USAC: autonomía para el fraude

¡Buenos días!

Estando ad portas del malogrado, machucado, abusado, ensuciado e ilegal proceso de elección de rector de la USAC, algunos —de varios bandos, curiosamente— enarbolan la autonomía universitaria como si fuese algo que no es.

El artículo 82 constitucional la consagra y el texto es inequívoco; sin embargo, se ha malinterpretado según los intereses de a quien convenga desde hace décadas.

Primero, la autonomía no es extraterritorialidad, algo que se creía sacrosanto en tiempos del conflicto armado interno y que fue abusado por los subversivos para conducir sus operaciones ilegales a un muy alto costo de estudiantes y catedráticos inocentes. Desde entonces “quedó” la costumbre de que las fuerzas de seguridad nacionales no podían entrar. ¡Esas son pamplinas! 

Pero también es malentendida esa autonomía como si fuese independencia o autarquía; sí, la Constitución le otorga regirse por sus propios reglamentos, pero estos no pueden contradecir las leyes de carácter general ni mucho menos el propio texto constitucional.

Lamentablemente, la CC, a lo largo de su historia —la actual magistratura, inclusive— ha sido polivalente en la interpretación de esa autonomía; sin embargo, sí la ha acotado en puntos clave. Que distintas autoridades, como el actual rector, Walter Mazariegos, se hayan pasado las resoluciones de la CC y el Estado de derecho por el arco del triunfo, son otros cien pesos.

Ya que se habla con frecuencia de reformas constitucionales, una reforma tendiente a romper el monopolio —que prohíbe la propia constitución— de la educación superior pública sería muy pertinente. ¡Ah, pero ahí saltarían catedráticos, estudiantes y magistrados sancarlistas! Mientras tanto, se consuma un fraude electoral más… 

Gérman Gómez
Semilla y Raíces también buscan controlar la USAC
590 palabras | 3 minutos de lectura

El Movimiento Semilla, aunque cancelado, mantiene interés en la Universidad de San Carlos (USAC). Junto a Raíces, liderado por Samuel Pérez y demás diputados oficialistas, impulsan una estrategia de influencia en la universidad pública, marcada por la crisis académica y la presión política. Ambos grupos construyen redes de poder en la casa de estudios.

• La rectoría se convierte en una pieza clave para conseguir respaldo político en vísperas de las elecciones de 2027. 

Por qué importa. La USAC es un actor político con capacidad de incidir en decisiones del Estado. Además, asegura un caudal de votos y respaldos entre los profesionales y estudiantes —sin mencionar el enorme presupuesto a su disposición—. Esto explica el interés sostenido de los partidos políticos; en años anteriores, exdecanos y rectores se han postulado para  cargos de elección popular.

• La crisis académica abrió una ventana política. La pandemia y la toma del campus universitario debilitaron la institucionalidad. Ese vacío permitió que estructuras políticas consolidaran control en distintos niveles universitarios.

• El caso “Toma USAC: Botín Político” dejó en evidencia el interés político. El Ministerio Público (MP) señaló al binomio presidencial y diputados de Semilla por su presunta participación en la ocupación universitaria; no prosperaron los antejuicios.

Entre líneas. Las redes políticas se articulan a través de estructuras formales e informales que conectan actores en la USAC. Estas relaciones permiten construir mayorías sin necesidad de control visible. En los últimos años, algunos de los vínculos evidentes son de personajes de Semilla y Raíces. También figuran dirigentes del movimiento político Dignidad.

• Semilla se fracturó y surgió Raíces; ambas [agrupaciones] buscan ejercer influencia en la USAC.

• El control se concentra en el cuerpo electoral. “Hay varios intereses para conseguir consejeros afines que voten por determinado candidato a rector”, afirmó una fuente que prefirió el anonimato.

• Las alianzas recorren toda la universidad. Estudiantes, docentes y consejeros se alinean en bloques, donde el peso del grupo termina marcando las decisiones.

Punto de fricción. Los bloques buscan asegurar votos en un sistema que favorece acuerdos cerrados. La competencia no gira en torno a propuestas académicas, sino a control político. Este último puede ser interno o externo, como es el caso de los partidos políticos o del Ejecutivo.

• La agrupación Dignidad y Rescate (DIRE) perfilaba como candidatos a rector a Hada Alvarado, Rodolfo Chang y Marco Vinicio de la Rosa. Después de su asamblea, eligieron a Chang como candidato.

• Son apoyados desde el Ejecutivo, principalmente desde la vicepresidencia y diputados afines, según fuentes. Bernardo Arévalo no figura; por el contrario, se habla de una alianza con Walter Mazariegos, actual rector, algo que el presidente negó ante medios de comunicación.

• Los tres profesionales fueron señalados en la ocupación del campus de la USAC. Acentúa los vínculos con el Ejecutivo. En algunos casos, el juzgado correspondiente dictó falta de mérito.

En conclusión. Los vínculos entre el desaparecido Movimiento Semilla y Raíces se reflejan en su presencia sostenida dentro de la USAC. Ambos grupos han construido redes que buscan mantener o alcanzar control en la universidad, no solo como espacio académico, sino como plataforma de influencia política.

• La rectoría se vuelve el objetivo central. Controlarla implica incidir en la universidad, en los espacios del Estado donde tiene representación. Esto mantiene activa la disputa política interna y en el manejo de más de GTQ 3000M al año.

• El movimiento Dignidad es un partido político en formación y se perfila como agrupación de izquierda. También busca influir en la elección del rector de la USAC.

Ana González
Sin acuerdos, persiste división por medidas frente a crisis de combustibles
435 palabras | 2 minutos de lectura

Al regresar de su descanso, los diputados continúan en la búsqueda de consensos, ya que aún no han definido qué medidas adoptarán para mitigar el alza en el precio de los combustibles.

Algunos legisladores se inclinan por un subsidio; desde el oficialismo se impulsa una iniciativa que plantea que el Ministerio de Finanzas asigne al menos GTQ  1600M para sostener el subsidio al diésel y gasolina, además de GTQ 240M para el gas.

Otros diputados rechazan esta opción y sostienen que lo más conveniente sería exonerar temporalmente el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto de Distribución de Petróleo (IDP).

Esta postura fue respaldada por transportistas que acudieron a la instancia de jefes de bloque para exigir medidas concretas.

Itiel Ordóñez, representante de la Federación de Empresas de Transporte en Guatemala, expresó: “Nuestra preocupación como transportistas es el precio de los combustibles, que cambia día a día […] Se debe tomar una decisión urgente para resolver el problema y evitar una mayor crisis para la población. Entendemos que es una situación mundial, pero también sabemos que en el Congreso se debe buscar una solución”.

Por su parte, Gamaliel Chin, de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas, cuestionó la viabilidad del subsidio: “No sabemos cuánto tiempo pueda durar esta situación ni si un fondo subsidiario será capaz de resistir la crisis que vivimos. […] No podemos absorber los costos de operación cuando el combustible ha aumentado un 50 %, por encima de los GTQ 28 que se manejaban antes de la crisis en Medio Oriente. Esperamos una respuesta”.

En tanto, Marlon Prera, de Unitransgua, reiteró su rechazo al subsidio. “Es una problemática nacional que debemos asumir todos […] No estamos de acuerdo con el subsidio porque creemos que es un perjuicio para el pueblo de Guatemala. Sabemos que el Ejecutivo y algunos diputados apoyan esta idea, por lo que proponemos eliminar temporalmente los impuestos y mantener un precio tope de GTQ 30 para el diésel, la gasolina superior y regular”, afirmó.

Advirtió que, de aprobarse únicamente un subsidio, el sector podría verse obligado a retirar unidades de circulación, lo que generaría una situación insostenible.

Las discusiones en el Congreso continuarán este martes a partir de las 10 a.m. entre los diputados, con la expectativa de alcanzar un consenso que permita abordar el tema en la sesión plenaria convocada para las 14 horas.

Ley “antilavado” avanza a segunda lectura 

En paralelo, los diputados acordaron continuar con el segundo debate de dicha iniciativa de ley. No obstante, aún deberá superar la tercera lectura, la aprobación por artículos y la redacción final antes de convertirse en decreto.