¿Y ahora, a quién podremos acusar?

¡Buenos días! 

Aunque usted no lo crea, la salida de Consuelo Porras del MP tiene un sabor agridulce en la Presidencia; por un lado están aliviados de que ya no tendrán el miedo —fundado o no— de que no podían hacer nada sin sentir la espada de Damocles sobre sus cabezas. La posibilidad de ser sancionado —administrativa o penalmente— por los actos en la administración pública es inherente al cargo, como dirían algunos “milics”; quienes hemos vivido eso, lo sabemos. 

La actual administración ha esgrimido eso como una terrible —y temible, por lo visto— limitante de su gestión; lo dejaron entrever varias veces  en público, pero lo admitían abiertamente en privado. Ahora que se va la señora de Gerona, eso se acabó. 

Pues, precisamente eso es lo que ahora los tiene, también, muy preocupados. Sin ese “Coco” al cual echarle la culpa, su ineptitud e inoperancia quedará al descubierto sin otro culpable que ellos mismos. En un año pre-electoral y en el siguiente —más importante aún—, quienes desde el oficialismo pretendan candidatear tendrán que responder muchos cuestionamientos y no tendrán la muletilla a mano de: “no nos dejaron trabajar”. 

¿Le echarán la culpa a alguien nuevo, ahora? En redes se comentaba —a modo de mofa, por supuesto— que un buen sustituto es un magistrado de la CC, al que el oficialismo no quiere bien. Vaya usted a saber por qué. 

Porque, si es cierto lo que dijeron desde el 14 de enero del 2024 y dirán hasta el 17 de mayo de este año, a partir de la otra semana, las carreteras empezarán, como por arte de magia, a estar en óptimo estado, la gestión gubernamental caminará como si estuviese sobre rieles y la corrupción podrá —finalmente— acabarse (*inserte sonoras carcajadas). 

¿Qué hará el presidente y su equipo? Quién sabe. Viviremos tiempos interesantes, eso sí. 

Glenda Sánchez
Delitos sexuales en menores: el polémico veto del Ejecutivo
680 palabras | 3 minutos de lectura

La primera semana de mayo, el Ejecutivo vetó el Decreto 10-2026, una reforma impulsada por Raúl Barrera, diputado oficialista, para modificar delitos sexuales en el Código Penal. La propuesta se discutió durante más de un año con organizaciones civiles. A pesar de eso, el Gobierno argumentó que el texto final contiene problemas constitucionales y genera dudas sobre su aplicación.  

• La normativa buscaba eliminar los vacíos legales, endurecer las sanciones de prisión inconmutables y fortalecer las acciones de protección para las víctimas.    

Por qué importa. El Decreto 10-2026 pretendía modificar el Código Penal, en especial los artículos 173 y 173 bis. La finalidad: elevar de 14 a 18 años la protección especial en delitos sexuales. La iniciativa surgió por vacíos legales que permitían relaciones entre adultos y menores de edad bajo el argumento del consentimiento.  

• Barrera afirmó que la reforma corregía un error aprobado en 2009. En ese entonces, el Congreso redujo a 14 años la edad mínima para consentir relaciones sexuales. Esto abrió espacios para relaciones entre adultos y adolescentes bajo aparente legalidad.  

• La normativa endurecía las penas por violación y agresión sexual. Es decir, ampliaba la protección para menores de 18 años. Además, eliminaba interpretaciones basadas en consentimiento cuando la víctima fuera adolescente, incluso sin violencia física o psicológica.   

• El decreto incluyó excepciones para relaciones consentidas entre adolescentes con diferencias mínimas de edad. Ese punto buscaba evitar la criminalización entre pares.  Aunque terminó convertido en uno de los focos centrales de la discusión política.  

Punto de fricción. El Ejecutivo emitió el veto en el Acuerdo Gubernativo 68-2026. El argumento central sostiene que la reforma vulnera principios constitucionales como la certeza jurídica, la taxatividad penal y la libertad de acción. A la vez, cuestionó que el texto permitiera sancionar conductas consensuadas entre adolescentes.    

• El veto advierte de que la redacción del decreto crea un tipo penal ambiguo. Según el Ejecutivo, al eliminar elementos como violencia o prevalimiento, los jueces tendrían amplio margen discrecional para determinar quién es víctima y quién responsable.   

• El Gobierno sostuvo que el derecho penal no debe intervenir en relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 14 años. La postura oficial señala que esas conductas forman parte del desarrollo de la personalidad y no necesariamente lesionan bienes jurídicos protegidos.   

• Otro eje del veto fue el enfoque de salud integral; argumenta que el Estado debe priorizar prevención, educación y acompañamiento antes que la criminalización de adolescentes dentro del sistema penal juvenil.  

Voces. La decisión del Ejecutivo generó división. Por un lado, algunas organizaciones respaldan el veto. Argumentan que el Estado no tiene las capacidades para atender a la niñez vulnerable y dificultad para interpretar. En sentido contrario, otras no están a favor por considerar que el Ejecutivo hace una lectura errónea de la normativa.   

• Ligia Briz, directora ejecutiva de la Asociación La Familia Importa (AFI), aseguró en que la normativa aprobada corregía algunos vacíos legales. Está consciente de que no era una solución integral, pero sí un paso necesario para proteger a los niños y adolescentes.   

• Añadió que hay innumerables estudios que demuestran que un adolescente está en condiciones de vulnerabilidad y, por lo tanto, no puede dar el consentimiento para una relación sexual con un adulto.  

• Para Mirna Montenegro, directora de Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), la decisión del Ejecutivo fue acertada: el Estado no tiene capacidad para atender a las víctimas de violencia sexual y grupos vulnerables. Asimismo, tiene la dificultad de interpretar y penaliza relaciones sexuales entre adolescentes sin distinguir contextos.   

En conclusión. El Congreso ahora deberá decidir si modifica la normativa, supera el veto presidencial o replantea completamente la propuesta. La disputa anticipa nuevas tensiones políticas alrededor del papel del Estado en temas de familia, niñez y libertad individual. El debate también evidenció diferencias sobre el alcance del derecho penal.   

• Mientras algunos sectores piden sanciones más severas, otros advierten riesgos de criminalizar relaciones entre adolescentes sin distinguir contextos ni capacidades institucionales.  

• La discusión continuará en medio de presiones sociales y políticas. El desafío será encontrar un equilibrio entre fortalecer la protección de la niñez, garantizar certeza jurídica y evitar vacíos legales que permitan abusos contra adolescentes.