Trump nomina como embajador a un "sharpshooter"

¡Buenos días!

Luego de la salida de Tobin Bradley y Patrick Ventrell de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, ahora bajo la dirección del encargado de negocios, John Barrett, la misión ha abandonado los vínculos que mantuvieron aquellos funcionarios con diputados, operadores y candidatos cuestionados que, en detrimento de los intereses estadounidenses, utilizaban a esa misión como parapeto. Eso se acabó.

Pero por si quedaba alguna duda —como si fuese posible, luego del desmantelamiento de la perniciosa USAID y demás acciones decisivas de la administración Trump— de cómo la influencia de sectores de izquierda e, incluso, de políticos ligados al narcotráfico y a corruptelas en adquisiciones gubernamentales ha terminado, la nominación como embajador de ese país en Guatemala de Juan José Rodríguez, un avieso y experimentado abogado ajeno al Departamento de Estado, es la tapa al pomo.

Rodríguez conoce a detalle cómo las estructuras de izquierda han penetrado la institucionalidad judicial, legislativa y administrativa del Estado guatemalteco; escogido a dedo por el presidente Trump, no le hará el juego a aquellos que han atentado contra los intereses estadounidenses.

La administración de Bernardo Arévalo puede esperar un embajador que, precisamente por no ser de carrera, no se quedará atrapado en ambages y no por ello atentará contra la soberanía nacional, como sí lo hicieron varios de sus antecesores.

Desde ahora y antes de su arribo, ¡bienvenido, embajador Rodríguez!

Reynaldo Rodríguez
Riesgos de gobernabilidad: elecciones legislativas de Colombia
652 palabras | 2 minutos de lectura

Colombia ha concluido una jornada electoral decisiva este 8 de marzo de 2026, redefiniendo el equilibrio de poder para el próximo cuatrienio. Los resultados de las legislativas dibujan un mapa político marcado por la consolidación de bloques antagónicos y la aporía de la importancia del centro aún después de su debilitamiento. 

• Este veredicto en las urnas no solo renueva el Congreso, sino que establece el punto de partida definitivo para la carrera presidencial de mayo.

   

En perspectiva. El mapa político colombiano se reorganiza bajo una lógica de bloques consolidados que profundizan la polarización nacional.

• Las consultas interpartidistas definieron el tablero presidencial, erigiendo a Paloma Valencia como presidenciable factible, quien se enfrentará a Iván Cepeda, líder en encuestas, y a Abelardo de la Espriella.

• En el ámbito legislativo, los resultados generales muestran una concentración de poder en las bancadas mayoritarias, con el Pacto Histórico asegurando 25 curules en el Senado y 42 en la Cámara de Representantes. El Centro Democrático, recuperando terreno, con 17 escaños en el Senado y 27 en la cámara baja. Le sigue el Partido Liberal, que mantiene su relevancia con 13 y 26 asientos, respectivamente.

• El escenario arroja una dualidad estratégica: el Pacto Histórico se ratifica como el bloque unificado ganador y la fuerza principal del Congreso, mientras que la derecha, aunque fortalecida y con la votación individual más alta en su consulta, queda configurada como una mayoría insuficiente.

Lo indispensable. El nuevo equilibrio legislativo impone una aritmética de consensos obligatorios que condicionará la viabilidad de cualquier agenda de gobierno a partir de agosto.

• La configuración de mayorías absolutas en el Congreso es de 52 curules para el Senado (de 103) y 92 para la Cámara (de 183); sin embargo, ninguna fuerza política ni coalición con afinidad ideológica clara alcanzó estas cifras de forma autónoma.

• La gobernabilidad del próximo Ejecutivo dependerá exclusivamente de su capacidad para seducir al sector de centro y a los partidos tradicionales (Liberal, Conservador y de la U), quienes actuarán como los fieles de la balanza que podrían bloquear o permitir las políticas públicas del régimen.

• Esta atomización eleva significativamente el riesgo de parálisis institucional para los proyectos estructurales —como las reformas a la justicia o a la seguridad— de los candidatos punteros, pues cualquier iniciativa radical enfrentará un filtro de moderación o bloqueo en las comisiones constitucionales.

Entre líneas. El ejercicio del poder en el próximo cuatrienio se desplazará del debate parlamentario hacia la audacia administrativa y la negociación transaccional con sectores tradicionales.

• El Partido Liberal, junto con partidos satélites de centro, se consolidan como los actores más determinantes del sistema. Su posición bisagra los convierte en los únicos capaces de aceptar o sepultar reformas estructurales, obligando a cualquier presidente a un quid pro quo pragmático que les otorgue presupuesto regional.

• Para figuras percibidas como “polarizantes”, como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, la fragmentación legislativa sugiere que la gobernanza por decreto dejará de ser una excepción para convertirse en la norma de gestión, teniendo que pelear en el frente judicial contra el filtro jurídico de la Corte Constitucional.

• En términos de viabilidad, aun con la opción de derecha más moderada de Paloma Valencia, la aglutinación del centro es poco probable. Cepeda y de la Espriella enfrentan una probabilidad crítica de parálisis institucional, quedando atrapados en una legislatura sin producción normativa sustancial, especialmente para el último, pues el candidato no tiene un aparato partidario consolidado.

En conclusión. Los resultados electorales confirman que Colombia ha votado por una pluralidad que impide mandatos absolutos, obligando a los aspirantes a moderar sus agendas si pretenden superar la inercia legislativa. El riesgo de una parálisis institucional es real si el Ejecutivo opta por la confrontación en lugar del consenso con las fuerzas bisagra.

• El éxito de la próxima administración se medirá por la destreza para navegar un Congreso sin mayorías claras en un momento con necesidad crítica de legislación contundente en el área económica y de seguridad.

Ana González
Oficialismo y oposición compiten por los 107 votos clave para elegir a los magistrados del TSE
441 palabras | 2 minutos de lectura

Aunque los diputados acordaron incluir en la agenda de la plenaria de hoy la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no están asegurados los 107 votos necesarios para nombrar a las nuevas autoridades del órgano electoral.

Según varios diputados consultados, hasta ayer ninguna de las fuerzas políticas contaba con los votos suficientes para garantizar la elección, por lo que las negociaciones continúan entre las distintas bancadas en busca de consensos. En ese contexto, los nombres que se mencionan en los pasillos del Congreso todavía no son definitivos, ya que los acuerdos pueden modificarse en las horas previas a la votación.

Entre los perfiles que han sido mencionados en las conversaciones figuran Juan José Bolaños, Karin Romero, Eva Recinos, Roberto Morales y José Luis Samayoa; diputados de diferentes bloques coincidieron en que el nombre de Lesther Castellanos no aparece en ninguna de las posibles listas. Castellanos fue señalado de socavar la democracia y se le retiró la visa, al igual que a Wilber Castellanos, vinculado al caso Comisiones Paralelas.

Ante la posibilidad de que este martes no se logre concretar la elección, los diputados incluyeron, nuevamente, el tema en la agenda de la sesión prevista para el próximo jueves, como una medida preventiva para evitar retrasos en el proceso.

El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva del Congreso, reconoció que se trata de una elección compleja, ya que se debe designar a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE.

“Estos magistrados se eligen con 107 votos, entonces debe haber mucho consenso dentro del pleno. Se está trabajando en los acuerdos con las diferentes bancadas [...] esta elección debe tener mucho consenso. Casi todas las bancadas deben dar sus votos”, declaró.

Rivera añadió que, si la elección no se concreta hoy, se intentará nuevamente el jueves e incluso podría declararse sesión permanente hasta concluir el proceso, ya que recordó que el 20 de marzo deben asumir las nuevas autoridades electorales.

Lavado de dinero a primer debate

Junto a la elección de magistrados, también está previsto avanzar con el primer debate de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, iniciativa 6593, la cual busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La propuesta pretende prevenir este delito y modernizar el actual sistema antilavado del país. Las evaluaciones del GAFI han advertido riesgos reales de que Guatemala ingrese a la llamada “lista gris”.

El proyecto establece que el país necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada con estándares internacionales, enfocada en prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Sí se hizo mucho énfasis en que la norma no busca perseguir la economía informal, restringir el uso de efectivo ni introducir objetivos tributarios.

Además, se prohíben las cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas en la ley a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.

La propuesta también amplía y detalla el catálogo de “personas obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin afectar las actividades lícitas.