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¡Urge! pero enmendar la ley de competencia
República Política
May 15, 2024
¡Buenos días!
Las buenas intenciones no bastan, se requieren acciones concretas. Ello es pertinente, pues el presidente, Bernardo Arévalo, ha prometido ejecución con enfoque social, pero no se ve nada claro. Su ministro de Finanzas quiere más dinero a pesar de que la ejecución no avanza –ni avanzará, según lo dice él mismo–. Más dinero para el gobierno significan más impuestos o endeudamiento; no hay otro camino.
Mientras tanto, Semilla empuja –muy cuesta arriba– la ley de competencia, sin embargo –de aprobarse– requiere que se incluyan enmiendas propuestas por distintas bancadas. Como está, es un adefesio.
Gracias por su preferencia. Los animamos a compartir este boletín.
En este boletín:
•No hay juicio que frene a Trump, por ahora
•Enmiendas a la ley de competencia (I): Lo malo, politizando la ley
•Ampliación presupuestaria en la cuerda floja
Rafael Párraga
•No hay juicio que frene a Trump, por ahora
607 palabras | 2 mins de lectura
A 174 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la coyuntura ha tenido poco impacto en la intención de voto. Trump sigue liderando la batalla y mostrando dominio en los estados bisagra, la clave para cambiar el resultado de las elecciones en 2020, cuando también las disputó contra Joe Biden. No obstante, los márgenes siguen siendo muy pequeños.
Trump se impuso a sus opositores republicanos y a los intentos de dejarlo fuera de la papeleta en algunos estados, pero su juicio en Nueva York podría debilitar su candidatura.
Los datos. Las últimas encuestas del New York Times, el Philadelphia Inquirer y Siena College colocan al expresidente Trump en ventaja en cinco de los seis escenarios más disputados del mapa electoral. El republicano lidera por 3 puntos en Pennsylvania, 7 puntos en Arizona y Michigan, 10 en Georgia y 12 en Nevada. El presidente Biden le aventaja en Wisconsin, donde lidera por 2 puntos en las encuestas citadas.
Los márgenes en Pennsylvania, Arizona y Michigan, sin embargo, siguen siendo lo suficientemente cortos como para que Biden pueda remontarlos.
Pennsylvania y Michigan, además, son los estados que más favorables serían para Biden entre los votantes indecisos. Una victoria en esos dos estados —junto con Wisconsin— sería suficiente para la reelección del demócrata.
Tanto Biden como Trump son “viejos conocidos” para el electorado. Poco les queda por demostrar, por lo que el punto crucial de la campaña parecería ser el juicio de Trump en Nueva York.
Entre líneas. De momento, el magnate enfrenta 40 cargos federales relacionados con retención de información clasificada en Florida; cuatro cargos federales y diez cargos estatales por intento de subversión electoral en Georgia, y 34 cargos criminales derivados de pagos a la actriz pornográfica conocida como “Stormy Daniels” en Nueva York. Este último podría ser su mayor complicación, aunque un 80% de sus simpatizantes afirman que votarán por Trump aun si es condenado.
La poca diferencia en estados clave, sin embargo, podría verse afectada por ese aproximadamente 20% de votantes que cambiarían de opinión si es declarado culpable.
Sí, pero. El caso contra Trump es complejo. El estado de Nueva York le acusa —bajo un cargo federal— de haber interferido en las elecciones por el pago que realizó su exabogado, Michael Cohen, a la actriz. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que la interpretación de la fiscalía es frágil y poco seria. No parece ser el enfoque más fuerte para obtener una condena. El jurado de Nueva York, no obstante, es hostil al expresidente.
La estrategia de Trump ha sido postergar, lo más posible, los casos en su contra y alejarlos de la fecha de las elecciones. De momento, parece funcionar. Evitar el veredicto antes del 5 de noviembre es fundamental para el republicano.
Los demócratas, por su parte, tendrán que compensar el desgaste generado por el senador Bob Menendez, cuyo juicio por corrupción y lavado de dinero inició el pasado lunes.
El mayor reto para Biden será luchar contra el peso de su mala gestión de la economía, la migración, la política exterior y la conflictividad social en EE. UU.
En conclusión. El panorama no cambia mucho de cara a las elecciones, puesto que los candidatos dejan poco al chance. La ciudadanía los conoce y, por lo tanto, hay poco margen para atraer nuevos adeptos. Las encuestas demuestran que Trump podría obtener hasta un 20% del voto negro, la cifra más alta en la historia del partido republicano desde tiempos de la lucha por los derechos civiles. Con poco nuevo que ofrecer, la decisión de un jurado neoyorquino es lo único previsible que pueda poner en riesgo la victoria de Trump.
Marimaite Rayo y Braulio Palacios
•Enmiendas a la ley de competencia (I): Lo malo, politizando la ley
635 palabras | 2 mins de lectura
La iniciativa 5074, ley de competencia, se discute en la Comisión de Economía del Congreso. Una variopinta cantidad de enmiendas —a las que tuvo acceso República— buscan colarse antes de su aprobación por artículos. Algunas resultan nocivas, porque desnaturalizan la razón de la normativa, politizándola.
Por ejemplo, en los artículos 5 y 6 se aborda la prohibición de prácticas absolutas, un concepto fundamental en la propuesta de ley. Por ello se entiende: cualquier acuerdo entre competidores para fijar precios, reducir oferta, entre otros. La versión original delimita las acciones por las que estas se pueden sancionar.
Los diputados electos por Semilla, no conformes con que se sancione solo con la ley per se, quieren agregar responsabilidades penales y civiles. Este elemento evidencia el afán —del oficialismo— por penalizar conductas cuyo remedio tiene otra vía; resulta obvia la intención de instrumentalizar a la autoridad de competencia y convertirla en un arma política.
VALOR, más conservador, incluye un derecho fundamental: a la defensa, y que la carga de la prueba recaiga sobre la Superintendencia de Competencia. La enmienda resulta válida porque no existían ambas posibilidades en la iniciativa tal como está dictaminada.
Otro artículo que contrasta la visión administrativa y la penal en las enmiendas, es el 99. Este se refiere al proceso de requerimiento de información por parte de la Superintendencia de Competencia (autoridad administrativa) para probar cualquier práctica anticompetitiva.
La enmienda presentada por Semilla refleja una clara obsesión hacia el ámbito penal. Si el agente económico se niega a proporcionar la información, pide que se solicite mediante una orden de Juez de Paz Penal de Faltas de Turno; un funcionario judicial que no tendrá idea alguna sobre una materia tan especializada, por lo que podría ceder ante un amedrentamiento o presiones de terceros (y de la propia Superintendencia).
En cambio, favoreciendo un procedimiento administrativo, CABAL contempla la intermediación de un Juez de Instancia Civil —con mayor preparación y experiencia— para aprobar las medidas, en caso de una negativa por parte de los señalados.
Así como las enmiendas se han prestado para la redacción de una ley de tipo penal, también hay otras que pretenden corregir la redacción original.
El caso más evidente es del artículo 132, el cual plantea una reforma al 341 del Código Penal, referente a las prácticas de acaparamiento del mercado. Para evitar esta mala práctica legislativa, en la que una nueva ley se utiliza como herramienta para reformar y “parchar” normas más extensas.
VIVA y VALOR proponen la supresión total del mismo y UNE, pare terminar de eliminar todo enfoque penal, sugiere que se derogue artículo 341, referido, del Código Penal.
Si bien no es un tema estrictamente penal, vale mencionar la redacción original del artículo 124, referente a la reincidencia. En este, se contempla la posibilidad de que a una empresa se le acuse de repetir una práctica ilegal pese a que sea de distinta naturaleza.
Esta redacción equívoca implica que el agente económico sufra mayores perjuicios que, por ejemplo, un delito de otro orden.
El partido Comunidad Elefante busca corregir el texto, modificando la definición de reincidencia como una conducta “de igual naturaleza”. En este caso, se evita que un agente económico pueda ser sancionado por reincidencia, aunque la falta sea de diferente naturaleza. La bancada UNE pide la supresión total del artículo.
En esta primera revisión de enmiendas, resulta claro que los legisladores —principalmente los electos por Semilla— deben evitar la redacción de tipo penal, para que la propuesta final se apegue a sanciones administrativas.
Caso contrario, podría politizarse y utilizarse como medio para perseguir a opositores, ya sean de este gobierno o de futuras administraciones.
La segunda entrega de la serie “Enmiendas a la ley de competencia” se publicará este viernes. Abordaremos las “feas” prácticas incluidas en la versión original y las reformas propuestas por diferentes bancadas.
Marimaite Rayo
•Ampliación presupuestaria en la cuerda floja
647 palabras | 3 mins de lectura
A lo largo de las últimas semanas varios miembros del Organismo Ejecutivo, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo, han estado cabildeando la propuesta de ampliación presupuestaria. Durante una interpelación en el Congreso, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, señaló que el monto que solicitarán es de Q14,500M.
En las declaraciones a medios de comunicación, el ministro recalcó la importancia de aumentar el gasto público: “Tenemos capacidad de avanzar con el presupuesto actual hasta junio o julio. Después de esto sí necesitaríamos la plena conciencia del Congreso de que esta ampliación es importante para los últimos cuatro meses del año”.
Es noticia. El 9 de mayo, Arévalo sostuvo una reunión con los alcaldes de Baja Verapaz y habló del tema.
En este encuentro, el mandatario recalcó la importancia de aprobar el incremento presupuestario para invertir en obra pública en el país.
Para ello, estos recursos se dirigirían a los ministerios de Educación, Salud y Comunicaciones. La ejecución presupuestaria promedio de los ministerios es de 24 % y ninguna entidad supera el 35 % de ejecución, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).
Educación y Salud registran una ejecución de 33% y 34% respectivamente. Mientras que el Ministerio de Comunicaciones apenas alcanza el 14 % de presupuesto ejecutado. Del monto solicitado, Q1,500M irían a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), para atender las necesidades más inmediatas de las comunidades. Asimismo, Arévalo manifestó que buscan la vía legal para que los fondos no ejecutados en el año no regresen al fondo común, hasta que se concluyan las obras.
Por qué importa. De forma paralela al anuncio del presidente, el CODEDE de Guatemala, junto con los alcaldes de los municipios de Chinautla, Amatitlán, San José Pinula y San Juan Sacatepéquez, firmaron convenios para ejecutar obras en conjunto.
Los convenios se enfocan en proyectos de infraestructura vial, alcantarillado, agua potable y educación.
El gobernador destacó que esta colaboración entre los consejos de desarrollo y los alcaldes favorece el desarrollo de las comunidades sin presiones.
Entre líneas. La propuesta de ampliación presupuestaria todavía no ha sido presentada en el Congreso, y tal como está el oficialismo –sin respaldo- se ve cuesta arriba, aunque tenga los Q1,500M para los CODEDES.
Las sesiones plenarias del 6 y el 9 de mayo eran cruciales para avanzar la agenda del Ejecutivo, dado que se buscaban aprobar los cambios a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la tercera discusión de la Ley de Competencia. Pero, ambas sesiones se suspendieron por falta de quorum.
Además, no fue posible definir la agenda de la sesión del 14 de mayo por la inasistencia en la instancia de Jefes de Bloque.
En conclusión. El poco o casi nada respaldo a la agenda del presidente en el Organismo Legislativo pone en duda la aprobación de una ampliación presupuestaria.
Esta situación implica que no se podrá cumplir con la promesa de aumentar los recursos de los CODEDES.
Aunque existe una intención expresa del CODEDE de Guatemala de aumentar el desarrollo con proyectos de infraestructura, esto no será posible si no se alinean los intereses entre Arévalo y las bancadas opositoras.