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De las elecciones y designaciones para magistrados a la Corte de Constitucionalidad, la que le corresponde al Ejecutivo es la única que la Constitución permite que se haga sin justificación alguna ni proceso predeterminado; es facultad enteramente discrecional y no por ello autoritaria.

La del CANG, que ayer celebró —aunque no sin controversia— la primera vuelta, y es mediante sufragio de sus agremiados. La del Congreso es mediante mayoría simple (81 votos) requiere, cuando menos alinear a esa cantidad de diputados. Cómo se logra convencerlos, es harina de otro costal. En la Corte Suprema de Justicia, también, mayoría simple (7 votos). En el Consejo Superior Universitario, se requiere un cuórum mínimo de 28 miembros (de un total de 41) y se requieren 15 votos.

En el caso del Ejecutivo, es una prerrogativa constitucional del presidente nombrar al titular y suplente que le corresponde. Punto. La propia dinámica del Consejo de Ministros no implica voto, sino simple suscripción.

Empero, Bernardo Arévalo decidió, dizque en aras de la transparencia, realizar una suerte de proceso donde recibirá expedientes de interesados, evaluará los mismos y con base en “una brújula ética”, designará. Por miedoso, se metió en un embrollo del que no saldrá bien. El caso fallido de proceso de elección de gobernadores es un claro precedente.

Arévalo rehúye de sus facultades constitucionales; no se siente presidente. Ocupa el cargo y no halla las horas para entregar el cargo e irse, seguramente al Parlacen. Guatemala eligió, no a un presidente, sino a un expresidente.

El agotamiento del sistema: extensiones indebidas y la crisis institucional

En una república —como la nuestra—, el respeto a los plazos constitucionales es uno de sus pilares; la alternancia en el ejercicio del poder es esencial. Sin embargo, un problema crónico amenaza esta base: las autoridades electas para períodos definidos se exceden en sus mandatos debido a demoras en los órganos de designación, como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) o las comisiones de postulación. Peor aún, estos retrasos a menudo se deben a impugnaciones con intenciones espurias, manipuladas por intereses políticos o, con mayor incidencia desde un tiempo, del narco.

Este año, ese mal se manifiesta en la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) por el CANG, las comisiones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, próximamente, para el fiscal general del Ministerio Público (MP). Si no se resuelven a tiempo, podría perpetuarse un ciclo de inestabilidad que erosiona la confianza en las instituciones.

Los precedentes nefastos ilustran esta deriva. En 2014, la exfiscal general Claudia Paz y Paz intentó extender su período más allá del 17 de mayo, con argumentos falaces. La CC, en una resolución oportuna, rechazó esta pretensión, recordando que los mandatos fijos —constitucionales— evitan abusos de poder y garantizan renovación.  Ese caso mostró que, cuando funciona, el control constitucional frena ambiciones personales.

Sin embargo, contrasta con otro episodio, más reciente, el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados electos para 2014-2019 se excedieron cuatro años —hasta 2023— en un limbo por demoras en el Congreso. La CC, entonces liderada por Gloria Porras, falló de manera controvertida: impuso condiciones para la votación que resultaron imposibles de cumplir, lo que se interpretó como una decisión política más que jurídica.  Aquella resolución no solo prolongó el mandato indebidamente, sino que evidenció cómo la politización transforma a las cortes en arenas de disputa partidaria.

Estos ejemplos no son aislados; revelan un derrumbe sistémico. Las instituciones republicanas y de control, como la CC y el TSE, se desmoronan por una excesiva politización, agravada ahora por la infiltración del narcotráfico y redes corruptas que buscan cooptar designaciones para impunidad.  En el actual proceso, se alerta sobre riesgos en las comisiones de postulación, donde acuerdos opacos entre abogados y grupos tradicionales influyen en la selección de candidatos.  El CANG, clave en la designación de dos magistrados —uno titular y otro suplente— para la CC, ha visto elecciones marcadas por divisiones gremiales y partidarias, así como acciones legales a última hora; lo mismo pinta que puede suceder con las comisiones para TSE, con debates sobre requisitos como el finiquito.  Pronto, la elección del fiscal general enfrentará similares presiones.

Este agotamiento de los mecanismos de designación demanda reformas: procedimientos transparentes, plazos inquebrantables y mayor escrutinio ciudadano para evitar impugnaciones malintencionadas. De lo contrario, las extensiones indebidas no solo violan la Constitución, sino que abren puertas a autoritarismos velados. Este año, crucial con elecciones generales en el horizonte de 2027, se debe priorizar la integridad institucional para restaurar la fe en su república. Solo así se evitará que el poder se perpetúe en manos inadecuadas, socavando el Estado de derecho.

La elección del representante titular y suplente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) avanzó en medio de tropiezos. Acciones legales de última hora, exclusiones gremiales, baja participación y denuncias de presiones marcaron un proceso inusual.

• Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (5285 votos) y Carlos Estuardo Gálvez Barrios (4495) pasaron a segunda vuelta y se disputarán el cargo de titular. Mientras Luis Fernando Bermejo (5840 votos) y Melvin Portillo (4863) pelearán la suplencia.

Por qué importa. La elección dejó incertidumbre, apatía, alianzas inesperadas de candidatos y grupos gremiales. Una realidad que evidenció la codicia de los aspirantes por las magistraturas —suplente y titular— que elige el CANG. En su mayoría, no buscan impartir justicia, sino cumplir su agenda de intereses personales.

• La participación fue menor que la esperada. De 51 252 profesionales habilitados, una parte se abstuvo. Según el Tribunal Electoral del Colegio, el ambiente previo y las acciones legales influyeron.

• Las alianzas inesperadas entre candidatos y grupos gremiales alteraron el evento. La disputa por la CC intensificó la confrontación y trasladó tensiones políticas a un proceso colegiado.

• El peso institucional del CANG vuelve estratégica la designación. Sus votos inciden en la integración de la CC, órgano que define límites al poder público y protege derechos individuales.

Punto de fricción. Las acciones legales previas y de última hora se convirtieron en el principal obstáculo. Amparos y resoluciones judiciales cambiaron reglas sobre la marcha. El proceso quedó bajo amenaza incluso horas antes de iniciar, según autoridades electorales del Colegio.

• Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, atribuyó la baja participación a ese contexto. “Fue uno de los eventos más accidentados de la historia”, afirmó. 

• Las resoluciones excluyeron a profesionales de ciencias afines de votar por magistraturas. Solo pudieron hacerlo para el Tribunal Electoral. Generó reclamos por discriminación y violación de derechos gremiales.

• El involucramiento judicial tardío provocó críticas. Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), sostuvo que la decisión “es válida, pero inoportuna”. Advirtió riesgos cuando jueces intervienen en procesos electorales independientes.

Detrás de escena. La jornada también mostró problemas logísticos, tensiones y atraso en algunos centros de votación. La prohibición de propaganda no evitó incidentes ni denuncias. El ambiente contrastó con elecciones anteriores, tradicionalmente más concurridas y animadas.

• En redes sociales circularon señalamientos de presiones e intimidaciones para orientar el voto. Aunque no todas se confirmaron, aumentaron la desconfianza entre los agremiados.

• Se reportaron altercados con periodistas y molestias por la prohibición de rótulos. En Mazatenango hubo retrasos por el envío erróneo de un padrón electoral de otro departamento. 

• Pese a la prohibición, se observó propaganda en accesos y alrededores. En el Club La Aurora aparecieron materiales asociados a Mynor Moto, Nester Vásquez, Armando Ajín y Melvin Portillo.

En conclusión. El cierre del proceso dejó un escenario fragmentado. Habrá segunda vuelta, pero persisten las dudas sobre reglas claras, inclusión y legitimidad. Las voces críticas advierten que el precedente afecta la institucionalidad del CANG y la confianza en los órganos electorales.

• Representantes de ciencias afines denunciaron exclusión y trato desigual. Señalaron que la resolución judicial “violenta derechos constitucionales” y los convierte en agremiados de segunda categoría.

• El proceso deja lecciones pendientes. Sin reglas claras, respeto gremial y certeza jurídica, la elección ante la CC seguirá bajo sospecha, con efectos directos sobre el Estado de derecho.