¡Una buena noticia!

¡Buenos días! 

No, no se trata del resultado del partido que jugó la selección de Guatemala ante Panamá, donde —tristemente— perdimos.

Se trata del anuncio de que Guatemala y EE. UU. han llegado a algunos acuerdos respecto a la imposición unilateral de aranceles —10 %— por parte de Washington. Se anunció que, en algunas semanas —y una vez sorteados los procesos en cada país— se concretará la reducción e incluso eliminación de aranceles “recíprocos” para algunos productos, aunque aún se desconoce su alcance.

Los aranceles impuestos por Trump han conseguido que el gobierno se comprometa a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como proteger la propiedad intelectual, corregir las posibles medidas distorsionadoras provocadas por empresas estatales, y otras medidas que permitirán el libre intercambio de productos y servicios. El beneficiario final debiese ser el consumidor nacional.

Todo apunta a que el libre mercado ha triunfado. ¡Viva el capitalismo!

Mientras la izquierda intenta retener el Palacio de La Moneda, la derecha se presenta partida en tres, compitiendo entre sí más que contra el gobierno. José Antonio Kast y Johannes Kaiser libran una batalla por el liderazgo del voto duro, empujando el eje opositor crecientemente hacia la derecha.

• En medio de esa polarización, será la clase media _—mayoritaria y frustrada— la que decida si el país opta por seguir el modelo de la izquierda o romperlo desde la derecha.

En perspectiva. Desde el primer gobierno de Bachelet, el problema de fondo giró alrededor de la incapacidad del sistema chileno para corregir sus propios defectos y procesar el malestar social.

• El ciclo 2006–2014 combinó estabilidad macroeconómica con alta desigualdad de rentas, pensiones insuficientes y servicios sociales estratificados. A pesar de que Chile siguió en crecimiento, una buena parte de la población sintió que el costo de la vida, el endeudamiento y la incertidumbre laboral avanzaban más rápido que sus ingresos.

• La protesta estudiantil, el movimiento No+AFP y el estallido de 2019 evidenciaron que el Congreso y los partidos dejaron de ser canales eficaces para procesar demandas. El resultado fue una crisis de representación: la política profesional apareció como una élite distante de problemas concretos como seguridad, salarios y costo de servicios básicos.

• La Constitución de 1980 quedó deslegitimada como marco de consenso, pero los dos intentos de reemplazarla fracasaron. Chile entró así en una zona gris: un orden jurídico percibido como obsoleto, sin alternativa clara y con un clima de polarización que alimentó la oferta de soluciones más duras desde la derecha.

Cómo funciona. La clase media chilena llega a estas elecciones como mayoría numérica, pero también como el grupo que siente que sostiene el país sin recibir a cambio un sistema que le responda.

• Muestra sobreendeudamiento, ingresos ajustados y alta exposición a shocks, lo que refuerza la sensación de que mantiene en pie al sistema fiscal y productivo sin ser la principal destinataria de sus beneficios.

• Los gobiernos de centro, sean de izquierda o de derecha, no pudieron cerrar la brecha entre servicios públicos y privados, contener el alza del precio de la vivienda en las grandes ciudades, gestionar la creciente migración ni frenar el avance del crimen organizado en barrios que antes eran tranquilos.

• Esta clase media llega a las urnas con un ánimo simultáneo de castigo y de reforma: busca sancionar a las élites que considera responsables del deterioro, pero también abrir la puerta a un cambio de sistema mediante un giro abrupto hacia las derechas de Kast o Kaiser.

Por qué importa. El fracaso del sistema para responder a la clase media no solo debilita al oficialismo y al centro: también empuja a una parte del electorado a buscar respuestas cada vez más duras en la derecha.

• Inseguridad, crimen organizado y presión migratoria reordenan la agenda: primero orden, después todo lo demás. Kast y Kaiser capitalizan esa demanda prometiendo usar sin complejos el poder del Estado para recuperar la seguridad.

• Tras años de alternancia y dos procesos constituyentes fallidos, el centro es visto como parte del problema, no de la solución. Las posturas moderadas pierden atractivo frente a discursos que ofrecen culpables claros y rupturas nítidas.

• Kast canaliza el voto de orden; Kaiser empuja el eje aún más a la derecha, imitando la forma antisistema de Milei. La competencia entre ambos no solo agranda a la derecha, sino que la desplaza hacia posiciones más radicales que, hace una década, habrían sido marginales.

En conclusión. Kaiser llega a los últimos días de campaña recortando distancia con Kast y poniendo en duda su pase seguro al balotaje, mientras el voto de derecha en su conjunto se ensancha frente a la izquierda.

• Aunque Jara aparece como claro líder en la primera vuelta, las encuestas coinciden en que hoy perdería la segunda frente a cualquiera de los principales candidatos opositores.

• Todo indica que Chile podría devolver el péndulo hacia la derecha y sumarse a la marea regional de giros conservadores.  

A un mes de haber concluido el mandato presidencial del magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa sin elegir a su sucesor. Las pugnas internas bloquearon 7 sesiones convocadas desde el 13 de octubre. El impasse refleja un deterioro institucional profundo.

Por qué importa. El estancamiento en la elección no es un hecho aislado, sino la repetición de una crisis estructural. Desde que Cifuentes Maldonado finalizó su mandato, los magistrados no han logrado acuerdos para definir la presidencia del Organismo Judicial (OJ).

• Comunicación del OJ confirmó que se han celebrado siete sesiones extraordinarias sin resultados. No especificó la cantidad de rondas de votación o intentos para elegir titular.

• El abogado Ovidio Orellana aseveró que el proceso “no ha pasado desapercibido, pero sí ralentizado”. La distracción se genera por otros asuntos nacionales que suceden día a día.

• Carlos Lucero Paz es el presidente en funciones. Una figura que cumple la formalidad, pero que carece de respaldo dentro del pleno. La ausencia de liderazgo deja en suspenso decisiones clave para la administración de justicia.

Punto de fricción. Las causas del desacuerdo son múltiples. Los grupos —bandos— definidos que existían se fragmentaron. A pesar de ello, tratan de convivir para alcanzar acuerdos, siempre que no sean para la elección del presidente. Esto genera que las facciones de magistrados se reconfiguren constantemente.

• El movimiento Projusticia describe la situación como una Corte “partida en pedacitos”, porque las alianzas cambian con cada votación y los acuerdos son volátiles.

• Al principio, se evidenciaron corrientes encabezadas por Claudia Paredes y Luis Mauricio Corado, aunque ninguno logró consolidarse. A ambos les fue retirada la visa de los EE. UU.

• Algunos magistrados, como Lucero Paz o Flor de María Gálvez, oscilan entre grupos y complican la elección. La dinámica refleja lo que ocurre en el Congreso, donde los bloques políticos se desintegran y surgen facciones sin cohesión.

Entre líneas. El trasfondo político es evidente. En 2026, la Corte participará en los procesos de postulación para fiscal general y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). En ese contexto, el puesto de presidente se convierte en una pieza clave para grupos que buscan influencia o protección política.

• El interinato actual es una salida temporal, pero también una amenaza jurídica. El vacío de poder no solo afecta la imagen de la CSJ, sino que compromete la ejecución de su presupuesto y su capacidad de nombrar jueces.

• La CC ya ha intervenido en casos anteriores. En sus resoluciones ordenó sesiones diarias hasta alcanzar consenso. El escenario podría repetirse si la parálisis se prolonga.

• La falta de liderazgo también debilita la independencia judicial. Con un presidente en funciones sin legitimidad plena, aumenta el riesgo de presiones políticas en decisiones de alto impacto.

En conclusión. Cada semana sin elección reduce el tiempo efectivo del futuro presidente y limita la posibilidad de impulsar reformas internas. La parálisis genera desconfianza y erosiona la autoridad del Organismo Judicial ante la ciudadanía.

• Se anticipa que determinados grupos podrían recurrir a acciones constitucionales para forzar la elección, como ha ocurrido en el pasado.

• Si el pleno no logra acuerdos, el interinato de Lucero Paz podría extenderse. Replicará casos como el de Silvia Valdés, quien presidió más de tres años por falta de consensos.

• Se advierte que prolongar este vacío consolida un modelo de poder judicial debilitado. Pasa a depender de presiones externas y de cálculos políticos internos.