Tren Maya: corrupción importada

¡Buenos días!

El populista gobierno de AMLO dejó un largo listado de faraónicos proyectos para masajear el ego del exgobernante, más que para llevar desarrollo. Uno de ellos: el “Tren Maya”.

Absurdamente por encima de un presupuesto razonable, su construcción estuvo —y está— rodeada de casos de corrupción que, por supuesto, involucran al círculo cercano del exmandatario, incluso vinculando a su progenie. Más allá de esa indeleble mancha, el nocivo efecto ambiental es patente.

La sucesora —puesta a dedo— de AMLO lo sigue promocionando y, ahora, pretende exportarlo a Guatemala.

Un Gobierno como el actual, que se dice “anticorrupción”, mal hace en permitir que se importen proyectos como ese, como si no hubiese suficiente corrupción que erradicar acá. Ojalá la coincidencia ideológica, no ciegue a Bernardo Arévalo.

El proyecto ferroviario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el “Tren Maya”, empezó sus operaciones a finales del 2023. El propósito del megaproyecto es establecer una robusta infraestructura logística en el país, promoviendo el turismo a otros sectores de México, reduciendo costos en el transporte de carga. AMLO prometió que el proyecto llevaría mayor desarrollo al sur del país, zona cuya brecha económica con el norte del país es bastante notoria.

Por qué importa. El Tren Maya ha sido uno de los megaproyectos mexicanos más caros de su historia, más allá de su impacto medioambiental —y todo apunta a que los costos sobrepasan los beneficios esperados.  

• El presupuesto se ha triplicado desde su concepción —de MXN 150 000M, a 500 000M—, a pesar de que este fue promocionado por AMLO como rentable y poco costoso.
  
  

• En sus inicios, el proyecto fue pensado para ser construido a través de APPs —con capital de riesgo privado—, sin embargo, el peso financiero ha recaído casi totalmente en el Estado.
  
  

• La Auditoría Superior de la Federación encontró numerosas irregularidades en la ejecución del proyecto y el proceso de contratación, que todavía no se han aclarado.

Lo indispensable. Las decisiones estatales en relación con la administración financiera y ejecutiva del proyecto han suprimido la capacidad de fiscalización en una política que maneja una cantidad ingente de fondos.  

• El proyecto fue transferido a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), intentando mejorar la capacidad ejecutiva a través de la figura jurídica de la “seguridad nacional”, pero restándole transparencia por la misma razón.
  
  

• La militarización, junto a la adjudicación de contratos, habitualmente se convierte en un ambiente propicio para la corrupción.
  
  

• A pesar de que se publican reportes financieros, el proceso ha sido cada vez más oscuro.

Lo que sigue. Las capacidades financieras del Estado federal se verán puestas a prueba mientras más se expanda el proyecto.  

• La estabilidad financiera es limitada sin constantes subsidios del gobierno federal a corto y mediano plazo, especialmente si la atracción de turismo y el crecimiento del sector logístico no es la óptima.
  
  

• Los gobiernos consecuentes tendrán que maniobrar fiscalmente para mantener el tren si este no rinde cómo ha sido proyectado. El Tren Maya parece una bomba de tiempo financiera.
  
  

• Al final, los ganadores se encuentran en el “club de Toby”; AMLO, sus hijos y sus amigos han salido victoriosos a través de contrataciones poco transparentes y el tráfico de influencias.

En conclusión. La construcción de este proyecto de infraestructura para el desarrollo económico en México ha dado lugar a múltiples irregularidades. Desde las reservas de información bajo condiciones de Sedena hasta el nepotismo, el Tren maya parece ser una manera de utilizar el erario mexicano para afianzar la posición de los aledaños a AMLO. En última instancia, el Tren maya se erige en un símbolo de cómo la opacidad y el clientelismo pueden hipotecar el futuro económico de la nación a los cercanos al gobierno. 

El próximo martes 2 de septiembre, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, presentará al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, estimado en GTQ 161 779.6M, equivalente al 16 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Junto a la elección de la nueva Junta Directiva, la discusión del presupuesto suele ser uno de los temas centrales del segundo período ordinario. Sin embargo, este año, otras iniciativas han ganado terreno y podrían sumarse a la agenda prioritaria de los diputados.

Entre ellas destacan la reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que permitiría a los diputados independientes conformar bloques, y la modificación de la Ley de Contrataciones para aplicarla en las municipalidades.

Mientras tanto, el oficialismo no logra respaldo para impulsar la ley de agilización de inversión pública, que ni siquiera cuenta con dictamen de comisión, requisito indispensable para su debate en el pleno. En paralelo, la oposición busca reunir los votos necesarios para aprobar su propia propuesta que facilitaría la ejecución de fondos asignados a los Consejos de Desarrollo (CODEDES).

Aunque varios aseguran que los votos aún no están asegurados, en el Congreso los consensos pueden construirse en cuestión de minutos, por lo que no se descarta alguna sorpresa en la sesión convocada para hoy a las 14:00 h.

Vale recordar lo ocurrido el 29 de abril, cuando la oposición logró aprobar una moción que incluía la sustitución de Karina Paz, la remoción de un representante suplente de la Junta Monetaria, cambios en presidencias de comisiones y la designación de tres vocales en la Comisión Permanente. Finalmente, el oficialismo y sus aliados evitaron el avance de esa agenda, pero bancadas como Vamos, TODOS y Valor no se han quedado de brazos cruzados y buscan sumar el apoyo para que puedan avanzar en temas de su interés.

Agenda del día

La sesión de hoy contempla 10 iniciativas de ley en primera lectura. Entre ellas figuran la ley de mediación, la reforma a la Ley Temporal de Desarrollo Integral y la ley contra la violencia sexual digital, entre otras.

También vuelve a incluirse la ley de alimentación saludable, que la semana pasada generó fricciones luego de la extensa intervención del diputado Jairo Flores, uno de sus principales promotores, lo que provocó la ruptura del cuórum. La propuesta solo ha avanzado en dos lecturas.

Otro punto pendiente es la reforma a la Ley de Competencia, que la semana pasada apenas avanzó en tres enmiendas. Ante la falta de acuerdos, los diputados abandonaron la sesión.

Finalmente, se mantiene en agenda la elección del primer secretario de la Junta Directiva, cargo vacante desde hace cinco meses —tras la salida de Karina Paz—, quien debió dejarlo al ser declarada independiente. Al estar ubicado al final del orden del día, queda claro que todavía no existen los votos para concretar su elección. 

El programa Mano a Mano, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), avanza en la sustitución de pisos de tierra, por los de concreto, en viviendas de comunidades con bajos índices de desarrollo humano. El ministro Abelardo Pinto informó que ya se han entregado 25 000 pisos de concreto y que la meta es alcanzar 45 000 hogares en municipios priorizados antes de fin de año.

La iniciativa va más allá de la infraestructura. Incluye estufas mejoradas; eco filtros; huertos familiares, y bonos sociales, con el objetivo de mejorar la salud, la nutrición y la calidad de vida de las familias. Estudios muestran que un piso de cemento puede reducir en 49 % los casos de diarrea, en 78 % las infecciones parasitarias y en 81 % la mortalidad infantil, lo que evidencia su impacto directo en el bienestar familiar.

El desafío sigue siendo grande: en Guatemala aún existen 850 000 hogares con piso de tierra. En este esfuerzo participa también el sector privado. Cementos Progreso, a través de programas como Juntos por tu hogar y HogaRES, promueve la colocación de pisos de concreto en comunidades de bajos recursos.

Además, participa en la iniciativa regional 100 000 pisos para jugar, que busca reemplazar esa cantidad de pisos en Latinoamérica y el Caribe antes de 2028, mostrando cómo mejoras simples en el hogar generan impactos significativos en la salud y el bienestar.

En paralelo, el Ejecutivo presentó avances del programa Mi primera casa, lanzado a fines del año pasado, para facilitar el acceso a vivienda mediante créditos hipotecarios con tasas preferenciales y plazos de hasta 40 años.

Hasta ahora se han entregado 222 casas, con más de 37 000 personas interesadas, 570 solicitudes completas y 1072 casos activos. El programa permite a las familias elegir su vivienda y se desarrolla tanto en el área metropolitana como en otros departamentos, incentivando a los desarrolladores a expandirse fuera de la capital. 

En el ámbito sanitario, el Viceministerio de Atención Primaria en Salud destacó los esfuerzos para acercar los servicios a comunidades históricamente excluidas. En un año y medio se han inaugurado y reemplazado puestos de salud que ya benefician a más de 200 000 personas.

Se busca consolidar una red integral de servicios de salud, organizada por áreas geográficas y poblaciones adscritas, de manera que cada comunidad tenga un servicio que conozca su perfil epidemiológico y necesidades.

La red funciona por niveles: los puestos de salud comunitarios atienden unas 2 500 personas; los territorios, con equipos multidisciplinarios, cubren alrededor de 10 000 habitantes; las redes locales coordinan varios territorios con capacidad para 20 000–30 000 personas; las redes distritales cuentan con atención 24/7 para unos 50 000 habitantes; y las redes inter distritales y regionales integran especialidades y hospitales para casos complejos.  

Se proyecta fortalecer hospitales en Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango y Zacapa, y para 2024–2025 se prevén 52 intervenciones de infraestructura, con una inversión de GTQ 114.7M y un impacto en 264 467 beneficiarios. 

Agenda presidencial

Jueves 28  

• Reunión CONAPREVI 

Viernes 29  

• San Juan Ermita será declarado tercer municipio libre de tierra