Vicepresidencia: un caro estorbo

¡Buenos días!

En Guatemala, la vicepresidencia se introdujo “novedosamente” en la constitución de 1965. Antes de ello, la sucesión —en caso de muerte, por ejemplo— se daba a través de la figura de los designados a la presidencia; un mecanismo a dedo.

Desde entonces, ha habido de todo. Desde Clemente Marroquín Rojas —vicepresidente de Julio César Méndez Montenegro— hasta Guillermo Castillo, vicepresidente de triste y anodina recordación. Bastante tiene que ver el talante del presidente para que su vice juegue un rol más o menos importante.

En campaña, la “ficha” vicepresidencial ha servido, también, distintos roles; desde una figura que le da balance al candidato presidencial, hasta —como ocurre también con las casillas para diputados al Congreso— la burda venta.

El vice de Alfonso Portillo, Francisco “Paco” Reyes, ejerció poder. También lo hizo Eduardo Stein, el vice de Oscar Berger. Ni se hable de Roxana Baldetti, quien jugó un papel relevante en la presidencia de Otto Pérez. Tan relevante, que fue su perdición. 

Karin Herrera, la actual vicepresidenta, es más como Castillo que como Reyes o Baldetti. Marginada por la presidencia, pero también por decisión propia. Realmente no termina de encajar en el Gobierno de Bernardo Arévalo.

Su escogencia como candidata se dio, probablemente, porque los de Semilla no esperaban ganar las elecciones y ¡zas!, que si sí.

La preponderancia de los vicepresidentes que hemos tenido, cuando menos desde 1986 a la fecha, es variada, pero ciertamente el balance es negativo. La vicepresidencia —con todo y su nutrido staff— parece constituir una onerosa e innecesaria burocracia y, a la luz de lo que se vive en esta administración, una pieza incómoda. Quede esta reflexión para una reforma constitucional que jamás se dará… 

En 2023, previo a las elecciones, Bernardo Arévalo y Karin Herrera mantenían una buena relación como el binomio que aspiraba a la presidencia por el partido Movimiento Semilla. Tras ganar las elecciones, se posicionaron como un equipo de Estado. En varias entrevistas afirmaron que trabajarían de la mano para cumplir su plan de Gobierno.

• A casi dos años de administración, ambos funcionarios se distanciaron. El trabajo en conjunto es mínimo y en apariciones públicas raras veces se ven.

Por qué importa. Los desacuerdos entre Arévalo y Herrera afectan la gobernabilidad del país. El punto de quiebre de la desgastada relación presidencial fue la reducción “obligada” del salario de la vicepresidenta. El escándalo se dio en junio pasado y expuso la falta de comunicación entre “el binomio”.

• La crisis le restó credibilidad al gobierno, pues una de las principales promesas de campaña no se cumplió. La vicepresidencia esquivó el compromiso adquirido.

• El tema del salario no se trató en privado. Escaló a la esfera pública; ambos compartieron sus versiones a través de comunicados —separados— y declaraciones a la prensa.

• En su momento, Herrera habló del asunto y expuso el estado de la relación con Arévalo. Ella indicó: “No somos amigos con el presidente, pero tratamos de tener comunicación”.

Punto de fricción. Las diferencias entre un presidente y su vicepresidente no son nuevas. En otros gobiernos se han vivido. Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo rompieron relaciones a partir de la creación del Centro de Gobierno. La comunicación de los dos fue escasa. Hoy se repite con Arévalo y Herrera. Son lo mismo.

• Según analistas, la vicepresidenta se alejó de las decisiones importantes del Gobierno. Algunos la consideran con fuerte inclinación ideológica y partidista.

• Su participación está invisibilizada. No trasciende en proyectos de Estado, mientras que Arévalo acapara toda la atención mediática. Incluso, algunos diputados y ministros figuran más.

• Por su parte, Arévalo indicó en abril pasado que no existía “divorcio con la vicepresidencia”.  A más de ocho meses de esas declaraciones, los encuentros comunes han sido escasos.

Sí, pero. Fuentes a lo interno del Gobierno afirmaron que las reuniones de trabajo no son frecuentes. Tienen meses de no hacerlo. Pareciera que cada uno tiene una agenda propia por cumplir. Los encuentros se dan, en la mayoría de los casos, cuando hay Consejo de Ministros y participan más funcionarios.

• Los círculos de influencia de Arévalo están conformados por otros asesores, diputados y funcionarios del Gobierno. La vicepresidenta no figura en la toma de decisiones.

• Los asesores que más resaltan son Mario Taracena y Oliverio García, ambos exdiputados del Congreso. También figura Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero.

• Del binomio, Arévalo mantiene la narrativa política antisistema, mientras que Herrera se ha dedicado a impulsar programas educativos y de ciencia.

En conclusión. La relación entre Bernardo Arévalo y Karin Herrera refleja una fractura política que el Gobierno no ha logrado administrar con madurez. La falta de coordinación y comunicación convirtió desacuerdos internos en crisis públicas que afectan la gobernabilidad y la credibilidad del proyecto que ambos ofrecieron. 

• El manejo público del conflicto salarial evidenció improvisación y ausencia de canales internos eficaces. Debilitó la imagen de unidad del Ejecutivo y expuso tensiones innecesarias ante la ciudadanía.

• La marginación de la vicepresidencia de los espacios de decisión redujo el peso político de Herrera y proyectó un Ejecutivo concentrado en círculos cerrados de asesoría.

• Mientras Arévalo monopoliza la narrativa política y Herrera opera en una agenda paralela, el binomio pierde cohesión. Envía una señal de desorden institucional que limita la ejecución de políticas de Estado.

El diputado Julio Portillo, quien, aunque aún figura en la bancada Cabal, prácticamente ya tiene un pie en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), volvió a ser la comidilla en redes sociales, tras presentar una iniciativa de ley que, si bien todavía no ha sido conocida en el pleno, plantea regular cierto contenido creado mediante inteligencia artificial.

Por qué importa. Los diputados parecen estar emprendiendo acciones aisladas que, a la larga, solo debilitan respaldos clave que podrían fortalecer otras propuestas relevantes, como la ley de ciberseguridad, que avanzó en segundo debate el 23 de septiembre, pero desde entonces sigue en lista de espera para su aprobación.

• La iniciativa fue presentada desde el 14 de octubre, pero es una más entre las múltiples propuestas pendientes de ser remitidas a una comisión de trabajo.

• No obstante, el proyecto ha generado un intenso debate en redes sociales, donde se ha señalado al diputado de pretender sancionar a quienes elaboren memes contra legisladores. Portillo ha descartado este extremo y ha reiterado que su objetivo es únicamente brindar protección a las personas, especialmente a menores de edad.

• Pese a ello, el congresista ha protagonizado múltiples escándalos durante su primera legislatura, lo que ha mermado su credibilidad y ha puesto en duda la seriedad y el alcance real de sus propuestas.

Datos clave. El documento establece sancionar a quienes incurran en la creación, manipulación, publicación o difusión no autorizada de imágenes, audios o videos generados mediante IA (deepfakes) que afecten su reputación, dignidad, privacidad o identidad.

• La creación o difusión maliciosa de deepfakes será sancionada con prisión de tres a seis años y multa de GTQ 200 000 a GTQ 500 000.

• Esta pena se agravará cuando la víctima sea menor de edad, funcionario público, líder religioso o pertenezca a un grupo vulnerable.

• Asimismo, la amenaza o extorsión mediante su uso se castigará con prisión de tres a cinco años y multa de GTQ 100 000.

Fisgón histórico. El diputado asumió en 2024 y a pocos meses ya provocó críticas al intentar sortear un iPhone para aumentar sus seguidores en redes sociales.

• Uno de los episodios más críticos fue cuando protagonizó un accidente de tránsito donde murió uno de los agentes asignados.

• Este año, volvió a ser noticia cuando el alcalde de La Unión, Zacapa lo señaló de pedir comisiones de los proyectos de los consejos de desarrollo (CODEDE).

En conclusión. Aunque la iniciativa podría buscar atender riesgos reales del uso malicioso de la inteligencia artificial, su impulso se da en un contexto que debilita seriamente su legitimidad.

• El historial del diputado Julio Portillo —marcado por escándalos, señalamientos y controversias desde que asumió una curul— genera dudas razonables sobre la seriedad y las verdaderas motivaciones detrás de la propuesta.

• En lugar de fortalecer una agenda legislativa coherente y prioritaria —como la ley de ciberseguridad—, el congresista opta por promover iniciativas aisladas que alimentan el debate en redes sociales, pero que difícilmente se traducen en soluciones efectivas para atender problemas reales del país.