Trascendental sopa de letras

¡Buenos días!

En el ámbito político no hay asunto al que se le deba poner más atención, que las elecciones y designaciones que se llevarán a cabo en el 2026, de la que parecería una sopa de letras: CC, MP, TSE y CGC.

El Gobierno, los diputados, y magistrados —pero también grupos de interés y particulares metiches— están calentando motores para incidir en esos procesos. De cara a ello, la próxima elección interna en la CSJ para elegir al presidente de ese Organismo —que, entre otras gracias, presidirá la Comisión de Postulación de FG— es clave, además de inminente.

Entre sanciones (retiro de visa) de EE. UU. a magistrados y la creación de nuevas Salas de Apelaciones —amén del nombramiento de varios nuevos magistrados—, el Organismo Judicial vuelve a ser un agente político, desdibujándose de su fin primigenio: la impartición de justicia.

Mucha atención se le debe poner a esas maniobras con fines políticos —y económicos— por parte de los togados. No es necesario esperar a “las alegres elecciones” del 2027, pues desde octubre de este año iremos viendo qué vientos soplan y qué basura levantan. 

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de cuatro Salas de Apelación. Un día después, el 5, creó otras 13. En total, fueron 17 instancias. Aunque la Constitución faculta a la CSJ para crear nuevas Salas, el método empleado para la distribución de los nuevos magistrados genera dudas: por ejemplo, hay suplentes convertidos en titulares provisionales.

Por qué importa. Las Salas de la Corte de Apelaciones son tribunales colegiados que revisan sentencias de primera instancia. Cada una funciona con tres titulares y dos suplentes. La reciente decisión de la CSJ altera esta estructura al recurrir a suplentes como “piezas fijas” de nuevas Salas. 

• Las Salas son clave, porque revisan decisiones de tribunales inferiores y garantizan el debido proceso. El país contaba, antes de las nuevas, con 52.
  
  

• Al modificar su integración, se afecta el equilibrio interno de la justicia ordinaria, que ahora se integra de 69 salas.
  
  

• Esta práctica compromete la certeza jurídica y genera dudas sobre la independencia del sistema. 

Visto y no visto. El problema radica en cómo se completaron las 17 salas creadas, que representan a 85 cargos. En lugar de nuevos nombramientos, la CSJ trasladó magistrados de otras sedes y asignó a suplentes como “provisionales”, algo que desnaturaliza la función para la que fueron electos. 

• Los suplentes solo deben cubrir ausencias temporales, no plazas definitivas. Si se usan para nuevas Salas, las existentes quedan sin suplentes disponibles.
  
  

• En caso de ser necesarios para conocer procesos, estos no podrían realizarse. Los 17 presidentes de las nuevas salas eran titulares de otras ya existentes.
  
  

• Los 34 vocales de las nuevas salas fueron llenados con el mismo número de suplentes que pasaron a ser “titulares provisionales”.

Entre líneas. El trasfondo de la creación de las nuevas salas no solo es administrativo. Los magistrados titulares tienen derecho a voto en el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones (IMCAOJ). Sin embargo, los suplentes designados provisionalmente no lo poseen. Esto preserva la correlación de fuerzas actual, pero con más Salas. 

• El IMCAOJ participa en la elección de la comisión de postulación de 2029, que propondrá candidatos a magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones (CA).
  
  

• Con suplentes sin voto, se mantiene el control político de la estructura interna. Es decir, la mayoría actual dentro del Instituto.

En conclusión. La ampliación de 17 Salas de Apelaciones muestra cómo una decisión institucional puede transformarse en un punto de tropiezo para la justicia del país. Aunque se argumenta que busca eficiencia, el procedimiento adoptado es cuestionable.

• El uso de suplentes como “titulares provisionales” despoja su función original. Además, compromete la cobertura de ausencias en las salas existentes.
  
  

• El argumento de la creación de las nuevas salas era reducir la mora judicial. Sin embargo, la falta de magistrados y su mala distribución prometen lo contrario. 

Los diputados medirán fuerzas este martes al discutir las nueve objeciones al decreto 7-2025, aprobado la semana pasada de urgencia nacional y sin mayor debate, que garantiza recursos para los consejos departamentales de desarrollo (CODEDE).

Para algunos legisladores, las objeciones planteadas por el oficialismo fueron un intento de retrasar el envío del decreto al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. Sin embargo, los jefes de bloque acordaron abordarlas en la agenda de hoy, con lo que se avanza en el proceso legislativo y se abre la vía para remitirlo al presidente.

Álvaro Arzú, del Partido Unionista, impulsó la inclusión del punto en la agenda. Recordó que el artículo 177 de la Constitución Política establece que un decreto debe enviarse al Ejecutivo en un plazo máximo de diez días. La mayoría de los legisladores respaldó su propuesta y quedó entre los primeros asuntos a discutir.

Las nueve objeciones fueron presentadas por diputados afines al mandatario: José Carlos Sanabria, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Duvalier Castañón, Victoria Godoy, Raúl Barrera y Olga Villalta. Para frenar el envío del decreto necesitarían 81 votos, apoyo que se considera poco probable. Todo apunta a que la decisión final recaerá en el presidente Arévalo, quien ayer evitó fijar postura.

“El decreto todavía no ha llegado al Ejecutivo. El Congreso está cumpliendo con los procesos de ley. Nosotros ya lo estamos estudiando. No podemos permitir mecanismos que, por cualquier razón, abran la puerta a la corrupción. Lo revisaremos en cuanto lo recibamos”, indicó Arévalo.

Algo improbable sería que el Congreso “archive” el decreto; la última vez en que sucedió —tras aprobar objeciones— fue en agosto de 2022, cuando 112 diputados votaron en contra de la ley contra la ciberdelincuencia, que ya no fue remitida al entonces presidente, Alejandro Giammattei.

Otros temas de agenda

Además de las objeciones al decreto 7-2025, los legisladores incluyeron en la agenda avanzar en primer debate con la ley de ciberseguridad (pendiente desde aquella fecha), la reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral, la ley que crea el sistema de búsqueda Ángel-Domingo.

También se programó conocer la ley de portabilidad numérica, la ley para prevenir el abuso sexual infantil, así como la ley de mediación y una reforma al Código de Trabajo que establece la inembargabilidad del salario mínimo.

Como último punto, vuelve a figurar la elección del primer secretario de la Junta Directiva, lo que refleja que su resolución sigue sin despertar mayor interés entre los diputados.

Sesión solemne 

El jueves 11 de septiembre, el Congreso celebrará una sesión solemne por el Día de la Independencia. Al concluir, se continuará con la plenaria destinada a las interpelaciones a ministros de Estado.

Ese mismo día por la tarde, los jefes de bloque volverán a reunirse para definir la agenda de la próxima semana, ya que el lunes es asueto y las actividades se reanudarán el martes 16 de septiembre. 

El Ejecutivo mantiene una postura reservada frente al decreto 7-2025, que propone la posibilidad de trasladar fondos no ejecutados —de los CODEDE— al presupuesto de 2026 para culminar obras pendientes, mientras se evalúan los riesgos relacionados con la trasparencia.

En conferencia de prensa semanal, el presidente Bernardo Arévalo abordó este tema luego de ser cuestionado por los periodistas, ya que inicialmente no se pronunció al respecto. Se esperaba que expresara su opinión, pero solo lo hizo tras las preguntas específicas.

Se le consultó sobre la reacción y postura del alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Sebastián Siero, quien advirtió que convocaría manifestaciones si el mandatario decidiera vetar la normativa. Arévalo, en tono crítico, indicó: “Es el mismo alcalde a quien no le gusta la lucha contra la contaminación. Parece que favorece causas perdidas [...] claramente, a él no le interesa combatir la corrupción como a nosotros”. También cuestionó el uso de amenazas en el debate público, afirmando que “hay que preguntarle por qué siempre recurre a ellas, parece que no confía en la solidez de sus argumentos”.

El mandatario recordó que su administración enfrenta el desafío de impulsar obras públicas para solventar necesidades históricamente desatendidas, pero con un enfoque basado en la trasparencia institucional, tras años marcados por escándalos de corrupción.

Respecto al decreto, explicó que la legislación actual obliga a planificar los proyectos con dos años de anticipación a través de los CODEDE, pero en la práctica esto no siempre se cumple. Por eso, con acuerdos entre el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y los alcaldes, se busca que todos los proyectos para 2027 estén aprobados antes del 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, reconoció que algunos trabajos no finalizarán en ese plazo y que sería contraproducente que los recursos asignados se devolvieran a la cuenta general del Estado. Por esa razón, el texto del presupuesto del 2026 enviado al Congreso, facultaría la continuación de obras en 2027 de forma excepcional.

Por otro lado, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, mencionó la reactivación y avance de 14 proyectos viales entre el Fondo Social y la Dirección General de Caminos.

Dentro de ellos incluyen puentes, carreteras y rehabilitación de rutas en diversos departamentos como San Marcos, Petén, Izabal y Quiché. Entre las obras destacadas figuran el paso a desnivel de Calzada Roosevelt (68 % de avance) y el puente Chicomoz en Baja Verapaz (95 %), con entregas previstas entre noviembre y diciembre.

Asimismo, indicó que hay 37 proyectos adicionales pendientes de reactivación y que COVIAL administra 458 iniciativas de mantenimiento y supervisión, entre adjudicadas y en proceso. 

Agenda presidencial 

Martes 9:  

• Programa: “A tu tierra”, en Sacatepéquez 

Jueves 11 

• Lanzamiento de transformación digital 

• Participación en el foro regional de Fundación Esquipulas 

Viernes 12: 

• Declaratoria del cuarto municipio de pisos de tierra en Colotenango, Huehuetenango