Walter Mazariegos ¡nunca más!

¡Buenos días! 

Quien crea que el aún rector de la USAC llegó por legítima elección es un iluso; quien crea que debe continuar por un período más, es su cómplice. Cómplice de la ilegalidad y de la infamia que ha caracterizado su gestión.

Lo que pasó en 2022, cuando accedió ilegalmente a la rectoría, es agua bajo el puente; lo que parece estar por ser viabilizado por la CC —según informaciones aún no corroboradas— es agua, también, pero de cloaca.

La justicia —sobre todo la constitucional, la que debe preservar derechos fundamentales— no puede basarse en tecnicismos. Claro, se puede elucubrar fórmulas alquímicas para justificar cualquier cosa; la diferencia fundamental entre jurista y sofista.

Mazariegos ni siquiera tiene finiquito, requisito para tomar posesión; su entronización —más allá de lo que pueda resolver ahora la CC— parece imposible, pero en este país se han visto muertos acarrear basura y desnudos meterse las manos a los bolsillos. En otras palabras: personas que debiesen tener principios, tirarlos a la basura por interés político o de otra índole.

De la magistrada electa por la USAC bajo Mazariegos, Julia rivera, no puede esperarse sino lealtad y obediencia hacia aquel; olvidémonos de dignidad. El asunto es que ese es, precisamente, es el voto bisagra. Seguro tiene un prometedor futuro en un sistema de (in)justicia que sabe premiar la lealtad por sobre la aplicación del Derecho. La solvencia, la razón y la justicia —por encima del interés—, se espera de otros.

Ahora solo falta que, si la CC resuelve en apelación desechar lo amparos y viabilizar su continuidad, ante el valladar de la falta de finiquito, también hagan actos de prestidigitación y generen espontáneamente de la nada —cual Vibhuti— una dispensa para ese requisito. Veremos, dijo el ciego…

Natalie Chang
“Nos están borrando como pueblo”: Elfidar Iltebir y Rayhan Asat sobre la persecución china a los uigures 
877 palabras | 4 minutos de lectura

Durante su visita a Guatemala, las líderes uigures Elfidar Iltebir y Rayhan Asat conversaron con República sobre la persecución que enfrenta el pueblo uigur en China. Ambas describieron un sistema de vigilancia masiva, campos de internamiento, trabajo forzado y una política estatal que, según afirman, busca eliminar su identidad cultural, religiosa y lingüística.

¿Qué significa ser uigur hoy?

—Ser uigur significa pertenecer a una cultura milenaria profundamente arraigada en la familia, la comunidad y la identidad colectiva. Sin embargo, hoy el término “uigur” suele asociarse más con la persecución que con la riqueza cultural de un pueblo con siglos de historia.

Para Elfidar Iltebir, su pueblo atraviesa el período más difícil de su historia reciente. Sostiene que las políticas impulsadas por el Gobierno chino buscan desmantelar los elementos que definen la identidad uigur: su idioma, su religión, sus tradiciones y su memoria histórica. “Nos están borrando como pueblo”, afirma. “No toleran nuestra diferencia ni nuestra identidad. Quieren que desaparezcamos como cultura para ejercer un control total sobre nuestra tierra y nuestros recursos”.

¿Por qué Xinjiang es tan importante para el gobierno chino?

—Según Elfidar, la importancia de Región Autónoma Uigur de Xinjiang para Pekín responde a una combinación de geografía, recursos naturales y estrategia política. La región representa aproximadamente una sexta parte del territorio chino y alberga importantes reservas de petróleo, gas, uranio, minerales críticos y otros recursos que han contribuido al desarrollo económico del país.

Además, Xinjiang ocupa una posición estratégica en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, al servir como puente entre China, Asia Central, Medio Oriente y Europa. A su juicio, el control de corredores comerciales, oleoductos, gasoductos y rutas de transporte convierte a la región en una pieza fundamental para los intereses económicos y geopolíticos chinos.

China justifica sus políticas como medidas contra el terrorismo. ¿Cómo responden a esa narrativa?

—Ambas entrevistadas sostienen que el discurso antiterrorista ha sido utilizado por China para justificar una campaña de represión contra la población uigur. Según explican, prácticas cotidianas asociadas a su identidad cultural y religiosa han sido catalogadas como señales de extremismo. “Practicar la religión, dejarse la barba, usar un velo o incluso rezar en un funeral pueden ser considerados signos de extremismo”, explica Elfidar.

Para Rayhan, el punto de inflexión llegó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando Pekín aprovechó el contexto global de lucha contra el terrorismo para presentar a los uigures como un problema de seguridad nacional. Bajo esa narrativa, afirma, la identidad uigur fue progresivamente asociada al extremismo islámico, pese a que la gran mayoría de la población no tiene vínculos con actividades terroristas. “Lo que realmente ocurrió fue la criminalización de una identidad nacional completa”, asegura.

Las entrevistadas argumentan que la retórica de la “desradicalización” y el “contraterrorismo” sirvió para legitimar políticas de vigilancia masiva, detenciones arbitrarias, internamientos en “centros de reeducación” y restricciones religiosas que, en su opinión, buscan controlar y diluir una identidad cultural diferenciada más que responder a amenazas reales de seguridad.

¿Qué ocurre dentro de los llamados “centros de reeducación”?

—Las entrevistadas rechazan la denominación oficial de “centros de formación vocacional” y los describen como campos de internamiento.

“Nosotros los llamamos campos de concentración”, afirma Rayhan.

Según testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes, los detenidos son sometidos a adoctrinamiento político, vigilancia permanente, privación del sueño, torturas psicológicas y la obligación de estudiar mandarín y elogiar al Partido Comunista Chino y a Xi Jinping.

“Había personas detenidas por tener WhatsApp, por dejarse la barba o por usar determinadas prendas de vestir. Nunca sabían cuánto tiempo permanecerían allí”, explica. 

¿Estamos ante una política de asimilación o algo más grave?

—Para ambas entrevistadas, lo que ocurre supera ampliamente la asimilación cultural.

Rayhan sostiene que la asimilación comenzó hace décadas mediante la educación, la imposición progresiva del mandarín y el control de los contenidos históricos enseñados en las escuelas. Sin embargo, considera que el proceso actual encaja dentro de la definición internacional de genocidio.

Además, afirman la existencia de esterilizaciones forzadas, separación familiar, restricciones reproductivas, internamientos masivos y la destrucción sistemática de la identidad cultural como elementos que cumplen múltiples criterios establecidos como genocidio.

Xinjiang ha sido descrito como una prisión al aire libre. ¿Es una descripción justa? 

—“Sí, absolutamente”, responde Elfidar.

Las entrevistadas describen una infraestructura de vigilancia basada en cámaras de reconocimiento facial, controles de identidad, monitoreo digital y aplicaciones obligatorias instaladas en teléfonos móviles.

“Todo lo que haces, dices o escribes puede ser monitoreado”, explica.

Según afirman, muchas personas evitan hablar libremente incluso dentro de sus propias casas por temor a ser denunciadas o vigiladas.

¿Qué debería entender la comunidad internacional sobre este tema?

—Para Rayhan Asat, el caso uigur no es únicamente una cuestión de derechos humanos, sino también un asunto relacionado con soberanía, seguridad nacional y dependencia económica.

“La tecnología de vigilancia desarrollada contra los uigures está siendo exportada a otros países. Lo que hoy ocurre en Xinjiang puede convertirse en un modelo para otros gobiernos”, advierte.

La activista considera que la creciente dependencia económica de China puede traducirse en presiones políticas sobre gobiernos extranjeros y limitar su capacidad para defender valores democráticos o denunciar abusos.

“Lo que está ocurriendo no es solo un problema de los uigures. Es una advertencia para el mundo entero”, concluye.

Lea la entrevista completa aquí.

Glenda Sánchez
Los retos ante un Ministerio Público desgastado
523 palabras | 3 minutos de lectura

En los últimos 16 años, el Ministerio Público (MP) pasó por tres administraciones encabezadas por Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y María Consuelo Porras. Cada gestión dejó cambios institucionales, pero también cuestionamientos de independencia, selectividad y acceso a la justicia.

• El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, recibe una institución con más presupuesto y más presencia territorial, pero con menor credibilidad pública.

Por qué importa. El MP no solo dirige investigaciones penales. También influye en la estabilidad política y la confianza en las instituciones. Las últimas administraciones ampliaron estructuras y fortalecieron capacidades internas.

• Paz y Paz, Aldana y Porras impulsaron cambios distintos dentro del MP. No obstante, las tres son cuestionadas por supuesta selectividad en investigaciones y decisiones con impacto político.

• La expansión territorial permitió presencia del MP en los 340 municipios. Aun así, muchas fiscalías operan con falta de insumos, limitaciones técnicas y escasa coordinación con otras instituciones del sistema judicial.

• García Luna recibe una institución con más presupuesto y menor credibilidad pública. Su principal reto será recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la independencia frente a presiones políticas.

Entre líneas. La expansión territorial no resolvió los problemas de atención, coordinación y capacidad operativa en las fiscalías. Persiste la desconfianza de la población.

• El MP alcanzó cobertura en los 340 municipios en 2021. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indicó que la brecha entre presencia y funcionamiento efectivo se mantuvo.

• Muchas sedes trabajaron con recursos limitados para atender los casos. Y la coordinación con otras instituciones del sistema de justicia avanzó de forma irregular. Eso provocó retrasos y complicó la atención de casos en áreas alejadas.

• Expertos advierten que los homicidios y las extorsiones se concentran en puntos específicos del país. El desafío es mejorar la respuesta donde realmente se concentra la violencia.

Punto de fricción. Datos del CIEN revelan que el Modelo de Gestión Integral de Casos redujo la mora fiscal; sin embargo no garantizó resultados judiciales. Hay dudas sobre la calidad de la investigación y criterios para desestimar denuncias.

• Solo el 3.5 % de los casos tuvo posibilidad de concluir en sentencia. El dato expone una brecha entre descarga administrativa y capacidad real para judicializar investigaciones complejas. 

• Denuncias por robo de celulares o asaltos en buses enfrentaron desestimaciones rápidas. Fiscales argumentaron indicios insuficientes, incluso en hechos recurrentes dentro de zonas con altos índices de criminalidad.

• La discrecionalidad alimentó percepciones de selectividad política y abandono ciudadano. El problema golpea especialmente a víctimas de delitos comunes. 

En conclusión. García Luna recibe un MP con más presupuesto y mayores expectativas públicas. La prioridad pasa por recuperar la credibilidad, fortalecer independencia y mejorar resultados contra estructuras criminales.

• El nuevo fiscal deberá reconstruir la confianza institucional. La relación con periodistas, jueces y actores sociales quedó marcada por restricciones de acceso y acusaciones de persecución política durante los últimos años. 

• La seguridad ciudadana exige coordinación interinstitucional efectiva. El combate contra extorsiones, homicidios y economías criminales requiere integración operativa entre fiscalías, Policía Nacional Civil (PNC) y sistema judicial.

• La principal prueba será garantizar independencia frente a intereses partidarios y grupos de poder. El MP perdió legitimidad cuando sectores ciudadanos percibieron investigaciones condicionadas por coyunturas políticas.