de la expresión: el criminal. 

El fallo contra Uribe: un capítulo más del lawfare latinoamericano

El reciente fallo condenatorio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, representa un sombrío hito en la historia judicial de Colombia. Esta decisión, que declara a Uribe culpable soborno en actuación penal y de fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno a testigos, ha sido ampliamente criticada por su falta de solidez probatoria y múltiples irregularidades. No existe una sola prueba sólida que incrimine directamente a Uribe, como lo afirmó su abogado, Jaime Lombana.  

El proceso se sustenta en interceptaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal, testigos con credibilidad dudosa —como ex paramilitares con contradicciones evidentes— y una ausencia total de “prueba reina” que demuestre un aparato criminal organizado. El expresidente Iván Duque, en declaraciones públicas, rechazó la tesis de un “aparato criminal” y afirmó que Uribe es inocente, algo que es respaldado por millones de colombianos. Duque reiteró que el proceso está plagado de “graves irregularidades procesales”, enfatizando que busca un linchamiento moral para sacar a Uribe de la vida política. Medios de ese país han documentado estas falencias en detalle, presentando las pruebas, testigos e irregularidades que sugieren una persecución política más que un juicio imparcial.  

Este caso no es aislado, sino parte del continuo lawfare —guerra jurídica— que la izquierda latinoamericana ha empleado para perseguir a enemigos políticos, exmandatarios y opositores de derecha. Aunque el término a menudo se asocia con ataques contra políticos socialistas, la realidad muestra, precisamente, su uso inverso por regímenes de izquierda para neutralizar opositores y disidentes.  

En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, el juicio a Uribe —figura emblemática de la derecha— ejemplifica esta táctica: instrumentalizar el sistema judicial para deslegitimar a adversarios mediante procesos manipulados. No es casualidad que, luego de años en que la Fiscalía pidió el cierre del caso por falta de pruebas, al llegar al puesto Luz Adriana Camargo —mano derecha del enemigo declarado de Uribe, el exministro de Defensa, Iván Velásquez—, la marea cambió y ahora se le condena. 

Similarmente, en Venezuela y Nicaragua, la izquierda ha instrumentalizado la justicia contra opositores conservadores, como en las inhabilitaciones políticas o detenciones arbitrarias. Este patrón erosiona la democracia, convirtiendo tribunales en armas ideológicas para eliminar rivales y consolidar poder. 

En este contexto, el fallo invita a una profunda reflexión sobre la elección del fiscal general en Guatemala en 2026. Esa designación representa una oportunidad crucial para romper el ciclo de la persecución judicial. Guatemala debe optar por un fiscal imparcial, ajeno a agendas ideológicas, que priorice la objetividad y detenga el péndulo de venganzas judiciales. Solo así se restaurará el Estado de derecho, evitando que la justicia se convierta en herramienta de revancha, como en Colombia. La región necesita fiscales que sirvan a la verdad, no al poder.

El oficialismo busca aprobar —lo antes posible— un decreto que agilice la inversión pública, ya que, hasta ahora, solo se ha ejecutado el 12 % de los GTQ 12 000M asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). En su afán por cumplir con las metas de ejecución, han propuesto una ley que ha generado alarma en varios sectores, pues elimina controles de transparencia y podría abrir la puerta a posibles focos de corrupción.  

Por qué importa. Más allá del cambio en el discurso del propio oficialismo, pues vale recordar que, de estar en la oposición, habrían sido los primeros en rasgarse las vestiduras y rechazar una propuesta así. Las críticas giran en torno a que la propuesta, que establece una vigencia de tres años, permitiría a alcaldes, diputados y las mismas autoridades evadir controles de transparencia bajo el argumento de agilizar la inversión pública.

• La iniciativa de ley, presentada el 14 de julio por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, quienes dirigen la facción afín al Ejecutivo, no solo beneficia a los CODEDE. También exime de control a instituciones del gobierno central, entidades descentralizadas o autónomas y las municipalidades.
  
  

• Aunque el documento define las inversiones estratégicas como aquellas que contribuyen a mejorar la movilidad urbana y rural, la seguridad ciudadana, la educación, salud, cultura y deporte; entre otros, la realidad es otra.
  
  

• En la práctica, muchos de estos proyectos no llegan a beneficiar a la población, pues suelen estar diseñados con fines clientelares o para el enriquecimiento de quienes los promueven. 

En el radar. La propuesta tampoco pasa desapercibida en el contexto político actual.  El Congreso muestra un bajo nivel de actividad legislativa: solo cuatro decretos han sido aprobados en 2025.

• En ese marco, esta iniciativa podría convertirse en una moneda de cambio para avanzar en otras prioridades del oficialismo.
  
  

• Una de ellas es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que le permitiría al gobierno sortear el inminente vencimiento del contrato petrolero con Perenco, previsto para el próximo 12 de agosto.
  
  

• También está la reciente iniciativa de ley contra el lavado de dinero, que busca sustituir el marco legal vigente desde 2001. Y por último, se acerca el 2 de septiembre, fecha en que el Ministerio de Finanzas debe entregar el proyecto de presupuesto 2026.

En conclusión. La iniciativa del oficialismo, aunque se presenta como una medida para acelerar la inversión pública, ha encendido las alertas sobre los riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

• El cambio en el discurso del ahora oficialismo evidencia una contradicción respecto a sus posturas cuando eran oposición.
  
  

• En un aparente estancamiento en la agenda, la propuesta podría servir para destrabar otros temas que interesan al Ejecutivo.
  
  

• Sin embargo, sin controles adecuados, existe el riesgo de que las obras no sean ejecutadas y solo sea un desperdicio de recursos, que terminen en redes de corrupción.

En noviembre iniciará el proceso para elegir al próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); se efectuará en medio de otros cambios de autoridades judiciales, como el de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).

Por qué importa. La USAC, desde su creación, ha tenido incidencia política. Esta giraba alrededor de sus egresados: profesionales calificados y destacados. Sin embargo, con el paso de los años, decayó. Ahora, la universidad responde a intereses particulares de grupos de poder. 

• La USAC tiene un rol activo en varios sectores del país, como el económico o el jurídico, en donde elige o posee representación en juntas directivas.
  
  

• La participación de la universidad abarca 65 instituciones del sector público, tanto descentralizado como municipal. Entre ellas, las elecciones del MP, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la CC.
  
  

• Esta presencia hace llamativa y apetecible la rectoría y las decanaturas de la universidad. Los grupos de poder buscan incidir en la USAC para influir en los procesos en los que participa.

Cómo funciona. El sistema de elección interno de la universidad es complejo. Lo integran docentes, estudiantes y los colegios profesionales. Sin embargo, este año se modificó el Reglamento de Elecciones, que redefine las reglas para la elección del próximo rector de la USAC. 

• La Rectoría está integrada por el rector, un secretario, director financiero y director de Asuntos Jurídicos.
  
  

• El rector, Walter Mazariegos, ha sido vinculado a políticos y operadores. Además, durante su administración, fue tomada la USAC por estudiantes y docentes. El MP vincula al grupo de manifestantes con el cancelado Movimiento Semilla.
  
  

• El Consejo Superior Universitario (CSU) lo conforman el rector (1), los decanos de las facultades (10), docentes (10), estudiantes (10) y los Colegios de Profesionales (10).

Sí, pero. En los últimos años, el rol del CSU se desvirtuó. La participación del rector y los decanos ha sido cuestionable en los procesos, por ejemplo, en las Comisiones de Postulación. En este sentido, varios exrectores y exdecanos se han visto involucrados en procesos judiciales. 

• Estuardo Gálvez y Murphy Paiz son dos exrectores que fueron procesados y enviados a prisión. El MP los señaló en el caso de Comisiones Paralelas 2020.
  
  

• Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y Avidán Ortiz, exdecano de la misma unidad, fueron investigados por diferentes casos de corrupción. Entre ellos, el caso Asalto en el Ministerio de Salud.
  
  

• Ninguno prosperó. Los jueces dictaron falta de mérito, por no tener suficiente evidencia. No obstante, las dudas se mantienen contra las autoridades y exautoridades universitarias.

En conclusión. La elección del nuevo rector definirá el camino de la USAC y también su papel en los procesos claves para la institucionalidad del país. Los antecedentes comprometen la credibilidad de una elección que debería responder al interés del país y no a intereses personales. 

• El control político de la USAC ha devenido en una deslegitimación de su participación en todo el entramado estatal, pero, sobre todo, en su rol como elector de autoridades judiciales.
  
  

• El poder que la universidad estatal ejerce en espacios del Estado la convierte en un botín para actores con intereses ajenos a la academia.
  
  

• Lamentablemente, todo apunta a que se consolidará el sistema; si es reelegido Mazariegos, es segundario.