¡Buenos días!

En el peor sentido de la palabra “propaganda”, el Diario de Centro América (DCA) lanzó esta semana una diatriba en contra de la razón. En la ya cansina línea comunicacional del Gobierno de Bernardo Arévalo, que reparte culpas hacia atrás sin asumir la responsabilidad que le corresponde, el medio de difusión gubernamental achaca a las buenas decisiones tomadas a finales del siglo pasado —la apertura a la competencia que tanto dice este gobierno impulsar— los males del hoy.

El DCA critica lo que llama “privatización”, por un lado, y “concesiones”, por otro —con supina ignorancia—, como si la decimonónica gestión gubernamental en la construcción de carreteras hubiese sido eficiente. Todo lo contrario.

Claro, la gran mayoría de la población —los jóvenes— no vivieron aquel infierno de ineficiencia y corrupción; eso sí, que estaba centralizada.

Además, el DCA aviesamente omite decir que la enorme mayoría de esas “empresas” constructoras no son de legítimos empresarios, sino de políticos corruptos que armaron empresas para robar.

A ver hasta cuando el gobierno de la “nueva primavera” sigue escudando su incapacidad e inoperancia; los males no los crearon ellos, no, pero fueron electos para resolverlos. Hasta ahora, solo ha sido narrativa. 

Dios los cría y el poder los junta 

En un giro que debiese avergonzar a la democracia guatemalteca, el oficialismo —Movimiento Semilla— ha decidido tender puentes con Luis Aguirre, el diputado de oposición convertido en símbolo de la todo lo que está mal en la política. Aguirre, tachado de ser “narco adyacente”, no es un aliado casual: se ha caracterizado por propuestas legislativas que benefician a sectores turbios.

Sin embargo, el oficialismo, que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, ahora lo abraza en reuniones que huelen a oportunismo puro. Esta actitud no solo traiciona los ideales que dijeron tener, sino que legitima a un personaje que ha tensionado relaciones institucionales con gestos violentos, como aquel vergonzoso episodio de la llanta, en una citación ministerial.

El caso paradigmático es el del diputado Samuel Pérez, factótum oficialista y autoproclamado paladín anticorrupción. Pérez ha mantenido un furioso discurso contra la entelequia denominada “pacto de corruptos”, denunciando sobornos y mafias en el Congreso. Pero ¿qué hace ahora? Se alía con Aguirre y con Adim Maldonado, expulsado de la UNE.  Maldonado, junto a otros como León Felipe Barrera, fue notificado de su expulsión por el Tribunal de Honor de la UNE, tras impugnaciones que revelan su deslealtad y manipulación interna. Pérez, en una fractura abierta de Semilla, se reúne con estos elementos para “consolidar alianzas” que suman votos para presupuestos y directivas, como la del 2026.

Es el pragmatismo más cínico posible: aliarse con quien sea, por cuotas de poder. El fin justifica los medios, evidentemente. Pérez intenta “recuperar operación política”, pero a costa de su credibilidad, si es que alguna. Esta falta absoluta de principios es aún más indignante cuando el oficialismo alardea de estas relaciones en redes sociales, como si fueran trofeos. Fotos de reuniones con Aguirre y Maldonado —entre otros— circulan en perfiles afines, presentadas como “avances democráticos”, ignorando los fuertes señalamientos contra sus compañeros de foto. ¿Orgullo de codearse con lo que se supone combatir? Es una bofetada a la ciudadanía, en general, pero sobre todo para quienes les votaron. ¿Dónde queda el presidente Bernardo Arévalo en este circo? Él, que denunció durante años las alianzas tóxicas del viejo régimen, permite que su bancada se fracture y se ensucie con estos pactos. Arévalo prometió un gobierno de valores, no de transacciones. Si no interviene, su silencio será complicidad. Guatemala merece coherencia, no hipocresía. Es hora de que el oficialismo elija: ¿principios o poder? Todo apunta a que nunca tuvieron los primeros y solo buscaban el segundo.  

El Diario de Centro América (DCA) publicó el pasado martes 16 de septiembre la primera entrega —de cuatro—, de un “reportaje de investigación” que tituló Catástrofe en las carreteras, comenzó con la privatización. La pieza afirma que contará el proceso de descentralización (sic) de la red vial. Según el medio, esta generó el cáncer de la infraestructura vial.

• La segunda parte, del miércoles 17, se tituló: Concesiones que dispararon los sobornos y la deuda de arrastre.
  
  

• En ella se concluyó que “[…] la entrega de obras a la iniciativa privada” (sic) aumentó el saqueo a los fondos públicos de la cartera de Comunicaciones.

Por qué importa. Ambas piezas presentan omisiones, contradicciones y un hilo narrativo sesgado que pretende favorecer al gobierno de turno. Además, diluye responsabilidades de las autoridades, para atribuírselas al modelo de obras. Hechos contradictorios a la nueva línea editorial que presentó el DCA. 

• El editorial del 5 de agosto de 2024 afirmó que efectuaron un cambio de la línea editorial. El nuevo enfoque sería más “periodístico” y se centraría en darle importancia al qué, que al quién.
  
  

• El segundo editorial de este año, del 3 de enero, resaltó que el DCA sería un medio periodístico y no de relaciones públicas. De nuevo, remarcaron su línea editorial como eminentemente periodística.
  
  

• Los reportajes realzan el papel del gobierno de Bernardo Arévalo en la “corrección del rumbo”. Lo presentan como el pionero en controles que otros gobiernos ya habían intentado implementar.

Entre líneas. Los reportajes señalan a los fideicomisos y las deudas de arrastre como origen de la corrupción. Sin embargo, omiten que eran mecanismos legales cuyo mal uso por parte de las autoridades de turno derivó en irregularidades. No eran ilegales por sí mismos.  

• La primera entrega señala que, mediante siete disposiciones legales, se abrió la puerta a la corrupción. La afirmación hace alusión a leyes y acuerdos que cambiaron la estructura institucional, con la creación de fondos y unidades ejecutoras.
  
  

• Estos son, el Acuerdo 370-94, Decreto 134-96, Acuerdo 186-97, Decreto 11-97, entre otros. Sin embargo, el reportaje no aportó pruebas sobre casos concretos, modus operandi y sanciones. Por sí solas las normas no “abrieron la puerta a la corrupción”.
  
  

• Se subraya que el gobierno de Arévalo combate la corrupción con “nuevas oficinas”, pero no se respalda con resultados concretos ni cifras verificables.

Sí, pero. El uso del DCA como vocería oficial busca moldear la opinión pública de los guatemaltecos, aunque los editoriales del medio indiquen lo contrario. Más que un reportaje de investigación, construye un relato alineado al discurso —narrativa— de la actual administración. 

• La estrategia parece diseñada para instalar la idea de que la corrupción fue “del pasado” y que ahora existe una transformación institucional.
  
  

• No obstante, aún persisten las dudas sobre varios procesos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Sin dejar, por un lado, la ridículamente baja ejecución en inversión.
  
  

• En lo que va del año, la cartera apenas ha ejecutado el 39.49 % del presupuesto asignado.

En conclusión. El mal estado de la red vial no se explica por la “privatización” ni por los fideicomisos, sino por el uso político y discrecional de estos mecanismos. Incluso, la incursión del sector privado genuino —y no el de políticos con empresas— en el mantenimiento y creación de red vial ha dado mejores resultados que el modelo anterior, que era dirigido por las dependencias públicas. 

• Los reportajes del DCA reducen la corrupción a un problema estructural del modelo de concesiones (sic), cuando la evidencia apunta a decisiones de autoridades específicas.
  
  

• La línea editorial del medio se contradice: promete periodismo independiente, pero actúa como vocero oficial al exaltar al actual gobierno y minimizar resultados verificables. 

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