Una de cal y una de arena

¡Buenos días!

Aunque parece no haber debate sobre cuál es la profesión más antigua de la humanidad, la corrupción es, sin duda, la práctica más añeja. En el quehacer público, ni se diga. El amaño de procesos, los sobreprecios, los sobornos, etc. son, todos, asuntos que no afectan exclusivamente a este gobierno.

Ha habido connotados procesos —por corruptos— de adquisiciones en el país. Sin remontarse mucho en la historia —pues seguramente se encontrarán más—, en la década de 1960, durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, se dio el “escándalo de las corcholatas”, una compra gubernamental, donde habrían recibido dinero funcionarios y diputados. Como se ve, no es nada nuevo.

Pero este gobierno era distinto, decían. Resulta que no. Las mismas prácticas ocurren bajo sus narices o con su participación, como lo hemos venido evidenciando en República a lo largo de varias investigaciones. La respuesta gubernamental ha sido, en cuando menos dos de los casos denunciados de los puertos, rectificar e improbar dichas adquisiciones. Se aplaude.

Sin embargo, hay otras a las que, hasta ahora, ponen oídos sordos. Lo que hace una mano, lo deshace la otra. A la postre, la imagen que queda es la de incapacidad o connivencia de las autoridades involucradas. Cada quien, que saque su conclusión. 

En esta tercera entrega, República expone varias irregularidades en la adquisición de dos excavadoras anfibias que realizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE). La compra inició en abril de 2023 con la publicación del concurso —NOG 19685017— y finalizó en enero de 2024 con la aprobación de la liquidación. La maquinaria costó GTQ 9.10M.

Por qué importa. La adjudicación del concurso se realizó el 24 de mayo de 2023. La empresa beneficiada fue Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. Al igual que en otros procesos, ganó con la oferta más cara. Además, en la licitación hay varias irregularidades, según consta en Guatecompras.

• Todo apunta a que fue un proceso dirigido. Es decir, desde un principio se le preveía como ganador. La otra oferta que se presentó era de GTQ 6.65M.

• Las facturas de la maquinaria se emitieron el 29 de septiembre de 2023; 19 días después, el 18 de octubre, fue pagada.

• Sin embargo, la emisión de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) data del 4 de diciembre de 2023. Este documento certifica el ingreso legal de la maquinaria al territorio nacional.

Visto y no visto. El desfase entre las fechas expone incongruencias entre la entrega y el pago de la maquinaria, pues se realizaron antes de que ingresara formalmente a Guatemala, según consta en los registros aduaneros. La duda que surge es: ¿cómo se facturó y pagó antes de su ingreso al país?

• El acta de recepción 183-2023 indica que la Comisión Receptora y Liquidadora recibió “satisfactoriamente” las excavadoras el 29 de septiembre, mismo día en que se emitieron dos facturas.

• Cada una fue por un monto de GTQ 4.55M; el pago quedó documentado en los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) 2139 y 2140. El 18 de enero de 2024 se declaró que no había saldos pendientes.

• Así quedó certificado en el Acta de Liquidación 217-2024, elaborada por la Comisión Receptora y Liquidadora. El 22 de enero la Autoridad Administrativa Superior aprobó la liquidación.

Sí, pero. Según el contrato 11-2023, firmado el 23 de junio de 2023, la entrega de las excavadoras tenía un plazo máximo de 10 días calendario. Este inició a correr con la publicación del contrato aprobado en Guatecompras. El periodo de tiempo quedó entre el 6 de julio y el 17, día límite.

• El plazo no se cumplió por la alta demanda en el transporte marítimo. El inconveniente originó una prórroga. Fue solicitada el 14 de julio, firmada el 3 de agosto y aprobada el 11 de septiembre.

• La nueva fecha de entrega quedó para el 29 de septiembre. Comenzó a correr desde el 19, cuando se publicó la resolución en Guatecompras. La fianza de la maquinaria fue entregada el último día estipulado, el 29.

• Las variaciones entre los documentos de la licitación y el DUCA indican que el equipo fue pagado dos meses antes de su ingreso al país. Hay desconexión entre la recepción administrativa y el proceso aduanero.

En conclusión. Las inconsistencias en la compra de las excavadoras anfibias confirman un patrón de opacidad y discrecionalidad en las adquisiciones del CIE. La maquinaria fue pagada y recibida administrativamente antes de su ingreso al país, lo que evidencia simulación en la entrega.

• Las fechas del contrato, las facturas y la DUC no coinciden. Son fallas graves en los controles internos y de fiscalización.

• La reiteración de irregularidades en los procesos adjudicados a Class Equipos y Construcciones de Guatemala, S. A. muestra un esquema repetido de favoritismo.

En seis años, el Organismo Judicial (OJ) recibió 1840 solicitudes de antejuicio en contra de funcionarios y dignatarios. Tuvo repuntes en años electorales y procesos de cuerpos colegiados. La cifra evidencia que la inmunidad es una herramienta de poder. Resultó más útil para aspectos políticos que para proteger la función pública.

Por qué importa. El aumento de los antejuicios evidencia un Estado que confunde inmunidad con juegos políticos. La garantía nació para buscar la independencia, pero el uso actual refleja la politización del sistema judicial. Al final se convierte en el termómetro del desgaste institucional, señalan expertos.

• Este mecanismo se modificó en un arma para presionar o desgastar adversarios y un reflejo de la pugna por el control de la justicia.

• Durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) se registraron 1246 antejuicios. En 2023, año electoral, los casos aumentaron de 243 por año a 388. El dato confirma la tendencia de usar el proceso con fines políticos.

• Entre 2023 y 2024, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de solicitudes contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por supuestas irregularidades en el proceso de 2023.

Datos clave. Los números del OJ son claros, pero su interpretación inquieta. De las 1840 solicitudes registradas, 1476 fueron remitidas por competencia, lo que equivale al 80 % de los expedientes. Sin embargo, la efectividad de las resoluciones genera duda.

• El 56 % de los casos se trasladaron por competencia a las Salas de Apelaciones, 33 % a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el resto al Congreso de la República.

• La mayoría de las denuncias recae sobre alcaldes, diputados, jueces y ministros de Estado. Eso evidencia el desgaste en los niveles de autoridad local y nacional.

• Muchos procesos son rechazados in limine por falta de sustento legal. Respuestas que alimentan la percepción de que el sistema se usa más como presión política.

Lo que sigue. El aumento de antejuicios no representa un avance en la lucha contra la corrupción, sino un síntoma de la falta de estabilidad institucional. Guatemala enfrenta el reto de reformar el uso de este derecho sin destruir su esencia constitucional.

• Francisco Quezada, experto del CIEN, sostiene que “el MP debe investigar las denuncias o solicitudes, pero sin prejuzgar ni politizar”.

• Se ha criticado a la actual administración del MP por un “abuso de los antejuicios”. Pero expertos recuerdan que el exceso del mecanismo no es novedoso; se observó en las gestiones de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana.

• El desafío radica en devolverle al antejuicio su propósito original: proteger la función pública sin convertirla en refugio de privilegios o instrumento de persecución.

En conclusión. El auge de los antejuicios refleja una justicia usada en el tablero político y no como garante de legalidad. El abuso de solicitudes sin resultados efectivos debilita la confianza en las instituciones y distorsiona la rendición de cuentas.

• Recuperar la esencia del antejuicio exige independencia judicial, límites claros y voluntad política para evitar su manipulación.

• El impacto de los antejuicios se manifiesta en una menor eficiencia administrativa y un incremento de los costos económicos como de personal.

El destructor estadounidense USS Gravely atracó en Puerto España a finales de octubre, desatando una tormenta diplomática entre Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Venezuela. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad, denunciando una maniobra hostil que amenaza a la soberanía venezolana.

• El dilema gira en torno al campo gasífero Dragón, pieza clave del Caribe y símbolo de la pugna entre seguridad regional y control de recursos estratégicos.

En perspectiva. La controversia se da dentro de un cruce de seguridad y energía en el Caribe, donde licencias de EE. UU. y necesidades de gas de Trinidad y Tobago habían reactivado un proyecto anteriormente condicionado por sanciones.

• En enero del 2023, EE. UU. otorgó una licencia específica al país antillano para avanzar en el gasífero Dragón bajo sanciones, permitiendo el proyecto con restricciones.

• A finales del 2023 y principios del 2024, retiró el permiso y regresó los controles financieros estrictos a través de la OFAC, con un breve período para cerrar contratos vigentes. 

• El 9 de octubre del 2025, Washington concedió una licencia nueva para que Shell y Trinidad y Tobago retomen la negociación sobre Dragón, con el compromiso de limitar beneficios al gobierno de Maduro.

Cómo funciona. El esquema combina sanciones financieras, licencias condicionadas y control logístico para subordinar la producción venezolana a los intereses estratégicos de Washington, manteniendo activo el flujo energético caribeño sin otorgar liquidez real al régimen de Maduro.

• Las regalías y dividendos se pagan en barriles de crudo o gas, de nuevo. PDVSA debe venderlos por su cuenta, asumiendo descuentos y sanciones.

• Debido a que el crudo venezolano está sancionado, Caracas requiere triangulaciones costosas que reducen sus márgenes, especialmente con la poca cantidad de demandantes dispuestos a comprar so pena de ser sancionados.

• Con Rosneft y Lukoil sancionadas, PDVSA pierde sus principales canales alternativos y queda más aislada del sistema financiero internacional, dependiendo casi por completo de licencias reguladas por Washington.

Entre líneas. EE. UU. está friend-shoring con Trinidad y Tobago, alineando seguridad energética regional y cumplimiento OFAC para proyectar poder geoeconómico en el Caribe con socios confiables.

• La estrategia estadounidense no solo busca contener a Venezuela, sino reconfigurar el mapa energético del Caribe bajo sus estándares y consolidar la infraestructura regional como vector de influencia política y financiera.

• Con Shell y NGC —como operadores bajo licencias—, EE. UU. modula el grifo del segundo mayor gasífero venezolano, Dragón, desde un punto logístico clave del Caribe, ganando control sobre volúmenes y ritmos de producción.

• Venezuela necesita producción y divisas para sostener su aparato interno y, simultáneamente, apaciguar a Washington en medio de la operación psicológica más grande en décadas.

En conclusión. La maniobra en torno al gasífero Dragón revela cómo la administración Trump intentará trasladar la dependencia energética del Caribe hacia un modelo regulado por su aparato financiero y logístico. De esa manera, EE. UU. consolidaría una arquitectura de control geoeconómico que debilita la autonomía venezolana y limita sus márgenes de maniobra.

• En este tablero, Caracas participaría por necesidad, mientras el verdadero poder de decisión sobre la energía regional se reconfigura allende sus fronteras.