Vestidos de blanco, pero embarrados

¡Buenos días! 

El ejercicio del poder desgasta; verdad de Perogrullo. Es un axioma que todos quienes lo tienen temporalmente debiesen tener presente. Pero, más que ellos, los ciudadanos, los electores. 

El partido Movimiento Semilla —hoy cancelado, luego de un muy dudoso procedimiento— llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, pero también colocó a 23 diputados en el Congreso; que ahora algunos de ellos pretendan desmarcarse de lo que ha sido el gobierno de su partido no da risa, sino rabia.  

En un sistema como el guatemalteco, donde está proscrita la reelección presidencial —además de estar vetado constitucionalmente el presidente de favorecer a partido político alguno—, el jefe del Ejecutivo realmente no tiene aliciente para hacer mucho para favorecer a su partido; no ha repetido ningún partido de gobierno. 

En cambio, los diputados, tan veletas como pueden serlo, siempre buscan repetir. Lo que no tiene madre es que diputados del partido de gobierno pretendan distanciarse del desgaste sufrido. ¡Si son los más causantes!  Basta ver mediciones de popularidad para verificar que los diputados son los peor calificados. 

Que Samuel Pérez y su panda pretendan hacer un rebranding y con ello marcar distancia del desastre —salvo algunas excepciones— que ha sido el gobierno de Semilla es un embuste. Por suerte, aunque se crea lo contrario, el votante discierne bien.  

En el 2027 debiesen pagar los elotes que se comieron. ¡Amén! 

Reynaldo Rodríguez
México: en el estancamiento económico y el centralismo
669 palabras | 4 minutos de lectura

México se encuentra en una coyuntura crítica, donde la narrativa oficial de construir el segundo eslabón de la transformación —la llamada 4T— choca frontalmente con una realidad de estancamiento económico. Sheinbaum ha alterado profundamente la estructura institucional del país a través de la consolidación del Plan C, centralizando el poder y eliminando contrapesos.  

En perspectiva. La promesa de una continuidad transformadora enfrenta el agotamiento de un modelo económico que privilegia el gasto social sobre la inversión productiva.  

• El raquítico crecimiento del 0.8 % registrado en 2025 es el peor desempeño entre las grandes economías de Latinoamérica y el punto más bajo para México desde la crisis pandémica, provocando que el PIB per cápita retroceda a niveles no vistos desde 2017.   

• La parálisis económica se explica, en gran medida, por un desplome del 28 % en la inversión pública, la caída más severa reportada en las últimas tres décadas. Mientras el discurso oficial insiste en la fortaleza del Estado, la ausencia de infraestructura y proyectos de gran calado sugiere que el segundo piso carece de los cimientos.  

• El mercado laboral se encuentra atrapado en la informalidad, donde un aumento agresivo del salario mínimo —que pasó del 37 % al 75 % del salario medio— ha encarecido la formalización. Esto ha condenado al 55 % de la fuerza laboral a empleos de baja tecnología y productividad.  

Lo indispensable. Las reformas constitucionales de la administración Sheinbaum representan un cambio de régimen que prioriza la voluntad política sobre la especialización técnica.  

• El Ejecutivo ha absorbido organismos autónomos fundamentales de transparencia, eliminando contrapesos técnicos, permitiendo que el Estado actúe como juez y parte en sectores estratégicos.  

• La implementación de la reforma judicial ha quebrado la columna vertebral de la justicia en México al someter a jueces y ministros al escrutinio de las urnas. Esta decisión subordina la interpretación de la ley a las mayorías y los ciclos políticos.  

• El cambio de estatus de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas públicas del Estado consolida un modelo donde la ideología se impone a la rentabilidad financiera y la seguridad energética. Esta reclasificación permite al gobierno priorizar el control político de los recursos sobre la eficiencia operativa, lo que genera una carga fiscal creciente y pone en riesgo el suministro de energía para la industria.  

Entre líneas. Además de la reorganización institucional, el Estado ha fortalecido su brazo ejecutor para anular la defensa patrimonial del contribuyente.  

• Una sentencia clave de la Suprema Corte de Justicia en abril ha cerrado el cerco sobre la seguridad financiera —y la propiedad privada—, permitiendo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueen cuentas bancarias de forma inmediata y discrecional por sospechas de lavados de activos sin autorización judicial. 

• Al eliminar el control judicial previo, el sistema legal mexicano ha abandonado de facto la presunción de inocencia patrimonial, otorgando al Ejecutivo una herramienta de presión política sin precedentes. El modelo invierte la carga de la prueba, dejando a personas y empresas en una situación de indefensión por arbitrariedad, obligándolas a enfrentar alta incertidumbre antes de poder ejercer su derecho de audiencia.  

• La consecuencia directa de esta ofensiva institucional es la fuga de capitales locales y un freno en la adquisición de maquinaria y equipo por parte de las empresas nacionales. A diferencia de la inversión extranjera que opera bajo otros parámetros, el empresariado mexicano está deteniendo su expansión ante la falta de garantías básicas sobre la propiedad y la libre disposición de sus activos.  

En conclusión. México transita hacia un modelo de alta centralización arbitraria, donde la hegemonía política se construye a expensas de la viabilidad económica y la certeza jurídica. La erosión de los contrapesos técnicos y la vulnerabilidad del contribuyente proyectan un escenario de estancamiento prolongado y riesgos sistémicos para la inversión.  

• Sin un retorno a la independencia institucional, el país corre el riesgo de convertir su narrativa de transformación en una estructura de control que asfixie el dinamismo del sector privado. 

Ana González
Semilla–Raíces: un divorcio que nadie admite
583 palabras | 4 minutos de lectura

El divorcio entre Raíces y Semilla parece ya consumado. La tensión quedó en evidencia el martes, durante la sesión plenaria, cuando el grupo encabezado por Samuel Pérez (Raíces) impulsó una iniciativa para intervenir la USAC. El principal rechazo provino del propio oficialismo, liderado por José Carlos Sanabria (Semilla), que dejó en evidencia la fractura interna. 

Por qué importa. El oficialismo aseguró que mantendrían los acuerdos legislativos, pese al interés de un grupo de conformar una nueva agrupación, pero  la ruptura podría salir muy cara y no solo para ellos, pues al estar divididos se pierde margen de maniobra en la búsqueda de consensos en la agenda legislativa. 

• Aunque en conjunto sumaban 23 votos, la fractura interna diluye el poco peso político y los deja aún más debilitados. 

• Si no logran acuerdos en este punto, difícilmente podrán coincidir en otros; todo apunta a que están pesando más los egos y la búsqueda de protagonismo que la construcción de consensos. 

• Además, abre la puerta a nuevas alianzas en el Congreso, lo que puede reconfigurar el equilibrio de fuerzas, lo que deja al oficialismo en una posición más vulnerable frente a la oposición.  

Voces. Al ser consultado sobre lo ocurrido en el pleno y si esto confirmaba una ruptura, el diputado Raúl Barrera, cercano al grupo de José Carlos Sanabria, respondió: “El deber de los diputados electos por Semilla es acuerpar al presidente Bernardo Arévalo, por difíciles que sean algunas decisiones. Esa es la medida de la lealtad. La lealtad es importante en política. Este cargo requiere entereza”. 

• “Cada uno debe responder si seguirá respondiendo a esa lealtad”, agregó el congresista. 

• En contraste, una fuente cercana al grupo de Pérez señaló que la reacción de sus colegas ante la iniciativa de ley los tomó por sorpresa. 

• Aunque ambos grupos evitan hablar abiertamente de una fractura, los hechos parecen no dejar dudas al respecto.  

Visto y no visto. Algunos sectores interpretan el distanciamiento —cada vez más evidente— como un intento del grupo Raíces de tomar distancia del gobierno de Bernardo Arévalo. No sería algo nuevo: el desgaste propio del ejercicio del poder suele pasar factura, y algunos optan por desmarcarse para preservar capital político, ante el riesgo de desaparecer tras su paso por el gobierno. 

• Sobre un posible alejamiento, el diputado Samuel Pérez dijo en una entrevista radial, afirmó que “no es tanto ese tema”, sino que existe “una diferencia estructural”, particularmente en torno a lo ocurrido en la USAC. 

• Pérez hizo referencia a la elección de Walter Mazariegos en 2022, señalando que se trató de un proceso fraudulento que contó con respaldo institucional.  

• A su juicio, no hubo una respuesta política contundente para impedir que la situación volviera a repetirse.   

En conclusión. La fractura dentro del oficialismo no solo debilita su capacidad en el Congreso, también empieza a leerse en clave electoral. El distanciamiento del grupo Raíces apunta a una posible estrategia para tomar aire frente al desgaste del gobierno de Bernardo Arévalo, con la mirada puesta en el proceso de 2027. 

• Con un bloque que ya era reducido y hoy aparece dividido, el oficialismo pierde fuerza para impulsar una agenda. El movimiento podría sugerir un cálculo político: marcar distancia ahora para no cargar con los costos de la gestión más adelante.  

La corrupción no es un defecto del presente. Es, quizás, el hilo más constante de la historia humana. Esa es la tesis central que Carlo Alberto Brioschi defiende en este libro. Es un recorrido erudito, irónico y desencantado por siglos de venalidad, cohecho y abuso de poder. El resultado es una obra que incomoda tanto como ilumina.  

El libro parte de una pregunta provocadora que funciona como título de su introducción: ¿A quién le importa si César es un ladrón? La respuesta es perturbadora: a casi nadie. El autor observa que los grandes corruptos de la historia no cayeron en el olvido; por el contrario, conquistaron la admiración popular. Nerón, Calígula, los Borgia. Todos pasaron a la historia con igual o mayor intensidad que los justos. Esta paradoja recorre todo el texto como una sombra. 

El itinerario histórico arranca en Mesopotamia. La ciudad de Babilonia ya conocía la opresión, el robo y las dádivas como moneda de poder. El Arthashastra de Kautilya, texto sánscrito del siglo IV a.C. —redescubierto en 1905—, describe con asombrosa lucidez el problema del funcionario corrupto. Es tan difícil probar su deshonestidad como averiguar cuánta agua bebe un pez. La Biblia, los textos griegos y las leyes romanas evidencian la tentación de torcer las reglas en beneficio propio. Práctica tan antigua como las reglas mismas. 

Brioschi dedica atención especial a Grecia y Roma. En Atenas, el escándalo del oro de Arpalos arrastró al mismísimo Demóstenes. En Roma, Cicerón advirtió que quien compra un cargo público se afana por ejercerlo de modo que llene el vacío de su patrimonio. Las frases de estos autores clásicos resuenan con familiaridad en Guatemala. No hace falta cambiar muchos detalles para que parezcan crónicas de hoy, como las elecciones [fraudes] de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos (USAC). 

La Edad Media y el Renacimiento amplían el cuadro. La venta de indulgencias (la principal crítica de Martín Lutero), la simonía eclesiástica y la degradación moral del papado con los Borgia muestran que la Iglesia no fue inmune al mismo mal que predicaba combatir. Maquiavelo aparece aquí como testigo privilegiado y analista implacable. El término faccendiere —el intrigante, el chanchullero— se rastrea precisamente hasta su obra de 1513. La reforma luterana, en este contexto, no fue solo una disputa teológica. También fue una reacción ante la corrupción institucionalizada de Roma. 

El libro avanza en el tiempo con más historias y anécdotas; el nacimiento del capitalismo, las revoluciones burguesas, el colonialismo y la expansión de los mercados financieros generaron nuevas formas de corrupción, más sofisticadas y difíciles de detectar. Adam Smith observó que los actores del mercado operan en busca de su propio interés; el problema es que el político, también. El siglo XX, con sus totalitarismos, cierra el ciclo. Las dictaduras no eliminaron la corrupción; son, en sí mismas, una forma de corrupción sistémica, porque pervierten todas las relaciones sociales, políticas y económicas. 

Los capítulos finales analizan el presente. Brioschi examina los grandes escándalos financieros internacionales —Enron, Parmalat, el caso italiano de Mani Pulite— y conecta la corrupción con la crisis de 2008.  El fenómeno se reinventa, adopta nuevas formas y encuentra nuevos cómplices, pero su lógica permanece intacta. 

Brioschi no escribe como un académico encerrado en su especialidad. Narra cómo alguien que leyó mucho, pensó mucho y decidió contar lo que encontró con honestidad. La prosa es densa de citas —Cicerón, Platón, Brecht, De Gaulle, Umberto Eco— pero nunca se vuelve redundante. El tono alterna entre la ironía y la gravedad con naturalidad: dos por uno. 

La edición de 2019, revisada y actualizada, mantiene la estructura original e incorpora referencias a los escándalos más recientes. Refuerza el argumento central del libro: la corrupción no es una anomalía histórica, es una constante.  Reconocerla como tal no es un acto de cinismo, sino el primer paso para combatirla con inteligencia.