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Un cambio de modelo para bien
República Política
November 14, 2024
¡Buenos días!
Son pocas las ocasiones que se tienen para hablar bien de la gestión pública, por eso es por lo que hay que aprovechar cada una de ellas.
El Congreso aprobó una buena ley, que será buena en tanto y cuanto se permita que opere como corresponde. Trabas a las buenas políticas siempre hay; sindicatos, armonización con otras normas sectoriales, grupos de interés —políticos, sobre todo—, y la corrupción, por supuesto.
Se ha planteado una gobernanza público-privada, como debe ser, pues son complementarios. Aquellos que hablan de que darle participación al sector privado en los entes de decisión sobre grandes temas nacionales es nocivo, son tan perniciosos como los que dicen que todo lo público es malo. No hay que hacer caso a visiones chatas de la realidad.
Es un buen paso, pero faltan otros. Mejorar la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y la Ley de Servicio Civil, son dos urgentes.
Quedando muy poco del primer año de gestión, harían bien el Ejecutivo y el Legislativo en tomar este buen ejemplo y replicarlo en más reformas legales necesarias, pero también en políticas tendientes al desarrollo económico.
Se hacen votos porque así sea.
En este boletín:
•Editorial: Pasos en la vía correcta
•Políticas fiscales: un facilitador del transporte aéreo en el país
•Ley de Femicidio, instrumento para limitar el derecho a la libertad de prensa
•Emprendimientos escalables, sociedades libres
Pasos en la vía correcta
La noche del martes —luego de un largo recorrido—el Congreso aprobó una reforma trascendental para el desarrollo del país: la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Esta pieza de legislación representa un avance crucial hacia la modernización de las principales vías de transporte del país, esenciales para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de todos los guatemaltecos.
La LIVP establece un modelo de contratación que fomenta la competencia y la eficiencia, prometiendo carreteras —no solo construidas, sino también mantenidas— en condiciones óptimas; el enfoque de pago por disponibilidad asegura que las empresas contratadas solo recibirán su pago una vez que la infraestructura esté finalizada y en uso, un cambio radical del sistema previo, en donde los pagos eran frecuentes sin garantizar la calidad o la finalización oportuna de las obras, y donde la corrupción campeaba.
La conectividad es el corazón de esta normativa, que prioriza rutas estratégicas de “frontera a frontera” y “puerto a puerto”, así como los anillos periféricos, que son significativos para la movilidad sin tener que atravesar la congestión de la Ciudad de Guatemala. Esto no solo beneficiará al comercio internacional, reduciendo costos y tiempos de transporte, sino también al comercio local, permitiendo una distribución más eficiente de bienes y servicios a lo largo y ancho del país. El turismo es, también, uno de los grandes ganadores.
La ley contempla la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), una entidad que se encargará específicamente de la gestión de proyectos viales prioritarios. Esta dirección tendrá la capacidad de actuar con agilidad, algo que el sistema actual, —con su burocracia y lentitud— no ofrecía.
Es importante no perder de vista que esta ley debe ser implementada con transparencia y rigor. La historia reciente de Guatemala ha mostrado que la corrupción puede infiltrarse en cualquier proceso de contratación pública. Es fundamental que la DIPP opere bajo estrictos controles; la auditoría —para asegurar que los proyectos se desarrollen sin desvíos de fondo o forma— es esencial.
El éxito dependerá de su ejecución. Con la voluntad política y la vigilancia adecuada, Guatemala puede transformar su red vial en una plataforma de crecimiento económico y desarrollo sostenible.
De forma constante —tristemente— salen a luz las carencias, deficiencias y la negligencia de la administración pública, pasadas y presente; una y otra vez somos testigos de las malas decisiones gubernamentales; la pérdida de la confianza en las instituciones y el desencanto con la democracia liberal no son en balde.
Que se den pasos en la vía correcta —del desarrollo económico y beneficio para la población en general— es digno de elogio. República ha sostenido desde el día uno que se criticarán las acciones gubernamentales en detrimento de los ciudadanos —limitando la libertad individual, por ejemplo—, pero también que aplaudirá todas las medidas, sean administrativas o legislativas que, en lugar de entorpecer, promuevan los valores en los que se fundamenta la república. La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es, sin duda, una de estas últimas.
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Marimaite Rayo
Políticas fiscales: un facilitador del transporte aéreo en el país
657 palabras | 3 mins de lectura
Ante la necesidad de incrementar la competitividad de Guatemala en el ambiente de negocios y turismo en Latinoamérica —en el contexto de la pandemia— el Congreso de la República aprobó el Decreto 2-2020 sobre las Reformas a la Ley de Actualización Tributaria. De acuerdo con los expertos, esta legislación buscó resolver la poca transparencia que existía en torno al reconocimiento de la operación y deducibilidad de los gastos de las líneas aéreas y transporte de carga. Esto se debe a que, debido a la falta de claridad en la legislación y las lagunas en el reporte de gastos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) actuaba con cierta discrecionalidad, dado que formulaba ajustes que únicamente beneficiaban al fisco, pero perjudicaban a las líneas aéreas. No obstante, con la aprobación de esta ley y el esclarecimiento de los procesos, no solo aumentó la certeza jurídica en torno a la normativa del sector aéreo, sino que también convirtió a Guatemala en un destino atractivo para nuevas operaciones.
Las líneas aéreas, al incurrir en costos en diferentes países, enfrentaban el reto sobre cómo determinar los gastos que debían reportar y deducir en cada país que operaban. Por ello, el valor del Decreto se concentra en los ámbitos del reconocimiento de la forma en la que la industria liquida sus utilidades o pérdidas —si las hubiera— y el pago de impuestos a nivel mundial. Así pues, se establecieron dos métodos para facilitar la liquidación de impuestos en Guatemala. Un método representó una simplificación para el fisco y las líneas aéreas, dado que establecía una base de renta presunta, a fin de obtener un impuesto neto efectivo de 3.75 %. El segundo método adapta la fórmula marítima que permite una asignación de costos conforme se reconocen y registran en la casa matriz, por lo que la declaración es equitativa en todos los países.
Desde el inicio, la iniciativa fue aceptada por la SAT con cierto recelo, ya que, no solo reducía su poder de negociación frente al sector de transporte aéreo, sino que también representaba un sacrificio fiscal. Como reacción, la Superintendencia “invitó” a las empresas del sector a acogerse al método de la renta presunta, dado que, ante una posible recaudación inferior, esta vía le garantizaba una recaudación mínima del 3.75 %. Ahora bien, en caso de que las empresas adoptaran el método de la fórmula, las autoridades advirtieron sobre posibles auditorías agresivas bajo el régimen de precios de transferencia. Ante estas presiones, al menos el 60 % de las empresas siguieron la “recomendación” de la SAT y el resto se acogió al método de la fórmula. No obstante, personas cercanas al sector, reconocen que sí existe temor en el por las posibles represalias al cambiarse de método de tributación.
Desde que se negoció la ley, los diferentes sectores pronosticaron un crecimiento significativo en términos de competitividad y un impacto positivo en la economía del país. Es más, estas mejoras ya se han materializado en el incremento de operaciones de algunas y el crecimiento de presencia y rotación en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, aunque en términos generales esta iniciativa ha sido beneficiosa para el sector aéreo, sí existen algunas irregularidades en torno a su aplicación, particularmente porque aún no se conocen los ajustes de 2020, ya que las últimas auditorías conocidas son del 2019, cuando la legislación todavía era opaca.
Esta ley es un ejemplo sobre cómo una política fiscal, centrada en la competencia y el crecimiento económico del país, puede tener un impacto positivo. Sin embargo, el sector aéreo todavía enfrenta retos importantes relacionados con la certeza jurídica, el desgaste por falta de control en las terminales aéreas y las deficiencias en la infraestructura, que obstaculizan una gestión eficiente, sin hablar de un mayor crecimiento. Así pues, una buena legislación no podrá generar los efectos esperados, a menos que esté respaldada por un andamiaje robusto —normativo y de infraestructura— que permita una operación favorable para el país.
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Glenda Sánchez
Ley de Femicidio, instrumento para limitar el derecho a la libertad de prensa
713 palabras | 3 mins de lectura
En mayo de 2024 se cumplieron 16 años de vigencia de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer; sin embargo, durante este tiempo son evidentes algunas perversiones en el cumplimiento de dicha normativa. Destaca el tema de la igualdad de la atención para las víctimas y el seguimiento de los casos.
También, se menciona la instrumentalización para evadir la fiscalización y bloquear el acceso a la información a periodistas. Muchos de estos casos se vinculan a funcionarias, familiares de funcionarios y exfuncionarias.
En perspectiva. En 2008, el Congreso de la República aprobó la ley para garantizar la vida, la libertad, la integridad, la protección y la igualdad de todas las mujeres.
Pocos años después de entrar en vigor, las instituciones implementaron los programas para atender los casos y acciones orientadas para erradicar la violencia física, sexual, psicología y económica —fiscalías y juzgados especializados, capacitación y asistencia integral a las víctimas—.
Pero algunas exfuncionarias y funcionarias han utilizado la norma para blindarse de la fiscalización, o bien, alejar a periodistas que las incomodan por investigaciones.
El caso más reciente es contra un reportero de un medio escrito. Se habla que las medidas fueron solicitadas por una funcionaria. El MP confirmó el caso, sin dar mayores detalles.
Entre líneas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 30 de noviembre el Día del Periodista, razón propicia para analizar la importancia, los abusos y los retos de la ley.
De enero a octubre se han registrado 44 067 denuncias. En ese mismo periodo, el Organismo Judicial (OJ) reporta 7825 casos nuevos. Del total, 3358 —42 %— fueron desestimados por diferentes razones. De todas las denuncias, solo el 17 % ingresó a los juzgados.
Expertos explican que muchos de los casos en el OJ no son denuncias que ingresaron en 2024, si no son de otros periodos, porque se estancaron por determinadas circunstancias. Asimismo, no sorprende que casos relacionados con funcionarias, diputadas, empleados, familiares de funcionarios o exfuncionarios se resuelvan de manera ágil en los juzgados y Salas de Apelaciones.
“Se aprovechan de su condición de mujer, victimizándose. Retuercen la normativa para evitar la rendición de cuentas y la auditoría social. Las denuncias pretenden obstaculizar la investigación periodística, el acceso a la información y criminalizar a quienes investigan actos de corrupción. Es un abuso del poder público que no se respeta la vida y la lucha contra la violencia y la discriminación”, declara Mirna Montenegro, directora ejecutiva de OSAR.
Hemeroteca. Archivos periodísticos revelan casos en que excandidatas, exfuncionarias y familiares de algunas exfuncionarias han recurrido a la ley para blindarse contra la fiscalización.
En 2014, la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentó una denuncia por violencia contra la mujer en contra del director del extinto El Periódico; en 2018 Sandra Jovel, entonces ministra de Relaciones Exteriores, por lesiones sicológicas, contra el director del mismo medio. Presuntamente habrían sido por artículos críticos contra ellas.
En 2019, la excandidata presidencial, Sandra Torres, denunció a varios editores —nuevamente, del mismo medio— y en agosto de 2021, Mayra Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima (IV) denunció a directivos de La Hora, por las publicaciones sobre su gestión pública.
La exdirectora del IV logró medidas de seguridad al recurrir a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Ese mismo año, Joselyn Mérida, exdirectora de Comunicación Social del Congreso, denunció a dos periodistas por violencia psicológica.
El 21 de mayo del 2021, María Luisa Morales y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, también denunciaron a dos reporteros por coacción y violencia sicológica. La mayoría de los casos se resolvieron de manera acelerada y lograron las medidas.
En conclusión. La ley busca garantizar la vida, la integridad y la igualdad de las mujeres; es evidente que con los años se ha abusado e instrumentalizado para beneficios personales, evadir la fiscalización y para intimidar a quienes ejercen el derecho a la libre expresión. Todo ello, en detrimento de genuinas víctimas de violencia.
Es imperativo el buen uso de la norma; muchas mujeres víctimas están en riesgo, que los delitos contenidos no se utilicen de manera incorrecta y que el sistema de justicia no se preste a manipulaciones.
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María José Aresti y Braulio Palacios
Emprendimientos escalables, sociedades libres
659 palabras | 3 mins de lectura
Guatemala ocupa el tercer lugar en el mundo con la tasa más alta de emprendimiento femenino. Las mujeres tienen la capacidad de ser un motor de cambio y desarrollo económico. Con todo, enfrentan obstáculos para conseguir su pleno potencial.
Por qué importa. El empoderamiento femenino —y su liderazgo— es cada vez más relevante para la economía mundial y para el sector bancario, en particular. Son propietarias de casi una cuarta parte de los emprendimientos y PYMES en Latinoamérica, según el BID.
Las empresas lideradas por mujeres tienen necesidades financieras no atendidas que, a nivel global, alcanza USD 86 000M anuales. Descuidarlas conlleva un alto costo de oportunidad. En Guatemala, se estima en USD 283M.
Las cifras reflejan un potencial mayor al imaginado para ofrecer productos y servicios financieros de nicho; es el mercado emergente más grande del planeta.
La inclusión financiera de las mujeres está en un momento oportuno. Financiarlas es un buen negocio, en palabras del BID. Para 2028, controlarán el 75 % del gasto discrecional del mundo.
Entre líneas. En Guatemala, emprender ha dejado de ser un pasatiempo para “probar suerte”. Se ha convertido en una apuesta seria para salir adelante. En la mentalidad de muchos emprendedores está establecer su negocio y, con el tiempo, hacerlo crecer.
Más de la mitad inicia con menos de GTQ 10 000. El monto “tan bajo” es porque se financian así mismos o con el apoyo familiar. El 45 % de los emprendimientos establecidos y el 30 % de los que se encuentran en fase temprana lo hacen por medio de bancos. Muchos desconocen opciones complementarias, como las venture capital.
Los expertos encuestados en el último reporte Monitor Global de Emprendimiento (GEM 2023-2024) consideran “escasas” las fuentes de financiamiento. Agregan que no hay políticas de gobierno favorables ni suficientes programas para apoyar al ecosistema emprendedor.
Frente a la llegada de un nuevo gobierno, es necesario recordar la relevancia de los emprendedores. Asimismo, responder a las necesidades que resaltan en estudios como el GEM: seguridad, calidad de la infraestructura, simplicidad para operar formalmente, entre otros.
Cómo funciona. En este contexto —y nuevamente bajo una propuesta de periodismo de soluciones— República realiza “República Mujer 2024: ‘Emprendimientos escalables, sociedades libres’”. El evento proporcionará herramientas e inspiración para escalar startups, con énfasis en tres pilares: acceso a capital, talento y capital social y tecnología.
El capital financiero es un elemento vital para cualquier negocio —etapa inicial, crecimiento o expansión—. No obstante, en fases previas, el capital de riesgo es un catalizador para todos los emprendimientos con potencial de crecer.
Por su parte, el acceso a herramientas y tecnologías permite acercar los emprendimientos a una transformación digital. Esto les abre la posibilidad de integrarse en las cadenas de valor globales.
Finalmente, la formación de equipos en los que mujeres y hombres se complementan es clave para su éxito profesional. En el seno de su familia, pero también en de las empresas, son valiosas las redes de apoyo. Una forma de capital social que debe potenciarse.
Lo que sigue. La agenda del evento —comienza a las 2:00 p.m.— incluye un diagnóstico de BID Invest, cinco conferencias magistrales, dos paneles y tres fireside chats, a cargo de actores clave del ámbito empresarial y gubernamental. Acompañados de expertos nacionales y extranjeros.
Entre los panelistas destacan: Mónica M. Zuluaga (COL), Pedro Herrero (ESP), Andreina Espino (VEN), Marcos Antil (GUA) y María Tuyuc (GUA). Además, se tiene una significativa representación del sector privado, con representantes de la banca, agroindustria, servicios, CACIF, CIG, REI y Fundesa.
Del lado público, participan las viceministras del Ministerio de Economía, Valeria Prado (asuntos registrales) y Elizabeth Ugalde (desarrollo de la MIPYME). El listado de conferencistas se complementa con referentes del ecosistema emprendedor, academia, político y deportivo.
Por segundo año consecutivo se otorgará el Premio “Ella”, a cargo de República. Asimismo, se hará entrega del “Premio Emprendedora del Año 2024”, por parte de MEG —quien anunciará a su nueva embajadora país— WEDO, ambas instituciones coorganizadoras del evento.
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