USAC, la hora de la verdad

¡Buenos días!

La verdad, Walter Mazariegos no fue electo, ni democrática ni legalmente. Ni la primera vez, ni este año. En ambas ocasiones, mediante coacción, fuerza y “truncia”, consiguió que sus achichincles le votasen, mas no todos los electores legitimados para hacerlo. Lo del 2022 se consumó gracias al apoyo del gobierno de Alejandro Giammattei y de un Ministerio Público “complaciente”, por no decir mucho más.

En este 2026, la pantomima de elección en Antigua Guatemala fue solo la culminación de una serie de actos anómalos e ilegales; un CSU integrado —porque así lo arregló Mazariegos— ilegítimamente, pues, cuando menos, 26 de los 41 integrantes están con periodos vencidos; electores de varios cuerpos no pudieron llevar a cabo elecciones adecuadamente; los que sí, simplemente no fueron acreditados por el CSU para elegir rector. Maña tras maña.

Al día de hoy, la Corte de Constitucionalidad no ha conocido acción alguna sobre el fondo del asunto, el acto en sí de la elección fraudulenta. Las acciones que se han presentado han adolecido de una serie de falencias que las han vuelto inviables (falta de legitimación activa, extemporaneidad, falta de definitividad, etc.).

Así, hoy que debiese tomar posesión un nuevo rector —no Mazariegos—, el único impedimento tangible que tiene es la carencia de finiquito, requisito indispensable para asumir cualquier cargo público. Pero a ello también buscarán darle vuelta; dirán que debido a la mal entendida y abusada “autonomía” de la U, no le aplica la Ley de Probidad. ¡Mamola!

Si eso ocurre, indudablemente será impugnado; veremos cómo actúan las autoridades ante ese nuevo desmán. Sobre averiguar…

Ana González
Costo del pacto colectivo del Congreso casi se duplica con nuevos bonos
547 palabras | 4 minutos de lectura

Hace unas semanas, el sindicato mayoritario del Congreso, presidido por Alfredo Tumax, celebró con entusiasmo la firma del nuevo pacto colectivo, el cual incorpora una serie de beneficios para los más de 2000 trabajadores contratados bajo los renglones 011 y 022.

Por qué importa. Los recursos para financiar estos beneficios provienen de los impuestos que pagan los guatemaltecos, por lo que cada nueva granjería representa un mayor y oneroso desembolso para las finanzas públicas. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso República, el impacto financiero proyectado asciende a GTQ 18.4M.

• No obstante, el costo sería aún mayor; la estimación no incluye el bono anual de GTQ 4000 que quedó institucionalizado y cuyo impacto se calcula en aproximadamente GTQ 8M por año. Al incorporar ese beneficio, el costo total ascendería a cerca de GTQ 26M anuales.

• La cifra representa un incremento de aproximadamente GTQ 16M con respecto al monto actual: GTQ 10.9M.

• Entre los nuevos “beneficios” también destaca un bono de escolaridad para los trabajadores con hijos menores de edad, cuyo costo anual se estima en GTQ 2.3M.

Voces. El diputado Juan Carlos Rivera, quien participó en las negociaciones, explicó que el acuerdo fue el resultado de un conflicto colectivo presentado en 2017 y de una serie de audiencias de conciliación ordenadas por el juzgado desde 2023.

• “Para enero de 2026 únicamente restaban ocho artículos por discutir. Con el fin de evitar un arbitraje obligatorio y liberar al Congreso de la figura legal del emplazamiento, la Comisión Permanente y el sindicato aceptaron las recomendaciones de la jueza”, afirmó.

• Rivera añadió que, al quedar sin efecto el emplazamiento, el Congreso recupera la facultad de destituir a empleados que incumplan con sus funciones, quienes —según dijo— ya no podrán utilizar esa figura legal como mecanismo para impedir su despido.

• Consultado por República, el secretario general del sindicato, Alfredo Tumax, defendió los nuevos privilegios y sostuvo que el impacto financiero del pacto es reducido en comparación con el de otras instituciones públicas que también cuentan con pactos colectivos.

En el radar. La aprobación de estos beneficios coincide con la administración de Luis Contreras, diputado electo por CREO y actual presidente del Congreso, durante cuyo periodo se concretó la negociación del pacto colectivo.

• Su hija, Karla Yanina Contreras, forma parte del sindicato que impulsó la obtención de los nuevos beneficios.

• En noviembre de 2025, República reveló que Karla Yanina Contreras se desempeña como asistente del diputado —su padre— con una plaza 011 y un salario mensual de GTQ 18 800. El propio legislador confirmó esa relación laboral al ser consultado.

• Contreras aseguró entonces que su hija “tiene años de trabajar en el Congreso”, aunque su permanencia en la institución coincide con los periodos en los que él ha ocupado una curul.

En conclusión. El nuevo pacto colectivo no constituye una decisión aislada. Se suma al incremento salarial anual del 10 % que ya reciben los trabajadores y a la ampliación del techo salarial del Congreso.

• A ello ahora se agregan nuevos bonos y prestaciones que incrementan el gasto permanente de la institución y comprometen aún más recursos públicos para los próximos años.

• Cada privilegio aprobado representa una obligación financiera que deberá cubrirse con los impuestos de los guatemaltecos, lo que al final se convierte en una carga para el Estado.

Glenda Sánchez
Elecciones 2027: la disputa por convertir el voto migrante en poder político
703 palabras | 5 minutos de lectura

Guatemala quiere fortalecer su estrategia para incentivar el voto en el extranjero. El objetivo es aumentar la participación en las Elecciones Generales del próximo año. En 2026, las elecciones de Colombia y Perú evidenciaron que el sufragio de los ciudadanos fuera del país puede inclinar la balanza hacia ciertos candidatos, como sucedió con Keiko Fujimori en Perú.

• Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya diseña estrategias para lograr mayor participación de los ciudadanos en el extranjero. Aunque el panorama es desalentador.

Por qué importa. En los últimos años, el voto en el extranjero impactó en los resultados de las elecciones de varios países. El “éxito” dependió de eficientes sistemas de transmisión del voto y de estrategias para atraerlo. Es decir, que el ciudadano que está fuera de su país participe para elegir a las autoridades de su nación. Ese es el reto que enfrenta Guatemala para 2027.

• La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) define el voto como un derecho y un deber ciudadano. Bajo ese marco legal, Guatemala implementó por primera vez el voto en el extranjero en 2019. La decisión incorporó a los migrantes al proceso electoral y fortaleció su participación en la vida política del país.

• En 2023 se emitieron 1443 votos fuera de Guatemala, una proporción mínima frente al total nacional. El antecedente de 2019 mostró una realidad similar: solo 740 ciudadanos acudieron a las urnas, pese a que más de 60 000 estaban empadronados. La participación es exigua.

• La baja participación responde a varios factores: muchos se fueron por falta de oportunidades, la cultura cívica sigue débil y la oferta política no logra representarlos. Además, las políticas migratorias de los países donde radican generan temor.

Punto de fricción. El TSE avanza en la construcción de una estructura electoral para los guatemaltecos en el extranjero. No obstante, la experiencia de los últimos procesos refleja una brecha entre las condiciones creadas y la participación alcanzada. El desafío será convertir la ampliación de centros, tecnología y mayor presencia en las urnas.

• Para 2027 se analiza habilitar 25 centros de votación en las distintas ciudades de EE. UU., 10 más de los instalados en 2023. Además, incrementar las jornadas de empadronamiento con apoyo del Registro Nacional de Personas (Renap) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex). 

• La tecnología puede mejorar el acceso, pero también plantea obstáculos. La brecha digital y las dificultades con plataformas todavía afectan a algunos usuarios.

• Las reformas al reglamento permiten evaluar modalidades electrónicas y presenciales. Sin embargo, la ley electoral todavía condiciona las opciones disponibles para el día de la elección.

Visto y no visto. El voto en el extranjero empieza a tomar mayor relevancia en la estrategia electoral de los partidos y las instituciones para la mayoría de los países. Para Guatemala, el verdadero punto de presión será lograr que los ciudadanos encuentren una razón para participar y que las organizaciones políticas los incorporen en su agenda.

• La experiencia de otros países muestra que el voto migrante puede convertirse en un factor político cuando los ciudadanos sienten representación. Las campañas que entienden sus demandas logran mayor conexión electoral.

• El voto en el extranjero es diferente en cada país. Hay algunos que permiten solo elecciones locales con condiciones (ejemplo: convenios de reciprocidad). Y otros no permiten votos sin ciudadanía (Francia, Costa Rica, Canadá, otros).

• El TSE puede mejorar la infraestructura electoral, aunque los partidos tendrán una responsabilidad clave. Si mantienen una estrategia enfocada solo en el territorio nacional, podrían perder una oportunidad para conectar con millones de guatemaltecos fuera del país. 

En conclusión. Guatemala debe ampliar los centros de votación e incorporar nuevas herramientas tecnológicas, pero eso no basta. La experiencia reciente  demuestra que más infraestructura no asegura más participación. El país necesita generar confianza, ofrecer representación y construir vínculos reales con una población que vive fuera, pero sigue atenta a su futuro político.

• Los partidos políticos enfrentan el desafío de incorporar a los migrantes en sus agendas; cuando sienten que sus demandas son escuchadas, el voto en el extranjero adquiere peso político.

• Las elecciones de 2027 pondrán a prueba la capacidad de Guatemala para convertir una comunidad migrante numerosa en una fuerza electoral relevante. El desafío no será solo organizar el voto, sino motivarlo.