¡Buenos días!

En un país donde el sentido común no pidiera permiso de ausencia —con funcionarios que al menos lo saludaran de vez en cuando— el Ministerio de Energía y Minas debiese ser una cartera técnica, estratégica, seria.  En Guatemala, bajo Víctor Hugo Ventura, parece más bien un laboratorio de ocurrencias ideológicas, donde se improvisa con la certeza jurídica como si fuese servilleta de cafetería. 

El Acuerdo Ministerial 145-2026 es una estupidez jurídica de cuerpo entero. No solo por el fondo, sino por la forma. Pretender, desde un acuerdo ministerial, ordenar una consulta dirigida en la práctica a un proyecto específico —Palo Viejo, con más de una década de operar legalmente— no es gobernar: es disparar una bengala en un polvorín. Y luego, sorprenderse de que el sector empresarial se alarme. 

La ley, para ser ley, debe ser general, abstracta e impersonal. No debe llevar nombre, apellido, coordenadas ni destinatario. Cuando una disposición administrativa se confecciona contra un proyecto concreto, deja de parecer norma y empieza a oler a dedicatoria. Y las dedicatorias, en derecho público, suelen terminar mal. O se deroga ipso facto semejante disparate, o tendrá que ser atacado por la vía de la inconstitucionalidad. No hay mucho misterio; salvo, claro, para quienes confunden administración pública con activismo de escritorio. 

Pero esto no es un accidente aislado. Es ya un patrón. El mismo ministro que firma este acuerdo es el mismo que ya nos regaló el fracaso de la PET-3, aquella licitación que debía fortalecer la transmisión eléctrica y terminó exhibiendo un diseño tan poco atractivo que quedó desierta. Cuando un país con enorme potencial energético y minero recibe, desde su ministerio rector, señales de inseguridad, estatismo, torpeza y sesgo ideológico, el problema no es técnico: es de cabeza. 

Y cabeza, en el MEM, no abunda. 

El IUSI y la tentación electorera

Hay pocos espectáculos más patéticos que un populista disfrazado de defensor de la propiedad privada. Sin embargo, eso es exactamente lo que ofrece el Congreso de la República esta semana mientras tramita —en pleno año preelectoral, con un guiño que ya nadie se molesta en disimular— la iniciativa 6709 del diputado Cristian Álvarez del partido CREO, para reducir el IUSI del 9 al 3 por millar. 

Que conste lo siguiente, porque importa: cuestionar la legitimidad del Impuesto Único Sobre Inmuebles es un ejercicio profundamente republicano. La propiedad, como recordaron Locke, Madison y la tradición liberal entera, no es una concesión del Estado sino un derecho anterior a él. Todo gravamen que la afecte exige justificación  impecable, y el IUSI nunca la ha tenido del todo: nació con un hecho generador inexistente y arrastra esa fragilidad desde 1998. Discutirlo a fondo es deber republicano. Lo que se está discutiendo en el Congreso, sin embargo, no es eso.  

El año preelectoral ha obrado el milagro de la proactividad legislativa. Diputados que durante meses no presentaron una sola propuesta de fondo descubren, de golpe, una vocación reformista que coincide puntualmente con el inicio del ciclo de campañas. El diputado Álvarez no está solo en este oficio. El grupo del diputado Samuel Pérez Álvarez lleva tiempo perfeccionando la fórmula: iniciativas de alto impacto mediático y escaso rigor técnico, calibradas al milímetro para el calendario electoral. 

Detrás de esta coreografía populista hay un cálculo frío y, conviene decirlo, más cínico. Reducir abruptamente el IUSI sin sustitución no es un acto de generosidad fiscal: es una operación  diseñada para asfixiar financieramente a más de trescientos gobiernos locales un año antes de que se elija a sus sucesores.  

La lógica es transparente para quien quiera verla. Un municipio sin recursos es un municipio que deja de pavimentar, de recoger basura, de iluminar calles, de prestar los servicios elementales que le dan sentido visible a la autoridad local. Y un ciudadano confrontado con esa precariedad no distingue entre el diputado que la provocó y el alcalde que la padece: castiga al que tiene enfrente. Sobre ese descontento manufacturado pretenden montar su cosecha electoral los partidos que hoy no controlan los concejos municipales que aspiran a controlar. Es ingeniería electoral disfrazada de alivio fiscal: fabricar el problema para venderse después como solución.  

¿Significa lo anterior que el IUSI deba mantenerse inalterado? Por supuesto que no. Hay razones de fondo para revisarlo, y la conversación sobre cómo hacerlo es legítima y necesaria. Pero es una conversación técnica, no una proclama de campaña. El verdadero problema —y el que la iniciativa 6709 esquiva con habilidad— es de fondo: si se le retiran recursos a las municipalidades, ¿con qué se sustituyen?  

Y aquí entra una dimensión que el debate público ha pasado por alto con sospechosa diligencia. Este gobierno —como otros antes, pero este con dedicación particular— ha convertido al Ministerio de Finanzas en su principal instrumento de chantaje político. Asignaciones que se demoran, desembolsos que se aceleran o se retienen, ejecuciones que se autorizan o se entorpecen según la docilidad del diputado distrital de turno: tal es la moneda con la que el Ejecutivo compra votos en el Congreso y disciplina a las bancadas. Cualquier reforma que erosione la autonomía financiera del municipio sin construir una alternativa —y la 6709 no construye nada— no está fortaleciendo al ciudadano; está coronando al ministro de turno como árbitro absoluto de la vida local guatemalteca.  

Y un municipio asfixiado no permanece vacío. Lo ocupa alguien. Lo ocupa el narcotráfico. Lo ocupan las estructuras criminales que llevan dos décadas leyendo con paciencia el mapa de las ausencias del Estado guatemalteco y avanzando metódicamente sobre él. Donde el alcalde no puede pagar el alumbrado, lo paga el narco. Donde la comuna no logra reparar una calle, la repara el narco. Donde la autoridad legítima se retira, el crimen organizado se instala, compra legitimidad social a precio de gallina vieja y, con el tiempo, se convierte en autoridad de facto. No es hipótesis académica ni alarmismo editorial: es el mapa político real de varias regiones del país, y cualquier diputado con más de seis meses de curul lo sabe perfectamente. 

Aprobar la iniciativa 6709 en sus términos actuales no es defender la propiedad privada: es entregar municipios al narcotráfico envueltos en papel de regalo republicano. Quienes la voten no estarán liberando al contribuyente del peso de un impuesto injusto. Estarán comprando votos hoy con el territorio que mañana ya no será del Estado guatemalteco.

Que conste, al menos, para la historia. 

República Investiga
Menkos y el RGAE: el mecanismo que habilita estructuras sospechosas
815 palabras | 5 minutos de lectura

En entregas anteriores, República evidenció las anomalías en el crecimiento del techo de contratación de varias empresas que le venden servicios y productos al Estado. Responsabilidad que recae en Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), que a su vez depende del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), liderado por Jonathan Menkos Zeissig. 

• Otra empresa se suma al entramado de corrupción de las contrataciones públicas de esta administración. Se trata de la sociedad Grupo Maya Tikal, S. A., constituida en enero de 2008. 

Por qué importa. Entre 2023 y 2024, la sociedad pasó de tener un estatus restringido de compra directa a una precalificación de obras con un techo de GTQ 424.46M. La sociedad opera bajo al menos siete nombres comerciales. Sin embargo, algunos elementos de su creación y administración coinciden con Distribuidora Siloé, S. A.  Esta última ha sido vinculada en diversas investigaciones periodísticas con el diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, uno de sus principales respaldos políticos y aliado estratégico de Samuel Pérez Álvarez. 

• Ambas empresas tienen coincidencias de dirección, representación legal y techos de contratación. El patrón genera dudas sobre a quién beneficia y cómo el Minfin no ha inhabilitado a estas sociedades. 

• Las sociedades comparten dirección comercial en zona 7. Aunque difieren en una calle. El Grupo Maya Tikal está en la 31 avenida 7-22, Colonia Tikal I, mientras que Distribuidora Siloé en la 30 avenida A 7-49. 

• El representante legal lo comparte: es Elfego Ernesto Martínez Castañeda. Fue inscrito por Maya Tikal en julio de 2024, mientras que por Siloé en marzo de 2026. 

Punto de fricción. La estructura de múltiples nombres comerciales de Grupo Maya Tikal le permite participar en distintos sectores. Aparentan competencia, pero no se da. Además, tiene mayores posibilidades de participar en varios concursos del Estado. Los techos de contratación son casi idénticos entre ambas sociedades: GTQ 424.4 M para Maya Tikal y GTQ 418.1 M para Siloé, aprobados con dos meses de diferencia.  

• La primera se dio en junio de 2024 y la segunda en abril. La diferencia es de 1.5%. Entre los otros nombres comerciales del grupo Maya Tikal están: Constructora Maya Tikal, Constructora Mundo Maya, Desarrolladora Inter Maya e Inmobiliaria Flores de Tikal.  

• También Trans Mecánica Integral, Frigoríficos El Gran Jaguar, Papelera La Riviera, Siliconguate, Speedenergy y Systems Futura. Los nombres se distribuyen en al menos siete sectores no relacionados. 

• Estos son construcción civil, desarrollo inmobiliario, transporte y mecánica, frigoríficos, papelería, materiales electrónicos y energía. Es la misma red de marcas que maneja Distribuidora Siloé. 

Sí, pero. Antes de Elfego Ernesto Martínez Castañeda, como representante legal, estaba Sergio Armando Ruano Osorio. Inició en junio de 2023, pero concluyó en julio de 2024. Desde 2023, cuando se dio su incripción para compra directa, el Grupo Maya Tikal ha recibido 11 constancias de techo de contratación. 

• En junio de 2024 su techo de precalificación era de GTQ 424.464M. En julio de 2025 tuvo una disminución mínima y pasó a GTQ 424.384M. Seis meses después, en enero de 2026, fue reducido a GTQ 424.285M. Este monto se mantiene en la actualidad. 

• Las adjudicaciones del Grupo Maya Tikal son mínimas. Se concentran en compras directas. Es decir, son eventos sin concurso. En 2024 facturó GTQ 627 015. Ninguna publicación fue con concurso. 

• En 2025 se dieron tres adjudicaciones por concurso que suman GTQ 178 523. En compras directas vendió GTQ 1.17M. En total, el Estado le devengó GTQ 1.34M. En lo que va de 2026, lleva 16 eventos por GTQ 169,909.45. 

En conclusión. Maya Tikal usa solo el 0.5% de su capacidad económica anual autorizada. Existe una brecha marcada entre el techo de GTQ 424M y el consumo real de GTQ 2.1M, acumulados en tres años. Este desbalance es típico de techos sobredimensionados. A pesar de las promesas del gobierno actual, en especial del ministro Jonathan Menkos, por eliminar los precalificados injustificados de las empresas, esto no ha sucedido. 

• El patrón compartido con otras empresas sugiere estructuras que simulan competencia, pero concentran oportunidades en un mismo núcleo operativo. Estafan al Estado, y este no hace mayor cosa por evitarlo. 

• La falta de acción del Minfin y del RGAE debilita la credibilidad del sistema de compras públicas. Queda en duda la capacidad del ministro Menkos para evitar actos de corrupción. 

• Sin auditorías profundas y sanciones, el modelo de techos sobredimensionados puede convertirse en norma dentro del Estado. Ya lo es en gran parte, dado la falta de controles. 

República contactó el 29 de abril de 2026, al mediodía, a Francis Annabella Urbina Alvarez, directora de Comunicación Social del Ministerio de Finanzas Públicas, con cuatro preguntas sobre los hallazgos de esta investigación. En lugar de responder a los señalamientos, la funcionaria descalificó nuevamente el trabajo del equipo editorial, acusándolo de publicar información falsa, y evitó dar explicaciones inmediatas, indicando que una respuesta podría tomar entre uno y tres días. Al cierre de esta edición, no se recibió ninguna respuesta oficial. 

Alejandra Martínez Cánchica
Guatemala y los minerales críticos: una ventaja geopolítica aún desperdiciada
1029 palabras | 5 minutos de lectura

Las tres potencias que hoy redefinen el orden global —Estados Unidos, China y Rusia— no solo se reafirman en sus áreas de influencia, sino que comienzan a proyectarse más allá de ellas, reconfigurando lo que podrían considerarse sus fronteras extendidas. Atrás quedaron los años de la Guerra Fría, cuando la competencia entre potencias tenía un componente ideológico relevante. El escenario actual, en cambio, responde a una lógica más directa: una competencia entre imperios por asegurar acceso a recursos estratégicos, sin mayores mediaciones institucionales. En este contexto, los minerales y la energía se consolidan como los activos centrales de la nueva configuración del poder global. 

Una de las expresiones más evidentes de este giro fue el despliegue y posterior intervención de Estados Unidos a inicios de este año en el Caribe, una región históricamente concebida como parte de su perímetro de seguridad nacional. A esto se suman movimientos que vienen desarrollándose desde el año pasado, como el reforzamiento de su presencia en el Ártico —desde Alaska hasta Groenlandia— con el objetivo de redefinir espacios geográficos estratégicos. Estos hechos reflejan una transformación en la doctrina geopolítica liberal estadounidense de las últimas décadas. Incluso decisiones aparentemente simbólicas, como denominar “Golfo de América” al Golfo de México o sustituir el término Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, sugieren algo más que cambios semánticos: apuntan a la consolidación de una nueva arquitectura del llamado “Gran Espacio” norteamericano. 

En paralelo, China consolida su posición dominante en la producción y procesamiento de minerales críticos, disputando con Estados Unidos el control de estos recursos que resultan esenciales para la transición energética, el desarrollo de la inteligencia artificial y el avance de tecnologías de punta. 

En este tablero global, América Latina emerge como un actor estratégico. Según datos de la CEPAL y la FAO, la región concentra alrededor del 25% de los recursos minerales del mundo, fundamentales para la economía del futuro. Este dato permite anticipar una demanda creciente de minerales en las próximas décadas. En particular, Centroamérica y el Caribe adquieren una relevancia adicional al formar parte del espacio estratégico inmediato de Estados Unidos. 

El analista Robert D. Kaplan advertía ya en 2012 sobre la necesidad de consolidar un bloque norteamericano ampliado como contrapeso a Eurasia. Su planteamiento subraya la importancia de fortalecer los vínculos con México y Centroamérica para evitar desplazamientos geopolíticos adversos y consolidar una zona de integración económica y movilidad humana bajo liderazgo estadounidense. 

Sin embargo, la predicción de Kaplan enfrenta una limitación estructural: la incapacidad de muchos países de la región para traducir su abundancia de recursos en desarrollo sostenido, fenómeno conocido como la “maldición de los recursos naturales”. Aquí emerge una tensión central entre el potencial económico y la debilidad institucional. 

A pesar de ello, el contexto actual abre una ventana geopolítica que podría representar una oportunidad para economías emergentes como Guatemala, en la medida en que logren ofrecer condiciones de estabilidad y certidumbre a la inversión. 

Guatemala: potencial minero y limitaciones estructurales 

El caso guatemalteco ofrece una radiografía clara de esta dualidad entre oportunidad y restricción. Los datos permiten identificar tanto los obstáculos persistentes como las áreas de mejora necesarias. 

Baja relevancia en la economía 

Históricamente, el sector minero ha tenido una participación marginal en el PIB. Alcanzó un pico cercano al 1.7% alrededor de 2011, seguido de una caída sostenida hasta niveles inferiores al 0.5% en años recientes. 

El crecimiento del sector, además, ha sido volátil, con varios períodos de contracción y sin capacidad de generar un efecto de arrastre sostenido en la economía. En términos generales, la minería no ha logrado consolidarse como un motor relevante del crecimiento económico. 

Baja atracción de inversión 

La inversión extranjera directa (IED) refuerza este diagnóstico. Entre 2008 y 2013, el sector minero llegó a representar más del 30% de la IED en algunos años. Sin embargo, posteriormente se observa un desplome significativo, incluso con registros negativos, estabilizándose en niveles bajos. 

Este deterioro del clima de inversión está asociado a factores como la conflictividad social, la incertidumbre jurídica y la debilidad institucional. 

El dato clave: exportaciones 

Entre 2006 y 2017, la minería mostró un desempeño distinto en el frente externo. Llegó a representar el 5.6% de las exportaciones totales, con un pico cercano al 10% en 2011. 

Este dato es relevante porque evidencia que el sector sí logró insertarse en los mercados internacionales, generando ingresos en divisas. Aunque no se consolidó como motor interno, sí funcionó como un vector de inserción en el ciclo global de materias primas. 

La caída: factores globales e internos 

A partir de 2014-2017, se registra una caída en exportaciones, inversión y participación del sector. A nivel global, esto coincide con el fin del auge de los commodities. Sin embargo, en el caso guatemalteco se suman factores internos: suspensión de proyectos, judicialización de casos relevantes y aumento de la conflictividad social. 

Este patrón refuerza una conclusión: el problema no radica en la falta de recursos, sino en la gobernanza del sector. 

Minería en Guatemala: una oportunidad condicionada 

Los datos permiten replantear el punto de partida. La eventual reactivación del sector no implicaría comenzar desde cero. Entre 2006 y 2014, la minería contribuyó a las exportaciones, atrajo inversión y logró integrarse en cadenas globales. 

A diferencia de ese período, hoy existe un elemento adicional: un entorno geopolítico favorable. Estados Unidos busca reducir la dependencia de China mediante estrategias de nearshoring, priorizando cadenas de suministro cercanas. En ese contexto, Guatemala cuenta con una posición geográfica que podría facilitar su inserción como proveedor de minerales. 

No obstante, esta oportunidad está condicionada a la resolución de un cuello de botella institucional. Entre los elementos clave destacan: 

La generación de certidumbre jurídica mediante una legislación moderna y un sistema judicial que aplique criterios de autocontención. 

La gestión efectiva de la conflictividad social con enfoque en desarrollo comunitario. 

La construcción de una estrategia-país que integre la minería en una visión de desarrollo de largo plazo. 

En un contexto global marcado por la competencia por recursos, Guatemala ha reducido su capacidad de inserción. La discusión, por tanto, no gira en torno al potencial —los datos lo confirman— sino a la capacidad de aprovecharlo de forma sostenida. La ventana geopolítica está abierta, pero no lo estará indefinidamente.