¡Buenos días!

Un país se mueve con energía; no es una alegoría, sino un hecho. En la medida que su costo es menor, las inversiones en todos los sectores vienen solas. Claro, también es vital el buen estado de la infraestructura —vial, portuaria y aeroportuaria—, además de contar con mano de obra, más o menos calificada.

El Estado guatemalteco ha sido negligente con promover la inversión en generación y transmisión; las licitaciones necesarias para ello llevan retraso de lustros. Finalmente, próximamente se lanzará una para generación; todo es que sea atractivo el modelo o matriz que propondrán las autoridades a requerimiento de las distribuidoras.

Ampliar y modernizar la generación es el reto del subsector; el del Gobierno es mantener y ampliar la infraestructura y, tristemente, el actual no le ha prestado la atención debida.

La mano de obra calificada se consigue, precisamente, con las oportunidades venideras, pero para ello es necesario cubrir los otros rubros antes.  

El deep state ataca de nuevo 

El presidente editor de República y director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Rodrigo Arenas, fue invitado a brindar testimonio ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de EE. UU. Su exposición buscaba arrojar luz sobre la deteriorada relación entre ese y Guatemala, una alianza que ha sido secuestrada por agendas ideológicas y políticas internas estadounidenses, en detrimento de intereses compartidos como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.  

Sin embargo, este mensaje, fundamentado en experiencias personales y datos concretos, fue silenciado, por una maniobra del consabido deep state y oscuros operadores guatemaltecos, un entramado de intereses que trasciende administraciones y que opera para preservar su influencia a cualquier costo.

Durante más de una década, la política de EE. UU. hacia Guatemala ha priorizado experimentos ideológicos sobre soluciones prácticas. Los ejemplos sobran; el respaldo de la embajada estadounidense a Thelma Aldana e Iván Velásquez, quienes, con el apoyo de la CICIG, consolidaron poder y persiguieron opositores, incluido nuestro presiente editor, quien enfrentó un proceso sesgado del que salió absuelto.  

Su testimonio también subrayaría la crisis del narcotráfico, que atraviesa Guatemala como ruta clave hacia EE. UU., mientras que la ayuda estadounidense, se ha enfocado en temas como la afirmación de género o sindicatos, en lugar de las necesidades reales —inteligencia, equipo y capacitación—, mismas que quedan relegadas. El testimonio también alertaría sobre el auge del narco-populismo, señalando la aprobación de leyes que podrían facilitar el lavado de dinero, como la llamada “ley ganadera”. 

Sin embargo, ese testimonio nunca llegó a al Subcomité; fuerzas alineadas con la izquierda internacional, vinculadas al ala radical del Partido Demócrata y sus aliados locales, lograron aplazar la audiencia original y, en la nueva fecha, excluyeron a Arenas. Este bloqueo no es un incidente aislado, sino un eco de tácticas empleadas contra la libertad de expresión, replicando las estrategias de descrédito que marcaron la era de la CICIG.

Tras la victoria de Donald Trump y el control republicano del Congreso en 2024, estos operadores, entraron en “modo pánico” y han intensificado sus esfuerzos por silenciar voces disidentes. Este caso expone cómo el deep state —un ecosistema de intereses corruptos y burocráticos— maniobra para proteger su narrativa, incluso a costa de la verdad y la seguridad hemisférica. Guatemala y EE. UU. merecen una relación basada en hechos, no en agendas ocultas.  

A la izquierda nunca le ha gustado la libertad de expresión, más que para ellos. No creen en los derechos para todos, sino en los privilegios para los suyos. El temporal silenciamiento de nuestro presidente editor en el Congreso de EE. UU. no solo sirve como una muestra de ello, sino también del miedo que les embarga que, a partir de ese testimonio, salgan investigaciones que bien podrían ordenar Departamento de Justicia y el FBI, sobre el abuso de poder cometido por exembajadores estadounidenses y exfuncionarios del Departamento de Estado, particularmente desde la INL. 

La verdad será conocida, más pronto que tarde. 

Los inversionistas del subsector eléctrico se encuentran inquietos. A finales de abril se conocerán las bases de la mayor licitación de generación de energía eléctrica que atraerá más de USD 4000M a Guatemala.

En perspectiva. La preocupación radica en los parámetros que serán establecidos para garantizar la continuidad del servicio durante 15 años, de 2030 a 2045. 

• En la actualidad, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y las distribuidoras de electricidad, terminan de afinar los fundamentos, orientados por la política energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
  
  

• El ministro del ramo, Víctor Hugo Ventura, adelantó que la protección del ambiente y el precio son los dos factores que orientan las bases de la licitación. En ese sentido, reconoce que existe una fuerte inclinación a contratar no menos del 50 % de generación con base en gas natural.
  
  

• El evento pretende asegurar el abastecimiento con 1400MW, por lo que se esperarían ofertas por 700MW de gas natural. Esta cantidad sería suficiente para despertar el interés de inversionistas, porque a partir de 400MW es atractivo, comentan expertos consultados.

Qué destacar. Pero contratar generación con gas natural tiene implicaciones y retos que algunos ven como obstáculos difíciles de resolver. 

• En la actualidad no existe infraestructura para almacenar el gas natural, menos para explotar lo que pueda existir en suelo nacional. Otro inconveniente que observan es el precio y posibles conflictos geopolíticos que podrían afectar el suministro.
  
  

• Pero, principalmente, es la falta de infraestructura. En El Salvador se instaló generación con gas natural, pero se estableció un área portuaria específica.
  
  

• Con las condiciones actuales del Puerto Quetzal, con 45 buques en espera de hasta 40 días, sería imposible. Las normas internacionales, por seguridad, demandan que los barcos con gas tengan un perímetro libre alrededor de 500 metros.

En conclusión. Para el ministro Ventura, el tema no es nuevo. Como asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ya había presentado el proyecto de gas natural para Guatemala, sin embargo en condiciones diferentes a las vigentes. 

• Las bases de licitación es la guía que todos esperan para conocer qué tipo de tecnología se quiere contratar, los plazos de operación y la cantidad de cada generación.
  
  

• En las reglas se indicará la fecha de la subasta inversa, que inicia con el precio más alto hasta alcanzar el más bajo. Pero el mayor reto será mantener la diversificación de generación, tema que ha permitido a Guatemala salir avante frente a la reducción de lluvia o los precios altos de los combustibles.
  
  

• También se plantea la oportunidad de abrir el espacio para generación nueva, como la geotermia, que ahora tiene una limitación legal bajo el control estatal. Hay atrasos en esta nueva convocatoria de la licitación (PEG5), pero es el momento adecuado para evitar que el país entre en una crisis de desabastecimiento —apagones—, o tarifas que castiguen a los usuarios. 

Por: Glenda Sánchez

Alicia del Carmen Franco Flores, de 59 años, asumió como presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Tomó posesión el 20 de marzo, junto con sus compañeros de la planilla 4: Unidos por el Derecho–Plataforma de Profesionales por la Justicia. El grupo ganó en segunda vuelta con 8871 votos de los agremiados al CANG, el pasado 14 de febrero.

Se desempeña como juez de Paz de Zacapa. Su trabajo la ha motivado a involucrarse en los procesos de elección del CANG, Comisiones de Postulación —comisionada— y Gobernación Departamental.

Cree y tiene la convicción de que, como mujer profesional, es la única forma de poder coadyuvar a generar cambios en el país. El consenso de las distintas agrupaciones que conforman la agrupación, la llevaron a la presidencia.

Franco Flores asegura que durante el proceso de elección 2025 las expectativas fueron inciertas, porque debían buscar los votos para alcanzar los cargos de tan importante órgano del Colegio de Abogados. “Y quizá el que más incidencia tiene en la vida profesional, muy poco se practica y se habla de ella”, asegura.

Resalta que este año el proceso es más relevante por mandato legal y constitucional en varias elecciones de órganos constitucionales: elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y fiscal general.

A pesar de los inconvenientes, asevera que nunca hubo temor, ni dudas de que el proceso se paralizara, porque se hizo de conformidad con la ley. “Doy gracias al apoyo de 8871 votos de profesionales que confiaron en nosotros. Gracias a ellos ganamos, ahora vamos a regresar con buenas noticias”, añade.

Considera que no existen riesgos que puedan alterar la elección, porque el plazo para impugnar ya precluyó, es decir, quedó sin la posibilidad de su ejercicio por el transcurso del plazo legal establecido.

Su plan de trabajo se enfoca en un modelo de integridad y ética profesional en el ejercicio del derecho, promover altos estándares de conducta y la confianza del público en el sistema legal.

Además, garantizar la educación, la evaluación y supervisión de las prácticas éticas en la profesión, a través de la implementación de un tribunal de honor eficiente y responsable, y establecer una cultura preventiva y correctiva a través de la academia.

Por último, manifestó que realizarán una gira en el país para agradecer esos, 8871 votos. “Tengan la certeza de que cumpliremos, vamos a volver a cada uno de los departamentos que visitamos y nos dieron el apoyo para decirles misión cumplida”, concluye.