Una de cal y otra de arena

¡Buenos días! 

Luego de un innecesario proceso de autonominación de aspirantes a magistrado de la CC por el Ejecutivo, Bernardo Arévalo nombró a Annabella Morfín como titular y a María Jocholá como suplente.  Su decisión dejó frustrados a algunos de sus fans en redes, quienes sin duda no conocen  la trayectoria de la elegida para titular; esos mismos aplaudieron la suplencia de Jocholá. Como ocurre siempre, hay quienes opinan justo lo contrario. Su trabajo y calidad de resoluciones dará cuenta de qué grupo tiene razón. 

Morfín, entre otras ejecutorias, es fundadora del CEDECON junto a quien será su compañero de magistratura, Roberto Molina Barreto. Otro destacado fundador fue Eduardo Palomo Escobar, quien fue su primer presidente en 1992; si el apellido del bien recordado jurista les suena conocido, no es casualidad.  

Fiel a su orientación ideológica, Arévalo decidió nombrar también a una abogada indígena como suplente; sin prejuzgar sobre su capacidad y potencial como buena magistrada, la razón por la cual la escogió —cierto o no— siempre va a ser achacada a su pertenencia étnica.  

Lo cierto es que el 14 de abril próximo tomará posesión la nueva magistratura en un año preelectoral y que sin duda dirimirá cuestiones relativas a las elecciones generales. No es un mal deseo o augurio, sino la realidad; sus decisiones dejarán siempre insatisfechos a algunos, pero si resuelven apegados a la Constitución, aquello viene guango.  

Glenda Sánchez
MP: entre tachas y bloques se juega la fiscalía
644 palabras | 3 minutos de lectura

La Comisión de Postulación avanza con la mitad del proceso para elegir al próximo fiscal general. La correlación de fuerzas empieza a definirse dentro de la comisión. Esas podrían ser determinantes para la integración de la nómina que entregarán al presidente Bernardo Arévalo. Observadores advierten otro riesgo: acciones legales que retrotraigan o repitan el proceso. 

Por qué importa. La elección del próximo fiscal general definirá el rumbo institucional del Ministerio Público (MP) en un momento de alta tensión política. El cargo no solo dirige la política criminal del país, también determina el alcance de las investigaciones en casos de corrupción, crimen organizado y poder político. 

• El MP es una institución establecida por la Constitución para investigar delitos y promover la persecución penal sin subordinación a otros organismos del Estado. Quien dirija la entidad tendrá influencia directa en la independencia —o politización— de las investigaciones. 

• Consuelo Porras ha dirigido el MP durante ocho años. Su gestión amplió la cobertura a los 340 municipios.  Pero también acumuló críticas por presunta politización de procesos penales, especialmente durante el último proceso electoral. 

• Arévalo ha rechazado públicamente la continuidad de Porras. Por ello, la CP enfrenta la presión de evaluar perfiles idóneos y elegir candidatos que garanticen independencia, honorabilidad y capacidad para dirigir la persecución penal. 

En el radar. En la primera depuración —incumplimiento de requisitos— la lista quedó en 49 profesionales. Ayer concluyó la fase de impedimentos, más conocidos como “tachas”. Se presentaron señalamientos contra 18 aspirantes que buscan dirigir el MP. Los documentos serán analizados este viernes 13 de marzo.

• Consuelo Porras acumuló 33 tachas por falta de idoneidad y cuestionada honorabilidad. Le siguen Henry Elías Wilson (3), Pablo Roberto Ximilox, Abdi Guerra Guzmán, Walter Paulino Jiménez Temax. 

• Diputados electos por Semilla, organizaciones sociales y personas individuales presentaron las tachas. Se cuestionó que los parlamentarios entregaron sus objeciones contra Porras de manera separada.  

• Observadores coinciden en que los impedimentos en procesos anteriores no han sido vinculantes ni determinantes para excluir a los candidatos. Su objetivo ha sido un elemento político que genera expectativa para la sociedad.  

Entre líneas. Ya es evidente una correlación de fuerzas en la comisión, pero no es determinante para establecer una tendencia, como ocurrió en otros eventos. Lo anterior podría ser porque la mayoría de los comisionados son nuevos.  Sin embargo, los decanos son los que tienen el poder definitivo en la CP. 

• Hasta ahora, son visibles dos grupos representados por Claudia Paredes, presidenta del Organismo Judicial (OJ), y Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). También aparecen comisionados bisagra con postura incierta. 

• Más allá de ello, observadores alertan sobre acciones legales que podrían frenar o retrotraer el proceso. Un primer escenario plantea regresar a la elaboración de la tabla de gradación. El calendario lo permitiría, aunque exigiría acelerar el trabajo de la comisión. 

• No obstante, si el proceso se estanca o se judicializa, la persona designada por Consuelo Porras continuaría en la dirección del MP, según lo establecido en su ley orgánica.  

En conclusión. La CP avanza conforme al calendario, pero el proceso enfrenta tensiones políticas, cuestionamientos a candidatos. Enfrenta la posibilidad de acciones legales que podrían alterar el curso de la selección. 

• La integración de la nómina de seis candidatos marcará la correlación de fuerzas dentro de la CP y anticipará qué perfiles podrían llegar al despacho presidencial. 

• Las tachas contra aspirantes —incluidas varias dirigidas a Consuelo Porras— reflejan el nivel de polarización en torno al MP. En procesos anteriores, estos recursos han tenido más impacto. 

• Si las decisiones de la comisión son impugnadas y el proceso se estanca, la normativa vigente permitiría que la persona designada por Porras continúe al frente del MP. Ese escenario prolongaría la actual etapa de confrontación política alrededor de la institución. 

UNA INVITACIÓN DE GRUPO PRENSA LIBRE
5K con causa: familias que corren por educación

La carrera familiar En Movimiento por la Educación 5K 2026 pone a la familia en el centro. Une deporte, convivencia y apoyo educativo.  

Por qué importa. El evento da sentido social al ejercicio. Padres, hijos y mascotas comparten una experiencia con valores de esfuerzo y solidaridad.  

• La iniciativa vincula salud y educación.  

• Cada familia convierte su participación en un aporte directo a jóvenes. 

• La inscripción cuesta GTQ 150. Equivale a una suscripción educativa para diversificado. 

Datos clave. La segunda edición será el domingo 15 de marzo de 2026 en el circuito de los museos, zona 13. El recorrido es de cinco kilómetros y admite caminata o trote.  

• Prensa Libre y Guatevisión organizan la actividad. 

• La suscripción educativa incluye contenidos impresos y digitales en matemáticas, redacción y tecnología.  

• Los organizadores buscan consolidar la carrera como tradición 

Lea la nota completa aquí. 

La obra data de 1952, y le valió el Premio Nacional de Literatura de ese mismo año a López-Amo. El filósofo español construye una defensa de la monarquía tradicional frente a la democracia moderna. Para explicarlo, utiliza un método histórico-sociológico. Analiza las relaciones entre poder político y fuerzas sociales desde la antigüedad hasta el siglo XX. La última edición de la obra es de 2023.  

El autor parte de la noción de legitimidad desarrollada por el historiador italiano Guillermo Ferrero: un gobierno legítimo logra la conformidad general sin recurrir al miedo. Es decir, se busca el respeto a principios consagrados por la tradición. La obra distingue entre el principio monárquico y el democrático. Señala que el primero fue el único capaz de sostener estados duraderos en la historia europea. 

La tesis central sostiene que el Estado debe ser independiente de las fuerzas sociales para cumplir su función de arbitraje y justicia. Cuando la sociedad se apodera del Estado, este se convierte en instrumento de dominación de clase. La monarquía germánica medieval logró esta independencia mediante el poder personal hereditario del rey, situado por encima de los intereses aristocráticos y populares. La nobleza representaba la autonomía social, mientras la realeza encarnaba la unidad política. Esta dualidad equilibraba libertad y autoridad sin destruir ninguna. 

López-Amo critica la democracia moderna por confundir Estado y sociedad. El principio de soberanía popular entrega el poder a grupos que lo utilizan para sus intereses particulares: el Estado se convierte en campo de batalla social. El resultado es el absolutismo democrático: un Estado omnipotente que devora la sociedad orgánica y concentra todos los poderes sin límites efectivos. 

El poder político y la libertad explica que la Revolución francesa proclamó la soberanía popular, pero entregó el poder a la burguesía. Las sucesivas revoluciones del siglo XIX fueron luchas sociales disfrazadas de cambios políticos. La monarquía constitucional intentó conciliar el principio monárquico con el democrático, pero fracasó por su naturaleza contradictoria. La república finalmente triunfó; consagró el dominio de clase y cerró el camino de la reforma social pacífica. 

El autor dedica páginas importantes al concepto de libertad. Distingue entre libertad antigua (participación política) y libertad moderna (autonomía individual), entre libertad aristocrática (privilegio de clase) y libertad democrática (igualdad formal). El autor hace gala de conocimiento de la historia europea y teoría política. Cita extensamente a autores como Tácito, Tocqueville, Constant, Renán, Ferrero y Jouvenel. 

Las limitaciones son evidentes. El poder político y la libertad se publicó bajo el régimen de Franco con un estilo claro y argumentativo. Esto condiciona necesariamente el discurso; el tono es polémico. Algunas afirmaciones sobre la democracia resultan exageradas o unilaterales, aunque evitan la retórica vacía.  

La obra permanece como referencia del pensamiento político tradicional español. Plantea cuestiones sobre la relación entre poder y sociedad. Ambas conservan vigencia más allá de preferencias sobre formas del gobierno actual. La crítica al absolutismo democrático y la defensa de cuerpos intermedios resuenan en debates de hoy. Se discute sobre subsidiariedad —todo lo tiene que resolver el gobierno— y pluralismo institucional —diversidad de entidades—. Guatemala no es la excepción.